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De impuestos y salarios: respuesta al equipo de Zavala

Publicado en Animal Político.

Estimada Margarita, estimado Demian,

Nos alegramos de la disposición a debatir las propuestas que, aunque tengamos diferencias sobre ellas, no dejan de ser importantes e interesantes. Sobre todo por sus grandes implicaciones. Por eso, tras leer sus argumentos, consideramos útil responder brevemente lo siguiente:

1. Celebramos que se hayan sumado al conjunto de organizaciones y movimientos que apoyamos un alza sustancial al salario mínimo, y esperamos que lo hagan otras más. Compartimos que actualizar el salario por lo que se ha depreciado en los últimos años es parte fundamental de apoyar a familias vulnerables, combatir la desigualdad y abrir oportunidades para potencialmente agilizar el mercado interno. Coincidimos en que es central y prioritario. Y la discusión ya debe centrarse en algo que no es menor: el monto del alza. Las propuestas de otros grupos como la COPARMEX dicen buscar elevarlo a 96 pesos diarios.  La CONASAMI, como es su costumbre, se pronunciará por algo menor que eso. Nosotros creemos que hay espacio para un alza mayor. Eso requiere una aproximación más técnica, pero en términos generales, sostenemos que el salario de una persona trabajadora no sólo debe ser suficiente para levantar a esa persona por encima de la línea de bienestar de CONEVAL, sino ser suficiente para que esa persona pueda también levantar a sus dependientes (sus descendientes) por encima de la línea de la pobreza. Sin esa consideración, los hogares de las personas trabajadoras seguirán precarizados a pesar del alza.

De nuevo, les invitamos a que ponderen ese argumento y a que también consideren seriamente algunos otros mecanismos con mayor posibilidad de impacto en los estratos intermedios (los que ganan varios salarios mínimos al mes). Ejemplo: los mecanismos de negociación colectiva obrero-patronales y el combate al charrismo sindical.

2. Sobre el tema de la informalidad tenemos un desacuerdo. Ustedes dicen que bajar el ISR a ese sector intermedio de la población podría: a) disminuir la tasa de informalidad y b) facilitar que los empleadores creen más empleos formales de los que existen hoy. Nosotros creemos que es posible que esto no ocurra así. La evidencia empírica señala que menores impuestos no generan una reducción en la informalidad, sólo modifican su composición interna. Con ello nos referimos a que los cambios impositivos modifican los incentivos no sólo entre ser formal o informal, sino, particularmente, sobre el tipo de informalidad en el que se encuentra la persona. No es claro, por ejemplo, que la reducción en impuestos lleve a que se creen más plazas formales, cuando bien puede ser que eso haga más atractivas las ofertas con un salario por debajo del límite, sin cobertura en seguridad social pero que faciliten el acceso a mecanismos como el Seguro Popular.

3. Sobre la última reforma fiscal es donde tenemos nuestra mayor discrepancia. Por más que nos cueste aceptarlo, creemos que la reforma fiscal implementada en el sexenio de EPN, de hecho, es una de las poquísimas reformas progresivas en la historia reciente. Dejó al país con un saldo ligeramente a favor de los de abajo y haciendo que los contribuyentes más ricos aportaran un poco más. Esto es necesario en un país como México, el cual tiene amplias desigualdades socioeconómicas, en particular, en el ingreso.

Por otro lado, entendemos y compartimos la grave preocupación por lo mal que se gasta el dinero público y por la rampante corrupción que generalmente captura y se apropia de ese gasto que termina por ayudar a los de siempre, a los de arriba. Justo por eso creemos que lo que hay que priorizar, lo que importa más y puede cambiar más vidas es justamente mejorar eso: el gasto. El fisco tiene un problema de ingresos, pero el país entero tiene un problema muy profundo con su gasto. Un mal gasto que después de ser ejercido no tiene mayores efectos en redistribución del ingreso, ni mejora los pésimos servicios públicos que deberían ser para todos. Es un asunto que debe atenderse. Pero no se trata de reducir el gasto corriente adelgazando al Estado, sino de mejorar la calidad de la utilización de su presupuesto. Margarita, Demian, para eliminar la corrupción del Estado no hay que deshacerse del Estado, hay que deshacerse de la corrupción.

