#Sistema de reparto estatal

[riusugoi]

César Rendueles - OMNIA SUNT COMMUNIA? Reflexiones en torno a la crisis ecosocial y las políticas de lo común

Prólogo a ‘¿Comunismo sin crecimiento?’ – Manuel Sacristán La cuestión no es si el sistema financiero va a colapsar: ya ha colapsado: si sigue vivo es por un dopaje inmenso de anabolizantes en forma de dinero público. Revolución como reparto del lujo: urinarios de oro - Lenin

En caso de necesidad - Omnia sunt communia - Santo Tomás de Aquino Recetas de hoy para las cocinas de mañana - Marx Principal problema de lo común: no ser privado-propietario pero tampoco público-estatal Pero el neoliberalismo ha sido una teoría y una práctica del Estado Profesor de lógica de Rendueles: "los tiburones y los submarinos se parecen mucho por fuera pero muy poco por dentro" Las políticas comunales requieren comunidades censitariamente cerradas y estables, vínculos fuertes y permanentes. Gestión del conflicto y la exclusión: la burocracia, en tanto que "gestión racional de las organizaciones" (Weber), precisamente es moralmente positiva pues avala la igualdad de trato y garantizar condiciones democráticas en sociedades de masas; no está nada claro que una cooperativa pueda cumplir esa función, porquen última instancia son clubs privados a los que no tiene acceso cualquiera. En tercer lugar, los comunes son técnicos: ¿hay que abrir a lo común la gestión aeroportuaria? No es que la complejidad esté fuera del alcance de lo cooperativo, sino que las que son complejas reproducen los problemas burocráticos de una institución pública: la participación se vuelve periférica y ornamental, etc. El atractivo de los comunes es la construcción en primera persona de horizontes alternativos de sociabilidad, por residuales que sean, con paciencia y confianza (lujos que no tenemos en una crisis). La "Opción 0" de Cuba mostró el poder del Estado para reaccionar con rapidez y eficacia a una reconversión energética sin combustibles fósiles. Incluyendo aquellas acciones necesariamente restrictivas y autoritarias contra privilegios insostenibles. Básicamente el Estado es fundamental para construir alternativas no estatales. La reacción rápida ante una escasez sobrevenida requiere o racionamiento y burocracia o sistema de precios y desigualdad. El colapsismo como posición inmoral e impolítica, que elucubra con una ventana de oportunida comunal-pastoral idílica técnicamente absurda. Raymond Williams: "Ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente". Dar ejemplo como rompehielos ideológico.

[adribosch-fan]

Fracaso del sistema de reparto estatal: un estudio determina que nuestro sistema es el peor dentro de 37 países seleccionados

Fracaso del sistema de reparto estatal: un estudio determina que nuestro sistema es el peor dentro de 37 países seleccionados

El sistema de pensiones argentino no es capaz de garantizar las jubilaciones futuras ni de sostenerse por sí mismo. Un estudio determinó que nuestro sistema no cumple las condiciones deseadas en integridad, sostenibilidad y adecuación. La estatización del sistema privado AFJP y el retorno al dirigismo estatal sobre los haberes jubilatorios generó una suerte de financiamiento para el gobierno…

[facundocabralg]

Apuntes para pensar un sistema normativo global

1)- Introducción

Los seres humanos tenemos mucho más en común de lo que habitualmente pensamos , todos nacemos de una mujer y hasta donde se conoce nadie volvió de la muerte.

Sin embargo, basta con repasar los titulares de los periódicos de la primera mitad del siglo pasado (o los de esta mañana) para tomar dimensión de la destrucción y el odio que existió entre naciones, e incluso, muchas veces, entre vecinos del mismo país.

La segunda guerra mundial es un ejemplo generoso de cómo el hombre puede usar la pasión y la ciencia en pos de una causa exclusiva y excluyente de lo que considera como “el otro”.

La otredad como una enfermedad a extirpar, como peste contagiosa o simplemente como lo indeseado, constituyó y en gran medida constituye la imposibilidad de pensarnos como hermanos.

Observa Ciuro Caldani que si se repara en los ordenamientos supremos de los estados nacionales -sus constituciones-, el mundo impresiona como un mosaico en realidad inexistente.

El imperio, supremo repartidor, parece optar por obviar el formalismo de lo escrito e imponerse directamente con la ley de la oferta y la demanda.

El nuevo orden mundial posee una nueva lógica en su estructura de dominio, la soberanía menguada se refugia en el campo de lo simbólico emotivo.

A medida que se derrumbaron los regímenes coloniales y sobre todo con el fin de la guerra fría, asistimos a un proceso de globalización irreversible.

Una de las características notables del proceso, es la transferencia de poder jurídico desde los Estados al poder hegemónico transnacional, esta transferencia generalmente no es explicitada ni asume formalidades, se da de facto en los condicionamientos que imponen las economías consolidadas a los países en vías de desarrollo.

En Diciembre de 2019, hizo su aparición el tristemente célebre COVID-19, el virus se constituyó en un enemigo común de la humanidad, la pandemia que aún nos acecha nos obliga a filosofar sobre los anticuerpos normativos que supimos o no, construir como especie; vemos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) parece tener las manos atadas para efectuar un reparto equitativo de las vacunas, los instrumentos jurídicos y los organismos creados por estos instrumentos, dan cuenta de su insuficiencia a la hora de cumplir con los objetivos para lo cual fueron creados.

Coincido con el profesor Guibourg cuando enseña que: el Derecho tiene por función promover el equilibrio dinámico del sistema social y, especialmente restablecerlo cuando alguna variación del entorno o del funcionamiento se aparta de él.

¿Qué papel juega el derecho internacional público en la construcción de un orden social más equilibrado? ¿qué aportes podemos hacer desde la filosofía del derecho para mejorar el sistema normativo global?

2)- El Derecho Internacional según la Teoría Pura Kelseniana

Si bien en su Teoría Pura del Derecho Kelsen pretende liberarse de todo aspecto valorativo, para hacer del derecho una verdadera ciencia, nos deja algunas reflexiones muy interesantes en lo que incumbe al derecho público internacional.

En el punto VII de la Teoría Pura del Derecho, Kelsen se ocupa de la esencia del derecho internacional, naturalmente surge la pregunta si este cuerpo de normas que regula la conducta recíproca de los Estados puede considerarse o no derecho en el mismo sentido que el derecho estatal y, por lo tanto, puede ser objeto de una ciencia jurídica.

Kelsen enseña que según su propia definición, el denominado derecho internacional es derecho si constituye un orden coactivo de la conducta humana, esto es, si a determinados hechos enlaza consecuencias y por lo tanto puede ser descrito en proposiciones jurídicas.

Al analizar la validez general del principio Bellum justum, por el cual un estado puede sancionar a otro con represalias, Kelsen concluye que el derecho internacional es efectivamente derecho pero de orden primitivo ya que no establece órganos que produzcan y apliquen normas.

Recordemos que Kelsen escribió esto antes de la creación de la ONU y la Carta de Naciones, veremos más adelante como el andamiaje jurídico tiende hacia un perfeccionamiento en su estructura y progresivamente incorpora órganos que emiten disposiciones vinculantes. Como bien advirtió Kelsen, “el movimiento jurídico técnico desplegado a partir de mediados del siglo anterior fue borrando el límite que separa el derecho internacional del orden jurídico interestatal, de tal modo que la última meta de la evolución jurídica real, dirigida a una progresiva centralización, parece ser la unidad organizativa de una comunidad de derecho mundial universal, es decir, la formación de un estado mundial”

Para el maestro de Viena, la concepción tradicional que pretende ver al derecho internacional y al derecho de cada Estado como dos sistemas normativos distintos (concepción dualista), independiente uno del otro y aislados recíprocamente, es insostenible desde un punto de vista lógico.

Considerando que las tesis dualistas (piensan al derecho local y al derecho internacional como dos órdenes separados que sin embargo funcionan simultáneamente) no se sostienen lógicamente, Kelsen se inclina por el monismo, indicando que este puede establecerse de dos formas, según lo que prime sea el derecho soberano o bien, dando prevalencia al derecho internacional.

Si se parte del derecho internacional como orden jurídico válido, el concepto de Estado no puede ser definido sin hacer referencia al derecho internacional.

Desde este punto de vista, el Estado es un orden jurídico parcial inmediatamente dependiente del derecho internacional, relativamente centralizado, con un ámbito de validez territorial y temporal delimitado por el derecho internacional y, en lo que respecta al ámbito de validez material, con una pretensión de totalidad limitada solamente por la restricción del derecho internacional.

De la superioridad del derecho internacional por sobre los Estados se cree poder inferir que la soberanía del Estado se encuentra esencialmente limitada, y que de ese modo se hace posible una organización jurídica mundial eficaz.

Así como la primacía del derecho internacional favorece a una ideología pacifista, la primacía del derecho estatal, desempeña un papel decisivo en la ideología imperialista.

Si bien la Teoría Pura intenta despegarse de dar impresiones valorativas, los argumentos de Kelsen para describir los dos tipos de monismos -según prevalezca la soberanía estatal o según prime el derecho internacional- parecen inclinarse a favor del segundo modelo.

Así en un pasaje del apartado que lleva como título: Concepción del derecho y concepción del mundo, Kelsen traza un paralelismo entre quienes le atribuyen primacía al orden jurídico estatal con quienes tienen una concepción subjetivista del mundo, egocéntrica, visión que conduce indefectiblemente al solipsismo, en sus palabras, un solipsismo estatal.

Además compara este solipsismo estatal con la visión del universo de Ptolomeo, quien imaginó al planeta tierra en el centro del universo.

Kelsen se abstiene de ponderar una preferencia en estas visiones del monismo y argumenta que la elección no tiene que ver con la ciencia del derecho sino con una valoración de tipo político, ya que tanto la exacerbación de la primacía del orden mundial, como la de la primacía del orden estatal constituyen falacias; la primera conduce a la ideología política del pacifismo y la segunda forma parte del arsenal básico de la ideología política del imperialismo.

3)- Los Derechos Humanos como Ius commune

A partir de los juicios Nuremberg asistimos a una nueva universalización de la normatividad, el mundo advirtió la necesidad de contar con una herramienta coactiva para hacer que ciertos pactos “básicos” se cumplan más allá de los ordenamientos jurídicos de los estados soberanos.

Con ese objetivo se fundó la ONU y se celebró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leemos en el preámbulo de la Carta que las naciones buscan preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra; reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, también en el preámbulo se expresa la necesidad de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional como así también la promoción del progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto amplio de libertad.

Para tales fines las naciones pactantes se proponen practicar la tolerancia y la convivencia como buenos vecinos.

Considero loable la intención de la carta pero lo cierto es que en el siglo que corre el derecho internacional de los derechos humanos es más una especie de figura retórica al servicio de legitimar el poder de quienes efectivamente lo detentan, que cartas de triunfo para justamente quienes más necesitan de su protección y garantía.

Sin embargo, el desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos ejerce una influencia considerable en la consolidación progresiva del ius commune, sostengo que para crear un sistema coherente de normas es necesario conceder a este derecho global preeminencia sobre el derecho local.

En este sentido el art. 103 de la Carta de Naciones Unidas prescribe lo siguiente : “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”

Más allá del art. 103 de la Carta y de las incorporación de los tratados a nuestra Constitución Nacional, los Derechos Humanos aún representan el intento inacabado del hombre por establecer un piso normativo mundial.

Este catálogo de Derechos sui generis, deja mucho que desear en cuanto se observa su otra cara, la de las obligaciones.

Tan es así que nunca se sabe muy bien hasta qué punto y de qué forma estos derechos fundamentales deben ser garantizados.

En un país como el nuestro por ejemplo, con más del 40 por ciento de la población sumergida en la pobreza, el derecho humano a la vivienda digna, no parece ser algo realmente exigible.

No pretendo entrar en un análisis de los derechos humanos y en cómo el Iusnaturalismo se adjudica la propiedad intelectual de su componente ontológico, lo que sí me interesa proponer, es mi visión, de cómo acercar este horizonte para hacerlo quizá alguna vez, vivible.

Aunque desprovistas del poder de coacción tradicional, numerosas normas del Derecho Universal de nuestros días conducen a la planetarización a través del llamado derecho sof law, dotado de la fuerza que le brinda la economía.

La norma hipotética fundamental de la cual Kelsen cuelga todo el andamiaje jurídico se trata de un supuesto de hecho que permite a los habitantes de un Estado Nación, reconocerse sujetos de obligaciones y derechos, está grundnorm funciona como principio ordenador de la juridicidad, una norma hipotética que al decir de Kelsen no puede ser escrita sino solo pensanda, es la que dota de sentido y cuerpo al concepto de soberanía.

Esta proyección de la norma fundamental es criticada por Ciuro Caldani ya que el jurista rosarino considera que la verdadera norma hipotética sobre la cual se sostienen los estados en la actualidad, es de alcance global y está definida aunque no formalizada por las potencias económicas: “a menudo el ocultamiento de la perspectiva universal esconde que la norma hipotética fundamental va dejando de referirse a los ordenamientos estatales”

En este sentido se pregunta el autor citado ¿hasta qué punto las normas que rigen al mundo responde fielmente a los deseos e intereses de las comunidades? ¿Por qué si estamos en un proceso de universalismo galopante el derecho se detiene en particularismos?

Para concluir, quisiera detenerme en algunas reflexiones que me surgieron mientras escribía esto. Cuando comenzó la pandemia y el mundo tomó mayor conciencia de su interconexión, pensé que este virus podría ser una oportunidad para volvernos mejores como sociedad, construir lazos con mayores niveles de cooperación, pensarnos como una aldea global, ciudadanos del mundo.

Mis expectativas se diluyeron en la cruda realidad, hoy vemos cómo algunos países triplican en vacunas a su población mientras otros no tienen ni para vacunar los grupos de riesgo, el Estado de Israel que nos emocionó siendo uno de los primeros en lograr la inmunidad de rebaño, hoy está bombardeando Palestina, en Colombia las protestas no dan tregua y son cada día más violentas, así, podría seguir enumerando las causas de mi escepticismo con respecto a la construcción de un mundo mejor, pero semejante desborde emocional escapa al objeto de este humilde posteo.

[oderico294eh]

El Título Masivo Contiene Halo: Reach

La industria está preparada para pasar a la próxima generación de juegos, después de casi siete años con Xbox One y PS4. La Xbox One ha visto una amplia gama de títulos, desde amados juegos indie como Ori and the Blind Forest hasta enormes títulos AAA como Gears 5. Xbox ha tenido durante mucho tiempo la reputación de ser el hogar de los juegos de acción y de disparos, y Xbox One ayudó a afianzar esa idea aún más. Aunque Microsoft diversificó su establo de exclusivas esta generación, la columna vertebral de ellas todavía estaba formada por series como Halo y Gears of War. Relacionado: Las mayores revoluciones de juego de la generación PS4 y Xbox One Microsoft no fue la única compañía que lanzó juegos de disparos estelares, sin embargo, ya que varios desarrolladores de terceros asistieron a redefinir el género. Estos son ciertos mejores juegos de disparos en primera persona libres en Xbox One. Halo: la colección del jefe profesor No hay serie más sinónimo de Xbox que Halo, y ha sido la franquicia más grande y con mejor rendimiento de Microsoft desde el principio. En Xbox One, Halo pasó por una pluralidad de cambios, incluido un nuevo héroe y un cambio de multijugador en Halo 5: Guardians. No obstante, tal vez lo más notable fue cómo Microsoft entregó el bulto de Halo terminante en Master Chief Collection. El título masivo contiene Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST y Halo cuatro. Algunos de los mejores shooters de todos y cada uno de los tiempos combinados con multijugador completo y una serie de otras opciones. añadido. Halo dos Anniversary fue la mayor adición realizada a Master Chief Collection, remasterizando por completo la campaña del juego original con imágenes modernas y escenas de corte inusuales. Hay pocos bultos que brinden tanto contenido como Master Chief Collection, y todo eso solo se vuelve todavía mejor si se cree que el juego está libre a través de Xbox Game Pass. DOOM 2016 fue una reinvención fenomenal de la fecunda serie, que se centró en la velocidad y la intensidad como nunca ya antes. Su fantástica campaña para un jugador fue lo más importante, y la secuela DOOM Eternal lo lleva todavía más a casa. De alguna forma, Eternal se siente como una experiencia todavía más rápida y exigente que el primer juego, y los jugadores tienen una gran cantidad de nuevas armas y opciones para emplear en combate. Hay un ritmo en el juego de armas de DOOM que los jugadores sencillamente no pueden hallar en ningún otro lugar, y el enfoque en la agresión, así como en la banda sonora del heavy metal, lo transforma en una experiencia visceral única. DOOM Eternal es uno de los juegos de disparos más ajustados y satisfactorios que existen, aun si el modo multijugador no está a la altura de la campaña. Relacionado: De qué manera las promesas incumplidas de Xbox One de Microsoft mejoraron el sistema Call of Duty: Modern Warfare Call of Duty es la franquicia de disparos más exitosa de todos los tiempos, con lo que no debería asombrar que algunos de los mejores juegos de FPS en Xbox One procedan de ella. Modern Warfare de dos mil diecinueve es el mayor paso adelante que ha dado la serie en años, especialmente en concepto de tecnología. Una reinvención espiritual del Modern Warfare original, el juego emplea un motor totalmente nuevo que mejora significativamente el rendimiento y la calidad visual de CoD. La campaña de Modern Warfare se vende a sí en el realismo, suprimiendo la grandilocuencia de los juegos anteriores para centrarse en conflictos más pequeños e intensos. La historia contiene un puñado de elecciones morales que deben tomarse en el estruendo de la batalla y también incluye opciones tácticas que pueden cambiar la forma en que actúan los enemigos, como disparar luces antes de una redada. El multijugador de Modern Warfare, por otra parte, conserva exactamente el mismo estilo de disparos que a los fanáticos les encanta. Dicho esto, Infinity Ward también incluyó un modo de realismo que elimina el HUD y hace que las cosas sean más tácticas. La gran característica nueva es Warzone, el modo perfecto de batalla real de enorme éxito. Warzone pone a 150 jugadores en un mapa y los hace pelear para ser el número uno, y es una fórmula que Activision puede continuar repitiendo a lo largo de años con otros títulos de CoD. Modern Warfare es uno de los shooters más atractivos que existen y un caso de la franquicia Call of Duty en su máxima expresión. Metro Exodus Metro 2033 y Metro: Last Light fueron tiradores clásicos de culto, mas Metro Exodus asistió a impulsar la serie a la corriente principal propiamente dicha. Si bien aún conserva los elementos de terror y supervivencia de la serie, Exodus también se mueve al campo de los juegos de planeta abierto. En lugar de un planeta abierto masivo, Metro Exodus tiene una serie de áreas explorables más pequeñas, cada una de las cuales se siente meridianamente diferente y está llena de secretos por descubrir. El juego de armas de la serie se ha reforzado a fin de que esté más on line con los mejores tiradores, y Metro Exodus tiene un diseño estético refulgente. Hay una manta espeluznante que cubre todo el juego, y es un tono tan diferente al de cualquier otro tirador. Salir de los túneles de Metro fue una gran resolución para la franquicia, y Metro Exodus realmente muestra de qué forma una serie se repite y mejora progresivamente con el tiempo. Metro Exodus es el juego más robusto de la serie hasta la fecha, mostrando el auténtico potencial de la propiedad. Overwatch ha sido un fenómeno absoluto desde su lanzamiento, transformándose de forma rápida en uno de los mejores títulos de eSports con su Overwatch League. Blizzard inculcó su estilo característico en Overwatch, creando un elenco de héroes fantásticos que son todos del mismo modo recordables. Si bien el metajuego ha cambiado con el tiempo, el diverso reparto de Overwatch hace que su juego sea una maravilla. Aprender los detalles de los personajes puede ser un reto, y la colaboración del equipo siempre y en toda circunstancia es esencial en los partidos. El juego asistió a impulsar la continua popularidad de los tiradores de héroes, y Blizzard ha hecho un enorme trabajo al continuar generando interés en los años desde su lanzamiento. No obstante, más que nada, Overwatch es un ejemplo refulgente de cómo un juego solo para varios jugadores puede conseguir un mundo y un elenco de personajes increíblemente atractivos. Siguiente: Xbox One: los mejores juegos de rol de la generación Peculiaridades del juego halo Overwatch metro éxodo call of duty modern warfare DOOM Eternal Hayes es redactora de Screen Rant. Ha escrito y publicado podcasts sobre juegos a lo largo de más de una década, y se graduó en el programa de Periodismo de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver. Se ha sumergido en los juegos de rol desde el momento en que descubrió la serie Final Fantasy a una edad temprana. Lo puedes encontrar en Twitter @Solfleet.

[jgmail]

La democracia directa de hombres armados

Por Jacques Meilleur

Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera

 “Debemos eliminar a la persona como sujeto (revolucionario). "

(J. Camatte, Bordiga y la pasión por el comunismo)

 Al escribir estas líneas sobre el sujeto revolucionario, al que veía como un sujeto de clase, una clase-sujeto, Jacques Camatte apunta indirectamente a la cuestión del modelo democrático real, mezclado con el individualismo liberal-capitalista y el anarco colectivismo-comunista. Postulamos que la democracia tradicional, cuya forma trataremos de definir en el presente texto, una democracia que queremos considerar antigua (que se remonta a las primeras civilizaciones e incluso antes), arcaica (primera) y eterna (principalmente), no es un universal abstracto y no puede pretender ser mecánicamente aplicable a todas las situaciones históricas. No se impone, sino que se conquista, se construye. No se extiende (principio de los imperios mercantiles) sino que se defiende (principio original de Roma...). Por ejemplo, no tiene nada que ver con el tema de los esclavos (lo que tampoco significa que necesite esclavos...), al estar constituido en su forma más pura de "amos sin esclavos", ni se suscribe al proselitismo contemporáneo de la “democracia por el derecho del hombre”.

 Sus principios no tienen por qué ser aplicados desde una perspectiva igualitaria, y la igualdad sustantiva solo se aplica a los miembros reconocidos de la comunidad identificada y distinta a la que pertenecen aquellos que defienden sus principios, principios no ideales, sino puramente práctico. Lo que, además, significa también que la democracia arcaica no excluye la guerra, ya que siempre abraza con amor los duros principios de la realidad. La democracia arcaica antigua no es buena, no encarna el bien, ni busca imponerlo. Se basa en un principio de autoridad, la autoridad de cada uno sobre sí mismo en cuanto al funcionamiento y organización de la comunidad, lo que no necesariamente la hace acogedora.

 La democracia antigua no es una utopía.

La democracia antigua no es una utopía. Ya no es una versión mejorada y perfecta de la democracia contemporánea, y no solo porque la precede. Y la democracia contemporánea ciertamente no es la forma ideal realizada. La democracia representativa y parlamentaria, la democracia participativa, son formas reducidas de democracia antigua y directa. Son las diversas facetas de un mismo fenómeno: verticalidad piramidal y oligárquica, para las formas actuales de la democracia representativa, y, una vez despojado el pueblo de todo poder, organización de una horizontalidad falsa en una democracia participativa asociativista cuyas únicas virtudes residen en su dimensión consultiva y paliativa. No se restablece el poder de decisión en ningún momento. Aquellos en el poder real elogiarán "la maravillosa inventiva de los ciudadanos involucrados en la vida de la comunidad", especialmente porque se sentirán, por así decirlo, aliviados por la participación de estos ciudadanos en una serie de tareas menores.

 La dilución de la responsabilidad de los líderes democráticos contemporáneos en el espectáculo de la mercancía es una de las mayores victorias de la espectacularidad difusa y luego de la espectacularidad integrada (remitimos al lector, sobre estos dos conceptos, a la lectura de La Société du Spectacle y los Commentaries on Société du Spectacle, de Guy Debord), sino también de la economía en sustitución de la ideología y la política (cf. sobre este tema la Introducción a la ciencia de la publicidad y la Encuesta la naturaleza y las causas de la miseria de las personas, por Jean-Pierre Voyer). Puntos que esperamos poder desarrollar en un futuro artículo.

 Siempre ante la responsabilidad del individuo en su comunidad de origen, podemos decir de la democracia arcaica, antigua, que es tradicional, conservadora, de derecha.

 Ningún sistema de organización de la colectividad puede pensarse sin estar ligado a las estructuras de su reproducción material: "Lo que son los hombres, lo que es la humanidad depende de las condiciones materiales del intercambio. La historia del intercambio, la existencia objetiva del intercambio, es el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales, la psicología humana materializada” (Jean-Pierre Voyer, Introducción a la ciencia de la publicidad). La democracia directa antigua es la manifestación política material del intercambio fuera del mercado.

 "Debilidad y nada"

 La forma tradicional de la democracia, la de hombres armados, consejos de aldea y clan (o barrios y fábricas...), milicias de autodefensa populares (y no hombres armados de la monarquía), exige de cada ciudadano una autodisciplina permanente, radicalmente opuesta al festivicismo contemporáneo (en el que el placer de cada uno y sus bien entendidos intereses priman siempre sobre el intercambio no mercantil y la colectividad de bienes).

 No existe una diferencia real en el ejercicio del poder entre regímenes parlamentarios representativos, regímenes monárquicos y regímenes totalitarios. Sigue siendo una oligarquía que se arroga el poder y que reina. La anarquía misma, como régimen político, tiene muy pocas demandas sobre los individuos, cuando impregna el liberalismo moderno radicalizándolo, o cuando, por el contrario, adquiere una buena complexión e incomprensión del rousseaunismo. La democracia directa tradicional que invocamos en estas líneas pide a cada uno que sea su propio dictador, no a través de un superyó todopoderoso, más capaz de gobernar al rebaño de los consumidores del espectáculo de las mercancías, sino a través de integración de necesidades vitales, incluida la reproducción de la especie.

 Los críticos contemporáneos del capitalismo en los países postindustriales, donde todos piden el regreso de la industria, quieren abordar las desigualdades y la pobreza sin ver que solo quieren abordar algunas de sus manifestaciones, por lo que las imágenes resultantes de la acumulación de Capital y la circulación de bienes, el espectáculo de las desigualdades y al espectáculo de la pobreza no se toman en cuenta. Nos oponemos a estas ideas y al espectáculo de la mercancía de la que son manifestación, la realidad material misma de la miseria, que Littré califica de "debilidad y nada". La pobreza se refiere directamente a lo que está velado por el espectáculo de la desigualdad y la miseria, es decir, la alienación y la separación, que resultan en la ausencia total de la libertad real.

 Es extremadamente raro, y más a menudo registrado en el momento de una determinada situación, en el marco de una democracia tradicional, que un poder centralizado surja más allá de las comunidades locales, y cualquier poder ejercido más allá del territorio de estas comunidades es generalmente federal, subsidiario y ad hoc.

 Un mito político fundador

 Cualquier discusión sobre la cuestión democrática se ha centrado durante varios años en la libertad y, sobre todo, en la igualdad. Son además estos dos puntos del discurso los que han condensado en cierto modo, en Francia, las orientaciones estratégicas y discursivas de las políticas de derecha o de izquierda, sin que ninguna de ellas haya sido definida además exclusivamente por uno solo de estos dos términos. Libertad para consumir, igualdad ante la mercancía, eso es evidente. La libertad de la que hablan estos políticos tiene poco que ver con una reflexión sustantiva sobre el tema de la alienación, y su igualdad se limita a una igualdad jurídica que nunca logra realmente orquestar la igualdad en los hechos.

 En una democracia real, directa y antigua, la libertad está ligada al ejercicio de los deberes y la igualdad existe concreta y muy prácticamente sólo en que la riqueza necesaria para la reproducción del grupo es siempre colectiva.

 Por tanto, es fácil comprender que la democracia tradicional que aquí evocamos oponiéndola a su avatar moderno, no puede ser objeto de una demostración. A nosotros nos corresponde sobre todo señalar sus elementos, a través de la historia de las civilizaciones y los pueblos, pero también los fragmentos que se esconden bajo la ilusión de reparto del poder que hoy toma prestado su nombre.

 La democracia tradicional es un mito, exactamente en el sentido en que Alain de Benoist la entiende en un texto importante, aunque sorprendentemente uno de los menos leídos y menos citados, L’Empire intérieur (Fata Morgana, 1995): “El mito es la palabra que no puede ser cuestionada, no porque caiga dentro del campo de la creencia, porque está más allá de la creencia y de la duda, sino porque es del orden de lo real en el sentido más eminente, porque manifiesta la autoridad originaria de la cosa misma. Por tanto, no es necesario demostrar la verdad del mito mediante un razonamiento que, además, podría contradecir sus afirmaciones. El mito no es del orden de la demostración, sino del mostrar. No se refiere a una realidad separada de sí misma de la que se limitaría a dar cuenta de manera particularmente adecuada; es esta misma realidad".

 La realidad de la democracia directa de hombres armados y milicias de autodefensa popular se desprende de cada momento de la historia en que la autoridad de un poder separado del pueblo ya no tiene la legitimidad de su ejercicio. Esta realidad es todo lo contrario a la democracia moderna, parlamentaria y participativa, repugnante por el mero hecho de asentarse sobre los cadáveres vivientes de esclavos sin amo que la alaban y se colocan fanáticamente bajo su protección policial estatal. Sin embargo, sólo cuando la policía es una milicia de autodefensa, cuando la milicia está a cargo de la policía, el Estado se mantiene firmemente bajo el yugo de la voluntad general y ya no puede servir a una oligarquía. y finalmente puede ser destruido.

 La destrucción del Estado es el Aufhebung de toda polaridad política, porque se refiere al ejercicio concreto de la democracia directa por hombres armados, la democracia tradicional, la democracia puramente práctica, la destrucción y superación de la espectacular democracia contemporánea, esclavizados a la dinámica del Capital de la que es la imagen distorsionada por la sumisión de las mentes a las apariencias de la circulación de mercancías, a los objetos fetichizados y los humanos cosificados.

 Fuente: http://rebellion-sre.fr/democratie-directe-hommes-armes/

[minarquia]

La fórmula de las pensiones, por Mises Hispano.

Ríos de tinta han corrido sobre la sostenibilidad del sistema estatal de pensiones en España. Se habla de empleo, demografía, cotizaciones, productividad, índice de revalorización, tasa de sustitución… todo ello en discursos barrocos que concluyen lo que cada uno quiere que concluya: los unos que deben subir las pensiones, y los otros… ¡que también! No vaya a ser que pierdan votos. Pocos temas se han enrevesado tanto a pesar de ser en realidad un asunto de una extrema sencillez. Pongamos los puntos sobre las íes, entendamos la fórmula de las pensiones.

Los sistemas de pensiones de reparto consisten en que los trabajadores aportan parte de su salarios para pagar las pensiones. No hay ahorro, tan sólo una transferencia de renta de trabajadores a pensionistas, y por eso, a largo plazo lo recaudado por cotizaciones de los trabajadores tiene que ser igual a lo pagado en concepto de pensiones.

FÓRMULA DE LAS PENSIONES:

Número de cotizantes * Cotización media = Número de pensionistas * Pensión media

Viendo la sencillez del asunto es inexplicable (o solamente explicable en términos políticos) que los políticos en este país lleven años enzarzados en un debate sin fin sobre si se deben subir o bajar las pensiones. Vayamos a la fórmula y arrojemos luz al tema. Las pensiones tienen que subir si el número de cotizantes aumenta o si sube su cotización media, y tienen que bajar si el número de pensionistas sube o lo hace su pensión media. ¿Qué está sucediendo en España?

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Como podemos observar en esta comparativa de pirámides poblacionales en España (pinchar en imagen para ver), la tendencia a largo plazo es un aumento del número de pensionistas y una reducción relativa del número de trabajadores. Esto se debe al aumento de la esperanza de vida y a la baja natalidad característica de las sociedades desarrolladas.. Por si esto fuera poco, vemos que la población actual entre 30 y 50 años es una generación especialmente numerosa fruto del baby boom. Para sostener esta generación en su jubilación deberían haber nacido una gran cantidad de niños, pero lejos de haber ocurrido, los que tienen actualmente de 0 a 30 años son especialmente escasos.

Ante esto, hay una verdad incómoda que conviene repetir hasta la saciedad y que todo político ocultará:

Dado el inevitable aumento de los pensionistas respecto a los trabajadores: o bajan las pensiones o suben las cotizaciones, pagar más para cobrar menos, a esto nos aboca el sistema público de pensiones.

Recurramos a la fórmula y veamos como se puede equilibrar el sistema ante las tensiones demográficas desde cada uno de los factores.

1. Por el lado de las pensiones.

a) Número de pensionistas.

Dado que matar pensionistas está mal visto en la sociedades actuales es un elemento de enorme rigidez que resulta muy complicado modificar… ¿No? Pues no tanto como parece. No hace falta matar pensionistas, tan sólo con redefinir que es pensionista estos pueden desaparecer por arte de magia. No hace falta echarle imaginación, es algo que se lleva haciendo mucho tiempo. ¿Quieren ejemplos?

En 1985 se elevo en España el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años y en 2011 se aprobó su elevación progresiva a 25 años. Asimismo se elevó la edad de jubilación de 65 a 67. En un abrir y cerrar de ojos muchos pensionistas que antes cobrarían pensión ahora no la cobrarán. Algún día nos pedirán medir 183 cm para cobrar la pensión, quizás así el sistema se vuelva sostenible,

b) Pensión media.

Otra forma de bajar las pensiones es bajar la pensión media. Vale que serán más pensionistas, pero cobrarán menos y punto. Sin embargo, la corriente fluye en otra dirección: los nuevos pensionistas que entran en el sistema lo están haciendo con pensiones más altas que la media dado que han cotizado más, por ello, las pensiones medias en España no han dejado de crecer en los últimos años.

Para minimizar este efecto, un truco muy utilizado para contener la pensión media es el aumento de los años utilizados para el cómputo de la pensión. De media, los trabajadores van elevando sus salarios con el paso de los años cobrando de este modo mucho más cuando tienen 60 años que cuando tiene 35. Si cogemos los bajos salarios de edades tempranas para calcular la pensión nos saldrán pensiones más bajas. ¿Algún ejemplo?

En 1985 elevaron los años que entran en el cálculo de la cuantía de la pensión de 2 a los 8 últimos años de vida laboral… ¡en 2023 serán los últimos 25 años! Una forma de bajar las pensiones sin que la gente se entere, a los políticos les encantará.

2. Por el lado de las cotizaciones.

a) Número de cotizantes.

El número de cotizantes es quizás el factor de esta fórmula más difícil de modificar. En la situación actual con el enorme desempleo existente en España el número de cotizantes es especialmente bajo, pero incluso suponiendo pleno empleo, situación nunca dada en España, el problema no se arreglaría. El 100 % de la gente en edad de trabajar no llegarán para sostener los pensionistas del baby boom. Existe la posibilidad de la entrada de inmigrantes, pero tan sólo supondría posponer el problema, la nueva ola de inmigrantes adquirirá derechos a cobrar pensiones ¿quién se las pagará? ¿una nueva ola de inmigrantes…? A esto se le llama estafa piramidal y Bernard Madoff está en la cárcel por ello.

b) Cotizaciones medias.

Si hay más pensionistas, cobran mayores pensiones, y el número de cotizantes no es suficiente, nuestro último recurso es subir la aportación de los pocos cotizantes existentes. Hoy en día pagamos cerca del 30% de nuestro sueldo para el sistema de pensiones, si nos lo suben al 80% seguro que se hace sostenible, o eso, o empezaremos a trabajar en negro.

Son muchos los que dicen que el sistema de pensiones se hará sostenible por los futuros aumentos de productividad. Es decir, si aumentan los salarios aplicaremos el 30% a una cantidad mayor, lo que nos permitirá sostener a una mayor cantidad de pensionistas. Lo que no nos dicen es que con las pensiones se trata de mantener el nivel de vida durante la vejez cercano a cuando se estaba en activo. Si los salarios futuros crecen gracias a la productividad y las pensiones se mantienen, lo que tenemos es un enorme desplome relativo del nivel de vida. Ahora mismo en España la tasa de sustitución es del 70%, es decir, si nuestro último salario es de 1000 euros nos jubilaremos con una pensión de 700, se estima que en 2052 tendremos una tasa de sustitución del 45%, es decir, el equivalente a cobrar en la actualidad 450 euros.

Otros proponen romper la fórmula, olvidarnos de las cotizaciones y pasar a financiar las pensiones con los Presupuestos Generales del Estado, lo que implica pagar más, cargarse el sistema contributivo e ir encaminados a lo que parece inevitable, que la pensión pública sea asistencial (no morirnos de hambre en las aceras) pero si queremos tener un cierto nivel de vida más allá de la subsistencia tendremos que completar la pensión pública con nuestro patrimonio privado.

En definitiva, la fórmula de la pensiones es muy tozuda. Todos los ajustes encaminados a hacer sostenible el sistema de pensiones pasan por subir cotizaciones o bajar pensiones. No se dejen engañar, pagar más, recibir menos, esta es la condena del sistema público de pensiones. Pueden soñar con que los políticos reformarán este pésimo sistema hacia uno mejor, o pueden asumir la realidad y ser conscientes de que no ahorrar es el camino más rápido a la pobreza en su jubilación. Ustedes eligen.

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CAPITULO II.

De caballeros sin princesas y sin dragones.

La historia conocida de Navarra está plagada de caballeros con armaduras y espadas, y entre estos encontramos varios Ezpeleta, lo que sigue es referencia a la organización de Navarra, territorio donde se desempeña el Linaje Ezpeleta con más historia y donde nace nuestro abuelo Miguel. Esto servirá para entender el capítulo “Historia con Historias” resumen de la historia del pueblo Vasco.

Organización civil y social de navarra

La nobleza en España; ideas, estructuras, historia.

Las titulaciones de conde y marqués respondían a contenidos funcionales diferentes. No se planteaba la precedencia –si bien era mucho más frecuente y conocido el de conde – ni eran, por tanto, incompatibles; así Alfonso II de Aragón se tituló comes et marchio Provinciae. Más tarde, cuando va aceptándose la idea abstracta de una nobleza –ordenada linealmente por haberse perdido el contenido funcional– se establece la precedencia del marqués sobre el conde, reflejada luego en la diferente riqueza del adorno de las coronas que se les asignan ya en el siglo XVII.