Finalmente, a riesgo de arder envueltos en llamas, queremos recordarles algo en lo que el Papa Francisco insistió hace apenas unos días porque es interesante y viene muy bien al caso. En una de sus bendiciones dominicales en la Basílica de San Pedro, el Papa dijo que “contraponer a Dios y a César es una actitud fundamentalista”. Francisco explicó que “al restituir al emperador lo que le pertenece, Jesús declara que pagar el impuesto no es un acto de idolatría, sino un acto debido a la autoridad terrenal” y que, por tanto, “es justo sentirse ciudadanos de un Estado”. Nos dio gusto escuchar que en eso el Papa está de acuerdo con nosotros, aunque nosotros no siempre lo estemos con el Papa.

Los impuestos en general (y el ISR en particular) están en el corazón filosófico y práctico de nuestro pacto político, de nuestro contrato social. Es parte central de ese acto justo que implica sentirse ciudadano de un Estado, así como ser parte de su democracia y exigir cuentas. A nadie, a menos que signifique arrancarle el alimento de la boca (que no son pocos), debe condonársele el pago total de su deber fiscal con el resto de la comunidad. Quienes podamos debemos pagar, eso sí, conforme a nuestras posibilidades. Se podrán alzar o reducir tasas, pero cancelar jamás. Sin un Estado en el que todos tengan intereses implicados, los más débiles no tendrán Estado que los defienda.

No se trata de animar a los ciudadanos a cortarle financiamiento a un Estado corrupto hasta que mejore; se trata de hacer que mejore y punto. Que las voluntades se pongan en el Estado para limpiarlo y hacer que recupere el rumbo, para asegurar que le devuelva esos tributos que recoge a quienes más los necesitan. Sólo así encontraremos en el Estado un aliado, no sólo de la libertad, sino también de la igualdad, tan ausente y tan necesaria en nuestra democracia. Ésa es la comunidad mexicana en la que queremos vivir.

Les deseamos suerte en la vía independiente pero, sobre todo, suerte democratizando al PAN.

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El populismo fiscal ataca de nuevo

Publicado en Animal Político.

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ha hecho una propuesta fiscal que describe como “la más revolucionaria y trascendente que han hecho desde su creación en 2004” para exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a más de una decena de millones de mexicanos. El IMCO argumenta que lo hace para ayudar a poblaciones vulnerables con ingresos medianos, fomentar el consumo y así potenciar el crecimiento económico. Sin embargo, su propuesta no explica los mecanismos a través de los cuales se lograrán dichos efectos. El impuesto a los ingresos y su relación con el crecimiento económico es uno de los temas más complejos de toda política fiscal. Aunque la intención es encomiable, sobre todo al poner el reflector en una población con ciertas vulnerabilidades, la propuesta es un caso claro de populismo fiscal. La propuesta, presentada justo en tiempos electorales, va en contra del impuesto más justo y redistributivo de todos, e invita a debilitar un sistema fiscal que se ha ido desarrollando con mucho esfuerzo a lo largo de los años. Un populismo fiscal que se basa en cálculos incompletos y en supuestos que han sido probados erróneos.