El título de vizconde (vice comitem ) es propio de la estructura feudal de la franja pirenaica, el más tardío en avanzar hacia Castilla. En el siglo XVIII existían (cargos hechos hereditarios) los vizcondados catalanes, cuyas denominaciones territoriales respondían más a su lugar de residencia que a una división del condado. Los vizcondados permanecen más tiempo que las otras titulaciones y entran plenamente en el siglo XIV. Por ser los de menor categoría, ocasionan los primeros títulos concedidos a personas que no pertenecen a las familias de los reyes. Ya con el nuevo concepto de título. Carlos III de Navarra concede los de Valderro (en1408 a un Ezpeleta, linaje de Ultrapuertos)

La nobleza navarra, en su intento de consolidar su papel predominante en la administración local, logró ser identificada como un grupo de poder elitista a lo largo de la Modernidad. Para ello se diseñó un nuevo cursus honorum, un proceso de desarrollo de carreras públicas estándar para todos los miembros de la aristocracia, adaptado al nuevo papel de la administración del Viejo Reino en el contexto de la Monarquía Hispánica.

La nobleza como oficio

Durante la Modernidad, un caballero podía medrar en los nuevos espacios de poder alcanzando los puestos más elevados, sólo si era capaz de adquirir una formación adecuada desde su más tierna infancia. La educación se convirtió en un instrumento de estratificación social que distinguía a las elites de los “vulgares”, reservando a los primeros un destino de gobierno y de apoyo cultural de la Monarquía. Las carreras civiles y públicas no estaban diseñadas para el común. Como afirmaba Erasmo: “Rey / alma divina; nobles / alma cuasi divina o pasiones nobles; y pueblo / bajas pasiones”2. Es decir, el noble debe ser educado para que obedezca y se someta a su rey a la par que para diferenciarse del pueblo.

En Navarra, tras finalizar las luchas banderizas del siglo XV, se dio paso a un tipo diferente de participación de la nobleza en el marco de la Monarquía hispánica. A la antigua vocación militar se sumaron nuevas inquietudes por el oficio de la política y la administración en los puestos del poder local, en las renovadas instituciones. Mientras que la baja nobleza se centró en el dominio de los puestos de poder de los regimientos, valles, merindades y universidades; la nobleza media medró hasta ir tomando oficios relevantes en las administraciones del reino navarro. Por su parte, la alta nobleza, enseguida entroncó de forma firme con la aristocracia castellana y aragonesa y medró en el servicio a la Corona, tanto en la corte europea como en Indias.

Con la llegada de los modernos sistemas bélicos entre los siglos XIV y XVI, los nobles titulados abandonaron en cierta medida tal cometido siendo desde entonces asumido por miembros de la baja y media nobleza que buscaron en la milicia nuevas formas de ennoblecimiento5. El propio Don Quijote era tajante al exclamar “quítenme de delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas”6; y más adelante vuelve a proclamar el hidalgo que “no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de mayor provecho que servir a Dios, primeramente, y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos, más honra que por las letras, como lo tengo dicho muchas veces”7.

Sin embargo, no todos los caballeros de guerra participaban de un idéntico ideal nobiliario, ya que lo que confería la verdadera nobleza era el ejercicio desinteresado de las armas.

La pérdida de la vocación militar fue producto de la paz interior en los territorios de la Monarquía, que se hizo visible especialmente en el estamento nobiliario ya que las armas constituían su tradición y razón de ser. Únicamente en Navarra, debido a su peculiar situación fronteriza, los ‘palacios cabos de armería’ siguieron funcionando como centros de reclutamiento y armamento10.

En la conformación del Estado Moderno el manejo de la escritura y las letras resultó también imprescindible para regular la mayoría de los comportamientos de la sociedad11. El sistema de gobierno polisinodial, fragmentado en consejos y secretarías diseñado desde el reinado de Felipe II, se mostraba necesitado de presidentes, consejeros, virreyes y demás personal burocrático. Mientras que los secretarios no tenían por qué descender de casas del estamento aristocrático, los presidentes de consejos y sus miembros sí. Así, con el sucesor de Carlos V se dio lugar a una irrupción masiva de hidalgos ‘vizcaínos’ –vascos- (y también de navarros) en los puestos de secretarios y cargos de gobierno12. Se trataba de un régimen que favorecía con altos cargos, influencia y ascensos sociales a un grupo limitado de la alta nobleza bien preparado. Esta actitud creaba el descontento entre los no favorecidos dando lugar a intrigas y divisiones en el interior del estamento nobiliario13. Debido a ello, las familias de la nobleza no dudaron en formar a sus vástagos con el fin de que pudiesen acceder con mayor facilidad a los nuevos cargos burocráticos del Estado Moderno14. Su principal objetivo era lograr la mayor proximidad al monarca, sobre todo con la llegada de los reinados de los Austrias menores. Desde comienzos de la Modernidad en la Península la nobleza mostró una vocación urbana que poco a poco le desligó, a diferencia de lo que ocurría en Francia e Inglaterra, de sus residencias campestres. Tras el gobierno de los Reyes Católicos el poder municipal fue quedando supeditado al centralismo de la Monarquía, lo cual provocó la marcha de los señores desde sus castillos-palacios a la nueva Corte en formación y a los centros de poder como Sevilla. No obstante, en la franja norteña del territorio quedó mucha nobleza rural, hidalgos, muy ligada a las estructuras socio-económicas de sus comunidades. En los pequeños municipios las opciones de promoción pública de todos estos hidalgos rurales quedaban más reducidas que en las grandes urbes donde la nobleza tenía el monopolio legal de los cargos municipales. En los pueblos la disparidad de composición de sus regimientos era notable. En las provincias vascas por ejemplo sólo se admitían regidores de origen nobiliario y en otras zonas ocurría justo lo contrario. A su vez, existieron ayuntamientos sin distinción de estados y otros en los que sus oficios sólo estaban reservados a nobles. En Navarra una ley de 1547 recogida en la Novíssima Recopilación de 1678 exigía a todo candidato a una alcaldía ser navarro, mayor de 25 años, residir en el pueblo donde se iba a ser insaculado, así como saber escribir y leer. Cumplidos estos requisitos, si se era elegido, el ocupar este ‘oficio de república’ traía consigo no sólo una serie de obligaciones y competencias sino también un salario y diferentes privilegios honoríficos15.

La posición genérica de preeminencia que disfrutó la nobleza durante el Antiguo Régimen se manifestaba a través del ejercicio que ésta hacía de sus poderes16. El poder, “que es uno y forma un todo complejo”, adoptaba diferentes formas y se ajustaba a grados variables de preferencia económica, social, personal o política. El patriciado urbano consolidó su poder a finales de la Edad Media surgiendo un nuevo grupo social en las urbes: los ‘ciudadanos’17. Diferentes autores del siglo XV hicieron en sus obras una alusión a este nuevo estrato social, intermedio entre los nobles y los “comunes” y que “no viven de su trabajo ni han menester conocido de qué se mantengan”18. Numerosas ciudades alardearon así de la presencia de una pequeña nobleza urbana, sobre todo entre sus regidores19. Este control de los puestos municipales por parte de la nobleza se hizo patente en la Monarquía hispánica hasta las exiguas medidas reformistas de Carlos III que terminaron con el sistema de ‘mitad de oficios’, es decir, el reparto equilibrado, en los lugares que era posible, de los puestos públicos entre la nobleza y la plebe. Se acabó de esta manera con viejas confrontaciones entre diferentes bandos aristocráticos y entre éstos y los miembros del Tercer Estado local.

Durante la Modernidad el rasgo más llamativo de la expansión estatal fue la consolidación de la institución de la Corte y de la Administración central. La Corona adquirió así el control militar y económico del territorio, desarrollando una red burocrática compleja y consolidando el poder real frente al señorial. En la Península la política borbónica del siglo XVIII estaba encaminada a reforzar definitivamente las estructuras e instituciones públicas del aparato central ‘estatal’20. La Corte se había convertido ya en el instrumento neutralizador de los Grandes del reino siendo el espejo de la gloria y esplendor del trono. Como ámbito privilegiado de la vida social quedaba separada de forma total del gobierno del Estado permitiendo una mayor estabilidad política. En esta reforma de la Corte ejerció un papel destacado Felipe V.  

El Estado había entrado en una inevitable colisión con los estamentos privilegiados en el plano de la participación política de la nobleza y en el de los nuevos requerimientos económicos que impondrá sobre ésta una estructura de gobierno con grandes necesidades presupuestarias22. El estatus preeminente y libre de cargas económicas y pechas de la aristocracia comenzó a resquebrajarse permitiendo la llegada del Nuevo Régimen. A la par surgió una nueva clase política de hidalgos ‘encumbrados’ que supo aprovechar la coyuntura política favorable y ganarse el apoyo y simpatía real, lo cual le permitió acceder a los cargos y oficios públicos de importancia que hasta ese momento habían sido patrimonio exclusivo de los Grandes.

Las monarquías modernas se desarrollaron a partir de redes ya existentes de vínculos personales que articulaban la sociedad. Al contrario que en el sistema feudal, el poder del gobierno era perdurable en el tiempo, aunque se fundamentara en cierta medida también en el clientelismo personal. Tuvo dos objetivos básicos, por un lado, establecer una paz social sustentada en el cumplimiento de una legislación renovada desde el poder central y, por otra parte, mantener un sistema estamental basado en la distinción por privilegios pero que integrara a su vez a todos los grupos sociales del reino con diferentes campos de poder e influencia. El despliegue territorial del centralismo monárquico no supuso el aislamiento del mundo local, sino que sus gentes participaban de las decisiones del común de la Corona ya que todo el territorio era entendido como un mismo espacio político activo. En el caso navarro se puede observar tal forma de un modo mucho más directo que en otros territorios del Imperio.  

El papel de sus agentes nobiliarios.

Cierta parte de la baja nobleza navarra no podía vivir únicamente de sus rentas por lo que acogía de buen grado toda merced23.

Tras las cortes de Burgos de 1515 el Reino navarro quedó unido políticamente a Castilla. Navarra, con el mismo tratamiento que la Cámara de Castilla, tuvo en sus relaciones con otros territorios ligados a la Corona hispánica, por derecho de adscripción política o sometimiento militar. Desde ese momento por la Secretaría de Gracia de Castilla “se expide todo lo perteneciente al gobierno político del Reino de Navarra y las pretensiones de sus naturales; los llamamientos a las Cortes y sus convocatorias; exención de cuarteles y alcabalas; erecciones de palacios de cabo de armería... y todos los demás negocios y dependencias de que conoce privativamente la Cámara [de Castilla]; Y así se dan las cédulas para que se cumplan y guarden los despachos que se expiden por los demás tribunales y ministros”28. Se dispuso que todos los cargos de gobierno fueran ocupados por navarros a excepción de la figura del virrey y las ‘cinco castellanías’: regente del Consejo Real de Navarra, dos de sus seis oidores, una de las plazas de la Corte Mayor y un oidor de la Cámara de Comptos, así como el puesto de virrey29.

La figura del virrey

Se puede decir que fue la figura del virrey, a pesar del control que éste ejercía sobre el resto de entes y administraciones locales, la única institución del rey en Navarra. Desde 1512, el virrey era la personificación de la Monarquía hispánica en Navarra, “el rostro cambiante de una institución que en el tiempo se confunde con el individuo” 30. Sin embargo, para los navarros éste era un monarca ausente y ‘distante’, incapacitado por la distancia geográfica para poder presidir personalmente el Reino. Al poco de haber asentado su poder en el territorio conquistado, Fernando el Católico nombró al alcaide de los Donceles virrey de Navarra como su alter ego en el gobierno de dicho territorio. Desde 1588 la propuesta de nombramiento de virrey se tramitaba a través de la Cámara de Castilla al ser un acto considerado de merced. Los primeros nombres que eran propuestos al rey cuando ‘vacaba’ el cargo eran los de los consejeros de Estado y Guerra31. Por ello, existían dos ternas posibles de candidatos: quienes destacaban por sus méritos políticos o los que lo hacían por sus virtudes militares, esenciales en un espacio fronterizo como el navarro, en ocasiones tan convulso32. El virrey en cualquier caso era siempre extranjero, lo cual motivaba numerosas ausencias del Reino con pretexto de dirigirse a sus posesiones en la Corte. Solía ser miembro de alguna familia de la alta nobleza castellana que al llegar a Navarra recibía nuevos títulos en los que se fijaban sus principales funciones33. Aquél que era nombrado virrey de Navarra debía jurar ante los tres brazos del Reino. Por ello, el 11 de enero de 1643, se celebró en Pamplona la ceremonia del juramento del nuevo virrey don Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portugal Monroy, conde de Oropesa. Éste se pronunció ante todo el auditorio de la siguiente manera “juro en mi ánima sobre esta señal de la Cruz y los cuatro Evangelios por mí manualmente tocados, reverencia a los prelados, condestables, mariscales, marqueses, condes, nobles, ricoshombres, caballeros, hijosdalgos, infanzones, hombres de buenas villas y a todo el pueblo de Navarra” mostrando su cargo al servicio tanto del rey como de todas las gentes de Navarra34.

Hasta ese momento habían existido en tierras navarras gobernadores o tenientes de las dinastías precedentes, pero nunca un cargo como el de virrey. Una figura con tantas facultades de gobierno era para Navarra un símbolo de su existencia como Reino. A su vez, el virrey era Capitán General, convirtiéndose de esta manera en el escalón más alto de la jerarquía administrativa con tres funciones fundamentales: gobierno, justicia y defensa. No obstante, la Diputación del Reino en ocasiones llegaba a actuar mediante resistencia pasiva ante sus obligaciones y deberes frente al virrey y la Cámara de Castilla.

El Consejo Real

Según Salcedo, no es posible concretar la fecha de creación de este organismo de gobierno44. Lo que sí es cierto es que hasta finales del siglo XVII, durante una etapa de integración en la Monarquía hispánica, el Consejo Real pasó una mala época. Su presidente, don Juan de Jaso, señor de Javier, se vio obligado a seguir al legítimo monarca de Navarra a sus Estados de Francia sin el apoyo de todos los miembros del Consejo45. En la capitulación de Pamplona con el duque de Alba, se aseguraba que se seguirá pagando su salario a los consejeros, pero hay desconcierto sobre qué conducta debe seguir el organismo46. En 1513 Fernando el Católico se refiere a sus miembros como los consejeros de “nuestro Real Consejo de nuestro Reino de Navarra” y en 1514 como “fieles y bien amados consejeros nuestros, las gentes de nuestro Real Consejo”47. Sin embargo, un año después deja bien claro que todo lo referente a Navarra debía ser examinado en el Consejo de la reina doña Juana de Castilla, aunque el mencionado organismo acabe reafirmando su propia personalidad en los años sucesivos.

En el año 1525 concluye la etapa de transición entre el Consejo medieval y el propio de la Edad Moderna. Tras apagar los últimos intentos de recuperación del trono por los Albret en 1524, Carlos I procedió a una reforma administrativa que sentó las nuevas bases de coordinación entre Navarra y la Corona castellana. Para tal empresa, el monarca envió al visitador Valdés, quien tras inspeccionar los protocolos de funcionamiento del Consejo Real, la Corte, la Cámara de Comptos y otros altos cargos, remitió sus recomendaciones que se plasmarían tiempo después en las nuevas Ordenanzas del Consejo del Reino de Navarra (1622)48. De esta manera, el Consejo Real de Navarra quedó reorganizado y este órgano de gobierno fue el único del sistema polisinodial de la Monarquía hispánica residente fuera de la corte madrileña. Se mantuvo radicado en Navarra en virtud del juramento que hizo el rey conquistador Fernando el Católico a sus naturales, aunque en las condiciones de la anexión se señalara en cualquier caso al Consejo de Castilla como máximo órgano de gobierno e instancia suprema de justicia contencioso-administrativa (Cortes de Burgos de 1515). Sin embargo, a pesar de ser una institución de poder subordinada su labor de asesoramiento al virrey en la gobernación general del Reino fue fundamental.

Tras la conquista de Navarra, la subsistencia del Consejo como tal no implicó el mantenimiento de su composición ya que los beamonteses recuperaron todos los honores y cargos de los que habían sido desposeídos por los Albret. Así el 3 de agosto de 1513, Fernando el Católico nombró canciller del reino de Navarra a don Luis de Beaumont, retomando una merced de la que había sido privado su padre en 149549. El cargo de Canciller otorgaba a su vez la presidencia del Consejo Real que desde ese momento quedaba en manos del jefe del bando beamontés. Tal decisión hacía peligrar cualquier intento de equilibrio y reparto de cargos entre beamonteses y agramonteses, así como de pacificación de Navarra. Los agramonteses no tardaron en protestar y pedir la sustitución del conde de Lerín por un agente neutral. La solución llegó con el beneplácito de los beamonteses a nombrar un regente de la Chancillería que dirigiera la marcha del Consejo. El entonces virrey de Navarra don Diego Fernández de Córdova, alcaide de los Donceles, explicó tal toma de decisiones al contestar al agravio presentado sobre el asunto por las Cortes de 1515: “fue pedido por algunos naturales del Reino e consentido por otros, de manera que todos los más principales convencieron en ello”50. Fernando el Católico decidió nombrar como regente en 1514 al zaragozano, Gerónimo de Raxa51 pero tal nombramiento fue mal recibido ya que vulneraba el precepto que exigía que los jueces fueran naturales del Reino, ya ratificado por el juramento del virrey. De esta forma las Cortes de 1515 exigieron que fuera destituido para reparar tal contrafuero. Sin embargo, el virrey replicó que no había agravio. Finalmente, tras diferentes envíos de misivas con sus consiguientes respuestas, la solución llegó con la naturalización del recién nombrado regente52.

En la Novísima Recopilación de leyes de Navarra su ley primera fijaba que los oficios, beneficios y mercedes del Reino “se han de dar, y hacer a los naturales de dicho Reino, y no a extranjeros” según disponen los fueros y leyes del territorio que habían sido jurados por sus reyes. En la legislación navarra se precisaba que quienes tenían competencia para otorgar la naturalización eran las Cortes de Navarra “la cual solos los dichos tres Estados, y no otro alguno la dé, y pueda dar”53. Así mismo, la Ley 40 de las Cortes de 1580 concretaba que el rey no podía conceder la naturaleza navarra a un aragonés “y pues los aragoneses no admiten en su reino a ningún navarro en oficios ni beneficios: y aún algunos que allí los tenían han sido excluidos de ellos, por no ser aragoneses, no sería justo que ellos fuesen más privilegiados en Navarra, que los navarros en Aragón, pues serían contra nuestros Fueros y Leyes por las cuáles están ellos excluidos también, de no los poder tener en este Reino”54. Tres años después, la Ley 47 de las Cortes de Tudela tampoco admitía a otros viejos vecinos de Navarra: “Por Leyes de este Reino está ordenado, y mandado, que los extranjeros no sean admitidos en este Reino, en Oficios, ni Beneficios: y sin embargo de esto los Vascos [habitantes de la Baja Navarra] han pretendido no ser extranjeros, y que pueden tener Oficios y Beneficios en este Reino. Y pues ellos son súbditos y vasallos de otro Príncipe: Suplicamos a vuestra Majestad ordene y mande que los vascos que se tengan por extranjeros, y no se admitan en este Reino en Oficios ni Beneficios y lo mismo se entienda, y haga con los franceses”55. Se observa en este caso una limitación de la naturalización por motivos políticos debida a los enfrentamientos civiles entre agramonteses y beamonteses. Ambos bandos, siendo inicialmente seguidores de dos señores originarios de Ultrapuertos, acabaron por incidir en la política del Reino56. Finalmente, las Cortes de 1628, con objeto de terminar con dicha situación, solicitaron a la Corona la supresión de toda distinción política entre navarros57.

La composición del Consejo quedó fijada en seis oidores, normalmente juristas con estudios universitarios, y un regente. De sus miembros el más notable era el regente. Su creación y cambio de nombre, de presidente a regente, tuvo la intención de acabar con el poder del Condestable de Navarra. El cargo de Condestable ejercía como Canciller del Reino desde que su figura fuera creada por los Albret en 1493 para presidir el Consejo. Sus extensas atribuciones eran excesivas y los Austrias no vieron oportuno que tales mercedes estuvieran siempre en manos de una persona que pudiera resultar mediatizadora, políticamente hablando, en ese territorio fronterizo. Los consejeros debían de ser cristianos y letrados en leyes, e incluso alguno era licenciado en cánones. Se trataba en su mayoría de navarros, miembros de familias nobles con asiento en Cortes. A su vez, estaban ayudados por un batallón de secretarios, procuradores, comisarios ejecutores y receptores, capellanes, registradores etc. Durante el siglo XVIII por el Consejo Real de Navarra pasaron 31 oidores naturales del antiguo Reino originarios de los más diversos lugares de la geografía, pero con dos puntos en común: su pertenencia a los viejos linajes de la baja nobleza y estar en posesión de una magnífica carrera como juristas o magistrados. La carrera administrativa en Navarra no era fácil y muchos comenzaron desde los grados más bajos para ir ascendiendo poco a poco en puestos de la abogacía, síndicos, oidores, etc. Ciertamente existió una amplia diversidad en los destinos posteriores de los consejeros navarros. La mayoría de ellos acabaron su actividad judicial en el propio Consejo ya que era muy normal que los navarros permanecieran mucho más tiempo en el cargo que los venidos de fuera.

Las principales actuaciones del Consejo Real de Navarra fueron las de órgano consultivo de la Corona y de su delegado en Navarra, el Virrey y órgano ejecutivo de las decisiones regias de gobierno y justicia.

La Diputación

La figura administrativa de la Diputación nació en Cataluña a finales del siglo XIII como delegación de las Cortes. Tal institución se consolidó un siglo después con la responsabilidad de exponer los “greuges” o agravios. Desde ese territorio se extendió por la Corona de Aragón y Castilla. En Navarra la Diputación fue creada de manera permanente por las Cortes el 26 de abril de 1576. Su funcionamiento quedó regulado en 1592 por Felipe II que aumentó sus poderes progresivamente, mientras que las Cortes se fueron convocando en un menor número de ocasiones. Su móvil de intervención era servir a Navarra de Cortes a Cortes juntándose en intervalos cortos de tiempo -días o semanas-. Es decir, si en su origen provenía de las Cortes Generales de Navarra, constituida ya, encarnaba el poder del Reino. Al ser una delegación permanente de los tres estados que configuraban la Cámara originaria, se convirtió en el órgano político por excelencia del Reino68.

Al comienzo de su andadura las Cortes nombraron cinco diputados quedando fijado su número en siete desde inicios del siglo XVI. Entre ellos había un representante del brazo eclesiástico -normalmente el abad de Leire, Fitero o La Oliva o el obispo de Pamplona-, dos miembros del brazo militar y, finalmente, cuatro representantes de las merindades (2 diputados por Pamplona y otros 2, por turno, como representantes del resto, es decir, Sangüesa, Estella, Tudela y Olite). El brazo nobiliario admitía más variedad entre sus representantes pues en él concurrían diferentes señores del Reino que incluso en ocasiones representaban al de las Universidades.

Las Cortes de Navarra

Las últimas Cortes navarras se celebraron en Pamplona entre el 24 de julio de 1828 y el 28 de marzo de 1829. Hasta ese momento, las Cortes se reunían principalmente atendiendo a los requerimientos del monarca, a las necesidades del Reino o a la urgencia de cónclave de ambos. El rey podía resolver y ordenar a su delegado que únicamente las reuniera cuando fuera de interés para la Corona: “y porque es justo procurar el mayor alivio de tan buenos vasallos y que a los estados se les excusen los grandes gastos que se le sigue con la duración de ellas, os mando que en la proposición que les hiciereis les pidáis solamente la continuación de los servicios ordinarios con que se abreviaran más y se conseguirá el fin que deseo”72. En otras ocasiones el monarca optó por pactar con unos estamentos privilegiados, que realmente nada podían disponer como “representantes del territorio” si no eran emplazados previamente por el rey, por lo que el reino “sólo cobra vida política en contacto con la persona del rey o con alguien que le represente”73.

En Navarra durante la Modernidad legislar era algo absolutamente necesario. El Viejo Reino, conquistado e incorporado a la Corona castellana, tenía que defender a ultranza su estatus diferenciado porque si no su vida legislativa sería gobernada desde Castilla. Quizá por ello la mayor parte de la legislación emanada de las Cortes navarras estaba encaminada a deshacer o prevenir ‘contrafueros’ o a realizar ‘reparos de agravios’. Su finalidad última era la de mantener los principios de autogobierno sobre la base de unos derechos propios fundamentados en la ‘costumbre’. Por otra parte, otras leyes trataron de introducir mejoras en la legislación ya existente y promover la vida administrativa, social, cultural y económica. Las Cortes se convirtieron en uno de los pilares políticos del reino, aunque no siempre actuara en beneficio de la generalidad de los navarros. Era común que sus decisiones favorecieran a los grupos dominantes y privilegiados de la población en ella representados. Sin embargo, a pesar de este predominio de las elites dirigentes en la cámara legislativa, se dejaba abierta la posibilidad a los demás para hacer llegar sus memoriales con quejas o peticiones, que en ocasiones llegaban a buen término.

Principalmente sus miembros eran palacianos descendientes de unas 100-150 familias hidalgas75. El brazo nobiliario agrupaba por tanto a la nobleza palaciana del Reino siendo “un sitio donde encauzar su vocación política y de prestigio”76. En una carta escrita por el rey en 1618 se recalcaba que “el ser llamado a las Cortes generales en el dicho brazo militar, es el acto de nobleza y de mayor calidad que hay en el dicho Reino y por tal está, tenido reputado y con que, acostumbramos a honrar a las casas nobles y antiguas de ese Reino y a los caballeros conocidos de él, atendiendo a su calidad y servicios y premiándolos, habiendo sido primero informados de sus calidades, partes y servicios, de que se infiere que semejantes llamamientos se han de hacer con grande consideración y limitación y concurriendo muchas causas y razones y que lo mandamos así en los poderes e instrucciones que damos a los Virreyes que van a gobernar el dicho Reino”77. Este privilegio de asiento se conseguía mediante una gracia real.

Entre 1598 y 1661 se produjo una inflación en el Brazo Militar, a pesar de la desconfianza que mostraba la Corona con las recién conquistadas gentes navarras. Felipe II en una instrucción al virrey de 1567, le hacía saber que para él se trataba de un grupo amigo de la “turbación y confusión [...], en lo que ha habido exceso en las pasadas”. Poco a poco fueron integrándose en el Brazo militar “otros muchos hidalgos, gentileshombres e infanzones”, casi todos ellos hombres de armas con un importante arraigo en sus lugares de origen sitos en la Montaña y la Cuenca pamplonesa, donde ejercían un poder tradicional. Predominaban los montañeses vascongados en los primeros años de las guerras. Así de los 30 en total que ingresan, 17 eran originarios de la Merindad de Pamplona (Baztán, Santesteban, Cinco Villa o Arraiz). Por el contrario de la merindad de Sangüesa solo acudirían 4 de la de Olite, 3 de la de Estella 2 al igual que de la tudelana y de Ultrapuertos. Casi todos ellos eran hombres ligados al bando beamontés, lo cual provocaba un desequilibrio de fuerzas en el Brazo Militar de las Cortes e inestabilidad en la política del Reino. Entre ellos figuraban Juan de Andueza, palaciano del valle de Araiz, Ezpeleta de Beire, señor de Gollano, los Eraso, etc79. Ante tal situación, un anónimo partidario agramontés remitió a doña Juana de Castilla una carta mofándose de la calidad social de todos estos aliados de don Luis de Beaumont: “caballeros a los que fueron con el Condestable a la Corte: pues no lo es ninguno, sino escuderos y lacayos montañeses y mercaderes y pelaires [...]. Los que dice que andan por los montes, será guardando ganado”80.

Entre 1665 y 1666 diferentes caballeros navarros compraron su asiento a Cortes por dinero. Se trataba de miembros de una nobleza baja-media en ascenso. Se intentó a pesar de esto que el derecho a asiento dependiera de la continuidad de la casa, de su arraigo y de las relaciones familiares. En base a ello, la poda definitiva del siglo XVII llegó en 1677 cuando fueron borrados formalmente unos 63 derechos, entre los vitalicios y los vendidos. Esta reducción de nobles con tal merced pública vino ayudada por una gran reducción en el número de sucesiones y el principio del desarraigo de la alta nobleza por este cargo político local. Una de cada cinco concesiones de entre los años 1678 y 1700 no tuvieron solución de continuidad. Entre 1685 y 1700 Carlos II creo una docena de títulos con objeto de encumbrar a familias con uno o dos llamamientos antiguos que fueran dueños de palacios y receptores de pechas, diezmos y acostamientos, así como poseedores de pequeños señoríos ‘impropios’. Serían a la larga estos renovados miembros del Brazo Militar quienes liderarían al estamento nobiliario en Navarra hasta la transición de 1830 a diferencia de sus predecesores del XVII y sus sucesores del XVIII que enseguida se desentendieron de su tierra de origen86.

Los poderes locales

Según Domínguez Ortiz, el municipio durante el Antiguo Régimen respondía en la península al modelo latino90. Éste se caracterizaba por su importancia en la organización general del Estado y de la vida cotidiana. El autoritarismo real de los Austrias se enfrentó enseguida con el poder municipal en una pugna constante por el dominio del gobierno de las ciudades. Sin embargo, incluso, a pesar de la decadencia de su poder, durante el siglo XVIII el municipio seguía siendo la cédula básica de la sociedad y ‘el marco privilegiado de actividad’ en la comunidad. En 1789 León Arroyal definía por ello a España como una comunidad de repúblicas presidida por un Soberano.

En Navarra durante la Modernidad los municipios fueron con frecuencia escenario de conflictos sobre el disfrute de los puestos vacantes y el aprovechamiento de los bienes comunales91. La organización social se basaba en el derecho de vecindad, que en algunos lugares llevaba consigo el derecho a voz y voto en concejo abierto o “batzarre”. A mediados del siglo XVII se produjo una renovación de las elites locales, lo que supuso una contestación por parte de las autoridades tradicionales que veían en juego los fundamentos antiguos de calidad y autoridad. Se dio paso entonces a un cambio político que trajo importantes consecuencias para las comunidades locales con una mayor oligarquización del poder municipal y la redefinición de la sociedad en su conjunto: “este proceso no fue simplemente un cambio de la forma de gobierno, sino que llevó a una nueva configuración colectiva, a un ‘nuevo régimen’”92.

El reparto de los cargos municipales

Durante el periodo de reinado de la dinastía de los Austrias continuó el proceso ya emprendido por los Reyes Católicos en Castilla y se fortaleció en Navarra el poder municipal frente al de los señores locales. Tal política administrativa tuvo como objeto situar a hombres de confianza de la Corona en puestos de gobierno local93. Tales cargos eran revisados mediante la promulgación de diferentes disposiciones desde la administración, en contra del hasta entonces tradicional sistema de concejo abierto vigente en numerosos valles de la montaña navarra. La única fórmula electiva que se vio como válida y posible para evitar el acaparamiento de estos cargos por oligarquías familiares fue la “insaculación” –“inseculación”-. De esta manera, durante la Edad Moderna, el municipio navarro hizo uso del sistema insaculatorio como mecanismo de elección de sus cargos concejiles en la Ribera del Mediodía navarro y algunos otros enclaves del territorio. Este sistema de suertes bajo la supervisión del “juez inseculador” pretendía dar mayor legalidad y limpieza al reparto de los puestos de gobierno locales. Con el tiempo, no obstante, creándose en Navarra un grupo de familias principales (miembros de la baja y media nobleza) que acabaron copando de forma regular todos estos cargos como derecho cuasi-consuetudinal94. Así, por ejemplo, los cargos concejiles de Pamplona durante el siglo XVIII fueron ocupados por la aristocracia de la ciudad y los sectores más acomodados, “no siguiendo criterios económicos sino sobre todo de relevancia y de poseer las mejores aptitudes sociales para el gobierno”, aunque ésta no fue siempre la situación que se vivió en las villas navarras95. Durante el Seiscientos se hizo muy frecuente la concesión y venta de nuevas ejecutorias de hidalguía a familias enriquecidas. Su adquisición suponía en muchos casos la culminación de un ascenso social96.

Por otra parte, el acceso a estos cargos concejiles quedó bien delimitado en el cuerpo legislativo de Navarra, en 1678 con la aprobación de la ley LXVII que recogía los criterios personales necesarios para tales oficios. Según dicha ley, los aspirantes debían ser navarros, de más de veinticinco años, residentes en el pueblo en cuestión además de saber leer y escribir. Se excluía a miembros de los diferentes tribunales reales, profesiones liberales y a aquellos que no demostraran su limpieza de sangre. Así mismo, cada localidad añadió diferentes criterios de índole social y económica. De especial importancia, por su significación como cabeza del Reino, era la elección de los cargos municipales de la capital, Pamplona. Del total de la población pamplonesa del Seiscientos sólo era noble el 2,2%. En el siglo XVIII, en el censo de 1787, habitaban en la ciudad 258 hidalgos suponiendo un 1,70% del total, el cual, si le sumamos nobles titulados y palacianos, ascendía a un 1,83%. Según el censo de Godoy de 1797 en la vieja Iruñea vivían 13 titulados y 271 hidalgos, suponiendo un 2,19% del total105. Estas cifras repercutieron en cierta medida en la ocupación de los cargos municipales de mayor relevancia a lo largo del Antiguo Régimen. Durante el siglo XVII, en la capital del Reino al alcalde se le exigía un origen nobiliario por lo que el cargo estuvo en manos de las mismas familias a lo largo de toda la centuria: los condes de Ayanz, los marqueses de Besolla, los marqueses de Góngora, y el señor de Fontellas entre otros pocos. También eran nobles parte de los regidores, recayendo el resto en determinados grupos de profesionales (comerciantes, escribanos, abogados...) que no suponían mucho más del 1% del total de la población de la urbe. Se puede decir que gran parte de los navarros –un 35,5%- quedaron excluidos de los cargos públicos locales durante la Modernidad siendo la nobleza, la posición económica y la formación recibida los únicos visados válidos para muchos cargos públicos106. A lo largo del Setecientos la situación no varió considerablemente respecto a la de una centuria antes. En el régimen interno del municipio de Pamplona no existieron contraposiciones de tipo estamental. El monarca nunca otorgó cargos concejiles de forma temporal o vitalicia de tal forma que en ningún momento se pudieron enajenar o vender. Por otra parte, el número de nobles fue inferior al que se pudo observar en los concejos castellanos.

En definitiva, la nobleza pamplonesa tuvo una importantísima relevancia en el gobierno de la ciudad, aunque, como apunta Garralda, guardó “cierto equilibrio con los demás sectores sociales bien preparados para ocupar cargos concejiles”108.

En Cascante en el año de 1597 el Estado de Hidalgos enjuició al de Labradores por el reparto de los cargos municipales. Los primeros exigían que “en los cargos de repúblicas se ponga igual número que sirvan de estado de hijosdalgo que el de labradores. Normalmente se sacaba cada año dos regidores del estado de labradores y uno del otro”. De todo el proceso lo que resulta realmente interesante es el comentario de Fermín Martínez de Lesaca, oidor de los hijodalgos de la villa de Cascante, quien afirmó que “para el dicho oficio de regidor los labradores presentaban grandes carencias ya que mientras los hijosdalgo todos saben leer y escribir sin embargo los que están en la bolsa de labradores no en su mayoría y además los labradores no son de ordinario bien afectos a los hijosdalgo y de ellos hay mayor parte en el regimiento y les hacen muchas cosas perjudiciales quienes siempre están dispuestos a servir a su majestad en muchos lugares”113. Se observa de nuevo la importancia que tuvo durante el Antiguo Régimen la formación académica de la nobleza en todos y cada uno de sus diferentes estratos a la hora de conseguir la promoción personal en el seno de la comunidad de origen y el grupo primario de pertenencia.

La figura del merino

Otra institución supra municipal fue la de las merindades. Éstas eran entidades administrativas consolidadas a mediados del siglo XIII. A la cabeza de las mismas, el merino como agente del rey poseía misiones muy diversas que atañían tanto al orden público y militar como a cuestiones diplomáticas, fiscales y judiciales. Para el desempeño de su cargo contaba con el amparo de lugartenientes y ‘sozmerinos’. Ya en la Edad Moderna las merindades -Pamplona, Estella, Sangüesa, Olite y Tudela- se mantuvieron como circunscripción administrativa de carácter fiscal, así como para la designación de representantes del Brazo de las Universidades en la Diputación. El merino por aquel entonces había perdido gran parte de sus funciones “quedando como figura honorífica desempeñada por la nobleza del reino”115. No obstante, a veces su desempeño podía aupar en su ascenso social al noble que lo disfrutara y ejerciera.

El ‘buruzagi’

Durante la Edad Moderna, otro cargo peculiar de las administraciones locales navarras era el de ‘buruzagi’ (mayoral o nuncio)117. Éste era el hombre encargado de avisar a los vecinos para las juntas de Concejo y los ‘batzarres’, requerir el pago de cuarteles y alcabalas en las casas de los vecinos, cobrar penas, etc. En la Améscoa con los dineros requisados por ‘calonias’ llevaba el pan y el vino a las actividades concejiles y servía en las ‘yantorocenas’ o cenas de los miembros del concejo. Además, el cargo sólo lo desempeñaban los miembros del estamento de Labradores y de forma gratuita. No obstante, durante el siglo XVII en la Améscoa Baja los nuncios tenían la obligación de hacer tañer las campanas para convocar juntas y otros asuntos concejiles a cambio de ciertos obsequios y colaciones118. La elección de quién debía ocupar el puesto se hacía el día 29 de septiembre por San Miguel por el sistema de “a renque”, es decir, turnándose las casas de forma ordenada119. Los pleitos en los tribunales navarros por cuestiones referentes a las competencias y elecciones de buruzaguis eran frecuentes entre miembros del Tercer Estado e hijosdalgos. Se trataba de un cargo poco querido pues ejercitarlo podía en muchas ocasiones, debido a los cometidos que tenía asignados, crear grandes enemistades con otros miembros del vecindario.

En 1591 en Eulate Joan Pérez de Eulate, vecino del lugar, exigió al Consejo de Labradores de la localidad la exoneración de servir el empleo de buruzagui. Joan Pérez alegaba ser hijodalgo y recalcaba que dicho oficio era competencia del Estado de Labradores cuyos miembros eran pecheros del lugar y no gentilhombres120. Sin embargo, Joan de Linzoáin afirmaba que, aunque el demandante alegue ser hidalgo, sin tener la ejecutoria de hidalguía se le nombró con derecho buruzagui y que el orden de las casas depende de los empadronamientos122.