La propuesta del IMCO para eliminar todo pago de ISR y cuota fija a los trabajadores que ganan menos de 10 mil 298 pesos mensuales hace eco a otra propuesta fiscal adelantada por la COPARMEX a principios de agosto de este año. La COPARMEX, además de proponer eliminar el ISR a aquellos que ganan entre 7 y 10 mil pesos al mes, también busca reducir la tasa más alta para personas morales de 30% a 24%, e incrementar el IVA de alimentos y medicinas mediante la eliminación de la exención que gozan esos productos. Casi simultáneamente, Margarita Zavala hizo su propia propuesta, una sospechosamente similar, como parte de su apuesta presidencial. Zavala propuso bajar de 10% a cero el ISR a todos aquellos asalariados que ganan menos de 15 mil pesos al mes para fomentar el crecimiento económico. Eso dejaría alrededor del 80 % de los asalariados mexicanos sin pagar ISR, por lo cual solo contribuirían al gobierno a través del IVA y otros impuestos especiales. La expectativa de que disminuir los impuestos ayude al crecimiento económico de largo plazo es una suposición dudosa, pero que Zavala también toma como un hecho.

La propuesta de COPARMEX fue rechazada incluso por las autoridades de Hacienda. Sin embargo, el IMCO retomó la desaparición del pago del ISR a 15.5 millones de trabajadores, el 74 % de los registrados en el IMSS y en el ISSSTE (sin manifestarse sobre una eventual reducción de la tasa para personas morales o incrementos en el IVA) y hoy es impulsada en el Senado por Francisco Búrquez (PAN).

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Esta propuesta tendría efectos negativos para las finanzas públicas del país y para la economía de los hogares por las siguientes razones:

Es un retroceso en términos de ampliación de la base fiscal y fortalecimiento del Estado y de sus capacidades para proveer servicios públicos que reducen la pobreza y la desigualdad. Una medida que, por cierto, los círculos empresariales solían defender antes de abogar directamente por la disminución de impuestos.

Debilita la frágil y relativamente pequeña recaudación no petrolera del Estado mexicano, de por sí disminuida ante la caída de los ingresos petroleros. La propuesta le quitaría casi 3 % a los ingresos fiscales no petroleros, una cantidad superior a todo el programa de atención social PROSPERA. Sin embargo, ninguna de las propuestas explica cómo compensar dichas reducciones en el largo plazo. El IMCO plantea usar los “excedentes” de recaudación para tapar ese hueco, lo cual es una solución solo de corto plazo. Este replanteamiento del gasto implicaría reducir recursos que podrían emplearse en reducción del alto endeudamiento en el que nos encontramos o de la inversión pública estratégica.

La propuesta de COPARMEX para hacer viable la reducción del ISR mediante un aumento del IVA a alimentos y medicinas es una propuesta de carácter regresivoporque, en términos reales, la población que se pretende ayudar (o buena parte de ella) acabaría pagando más en IVA en alimentos y medicinas de lo que ganaría por no pagar ISR.

Afirmar que el eliminar el cobro de ISR a este segmento de la población llevaría a un incremento en el consumo tal que el crecimiento económico o la recaudación del IVA alcanzaría a compensar lo que se dejaría de recaudar es una afirmación temeraria si no va acompañada de un cálculo detallado que la sustente. Basta leer estas reflexiones sobre los recortes en EE.UU.

Si consideramos que, de acuerdo al CONEVAL, el ingreso corriente per cápita del decil 9 es de apenas 5 mil 746 pesos al mes en promedio, y del decil 10 de 15 mil 334, la propuesta en principio beneficia sobre todo al decil 9 de la distribución de ingreso(eso dependiendo de la cantidad de personas empleadas en el hogar). Contrario a lo que se asegura, la iniciativa no necesariamente va a disminuir la desigualdad. El 60 % de la población en situación de pobreza del país se encuentra en la informalidad. Dicha población no paga ISR y no se beneficia de esta propuesta, por lo que la brecha entre arriba y abajo podría hacerse aún más grande. La propuesta no impacta los deciles 1 al 8 de ingreso per cápita o del 1 al 7 visto por hogar. Como resultado, es probable, incluso, esperar un incremento en la desigualdad entre la clase media y la amplia mayoría que constituye la clase baja.