Se puede observar cómo los oficios municipales, concentrados progresivamente en el brazo de caballeros, fueron un incentivo suplementario para el ennoblecimiento de la baja y mediana nobleza. No obstante, la toma del puesto de buruzagui no fue entendida de la misma forma. Si bien es cierto que los hidalgos de los lugares donde tal cargo existía intentaron influir en la elección de sus vacantes rehusaron ejercer su oficio en la medida de sus posibilidades. Quizá la razón más clara que pueda justificar este radical rechazo sea que, como agente ejecutivo o nuncio municipal, el buruzagui solía suscitar antipatías hacia su persona al verse obligado a desarrollar determinadas labores poco agradables y problemáticas en la vida rural y comunitaria de los pueblos.

Conclusiones: ‘Nobleza obliga’.

Podemos observar cómo durante la Modernidad la nobleza navarra logró conservar su papel predominante. El Brazo Militar consiguió de esta manera una regeneración de sus miembros y evitar convertirse en un grupo inútil en el nuevo modelo de Estado Moderno surgido durante el Antiguo Régimen. La vida de los miembros de esta elite durante la Edad Moderna estaba determinada por un importante componente externo mediatizado por el papel público desempeñado por sus miembros. Éstos eran los representantes del poder monárquico y de los valores que dicho sistema de gobierno comportaba en el ejercicio de los diferentes cargos públicos y militares. Debido a estas razones y a los costes, económicos y personales, que el desempeño de tales cargos podía suponer en ocasiones no era extraño que algunos miembros del estado nobiliario llegaran a negarse a la hora de aceptar, asumir y desempeñar algunos de estos puestos.

La nobleza se había convertido durante el siglo XVII en una fuente inagotable de funcionarios altamente cualificados. Debemos tener en cuenta que las formas de servicio noble dejaron de ser simplemente militares para expandirse desde el siglo XVI a todos los ámbitos de la economía, la administración y la política. El servicio al rey se ejercía tanto por lealtad al propio monarca como por la correspondencia que éste tenía en forma de diferentes mercedes y la proyección social del individuo. Y es que, no sólo los titulados del reino navarro fueron accediendo a cargos de importancia, sino que también miembros de la nobleza media e incluso alguno de la baja. Todos ellos siguieron una política familiar que tejió extensas redes de relaciones interpersonales y abrió el camino de muchos de los candidatos.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la nobleza navarra participó de forma decisiva tanto en los órganos administrativos propios del Viejo Reino como, poco a poco, en los propios de la Monarquía hispánica. En Navarra su presencia y su actividad fueron vitales para el desarrollo progresivo de las Cortes y la Diputación del Reino y de la actividad legislativa regional. En los municipios, si bien la alta nobleza no se mantuvo muy presente más que en las grandes urbes, los miembros de los estratos medio y bajo del brazo militar defendieron constantemente sus privilegios y preeminencias a la hora de poder disfrutar y desarrollar su poder local.

Notas.

1- Artículo recibido en enero de 2009. Artículo evaluado en febrero de 2009.

2- D. Erasmo Equilibrio o manual del caballero cristiano, Madrid, 1556, cap. IV, fols. XXV y ss.

5- D. García Hernán, La nobleza en la España moderna, Madrid, Istmo, 1992, pp. 12-13

6- M. Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha, Madrid, Atlas, 1947, 1ª parte, cap. XXXVII)

7- Ibídem, 2ª parte, cap. XXIV)

10- C. Iglesias (dir.), Nobleza y sociedad en la España Moderna, Oviedo, Nobel, 1996, p. 128.

11- Mª. L. Pardo, Señores y escribanos. El notariado andaluz entre os siglos XIV y XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, p. 12.

12- J. A. Escudero, “Felipe II y el gobierno de la Monarquía” en Sánchez González, Mª. M. (coord.), Corte y Monarquía en España, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, UNED, 2003 pp. 18-21.

13- M. L. Bush, Noble privilege, Manchester, Manchester University Press, 1984, pp. 79 y 94.

14- S. Martínez Hernández, El marqués de Velada y la Corte en los reinados de Felipe II y Felipe III. Nobleza cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004, pp. 27-28.

15- A. Zabalza et alii, Navarra 1500-1850 (Trayectoria de una sociedad olvidada), Pamplona, Ediciones y Libros S.A., 1994, pp. 144-152.

16- R. Mª. Pérez, El poder en Castilla al comienzo del Estado Moderno: imagen y realidad, Madrid, Universidad Complutense, 1991, p. 343.

17- A. Domínguez Ortiz Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, Istmo, 1979, pp. 177-178.

18- E. Villena, Los doce trabajos de Hércules, Madrid, RAE, 1958, p. 12.

19- J. S. Amelang, La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelona, Ariel, 1986, p. 61.

20- A. Morales, Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII español: la posición de la nobleza, Madrid, Universidad Complutense, 1983, p. 1199

21- Instructions de Louis XIV pour le Roi d’Espagne, du 3 decémbre 1700.

22- A. Morales, Poder político, economía [...], op. cit., pp. 1209 y ss.

23- Hay constancia de que a mitad del siglo XVII unos 60 caballeros recibían pensiones o acostamientos, lo cual suponía una tercera parte de los ingresos de la Hacienda navarra. J. Mª. Usunáriz, “Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna (1512-1808) en Revista Internacional de Estudios Vascos. RIEV, 46, 2, 2001, p. 708

24- Siendo éste ya mencionado en 1588 como “oficial mayor en el escriptorio de Cámara de S.M. y su escribano y notario público”, cabe suponer que era el responsable de la Escribanía de Cámara y de la supervisión y registro de la expedición de los documentos de dicho órgano, como los correspondientes Libros de registros donde se copiaba toda la documentación que salía de esta dependencia.

28- Fco. J. Garma y Duran, Teatro Universal de España. Descripción eclesiástica y secular de todos sus Reynos y provincias en general y particular, Madrid, Imp. De Mauro Martí, 1751, vol. 4, pp. 224-225.

29- Mª. D. Martínez Arce, “Nobleza de Navarra: Organización familiar y expectativas de futuro” en Vasconia, 28, 1999, p. 177.

30- J. Mª. Usunáriz, “Las instituciones del reino [...]”, op. cit., p. 687.

31- AGS, Sección de Guerra Antigua, leg. 1825.

32- J. Gallastegui, Navarra a través de la correspondencia de los virreyes (1598-1648), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, pp. 26 y 34-38)

33- J. Salcedo, El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, Pamplona, Universidad de Navarra, 1964, pp. 67-68.

34- Archivo General de Navarra (a partir de ahora AGN), Actas de Diputación, libro 3º, fol. 1.

35- R. Rodríguez, “Navarra y la Administración central (1637-1648)”, en Cuadernos de Historia Moderna, 11, 1991, pp. 162 y ss.

36- AGN, Sección Guerra, leg. 1º, carp. 53.

44- J. Salcedo, El Consejo Real [...], op. cit., p. 261.

45- J. Yanguas y Miranda, Historia compendiada del Reino de Navarra, San Sebastián, Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, 1832, pp. 406 y 411.

46- “Que se pagasen sus salarios a los del consejo y alcaldes de Corte mayor y oidores de Comptos y otros oficiales y ministros de los reyes don Juan y doña Catalina” IDEM, Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1964, II, p. 536).

47- Ordenanzas del Consejo, L I, t. 10, 0. 1. y L. II, t. 8, 0. 10.

48- J. Mª. Zuaznavar, Ensayo Histórico-Crítico sobre la Legislación de Navarra. II, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1966, pp. 97-113). Estas ordenanzas eran editadas anualmente a principios de cada año para mantener así su vigencia. AGN, Comptos, Papeles sueltos, leg. 53, carp. 15, 1769.

49- AGN, Sección Guerra, leg. 1, carp. 27. I. Concha, “Del Canciller Mayor de Navarra (Un extraño caso de supervivencia medieval)” en Anuario de Historia del Derecho Español, 50, 1980, p. 756, nota 13)

50- AGN, Legislación, leg, 1, carp. 22, fol. 2v-3r.

51- AGN, Comptos, tesorero Luis Sánchez, 1514, fol. 78v.

52- L. J. Fortún, “El Consejo Real de Navarra entre 1494 y 1525” en Homenaje a José María Lacarra, Príncipe de Viana, anejo 2, 1986, p. 175.

53- Las Cortes otorgaban dos tipos de naturaleza diferentes: para entrar en la asamblea o para gozar de las exenciones y beneficios propios de un natural navarro. Mª. D. Martínez Arce, “Concesiones de naturaleza a fines del siglo XVII” en Segundo Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de Viana, anejo 15, 1993, p. 229.

54-Novíssima Recopilación (NR a partir de ahora), 1, 8, 1.

55-NR, 1, 8, 7.

56- J. Salcedo, Elementos de Historia del Derecho navarro, Pamplona, Grafinasa, 1989, 24.

57- IDEM, “Grupos sociales y su ordenamiento jurídico en Navarra” en V Congreso de Historia de Navarra. Grupos sociales en Navarra. Relaciones y derechos a lo largo de la Historia, vol. III, SEHN, 2002, p. 198. Durante el Quinientos se producía una gradual reinserción “en unas mismas y únicas coordenadas políticas (lo que no quiere decir que se extinguiera el sentimiento nacionalista y de añoranza de la perdida Monarquía) respetadas por Castilla”. J. Gallastegui, Navarra a través [...], op. cit., p. 33 Así por ejemplo, Fernando el Católico no tardó en perdonar a los principales cabecillas de la facción agramontesa: a Ladrón de Mauleón, al vizconde de Zolina, a Martín de Goñi, a Pedro de Rada. Posteriormente Carlos V concedió el 15 de diciembre de 1521 un perdón general a todos los aliados de las tropas francesas de ese mismo año e incluso lo amplió a los que en Noáin, en Maya y Fuenterrabía habían luchado contra su ejército. Sólo dejaba excluidos de su clemencia a 150 caballeros entre los que figuraban: Miguel de Xabierre, Juan de Azpilcueta, hermano de Miguel, Juan de Jaso, etc. De esta manera, Johan de Azpilcueta, señor de Javier, pudo intervenir en las Cortes de Sangüesa de 1530. Y tres años después en las de Estella lo harían Alonso de Peralta y Miguel de Azpilcueta, a pesar de ser todos ellos agramonteses. La misma disposición conciliadora se produjo en la provisión de cargos en los Tribunales del Reino. S. Lasaosa, El ‘Regimiento’ municipal de Pamplona en el siglo XVI, Pamplona, Príncipe de Viana, 1979, pp. 72-73.

59- Ibídem, p. 181.

66- AGN, Legislación, leg. 2, carp. 74, 1552.

67- AGN, Límites, leg. 1, carp. 24.

68- J. Salcedo, Atribuciones de la Diputación del Reino de Navarra, Pamplona, Príncipe de Viana, CSIC, 1974, II, p. 303)

69- Actas de Diputación, VI, 343.

72- AHN, Consejos, Libros de Navarra, nº 530, fols. 366v-367. Mª. T. Sola, “El virrey como interlocutor de la Corona en el proceso de convocatoria de Cortes y elaboración de leyes. Navarra. Siglos XVI-XVII” en Huarte de San Juan. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra, 1996-1997, p. 87.

73- P. Fernández Albaladejo “La resistencia en las Cortes” en Elliot, J. y García Sanz, A. (coord.), La España del Conde Duque de Olivares, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, p. 323.

75- J. Mª. Usunáriz, “Las instituciones del reino [...]”, op. cit., p. 708.

76- A. Floristán, “Honor estamental y merced [...]”, op. cit., pp. 174-181.

77- AGN, Cortes, leg. 3, c. 60. íbid., leg. 3, c. 60.

79- F. Idoate, Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1981, pp. 109-120.

80- Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), C/ 1529, fol. 72r.

86- Ya durante la etapa borbónica el número de derechos a asiento llegó a ser cercano a los 200 pero muchos de sus poseedores únicamente buscaron nuevas formas de ascenso en la jerarquía sociopolítica de la Corona más que un papel relevante en la actividad legislativa navarra. J. Mª. Usunáriz, “Las instituciones del reino [...], op. cit., p. 707.

90- A. Domínguez ORTIZ, En torno al municipio [...], op. cit., p. 69.

91- A. Zabalza, “Contribución al estudio de la administración municipal moderna en Navarra: Aoiz, 1780-1787” en Primer Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de Viana, anejo 9, 1988, pp. 217-222.

92- J. Mª. Imízcoz, , Elites, poder y red social. Las elites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (Estado de la cuestión y perspectivas), Bilbao, UPV, 1996, pp. 208-209.

93- M. R. Porres, “Oligarquías urbanas. Municipio y Corona en el País Vasco en el s. XVI” en Martínez Millán, J., (dir.), Europa y la monarquía católica, t. II, Economía y sociedad, Madrid, Parteluz, 1998, pp. 625-642.

94- Fco. J. Alfaro, y B. Domínguez, “Insaculación, elites locales y organización municipal de la Merindad de Tudela en el Antiguo Régimen” en Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 10, 2000, p. 104. y Sociedad, nobleza y emblemática en una ciudad de la ribera de Navarra: Corella (siglos XVI-XVIII), Institución Fernando el Católico (CSIC), Zaragoza, Ayuntamiento de Corella, 2003, pp. 31 y ss.

95- J. F. Garralda, “Los cargos concejiles del Ayuntamiento de Pamplona en el siglo XVIII” en Primer Congreso General de Historia de Navarra, 4, Príncipe de Viana, anejo 9, 1988, p. 139

96- A. Ramírez de Arellano, “Aproximación al cambio social en Navarra: el caso de Diego de Arguedas” en Actas del V Congreso de Historia de Navarra. Cambio social en Navarra. Relaciones y derechos a lo largo de la Historia, vol. I., SEHN, 2002, p. 323.

105- M. Gembero, “Pamplona en los siglos XVII y XVIII: Aspectos económicos y sociales” en Príncipe de Viana, 177, 1986, p. 63.

106- J. Mª. Usunáriz, “Las instituciones del reino [...]”, op. cit., pp. 728-730.

108- J. F. Garralda, La administración municipal de Pamplona del siglo XVIII, Pamplona, Universidad de Navarra, Pamplona, 1986, I, pp. 22-26.

113- AGN, TT.RR., Procesos judiciales, 001803, fol. 1.

115- J. Mª. Usunáriz, “Las instituciones del reino [...]”, op. cit., p. 727.

117- En el siglo XIII por ‘buruzagui’, ‘cabdiello’, ‘sobrejuntero’ o ‘mayoral’ se entendía al dirigente máximo de la Junta de Infanzones de Obanos encargado de ejecutar las ‘justicias’ convocando en armas a los junteros. La palabra vasca ‘buruzagi’ viene a significar etimológicamente caudillo, patrono o jefe superior.

118- AGN, TT.RR., Procesos judiciales, 16231, fols. 44-45; 103-103v; 120-129v; 214-222, año 1652.

119- L. Lapuente, Las Améscoas [...], ob. cit., p. 357.

120- AGN, TT.RR., Procesos judiciales, 148485, fol. 1.

122- AGN, TT.RR., Procesos judiciales, 148485, fol. 17.

124- AGN, TT.RR., Procesos judiciales, 149320, fol. 1. Sobre la cuestión de las hidalguías en la Améscoa Baja hay un pleito entre el Estado de Labradores y el de Hidalgos de dicho valle fechado en 1588, con un interesante listado o memoria de los que han sido pretendientes a hidalgos y a sus respectivos oficios, etc. (AGN, TT.RR., Procesos judiciales, 011934, fols. 9-9r).

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CELI EN LA CONTRALORIA: EL PUNTO DE QUIEBRE

Crónica AnTicorRupCión

Por Pablo Albán Rodas

Desde junio de 2017 cuando el actual Contralor se afirmó en el cargo, el organismo recobró el perfil que establece el orden jurídico y se convirtió en pieza clave en el procesamiento y juzgamiento de casos de corrupción de las altas esferas. La gestión se basa en la capacidad técnica y operacional de la institución, así como en las facultades que le otorga la ley. Para atenuar el factor subjetivo y político de la gestión se plantea el paso a el Tribunal de Cuentas del Estado Ecuatoriano. 

SE ENCIENDE LA MECHA

“Le voy a hacer más difícil… no voy a firmar”, dijo Pablo Celi a los pedidos de la funcionaria. La pose que parecía locuaz en instantes maduró una actitud determinante ante la insistencia de los empleados de Contraloría. “No me vengan a mi con esas tonterías”, les dijo, al tiempo que alcanzó unos papeles que pretendían cesarle del cargo de Subcontralor, solo para hacerlos pedazos. La disposición fue enviada por Carlos Pólit desde el extranjero sin apego a lo que dice la norma. El acto desesperado carecía de valor juridico. El personal fue invitado a retirarse en medio de uno que otro empellón. Celi no dio su brazo a torcer y con la ley en la mano fue ratificado en derecho como Contralor Subrogante. 

Lo confuso del incidente se aclaró al profundizar las investigaciones del Caso de sobornos Odebrecht que fuera revelado el 21 de diciembre de 2016, luego de un trabajo coordinado de los organismos judiciales de Estados Unidos, Suiza y Brasil. Las coimas reconocidas por la multinacional brasileña ascendían a 88 millones de dólares a cambio de contratos con los estados que le dieron beneficios que superan los 3 mil millones de dólares. Estos fueron pagados en 12 países, uno de ellos Ecuador, donde aseguran desembolsaron más de 33,5 millones de dólares a favor de personajes del anterior gobierno. 

En la delación se presentaron pruebas contra Pólit que datan desde el 2010, mientras ejercía funciones como Contralor. Como descenlace, Carlos Pólit Faggioni fue condenado a 8 años de cárcel por el delito de Concusión, fundamentado por la Procuraduría y la Fiscalía. La sentencia de la Corte Nacional de Justicia se dictó a inicios de junio e incluye una restitución al Estado por más de 44 milones de dólares y las disculpas públicas. El sentenciado se encuentra prófugo en los Estados Unidos. 

El sello reluciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos establecía la jerarquía del proceso sustanciado. El poder que otorgaba a la información y las denuncias que contenía, llevó a la picota a presidentes y altos funcionarios y empresarios de Perú y Brasil e involucró a los de Panamá, Colombia, Argentina, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela.

La influencia de la información que se distribuyen por redes y que en segundos rodea el globo ya se mostró en los “Panamá Papers” en abril de 2016, a través de los que se liberó información sobre las empresas que se constituyen en paraísos fiscales para encubrir fondos de origen irregular. A más de Pólit, en  Ecuador se han pesquisado ramificaciones que llegan al ex Presidente Correa y varios de los que fueron sus ministros de Estado y personal de confianza. 

Este ha sido uno de los frentes de trabajo de Celi, en conjunto con la Procuraduría y Fiscalía, y demás entes de la Función de Control del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en una decisión avalada por la Corte Constitucional lo ratificó en sus funciones y puso un candado que lo mantendría en el cargo hasta 2023. 

La legitimidad de la función de Celi se afirma en un mandato popular, pues nació como resultado de la Consulta de 2017. Dadas las denuncias de instancias ciudadanas y medios de comunicación y la inacción de la institucionalidad de Control, la percepción de impunidad ante el enriquecimiento ilícito de las altas esferas del gobierno era mayoritaria. 

Los ecuatorianos votaron abrumadoramente por el Sí a reformas legales y acciones que prometían enfrentar la corrupción. 

NO HAY “INTOCABLES” 

Con Celi a la cabeza, se dieron paso a varios exámenes que estaban en la agenda, cumpliendo los cronogramas y la hoja de ruta que establece la normativa. Se encontraron indicios de responsabilidad administrativa y penal sobre la acción de altos funcionarios del régimen anterior y que, aún seguían en funciones con el presidente Lenín Moreno. 

El caso de Jorge Glas es emblemático. Este fue investigado por la entrega irregular del campo petrolero Singue, cuyo proceso arrancó en noviembre de 2016 en la Contraloría. Como resultado, a fines de octubre de 2017, Celi sancionó al entonces Vicepresidente con destitución, así como de la implicación penal en el caso Odebrecht que, para entonces, ya había avanzado en el organismo auditor. 

La acción del actual Contralor fue determinante para la salida del cargo y la prisión del ex segundo mandatario, hombre fuerte del correísmo, y, por consecuencia la ruptura del gobierno de Moreno con su antecesor y del acuerdo de gobernabilidad implícito. 

La figura de destitución como sanción administrativa vuelve luego de más de una década en desuso. La estricta norma intimida cualquier intento de beneficio doloso de la función pública: devolvió fuerza y eficiencia a la lucha contra la corrupción y al Control estatal, cuyas instancias constituidas en un sistema fueron elevadas a la calidad de Función del Estado en la Constitución de 2008. 

No hay duda que esta suerte de “liberación” del organismo, aprovechó la brecha abierta dentro de la hegemonía política. Aunque el camino no deja de ser escabroso. Los pasos se guían por la acción del derecho y se entorpecen por los escombros de fortalezas levantadas en base a actos ilegítimos e ilegales y la resistencia que presentan las que se mantienen. 

Un factor decisivo para el despliegue de la Contraloría fue la Consulta Popular de febrero de 2018 que posibilitó la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, instancia que en el orden jurídico instaurado por la Constitución 2008 es la encargada de evaluar y nombrar Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo, Defensor Público, y Consejo de la Judicatura. Celi fue la única autoridad máxima de estos organismos en ser ratificada. 

La sinergia entre las competencias y acciones interinstitucionales tuvo la posibilidad de desplegarse, reinaugurarse, sacudiéndose del peso, complicidad y sumisión abierta, sin empacho ni recelos, hacia las disposiciones del anterior primer mandatario. Sin ese dique, la avalancha anticorrupción alcanzó a Correa quien se encuentra prófugo. 

Su procesamiento nace, entre otros, del informe presentado por Contraloría en el caso sobornos, más conocido como “Arroz Verde”. La trayectoria del ex gobernante y actual prontuariado, dibuja el mismo viacrucis de su íntimo Jorge Glas que le llevó a cumplir sentencia en prisión: Contraloría, Asamblea Nacional, Tribunal Contencioso, Corte Constitucional, Fiscalía, Procuraduría, Corte Nacional. Es el andamiaje que ofrece la Constitución y la ley a la que se sujeta la Contraloría y que busca prime la justicia y el derecho. 

El trabajo de Contraloría justamente acciona el mecanismo institucional, con los indicios que encuentra en las acciones de control. María de los Angeles Duarte, Marcela Aguiñaga, Alexis Mera y los hermanos Alvarado otrora intocables, también fueron señalados por Contraloría con actos dolosos durante su gestión. Hoy están presos o prófugos. La impostura de la pose del grupo “boy scout” -sello personal de la administración Correa- como revolucionarios fue expuesta en su real naturaleza: la mescolanza de la política con los negocios. La conversión de la primera en empresa(s): lo público fue una oportunidad de acrecentar sus fortunas privadas.

La acción de la Contraloría tomó al pie de la letra la oferta de campaña del Presidente Lenín Moreno: practicar la cirugía para arrancar la corrupción. Así terminó destituido Richard Espinosa de la cabeza del IESS; en otros episodios fueron apresados el ex ministro Iván Espinel y el ex presidente de Petroecuador Carlos Pareja Yanucelli, personajes que se consideraban parte del equipo de Gobierno de Moreno. 

En la época de Covid, los casos de reparto de cargos a Asambleístas, los carnets de discapacidad, la corrupción hospitalaria, entre otros, amenazan la orilla de los hombres fuertes del actual régimen. Los resultados son esperados por los ecuatorianos. 

DEL CONTRALOR AL TRIBUNAL DE CUENTAS

En una entrevista, Celi analiza la acción del organismo y del Contralor en el proceso auditor, según la norma vigente. “La Contraloría  está sujeta a un conjunto de procedimientos que tienen ciertas exigencias técnicas por las cuales una denuncia por sí misma no puede sustentar una decisión de la Contraloría. Es necesario sustentar las cosas con evidencia documentada, y ese procedimiento pasa por una secuencia documental muy rigurosa y hay tremendas exigencias legales porque está sujeta a ser contrastada por el afectado”. 

“Es muy difícil que una decisión de Contraloría vaya simplemente desde la autoridad hacia abajo, desde la orden de la autoridad de hacerle daño a tal persona o descubrir u ocultar tal cosa”, dice. En este punto hay que recordar que los auditores son funcionarios con nombramiento y que gozan de un acceso privilegiado a información y pueden ser testigos en el proceso jurídico que derivare del examen. “Claro que la actitud de la autoridad es muy importante porque puede intensificar o frenar los procesos”. 

En la misma entrevista se pregunta cómo los auditores llegan a una conclusión de sobreprecio y el contralor estaría en capacidad de arreglar y echar tierra sobre el caso. “Hay dos procesos distintos, explica Celi, usualmente se los percibe como uno solo. Una cosa es el informe de auditoría y otra cosa la determinación de responsabilidades que se derivan de ese informe. Ningún informe responsabiliza, lo que hace es describir los he¬chos. Ahí puede estar claramente establecida la infracción pero eso pasa al criterio jurídico y administrativo con el cual se juzga. De un informe pueden desprenderse distintos tipos de responsabilidad o no, según el criterio con el cual se aplique la norma”.Así el actual contralor expone la vulnerabilidad del organismo y de su acción: el criterio que aplicaría el Contralor a la hora de aprobar un informe y determinar responsabilidades. 

El problema se evidencia con el reposicionamiento de la Contraloría como Función independiente de las demás que componen el Estado. Pero Celi no se conforma y es crítico con esta interferencia a la lucha contra la corrupción. Por ello ha elaborado y tramitado el Proyecto para la Conformación del Tribunal de Cuentas del Estado Ecuatoriano. 

En lo fundamental de la figura de Contralor Unipersonal propone pasar a un Tribunal de Cuentas, conformado por tres Magistrados de Control. En las funciones se rearticularía dos ámbitos: auditoría y juzgamiento de cuentas. El proyecto implica la Reforma de la Constitución y fue presentado al Presidente de la República e 25 de septiembre de 2017, meses después de que Celi adquirió la titularidad en el cargo. Entre octubre de 2018 y enero de 2019 fue conocido y luego apoyado por el CPCCS transitorio. El 6 de marzo de 2020 la Corte Constitucional declaró que el procedimiento de enmienda es apto para el cambio de denominación de “Contraloría General del Estado” a un “Tribunal de Cuentas”. Ahora la propuesta se tramita en la Comisión de Reforma Constitucional de la Asamblea, la que prepara el proyecto que sería presentado a Referéndum y Consulta Popular en las elecciones del 2021. 

12 de agosto de 2020 

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[kiro-anarka]

El movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan, en español) ha evidenciado con sus protestas en Estados Unidos, que se han extendido por buena parte del planeta, la discriminación y la violencia policial sistemáticas que sufren las minorías afrodescendientes, latinas e indígenas. Según la socióloga Simone Browne, con quien hablamos por videoconferencia a mediados de junio, su objetivo es preservar “el supremacismo blanco”, que ahora tiene en la presidencia estadounidense a uno de sus defensores, Donald Trump.

“Así lo entiende buena parte de la población blanca estadounidense que cuando ve a una persona negra comprando en un comercio o mirando escaparates, llama a la policía y la acusa de estar robando. Entienden que la policía no solo está para servirles y protegerles a ellos, sino también para mantener el status quo de su supremacía. Unas llamadas que terminan costando vidas negras en muchos casos”, reflexiona Browne, profesora asociada del Departamento de Estudios africanos y de la diáspora africana y autora del multipremiado libro Dark Matters: On the Surveillance of Blackness (La oscuridad importa: la vigilancia de la negritud).

Este estado policial de hipervigilancia ya se cebaba con las poblaciones afroamericanas, latinas, asiáticas e indígenas antes del 11 de septiembre de 2001, y desde entonces, como buena parte del resto del planeta, se ha radicalizado con las tecnologías de control social en las que especialistas como Browne ven un patrón de continuidad con las técnicas coloniales de exterminio aplicadas durante el tráfico transatlántico de esclavos.

“Cuando estudias la respuesta estatal y policial tras el 9S, centradas supuestamente en el control de fronteras y protección de los terroristas, observas que las herramientas tecnológicas de vigilancia biométrica a través de cámaras, sensores o drones, son muy similares en la forma en que se vigilaba los cuerpos de las personas negras durante el tráfico transatlántico: entienden que tu cuerpo o partes de este pueden revelar información sobre quién eres, qué puedes hipotéticamente hacer… Las personas esclavizadas eran marcadas con el sello de la corona española, británica, así como con el de sus propietarios que los iban a explotar en las plantaciones. Estas marcas del sufrimiento también hablaban de la supuesta necesidad que estos cuerpos tenían de ser sometidos, disciplinados, controlados por ese Estado de la vigilancia que continúa desarrollándose hoy contra las personas racializadas”, analiza.

Browne estudia cómo los algoritmos de las tecnologías de control y vigilancia social están atravesados por sesgos profundamente discriminatorios para las poblaciones afroamericanas. Por ejemplo, cuando una persona blanca y otra negra están en el campo de visión de una cámara de seguridad, la programación de sus softwares determina que hay que seguir los movimientos de la segunda. Los programas de reconocimiento facial tienen un margen de error del 31% cuando son mujeres negras, según un estudio de la Electronic Frontier Foundation. Por ello, Browne exige que estos algoritmos sean públicos, para saber en qué se basan, y que las corporaciones que los extraen y el Estado que los usa sean transparentes en el uso de una información de nuestros cuerpos cuya “propiedad intelectual debería ser de sus dueños, es su derecho”, sostiene.

Tal es la imprecisión y la inseguridad jurídica que esta maquinaria para la vigilancia representa para la población negra, que el departamento de la Policía de Dallas tuvo que desactivar a los pocos días de ponerla en marcha una app llamada I watch (Yo veo) a través de la que pedían a la población que enviaran fotografías de “actividades ilegales cometidas en las protestas”. Aun así, la policía y agencias estatales de seguridad cuentan con una base de datos más amplia, accesible y conocida por todos. Como explica Browne, estas están rastreando en las redes sociales fotografías y vídeos etiquetados con los hashtags #BlackLivesMatter, #antifa o #ACAB (El acrónimo en inglés de “Todos los policías son unos bastardos”) con el fin de identificar a sus autores. “Se han documentado casos de activistas que han sido interrogados en sus casas por sus publicaciones sobre las protestas”, denuncia.

Un estado de vigilancia que en los barrios con mayoría de población racializada conocen bien: “A las patrullas policiales e identificaciones raciales que llevaban sufriendo décadas, ahora se suma la vía tecnológica. Cuando llegan las cámaras a los vecindarios sabemos que inmediatamente viene la gentrificación: nuevos propietarios blancos, que a menudo instalan también sus propias cámaras para supuestamente proteger sus hogares, como el sistema de reconocimiento facial de Amazon”. Una empresa que comparte esta información con más de 1.300 cuerpos policiales. Ante las denuncias realizadas por organizaciones civiles sobre las violaciones a la privacidad, Amazon ha anunciado la suspensión durante un año de la entrega de esta información o, en su defecto, hasta que el Congreso no apruebe una nueva normativa sobre su uso. Cabe preguntarse sobre los riesgos de que Amazon cuente con la capacidad de almacenar toda esta big data si el Estado, responsable último de su supervisión, está en sí mismo cuestionado.

Esta hipotética reforma legislativa resulta insuficiente para las demandas de los manifestantes. “En Estados Unidos es habitual el monitoreo electrónico de las personas que salen de prisión. Si la orden es que no pueden alejarse de sus hogares más de dos kilómetros, por ejemplo, probablemente no podrán trabajar porque no encontrarán un empleo tan cercano o porque una de las salidas laborales más habituales para esta población es el reparto a domicilio. Cuando se pide la abolición de las prisiones, que es un sistema claramente insostenible, también estamos hablando de la supresión de estos sistemas electrónicos, que hacen que estas personas lleven la cárcel a sus hogares”.

Browne recuerda que las protestas más importantes que ha vivido Estados Unidos en décadas “no solo son contra la violencia policial: en los barrios donde viven afroamericanos, latinos o indígenas han muerto cuatro veces más personas por COVID-19. #BlackLivesMatter está denunciando cómo está construida la sociedad, los espacios donde han de vivir, cómo están muriendo por no poder pagar la factura del hospital, por tener que vivir hacinados… Se trata del acceso a una vida digna”.

[notimundo]

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Pone en marcha Ayuntamiento de Acapulco programa de apoyo alimentario

Inicia reparto de 40 mil despensas casa por casa, en colonias populares de mayor marginación; también fueron atendidos este domingo comerciantes y trabajadores del sector turístico

Acapulco, Gro., 05 de abril de 2020.- Para mitigar la crisis económica derivada de la pandemia mundial del nuevo Coronavirus (COVID-19), el gobierno de Acapulco arrancó la entrega de alimentos no perecederos a familias que viven al día y enfrentan la caída de ingresos por el receso de las actividad turística que impacta a todo el sector productivo.

Brigadistas recorren casa por casa para hacer entrega de despensas a las personas más vulnerables, a través del Programa de Suficiencia Alimentaria que opera el Gobierno de Acapulco a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Trabajadores y comerciantes vinculados directamente con el sector turístico recibieron también este domingo el apoyo, entregas que son vigiladas por elementos del Ejército y Marina para resguardar el orden.

El secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez informó que son 40 mil despensas las que serán distribuidas en todo Acapulco para atender la contingencia, y tal como lo ha indicado la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, se otorgan casa por casa, bajo las medidas establecidas por autoridades de salud.

“Tratamos de alcanzar a todas las personas que fueron afectadas de alguna manera por esta contingencia del Coronavirus, se está pidiendo a la gente que se resguarde en sus casas, se está haciendo un esfuerzo para entregar a la mayor cantidad posible de ciudadanos, se van a entregar también en sus domicilios, mano a mano, para tratar de que no haya intermediarios y sea un programa que llegue a la gente que verdaderamente lo necesita”, dijo el funcionario.

Manzano Rodríguez agregó que la alcaldesa Adela Román Ocampo trabaja en coordinación con el gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores, quienes hicieron posible este programa de apoyo alimentario para mitigar los efectos económicos negativos que se ha generado por la emergencia de salud a nivel mundial.

Laura Gómez, una de las beneficiarias, reconoció que “a comparación de otros gobiernos, creo que es la primera vez que se hace algo así en caso de contingencia, pienso que es una buena labor de la presidenta; somos adultos, yo tengo 60 años, vivo sola aquí, y esto es una gran ayuda”.

Para Andrés Rivera, esta acción era necesaria, al señalar que “ya era justo que nos dieran una despensa, ya tenemos muchos días que no hay trabajo, no hay venta, no hay nada, y estamos agradecidos con la presidenta municipal que nos da ese apoyo”.

Mientras que Virginia Patricio opinó sobre esta entrega de despensas que “para mí está bien, me ayuda mucho para mi familia la verdad, esta difícil para nosotros (el receso de actividades turísticas por la contingencia), porque trabajamos en la playa, de ahí vivimos de la playa, y ahorita estamos mal”.

Aceite, frijol, arroz, pastas, lentejas, leche, azúcar, galletas, papel higiénico, jabón y alimentos enlatados no perecederos forman parte de la despensa que se entrega a los ciudadanos a través del programa Suficiencia Alimentaria instrumentados para mitigar la contingencia del nuevo Coronavirus (COVID-19).

[udinamo]

Qué es la cuarta revolución industrial (y por qué debería preocuparnos)

A finales del siglo XVII fue la máquina de vapor. Esta vez, serán los robots integrados en sistemas ciberfísicos los responsables de una transformación radical. Los economistas le han puesto nombre: la cuarta revolución industrial. Marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos. ¿Suena muy radical? Es que, de cumplirse los vaticinios, lo será. Y está ocurriendo, dicen, a gran escala y a toda velocidad. "Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos." Klaus Schwab

"La cuarta revolución industrial, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)", dice Schwab, que es director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y uno de los principales entusiastas de la "revolución". "Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia… Y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países", apunta el WEF. También llamada 4.0, la revolución sigue a los otros tres procesos históricos transformadores: la primera marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, entre 1760 y 1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo la electricidad y permitió la manufactura en masa. Para la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Ahora, el cuarto giro trae consigo una tendencia a la automatización total de la manufactura - su nombre proviene, de hecho, de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde 2013 para llevar su producción a una total independencia de la mano de obra humana. La automatización corre por cuenta de sistemas ciberfísicos, hechos posibles por el internet de la cosas y el cloud computing o nube. Los sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria física y tangible con procesos digitales, son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar -entre ellos y con los humanos- mediante el internet de las cosas. Lo que veremos, dicen los teóricos, es una "fábrica inteligente". Verdaderamente inteligente.

Revolución, ¿para quién?

Son precisamente los países más avanzados los que encarnarán los cambios con mayor rapidez, pero a la vez los expertos destacan que son las economías emergentes las que podrán sacarle mayor beneficio. La cuarta revolución tiene el potencial de elevar los niveles de ingreso globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras, apunta Schwab, las mismas que se han beneficiado con la llegada del mundo digital (y la posibilidad, por caso, de hacer pagos, escuchar música o pedir un taxi desde un celular ubicuo y barato). Sin embargo, el proceso de transformación sólo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse.