Reproduce los presupuestos de ideas económicas falsas originada en los años setenta y ochenta (como por ejemplo la curva de Laffer). Una reducción de los impuestos no se traduce necesariamente en una mayor recaudación como efecto de un mayor consumo y/o crecimiento. Tampoco los impuestos son siempre un desincentivo a trabajar o a permanecer en la informalidad. Incluso bajo estos supuestos, una reducción de impuestos podría resultar contraproducente si aquellos que ganan un poco más de 10 mil de pesos se ven incentivados a aceptar un salario menor para evadir impuestos, fomentando así la informalidad. De hecho investigaciones recientes sobre impuestos e informalidad muestran que los cambios en los límites que son gravados no modifican la informalidad de forma agregada, solo su composición interna entre evasores, elusores y no causantes.

La propuesta del IMCO está acompañada de una débil propuesta de fortalecimiento al sistema de pensiones con la que aparentemente seguiría recaudando impuestos a quienes dice querer quitárselos para enviarlos a un sistema de Afores que ha funcionado pobremente y que en sí mismo merece ser revisado antes de forzar contribuciones al mismo.

Mientras disminuye la recaudación fiscal de los estratos medianos, la propuesta no incluye una compensación que cubra la pérdida con un alza de impuestos en los estratos de más arriba, que tendría un mayor potencial de disminuir la desigualdad en su conjunto. Esto tendría lógica incluso en su propuesta de ajustar las tasas mexicanas con las de otros países más eficientes fiscalmente. Países donde los sectores con más altos ingresos pagan una tasa que puede superar el 40 %. Sobre esa forma de redistribuir se prefiere guardar silencio. No olvidemos que México está aún muy por debajo en términos de recaudación de impuestos sobre el ingreso (3.37% del PIB) en comparación al promedio de los países de la OCDE (8.42% del PIB).

En México, el total de los impuestos recaudados al año representan menos del 20 % del PIB. Una cifra menor a la  del promedio de América Latina de 21.7 % (uno de los más bajos del mundo) y es aún más pequeña si se le compara con la recaudación promedio de la OCDE de 34.3 %, donde México es el miembro que menos recauda. México recauda menos impuestos que países muy por debajo del tamaño de su economía y de su nivel de desarrollo como Honduras o Haití. Eliminar el ISR no es el camino de salida.

Desde un punto de vista cívico más general, pagar impuestos es una de los componentes más importantes del pacto social y el ISR está al centro de ellos, sobre todo dada su naturaleza escalonada y redistributiva. Los impuestos también son una de las bases con la que el ciudadano exige cuentas a sus gobernantes. Reducir la base contribuyente también es limitar a los involucrados en el debate sobre un mejor gasto, más transparente, eficiente y responsable.

La propuesta del IMCO es parecida al peligroso populismo fiscal de Donald Trump. También tiene un aire populista como el que llevó a varios estados en México a disminuir el impuesto a la tenencia automotriz. Medidas eficaces en términos electorales, pero con efectos contraproducentes en el largo plazo. La tasa de ISR que paga el segmento contemplado en la propuesta del IMCO está lejos de ser abusiva (9 % – 10 %) y corresponde bien a la norma justa de que todos debemos pagar impuestos dentro de la medida de nuestras posibilidades (no como el IVA que se cobra por igual a todos sin importar nivel de ingreso). No olvidemos que debajo de este segmento de ingreso a los que se les quiere condonar el ISR, hay más de 60 millones de mexicanos que ya hoy están exentos de ese impuesto porque viven por debajo de la línea de la pobreza y/o sin empleos formales. Las contribuciones progresivas y escalonadas de los segmentos con mayores ingresos son necesarias para atender estos desbalances.

Reducir los impuestos a la clase media y a la clase media-baja no es la solución ante la precarización de los ingresos sufrida en los últimos años. En cambio incrementar los salarios y las prestaciones sociales SÍ lo es. Esta propuesta de alza salarial ya ha sido analizada por el propio el IMCO pero se niega a defenderla en público. La COPARMEX ha considerado alzas, pero realmente muy marginales. ¿Por qué? ¿Se compran los débiles argumentos inflacionarios asociados a una buena alza salarial? ¿Están atendiendo más las preocupaciones del costo de nómina de los patrones que los argumentos de los empleados que dicen querer ayudar?