Los peligros del cibermodelo

Así, no todos ven el futuro con optimismo: los sondeos reflejan las preocupaciones de empresarios por el "darwinismo tecnológico", donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir. Y si ello ocurre a toda velocidad, como señalan los entusiastas de la cuarta revolución, el efecto puede ser más devastador que el que generó a su turno la tercera revolución. "En el juego del desarrollo tecnológico, siempre hay perdedores. Y una de las formas de inequidad que más me preocupa es la de los valores. Hay un real riesgo de que la élite tecnocrática vea todos los cambios que vienen como una justificación de sus valores", le dice a BBC Mundo Elizabeth Garbee, investigadora de la Escuela para el Futuro de la Innovación en la Sociedad de la Universidad Estatal de Arizona (ASU). "Ese tipo de ideología limita gravemente las perspectivas que se traen a la mesa a la hora de tomar decisiones (políticas), lo que a su vez exacerba la inequidad que ya vemos en el mundo hoy", agrega. "Dado que mantener el status quo no es una opción, necesitamos un debate fundamental sobre la forma y los objetivos de esta nueva economía", apunta Ritter, que considera que debe haber un "debate democrático" en torno a los cambios tecnológicos. Por una parte, hay quienes descreen que se trate de una cuarta revolución: es cierto que los cambios son muchos y muy profundos, pero el concepto fue por primera vez usado en 1940 (en un documento de una revista de Harvard titulado "La última oportunidad de Estados Unidos", que pintaba un futuro sombrío por el avance de la tecnología) y su uso representa una "pereza intelectual", dice Garbee. Otros, más pragmáticos, alertan que la cuarta revolución no hará sino aumentar la desigualdad en el reparto del ingreso y traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica. "El entusiasmo no es injustificado, estas tecnologías representan avances asombrosos. Pero el entusiasmo no es excusa para la ingenuidad y la historia está plagada de ejemplos de cómo la tecnología pasa por encima de los marcos sociales, éticos y políticos que necesitamos para hacer buen uso de ella", remata Garbee. Fuente: BBC Read the full article

[berri-otxoak]

https://www.nodo50.org/berri_otxoak/berri-otxoak-reclama-servicios-sociales-presenciales-en-lugar-de-virtuales/

Berri-Otxoak reclama servicios sociales presenciales en lugar de virtuales del mismo modo que funcionan los supermercados

-La plataforma contra la exclusión social exige al Ayuntamiento que ofrezca atención en persona a los ciudadanos sin recursos y sin conocimientos de informática

-El Consistorio pretende que familias en situación de pobreza gestionen por internet las ayudas sociales

-Berri-Otxoak reclama un plan de contingencia y recursos económicos extraordinarios por parte de las instituciones para atender a las familias que sufren precariedad y pobreza

Barakaldo, 17 de marzo de 2020.

La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha exigido al Ayuntamiento de Barakaldo que atienda en persona a las familias que necesitan ayudas sociales del mismo modo que, con medidas de seguridad contra al coronavirus Covid-19, funcionan los supermercados y otros establecimientos privados.

La reclamación del colectivo se produce ante la decisión del Consistorio de cerrar físicamente las oficinas de asuntos sociales y establecer que para cualquier gestión los trámites se realicen por internet, escribiendo al correo ayudaseconomicas@barakaldo.eus.

“Los responsables municipales muestran de nuevo su incompetencia y falta de sensibilidad al pretender que las personas que sufren la actual situación de desempleo y agravamiento de las situaciones de precariedad y pobreza, que no tienen recursos económicos para sobrevivir y que en muchos casos tampoco cuentan con formación en nuevas tecnologías, realicen gestiones mediante ordenadores e internet que la mayoría, debido a su situación económica, tampoco tienen”, ha advertido Berri-Otxoak.

“Si el personal de supermercado puede realizar su trabajo presencialmente, con más motivo dada la grave situación para los ciudadanos desfavorecidos, también lo pueden hacer los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento, del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y de la Sociedad Pública de Empleo Estatal (SEPE)”, indica la plataforma.

En este sentido, reclama que haya atención presencial con horarios ampliados, nuevos espacios y un sistema de cita que permitan que entre las personas usuarias y con los trabajadores sociales se pueda mantener la distancia de metro y medio que previene el contagio del virus. Además, el colectivo indica que hay que contar con medidas de desinfección e higiene de los locales utilizados.

“Ante la gravedad de la situación en la que quedan las familias que se están viendo despedidas y sin recursos económicos, el Ayuntamiento y resto de Administraciones públicas tienen, en primer lugar, que garantizar unos mínimos vitales a las personas, familias, menores y ancianos incluidos, que pueden ver amenazada su propia supervivencia debido a la paralización de las instituciones y servicios públicos y privados”, argumenta Berri-Otxoak.

Por ello, el grupo exige “facilitar la tramitación” de los subsidios y prstaciones sociales, “de tal manera que se produzca una aprobación automática provisional de todas las solicitudes de subsidios o ayudas, que se podrán revisar y verificar una vez superada la crisis sanitaria y económica motivada por la gestión de la pandemia del coronavirus”.

En concreto, la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak demanda que las peticiones de subsidios, ayudas y prestaciones sociales sean válidas con la simple entrega de la solicitud y del número de cuenta bancaria de la familia, así como con sendas declaraciones juradas sobre las personas que integran la unidad familias y el importe del alquiler o la hipoteca al que tiene que hacer frente el solicitante.

“El confinamiento forzoso por el coronavirus ha vuelto a dejar en evidencia que el Ayuntamiento no se toma en serio la asistencia social”, afirma el colectivo, que recuerda que en las primeras horas del confinamiento forzoso en las viviendas, la policía local ha llegado a exigir a personas sin hogar que no permanecieran en la calle a pesar de que es el propio albergue municipal nocturno el que fuerza a los ciudadanos sin techo a quedarse a la intemperie en horario diurno.

“Esta actuación policial respecto a las personas sinhogar se suma a la incertidumbre y desamparo en el que han quedado los ciudadanos en situaciones de desempleo y pobreza, para los que se han cerrado los servicios sociales del Ayuntamiento, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en donde se gestionan subsidios y ni siquiera hay certeza de que se vaya a producir el reparto del Banco de Alimentos del que depende la supervivencia de decenas de familias”.

La situación ha provocado una “avalancha de consultas” al servicio de información de Berri-Otxoak sobre la continuidad de las ayudas sociales y servicios de asistencia. “Esta avalancha de consultas se produce por la incertidumbre en torno a la situación en la que están quedando las familias y personas con más problemas, como quienes duermen en la calle o de las cientos de personas y familias barakaldesas que necesitan el comedor social o el Banco de Alimentos para sobrevivir, así como los solicitantes de ayudas de emergencia social”.

La plataforma contra la exclusión también ha “constatado el miedo de las familias a un mayor deterioro de sus empleos precarios debido a la suspensión de actividades, cancelación de actividades y reducción del consumo por la extensión de la epidemia del coronovirus”.

Berri-Otxoak ha exigido en este sentido un “plan de contingencia y recursos económicos extraordinarios por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento así como por la Diputación y por el Gobierno Vasco para que quienes sufren precariedad y pobreza no sufran el doble castigo de padecer el miedo al contagio del coronavirus y sufrir un empeoramiento de sus condiciones sociales y económicas por la pandemia”.

Reclamamos servicios sociales presenciales en lugar de virtuales

[alaznemadariaga]

El zumbido de decenas de miles de mosquitos Anopheles, transmisores de la malaria, puede sentirse en los arrozales de Cheju, área rural a las afueras de la capital de Zanzíbar y escenario de un novedoso proyecto piloto contra la enfermedad: rociar estos campos utilizando drones para evitar que los millares de larvas se transformen en mosquitos.

Bajo la mirada curiosa de un puñado de agricultores locales, un dron gigante de la compañía china JDI sobrevuela los arrozales a modo de entrenamiento: primero tan solo fumigaba agua, pero desde el 2 de noviembre deja caer un líquido viscoso capaz de asfixiar a las minúsculas larvas. Así lo hará durante un mes entero. "Creemos firmemente que prevenir la malaria es más inteligente que curarla. Lo haremos matando al mosquito antes de que eche a volar", resume Guido Welter, la mente pensante detrás de este proyecto cuya puesta en práctica lleva esperando cinco años.

"Aquí, a Zanzíbar, llegan todos los días en el transbordador (desde la parte continental de Tanzania) personas con el parásito (Plasmodium), pero si el Anopheles no está, la enfermedad no se propaga", continúa quien se define a sí mismo como un idealista hoy más cerca de alcanzar su sueño: erradicar una enfermedad que sufren más de 219 millones de personas en el mundo.

Cheju, área rural a las afueras de la capital de Zanzíbar es escenario de un novedoso proyecto piloto contra la malaria con drones. Patricia Martínez EFE

La dificultad de conseguir los permisos necesarios en países vecinos como Ruanda o Kenia —del Ministerio de Defensa, de la Autoridad Civil de Aviación o del Ministerio de Agricultura— hizo de la mayor isla del archipiélago tanzano el emplazamiento idóneo para este microensayo; siendo bien acogido por el Programa de eliminación de la Malaria de Zanzíbar (Zamep), dependiente del Ministerio de Sanidad.

"Lo que estamos haciendo ahora es expandir nuestras alas en lo relativo al control de la natalidad del mosquito. Usar drones para tratar los cuerpos de agua donde se desarrollan estos insectos nos brinda una oportunidad hasta ahora inimaginable", asegura desde la sede del Zamep, Abdullah S. Ali, director de este ambicioso programa gubernamental.

Por el momento, Zanzíbar ha hecho los deberes y, pese a que en la última década ha logrado mantener la prevalencia de la malaria por debajo del 1 % —sobre todo gracias al reparto masivo de mosquiteras tratadas con insecticida y a la fumigación de interiores—, su erradicación continúa siendo una quimera.

"En 2018 tuvimos cinco fallecimientos (por malaria) en una población cercana a los 1,5 millones", recuerda con cierto orgullo Ali desde este edificio estatal adornado con carteles descoloridos y en cuyo vestíbulo reposa, como olvidada por todos, una pequeña cama de madera sitiada por una mugrienta mosquitera. "Aunque un muerto no deja de ser un muerto", cavila.

Mosquitos inteligentes

Cuando un ser humano es infectado de malaria, los parásitos causantes de esta enfermedad se multiplican en su cuerpo, los glóbulos rojos se vuelven pegajosos, la sangre no puede circular libremente ni llevar oxígeno a las células; el hígado colapsa y, si llegan a atravesar la barrera hematoencefálica, también el cerebro.

Las cifras hablan por sí solas de un enemigo que todavía se nos escapa en los albores de la noche. Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 2000 y 2015 las muertes por malaria disminuyeron en un 60% en el mundo, con 6,2 millones de vidas salvadas; al menos 435.000 personas murieron en 2017, el 93% en África y más de la mitad niños menores de cinco años (266.000).

"Una de cada dos personas que jamás haya vivido en este planeta ha muerto de malaria", detalla el entomólogo Bart Knols, especialista en enfermedades como el dengue y la malaria, y quien junto al científico keniano Richard Mukabana se ha encargado de elegir qué producto rociar desde los drones, cómo rociarlo y cómo hacer seguimiento de todo el proceso.

Los otros usos de los drones en Zanzíbar

Ya se conocen varios casos exitosos de drones utilizados con fines humanitarios, y el proyecto para fumigar campos para acabar con el mosquito que transmite la malaria no es el primero que utiliza estos artilugios en Zanzíbar. 

Un grupo de universitarios empezó a fotografiar la isla en 2016 con aviones no tripulados para crear el mapa más preciso jamás visto y contribuir a resolver problemas territoriales y ambientales allí.

“Estamos mapeando una isla entera del tamaño equivalente al de dos veces la isla de Menorca con una resolución de siete centímetros por pixel”, asegura David Rovira, coordinador de Drone Adventures, una organización sin ánimo de lucro formada por una veintena de trabajadores de la empresa de robótica suiza Sensefly con la que trabajan para aplicar esta clase de tecnologías para el desarrollo.

Planificar de manera más eficaz el uso del territorio es una necesidad apremiante para Zanzíbar. Primero, para controlar la degradación de la costa y aumento del nivel del mar, modificación de lindes, ocupación de nuevos espacios por el crecimiento de la población y por el auge del turismo… También desde el punto de vista urbano, el nuevo mapa facilitará otro objetivo institucional: convertir las cada vez mayores comunidades rurales en pequeños núcleos urbanos con alcantarillado, carreteras y calles.

Lee el reportaje completo aquí.

"Vemos resistencia por parte del mosquito, no solo al insecticida , sino también en función de su comportamiento. Antes solían volar dentro de casa y picar a las personas mientras dormían, pero son inteligentes. Debido al uso en gran escala de mosquiteras han comenzado a picar más temprano y al aire libre", explica Knols sobre la urgente necesidad de adaptarse a este nuevo ambiente.

El experimento en Cheju comenzó rociando tres campos de arroz solo con agua, otros tres con un mililitro por metro cuadrado de Aquatain AMF y otros tres con tres mililitros de ese mismo compuesto; y una muestra de los mosquitos que nazcan en cada uno de ellos será extraída mediante el uso de trampas. A partir de ahí, solo habrá que comparar resultados.

"El agente Aquatain AMF crea una película monomolecular que se extiende sobre la tierra irrigada e impide que las larvas respiren", indica Knols, quien asegura que en sus orígenes se usó para evitar la evaporación de superficies acuíferas. "No se trata de un químico tóxico, es respetuoso con el medioambiente y en tres o cuatro semanas se degrada naturalmente y desaparece", continúa por su parte Mukabana, profesor de la Universidad de Nairobi.

Un líquido de características muy específicas para el que el líder mundial en tecnología de drones DJI tuvo que fabricar casi desde cero dos aparatos únicos en el mundo: rediseñados a partir de su modelo Agras MG-1S, pero con nuevos algoritmos, capaces de resistir 10 litros de Aquatain y un peso total de más de 25 kilos.

La reina de los drones

Con todas las piezas del puzle sobre la mesa, la red global Flying Labs —que tiene como misión el uso de la robótica como fuente de bienestar social— puso a disposición de este proyecto a pilotos tanzanos o de países vecinos como Kenia y Uganda capaces de manejar estos vehículos no tripulados.

Khadijah Abdulla Ali es la única mujer entre ellos y la primera en realizar ejercicios prácticos con el dron sobre los arrozales de Cheju. Por todos es conocida como la reina de los drones debido a la experiencia adquirida en los últimos años en proyectos tan diversos como minería, disputa de tierras o respuesta de emergencia ante catástrofes.

"Como mujer usar drones es lo mejor que puedes hacer. En primer lugar, porque es divertido y, en segundo lugar, porque es una vía profesional", reitera orgullosa de su trayectoria, que hoy le ha conducido a la lucha contra la malaria. "Todo lo que los hombres pueden hacer, las mujeres también son capaces", añade bajo un brillante pañuelo blanco que le tapa el cuello y la cabeza.

El cultivo de arroz es para muchos una cuestión de vida o muerte en Zanzíbar, donde según las estadísticas es el principal alimento básico de una población que consume unos 61 kilos por persona y año; lo que hace que incluso sea necesaria la importación de unas 57.000 toneladas anuales, según cifras oficiales. Y junto a los arrozales parece inevitable la presencia de mosquitos hembra Anopheles, dispuestas a depositar en estas zonas acuosas entre 50 y 200 huevos a lo largo de su cuasi efímera vida, complicando el control desde la raíz de una enfermedad que, hasta el momento, solo Zanzíbar se ha atrevido a atajar desde su origen.

"Todos los países africanos tienen mucho que aprender de lo que está sucediendo aquí, ya que el control de larvas no ocupa un lugar principal entre las herramientas prescritas (por la OMS) para controlar la malaria, aunque se trate de una etapa muy atractiva para hacerlo", resume Mukabana, consciente de que tampoco se pueden abandonar otros hábitos como el uso de mosquiteras o repelente.

"La malaria no es una enfermedad tropical", recuerda Knols, quien lleva en esta lucha más de tres décadas y la ha sufrido en sus carnes en nueve ocasiones. "Había malaria en Siberia, Canadá, EE. UU., pero ahora permanece en los trópicos. Más de cien países ya la han eliminado, ¿por qué no podríamos nosotros?", se pregunta este eterno optimista preocupado, sin embargo, por la falta de fondos, los precarios sistemas sanitarios y el conflicto endémico en zonas con gran incidencia.

"¿Cómo vamos a controlar la malaria en el este del Congo, Sudán del Sur, la República Centroafricana o Chad?", reflexiona. "Si hablamos de erradicar la malaria de la faz del planeta; sí, será una tarea difícil y no nos queda otra que seguir aprendiendo", musita descalzo sobre los escurridizos arrozales.

El mosquito en la diana

Esta no es la primera vez que se pone el foco en el vector para acabar con la malaria. El pasado 1 de julio, 6.400 ejemplares machos de Anopheles gambiae, estériles debido a una alteración en su ADN introducida por el ser humano, fueron liberados por el proyecto Target Malaria en un pueblo de Burkina Faso, en África occidental. Fue solo una prueba, pero la iniciativa de combatir esta enfermedad que mata a más de 400.000 personas cada año mediante la alteración genética avanza pese a las reticencias de parte de la comunidad científica y de colectivos ambientalistas.

Otro ejemplo es el experimento español que tratará de eliminar a los mosquitos administrando un fármaco a las personas que corren el riesgo de ser picadas por ellos. Consiste en tomar ivermectina, un medicamento que funciona como veneno para el insecto. Los voluntarios, tras ingerirlo, alimentaban a los insectos en laboratorios (dejándose morder) y se ha comprobado cómo las facultades de los mosquitos se veían mermadas: perdían agilidad, su fertilidad se reducía y vivían menos. En este caso, el lugar para hacer una primera prueba de la efectividad de este experimento fue también en Burkina Faso: participaron algo más de 2.700 personas y en las poblaciones donde tomaron el medicamento, los niños (que son los más vulnerables a la enfermedad) presentaron un 20% menos de casos.

La salud que viene volando

Como en el caso del programa contra la malaria en Zanzíbar, los drones se han convertido en una herramienta eficaz para mejorar la distribución de medicamentos, e incluso sangre, en varios países de África. El pasado mayo, Ghana incorporó a su sistema público sanitario un programa de vuelos teledirigidos para abastecer de medicinas a 12 millones de personas, casi la mitad de su población. Zipline ya había desarrollado por encargo del Ejecutivo de Ruanda una red de aviones mensajeros para repartir transfusiones de sangre (y después medicamentos) a zonas apartadas del país de las mil colinas.

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[leonjoven]

Proceso selectivo para la formalización de 135 contratos para personal técnico con destino en distintos institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la modalidad de contrato en prácticas, para jóvenes en Garantía Juvenil.

Proceso selectivo para la formalización de 135 contratos para personal técnico con destino en distintos institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la modalidad de contrato en prácticas, para la promoción del empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

CSIC

Convoca: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Dirigido a: Jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni formación, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.

Plazo: Hasta el 26/09/2019 inclusive.

Objeto: Es la convocatoria de un proceso selectivo para la formalización de 135 contratos de trabajo en la modalidad de prácticas con destino en alguno de los institutos, centros o unidades orgánicas de la organización central del CSIC, con la finalidad de mejorar la formación y la empleabilidad de los destinatarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, distribuidos

Dentro del Grupo Profesional 1, 10 de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y 52 de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.

Dentro del Grupo Profesional 2, 3 de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes y 3 de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales.

Dentro del Grupo Profesisonal 3, 10 de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y 57 de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.

Distribución: La distribución por categorías profesionales y áreas, la titulación exigida para cada plaza, la descripción de las tareas a realizar de acuerdo con los planes de formación diseñados por los centros e institutos, así como el reparto por centros en provincias y comunidades autónomas es el que figura como Anexo I.

Requisitos: Estar en posesión de la titulación académica concreta, estar inscrita en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y otros, en la resolución. Los/las aspirantes podrán optar, como máximo, tres contratos de todos los ofertados que correspondan como máximo a dos Comunidades Autónomas.