La propuesta del IMCO pretende hacer responsable al fisco de compensar a la clase media-baja por el ingreso que ha perdido a lo largo de años, cuando deberían ser los empleadores los que tendrían que pagar este precio. Aquellos que emplean a la clase media y media baja han sido quienes se han beneficiado desproporcionadamente del crecimiento económico a costa de mantener a los trabajadores empobrecidos, con uno de los salarios mínimos más bajos del continente. La distribución funcional del ingreso en México es atípica, incluso comparada con otros países de América Latina. El pago al trabajo representa alrededor del 27 % del ingreso nacional mientras que el pago al capital representa el 73 %, cuando en el mundo las proporciones son inversas. México es el mundo al revés. Más aún, la mayor parte de la recaudación del Estado vía impuestos al ingreso proviene de ingresos laborales, mientras que los ingresos al capital no son gravados en la misma proporción.

Por todas estas razones creemos que reducir la tasa del ISR es mala idea. Llamamos a evitar desfondar la forma en que nuestros impuestos ayudan a los más de 60 millones que están aún más abajo de los niveles de ingreso en cuestión, afectar negativamente nuestra capacidad de disminuir la deuda pública, o de invertir en infraestructura útil de largo plazo de la que todos nos podemos beneficiar, incluyendo los empresarios.

Existe un camino más directo para favorecer a los hogares de ingresos medios y bajos: fortalecer mecanismos de alza de los castigados salarios mexicanos. Ya sea elevando el salario mínimo, permitiendo nuevos medios de negociación colectiva obrero-patronal y reformando aspectos del corporativismo sindical que han permitido el estancamiento salarial por décadas.

Como lo hemos dicho antes, lo volvemos a decir: ¡Arriba el salario! En esta época electoral, invitamos al IMCO y a la COPARMEX a debatir, y a que que se una al clamor por el alza salarial y no solo por la disminución fiscal.

Por un Estado sólido, justo y que sea de todos y no de unos cuantos contribuyentes.

[democraciadeliberada]

Recuperar el Estado para reconstruir la ciudad

Publicado en Animal Político.

En Democracia Deliberada lamentamos la enorme tragedia que ha padecido el país después de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. En particular, la pérdida de 369 vidas en Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y, en su mayoría, Ciudad de México. Igualmente, compartimos el dolor de cientos de personas que resultaron heridas y que han perdido su patrimonio. Compartimos el dolor de este desastre y nos solidarizamos con los damnificados y los deudos.

Sin embargo, este desastre no es producto simplemente de un fenómeno natural. Éstos son consecuencia de la forma en que las sociedades se organizan en el espacio geográfico y de cómo los gobiernos planean el desarrollo y previenen los riesgos. El #19s y la actuación de las autoridades pusieron en evidencia un gobierno poco preparado, indolente y hasta cómplice en Ciudad de México.

El gobierno de Ciudad de México contribuyó al desastre al carecer de políticas activas de prevención (como reforzamiento de edificios); al no desarrollar investigación científica para actualizar la normatividad; al no vigilar la correcta aplicación del reglamento de construcción; al permitir ilegalidades (construcciones, antenas o espectaculares) que asesinaron a muchos; al ser parte de la corrupción en el sector inmobiliario y al carecer de protocolos de reacción ante la emergencia, responsabilidad que en muchos casos tuvo que asumir la misma ciudadanía para garantizar la seguridad colectiva.

Muestra de la incapacidad del Gobierno de la ciudad es que no pudo garantizar la seguridad de sus propios inmuebles y con ello la seguridad de los servidores públicos y de la ciudadanía que los utilizan, sitios en donde se resguarda información crucial ante un desastre como el sismo, tal y como sucedió con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo edificio sede resultó con daños graves. Esta situación puso en riesgo la vida de los usuarios y dañó sus equipos informáticos e impidió durante días poder consultar en línea información sobre los usos de suelo autorizados, los anuncios espectaculares y los Directores Responsables de Obra, información básica para dirimir responsabilidades o para poder conocer quién puede o no dictaminar edificios dañados.