Más información: Convocatoria, Resolución CSISC,

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[fjdrevorio]

“El Miradero”, 26/07/2019

Otra vez la limitación de los mandatos           

He escrito varias veces en este mismo espacio sobre la limitación de los mandatos de los presidentes, y tengo con mis lectores (y conmigo mismo) el compromiso de no repetirme, aunque obviamente a veces no queda sino volver al mismo tema. Así que, para avanzar algo, me remito a lo escrito, que se puede sintetizar en que fue un avance que han ido incorporando diversos sistemas presidencialistas -aunque no desde el origen- para fortalecer la necesaria limitación de poder y evitar el hiperpresidencialismo. Más recientemente se considera su introducción en modelos parlamentarios, y dado que hace décadas que estos tienden también a un “exceso de peso” de la figura del presidente, esa incorporación tiene sentido. De hecho, en Castilla-La Mancha fuimos pioneros en su introducción, hace más de dos décadas, mediante reforma estatutaria e inclusión en la ley reguladora del Gobierno y el Consejo Consultivo (aunque su vigencia primero se dilató por una posterior reforma, y finalmente nunca ha tenido aplicación práctica). Si valoré aquello como un avance, solo puedo valorar su sorpresiva y acelerada supresión como un retroceso.              Los vagos y difusos argumentos expresados en la Exposición de Motivos de la reciente reforma de la Ley 11/2003 me parecen carentes de rigor y profundidad. Se apunta a problemas de constitucionalidad, entendiendo que una limitación de ese tipo, ajena a los sistemas parlamentarios, solo podría establecerse en la Constitución o en la ley estatal con previa cobertura constitucional, al suponer una causa de inelegibilidad; y que, de lo contrario, puede “cercenar” derechos fundamentales. Cabe decir que esta argumentación, que implicaría además que hemos vivido más de dos décadas con una regulación inconstitucional no apreciada, parece bastante endeble por varios motivos. En primer lugar, es obvio que los derechos no solo pueden restringirse por la Constitución, ya que esta misma establece diversas reservas de ley. Específicamente, el artículo 23 de la constitución ha sido considerado por el TC como un derecho de configuración legal. En segundo lugar, las condiciones para el nombramiento del presidente de la Comunidad forman parte de la “organización y sede de las instituciones autónomas propias” (art. 147.2 CE), y sin perjuicio de la posibilidad siempre abierta de ser reguladas en la Constitución, actualmente su ubicación idónea es el Estatuto de autonomía, pudiendo ser desarrolladas por las leyes a las que este encomiende tal labor. En tercer lugar, se razona en términos de inelegibilidad, como si al presidente lo eligiera el pueblo, cuando eso no es así en un sistema parlamentario. No hay, por supuesto, ningún derecho del pueblo a elegir presidente, sino a elegir a los diputados, que elegirán presidente entre los candidatos que se quieran presentar y reúnan los requisitos establecidos por el ordenamiento. Y no hay derecho de nadie a ser elegido presidente sin cumplir esos requisitos, salvo que estos fuesen tales que vulnerasen el contenido esencial del derecho. No tiene sentido afirmar que una mera restricción parcial y temporal, prevista en una ley orgánica como el Estatuto, fundada en un fin legítimo de limitación y mayor reparto del poder, proporcionada, y que ni siquiera afecta a un cargo de elección popular directa, “cercene” un derecho fundamental de nadie. En cuarto y último lugar, nos vamos a encontrar con un mandato estatutario no contradictorio con la Constitución, pero manifiestamente incumplido: según dice inequívocamente el artículo 13.2 del Estatuto, en la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, precisamente ahí, se incluirá la limitación de los mandatos del presidente, y no cabe entender que dicho mandato se cumple con la imprecisa referencia a la Constitución o “leyes del Estado que resulten aplicables” que contiene la reciente reforma. Por tanto, si realmente se quiere suprimir esta limitación, habría que haber reformado ese mandato estatutario. Un ejemplo más de la precipitación e incoherencia de esta reforma, que permitirá la pervivencia indefinida de un precepto estatutario incumplido. 

(Fuente de la imagen: https://www.elmundo.es/opinion/2017/08/05/5984a4af468aebe8118b46b7.html

[kiro-anarka]

En la Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del expolio de la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las políticas de los gobiernos al servicio del capital.

  En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret Thatcher, se publicó “Working for patients”, un libro blanco para la privatización del servicio de salud más importante de Europa Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de lo público - la financiación pública y la gratuidad del servicio - se constituyó en programa marco para la mercantilización y la gestión del sistema sanitario.

   En 1991 el PSOE encargó a una comisión de “expertos”, la llamada Comisión Abril, la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del SNS”.

"La Comisión para la Reconstrucción está trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio nuevo"

   En todas las Subcomisiones había “expertos” propuestos por aseguradoras privadas, industria farmacéutica, y por lo que llaman sociedad civil: bancos, empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etc. El objetivo real, y por supuesto no reconocido, era transformar en beneficios privados el ingente presupuesto público. Sus conclusiones escondían la privatización del SNS, como a los pocos años se pudo demostrar con la aprobación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

   Bajo el discurso de la “modernización” de la sanidad se introdujo masivamente el derecho privado y la gestión empresarial en el ámbito sanitario. Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro disfrazado de eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal, colaboración público-privada, sustitución del derecho público por el privado, etc.), con los resultados conocidos por todo el mundo.

    De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en canal el Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo tipo de empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la calidad asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los contratos basura y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.

No es sorna. El tiempo nos ha demostrado que cuando el PSOE hablaba de naturaleza pública, es que público iba a ser el dinero que se iban a embolsar la multiplicidad de fórmulas organizativas que la patronal privada ha utilizado para asaltar las arcas públicas; sí, esos 71.000.000 millones de euros que sacan de nuestros impuestos.

En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la pandemia del Covid – 19, es decir la penetración del negocio privado en la sanidad pública

    Parece que la historia se repite. La Comisión para la Reconstrucción está trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio nuevo.

   De nuevo el PSOE, ahora con la colaboración inestimable de Podemos. Y todo ello, a pesar de que la actual ministra de Igualdad formó parte de  la  plataforma Matusalén, que junto a CAS lideró entre 2005-2012 la lucha por la derogación de la Ley 15/97. En aquella época Irene Montero participó en la campaña por la derogación de la Ley 15/97 que logró presentar 500.000 firmas en el Congreso, gobernando Zapatero. Pero al asaltar las moquetas se dejan en el trastero las luchas de juventud.

   En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la pandemia del Covid – 19, es decir la penetración del negocio privado en la sanidad pública.

    El objetivo mayor del capital es la privatización total del sistema, como en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del gasto utilizando el chantaje de la Deuda, realizado a través de sus grupos de presión, sobre todo de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso meteórico de las pólizas de las aseguradoras privadas.

"Se habla de gestión “emprendedora” para no hablar de la empresarial, aunque el sinónimo es evidente"

     Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse con la mayor cantidad posible de los 70.000 millones de euros anuales del presupuesto sanitario público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la gente corriente durante la pandemia, ha podido ver la Comisión de Reconstrucción? Ningún “experto” les ha explicado que:

  - Las listas de espera han servido como pretexto para aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas de patologías rentables, permitido por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El gasto estatal promedio en conciertos es del 12%, en Cataluña alcanza el 25% y en CC.AA como Madrid o Baleares se ha duplicado en los últimos años.

   - La gestión privada de hospitales financiados con dinero público, resultado directo de la Ley 15/97, realiza el sueño dorado de cualquier capitalista: contar con financiación pública, tener la clientela asegurada, poder imponer condiciones de precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la obtención de beneficios y seleccionar pacientes rentables. A este concepto se destina más del 10% del gasto, por ejemplo, en Madrid.

   - La multitud de servicios privatizados, muchos desde hace décadas,algunos esenciales como la limpieza, cocinas, lavanderías, laboratorios, diagnóstico por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.

   La industria farmacéutica que controla cerca del 25% el gasto sanitario público y que tiene en sus manos la producción, distribucióny venta mayorista de medicamentos. También domina, en la práctica, el registro de medicamentos, la publicidad de los mismos, los planes de estudio del personal médico y de enfermería, la investigación, la formación continuada de personal médico y las decisiones políticas a través de la eficacia demostrada de las “puertas giratorias”. La Comisión ha seguido la senda de lo ocurrido con la Hepatitis C. Entonces no se hizo nada para emitir licencia obligatoria y aplicar el criterio de utilidad pública que hubiera permitido fabricar un genérico 200 veces más barato. Ahora tampoco se menciona tal posibilidad. Ni una palabra sobre la creación de una industria sanitaria pública.

  - Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible equilibrio para ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un sistema sanitario equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención sanitaria y que consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad absoluta entre lo público y lo privado y la planificación democrática e integral del sistema sanitario en función de objetivos de salud previamente diagnosticados.

  Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas con farfolla perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los ejemplos en estas Conclusiones de la Comisión son abrumadores:

   Se habla de gestión “emprendedora” para no hablar de la empresarial, aunque el sinónimo es evidente. Se utiliza la supuesta panacea de la aplicación de la personalidad jurídica “a todos los centros sanitarios para asegurar la autonomía de gestión presupuestaria, de compras, de personal, etc.” para extender las “Unidades de Gestión Clínica”. La llamada “gestión clínica” es un eufemismo inventado para ocultar su nombre original “Unidades de Gestión Empresarial”, más difícil de camuflar. Hace años ya explicamos su funcionamiento en atención primaria, y nuestras sospechas de enriquecimiento privado se vieron confirmadas.

   En el caso de la atención especializada, se trata de que servicios o grupos de servicios rentables de un hospital se doten de personalidad jurídica, conformando una especie de microempresas dirigidas por una élite de médicos, con un contrato programa basado en objetivos de actividad (tantas intervenciones, tantas pruebas, tantas consultas, tantas altas) y no en objetivos de salud. La experiencia ha demostrado el enorme fraude inherente a este modelo, exactamente el mismo que ocurre en la gestión privada: altas precoces que reingresan o mueren y no se contabilizan, prescripción de pruebas innecesarias o no realización de las adecuadas o selección de pacientes “rentables”. Y eso sucede no porque tengan perversos instintos, sino porque del ahorro dependerá el reparto anual de beneficios. Exactamente igual que el dueño de una empresa que ahorra en materias primas o en el incremento de la explotación de su plantilla. Es la lógica del capital.

   Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica a “todos los centros sanitarios”, reestructurando ”internamente los hospitales o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica”, creando un espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de Gestión Clínica. Por supuesto, con competencias en la gestión de personal.¿Alguien puede explicar dónde quedan las buenas palabras del documento en cuestión sobre la eliminación de la precariedad laboral y la escasez de personal cuando el equipo dirigente de la “Unidad de Gestión Clínica” del centro en cuestión tenga manos libres para contratar personal, gestionar bajas y, en general, utilizar la precariedad y la correspondiente amenaza de despido como chantaje laboral?.

        A la misma finalidad de camuflar los verdaderos objetivos cuando los vientos de la opinión pública – tras los escándalos vividos - no son favorables a todo lo que suene a sanidad privada, responde el críptico párrafo en el que se dice:

“…Servicios Autonómicos de Salud, frecuentemente encorsetados en sus capacidades de decisión, explorando las fórmulas jurídicas y organizativas más adecuadas para ello”.

   Se trata de “confundirse con el paisaje” como recomendaba un destacado representante de la sanidad privada. Lo que sucede es que ya nos sabemos la cantinela. Los “corsés” son la Intervención Pública que obstaculiza contratos a dedo, los convenios y el Estatuto Marco, los Tribunales de Cuentas, y, en general, todo lo que en el Derecho Público está previsto para controlar la administración de los recursos públicos.

        La Atención Primaria (AP) se ha ido degradando a medida que avanzaban los objetivos de privatización y se ha mostrado en todo su patetismo con el Covid, en Comunidades Autónomas como Madrid. La AP debiera jugar un papel central en un sistema que funcionara con objetivos de mejora de la salud y reducción de la enfermedad, centrado en la prevención y en la acción comunitaria, absolutamente claves, especialmente en situaciones de epidemia. Al igual que en la medicina privada, en la actual AP no se considera en absoluto el medio social y laboral y el paciente se reduce a un órgano enfermo, con el consiguiente deterioro de la calidad asistencial. La atención primaria se convierte así en un mero apéndice de la atención especializada, y sobre todo del hospital. Nada de ésto se aborda en las Recomendaciones, cuando este modelo, entre otras cosas, reduciría sensiblemente la sobrecarga en centros de especialidades y hospitales.

      Algo muy parecido sucede con los servicios de Salud Pública, Epidemiología o Sistemas de Información. En un sistema fragmentado, meramente asistencial, sin planificación en función de objetivos de salud y de reducción de la enfermedad, esas unidades que deberían regir el funcionamiento del conjunto del sistema, son meros aditamentos perfectamente prescindibles y sin ningún peso decisorio real como ha quedado demostrado en la pandemia del Covid19.

       A muchas voces defensoras de la sanidad pública se les ha pretendido consolar con la propuesta de la Comisión de Reconstrucción en la que se propone que el incremento presupuestario vaya dirigido sólo a los centros con gestión directa pública. La ingenua credulidad se convierte en irresponsabilidad cuando se comprueba, como ahora, que las consecuencias son miles de muertes perfectamente evitables. Porque los intereses del capital privado no han cambiado, solo intentan como ellos mismos dicen “confundirse con el paisaje”. Porque, ¿qué son las Unidades de Gestión Empresarial – sin eufemismos – que pretenden hacerse extensivas a todos los centros sanitarios? ¿Son gestión pública directa, cuando del ahorro dependen los incentivos del equipo directivo y este puede comprar, como les gusta decir “externalizar”,servicios, contratar o no personal y aplicar los perversos mecanismos de ahorro ya descritos? Es o no gestión pública directa, la decisión de entes con personalidad jurídica de concertar con la sanidad privada intervenciones quirúrgicas de baja o mediana complejidad, las más rentables?. Los conciertos van a seguir extendiéndose mientras siga vigente el artículo 90 de la Ley General de Sanidadquien concierta con la privada son los gerentes de cada hospital, eso sí, con el dinero de la gestión directa.  

      El tratamiento de la Salud Mental en el citado Informe es un escarnio cuando los gobiernos centrales, del PSOE y del PP, eliminaron de la cartera servicios aspectos clave como la psicoterapia, y han asistido impasibles al desmantelamiento por parte de diferentes gobiernos autonómicos de los servicios públicos comunitarios de salud mental.Empezaron por liquidar la Psiquiatría Infantil y la Psicología y los Centros se transformaron en meras consultas de psiquiatría en los hospitales. Y esta desaparición tampoco es casualidad: desde hace mucho tiempo los medicamentos más prescritos son ansiolíticos y antidepresivos, a mayor gloria de la industria farmacéutica.

  Se dedica a Salud Mental escuetamente un punto, el último, que dice así:

    “Incrementar significativamente la inversión en salud mental, construyendo un verdadero sistema integral de atención, que combata la estigmatización, que tenga un enfoque de género y de derechos humanos”.

Sobran los comentarios.

       Otro tanto sucede con la salud laboral, en manos de las Mutuas Patronales que la han convertido en un instrumento más de explotación y de penalización de la enfermedad. Todo ello en un Estado que ocupa el primer lugar de la UE en accidentes mortales de trabajo y en el que prácticamente las enfermedades profesionales no existen, porque ni se diagnostican, ni se les reconoce tal categoría. El amianto es el último y criminal ejemplo. Se dedica a la salud laboraun único artículo, cuya credibilidad habla por sí misma:

”Reforzar los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales en todos los niveles asistenciales”.

       Otro aspecto destacable es el medio ambiente, que el documento solo toca en un punto, prometiendo un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. El medio ambiente es hoy día responsable de gran parte de las patologías crónicas de los países mal llamados desarrollados. La evidencia científica demuestra que muchas de esas patologías son producidas por los miles de tóxicos que impregnan todos los aspectos de la vida diaria, desde el trabajo, la casa, o el ocio. Siendo así, se elude dar autoridad a los centros sanitarios para que, ante evidentes ataques a la salud colectiva como es el caso de las industrias tóxicas, puedan actuar sobre los “productores de enfermedad”, olvidando el sentido común más básico:

“Prevenir lo que no sabemos curar”.

    Se podría argüir que existen promesas esperanzadoras, a la espera de que realmente se concreten en algo real.

En este grupo estaría

- el refuerzo de la atención primaria;

- el desarrollo de una red de hospitales de media y larga estancia (déficit histórico en el Estado español);

- la posible vinculación de la atención sanitaria a las residencias de mayores desde atención primaria;

- la eliminación progresiva” del copago de medicamentos;

- ”el aumento de  los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura”;

y el “incremento significativo de camas hospitalarias de gestión y titularidad pública en todo el país al final de la legislatura, la mayoría de ellas de larga y media estancia”.

En los próximos meses veremos si se concretan o no dichas propuestas, y si todos los servicios de salud las aplican.

   De cualquier forma, después de no dedicar ni una sola palabra a la privatización de la sanidad pública - cuando sus tentáculos atraviesan de diferentes formas todo el sistema sanitario - decir que se va a incrementar la financiación sirve para engañar a incautos y es, desde luego, una estupenda noticia para el negocio privado: ese aumento del gasto irá a parar a sus cuentas de resultados. La privatización de la sanidad, la que no es citada ni una vez en las Conclusiones de esta Comisión, insistimos, goza de buena salud. Como muestra, en el periodo 2014-2018, el crecimiento de la facturación de los hospitales privados no benéficos fue de casi 1.000 millones de euros, un crecimiento del 16,71%. Al mismo tiempo, los seguros privados han aumentado el número de pólizas en casi un 15% entre 2015 y 2019, llegando a superar ya los 10 millones, mientras el volumen de las primas de las compañías ha crecido un 20%.

   La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lleva desde 2004 luchando por la incompatibilidad absoluta entre sanidad pública y negocio privado y exigiendo un sistema público planificado en función de objetivos de salud con participación de la población.

    Ante las desastrosas consecuencias de la pandemia por Covid 19 ha promovido la reivindicación de los siguientes puntos que 160 organizaciones del Estado respaldan.

Nunca más muertos evitables. Nunca más negocio con la sanidad

1. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atención individual. Supresión de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta público-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervención de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.

2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.                                          

3.Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.

4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad

5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Por un sistema público, universal, y con gestión democrática

    En el año 1991, gobernando el PSOE con mayoría absoluta el Ministro García Vargas encargó  al banquero y ex gobernador civil con Franco, Fernando Abril Martorell, la redacción de un Informe para la modernización y sostenibilidad de la sanidad pública. El Informe que era todo un programa para la privatización, causó tanto escándalo – fue dado a conocer por IU antes de que los autores lo hicieran, que jamás vio la luz, aunque sus conclusiones fueron aplicadas por diferentes gobiernos del Estado y autonómicos.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_306.PDF

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-9021

Hepatitis C: 1.500 millones de € que podían haber sido 12 millones de €.

http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/530-hepatitis-c-1-500-millones-de-que-podian-haber-sido-120-millones-de

http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1144-porque-es-imprescindible-crear-una-industria-sanitaria-publica#_ftn2

Todo lo que deberías saber sobre el funcionamiento de las Unidades de Gestión Clínica.

http://www.casmadrid.org/docStatic/Unidades_Gestion_Clinica.pdf

Médicos públicos ganan 1,5 millones al vender adjudicaciones sanitarias

https://elpais.com/ccaa/2016/05/15/catalunya/1463345760_421932.html

Nos envenenan diariamente: industrias y Administración, cómplices.

http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/562-nos-envenenan-diariamente-industrias-y-administracion-complices

La sanidad privada alcanzó antes de la pandemia su récord de negocio

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/03/la_sanidad_privada_alcanzo_antes_pandemia_record_negocio_108405_1012.html