Con las labores de rescate concluidas es necesario prepararse en caso de que eventos similares ocurran en el futuro y asistir a todos aquellos afectados por el #19s. El gobierno de Ciudad de México propuso como primera respuesta la “Ley para el Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México”, para utilizar los aproximadamente 9 mil quinientos millones de pesos con los que cuenta para responder ante un desastre natural.

De dicha propuesta se debe resaltar que permitirá la demolición expedita de hasta mil edificios en la ciudad de forma obligatoria. Es preocupante la premura con que quiere actuar el gobierno por demoler los edificios, que sólo se justifica en casos extremos. Es claro que los que más riesgo representan para la población tienen que ser demolidos pronto, pero el resto no necesariamente. Al menos hay dos motivos para ello. Por un lado, se requiere asegurar que sean irreparables, algo que necesita de un análisis detallado. Por otro lado, se necesita aprender de las edificaciones dañadas, estudiar el porqué se dañaron, qué problemas técnicos tenían, y qué tipo de mantenimiento y permisos hubieran evitado los daños, de tal forma que se modifique la legislación con base en esta experiencia. Demolerlos sin investigar es no sólo dejar que se pierdan las lecciones del sismo, es borrar las responsabilidades de quienes pudieran ser responsables directa o indirectamente de los daños ocurridos en estas construcciones y las afectaciones a la población y sus bienes.

A esto se suma que, según la propuesta de ley, las demoliciones tendrán que ser evaluadas por una comisión cuyo titular será designado directamente por el Jefe de Gobierno y que, aunque contará con un consejo consultivo, no contará con la participación de la sociedad civil, lo cual abre sospechas de un posible manejo opaco y discrecional de las demoliciones en perjuicio del bien público.

De igual forma, consideramos que esta propuesta de ley podría servir como un medio para legalizar las irregularidades de uso de suelo de las edificaciones afectadas. Incluso, en el proceso de reconstrucción de la vivienda, la propuesta de ley facilita que haya mayor potencial constructivo (más altura y más densidad). Aunque sea necesario regularizar y facilitar algunos procesos de construcción, este mecanismo no debería legalizar posibles violaciones que pudieron haber ocurrido en los procesos originales de construcción ni debería servir para evadir las regulaciones de planeación de construcciones y riesgos.

Sin un programa de desarrollo urbano que contemple la información del Atlas de Riesgos de Ciudad de México, el cual sigue sin ser público, la reconstrucción de vivienda de mayor altura en zonas dañadas podría tener resultados contraproducentes para el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, que no haya suficientes servicios públicos para absorber la mayor densidad poblacional e incluso que haya nuevamente riesgos de construcción. Por eso, un programa de desarrollo urbano y un atlas con metodología y datos abiertos, permitirían a la sociedad civil juzgar la funcionalidad de las nuevas construcciones.

La iniciativa de ley no deja claro quién realizará los proyectos de reconstrucción de vivienda y, en algunos casos, podría permitir que los fondos de reconstrucción sean asignados de forma directa. Este mecanismo no permitirá revisar que haya mejores proyectos de reconstrucción y dejaría expuestos a los damnificados cuando estos tengan que negociar con las empresas inmobiliarias encargadas de la reconstrucción, las cuales podrán cometer abusos contra ellos para obtener ventajas indebidas.

Igualmente, es preocupante que el gobierno de la ciudad proponga créditos “blandos” para quienes han perdido todo su patrimonio, porque claramente no serían suficientes. Aún menos justificado está que el gobierno pretenda vender terrenos de Ciudad de México para atender el desastre, cuando se cuenta con un fondo anual para solventar los temas de vivienda. Esto puede llevar a un proceso de privatización de los bienes públicos, so pretexto de una supuesta falta de recursos y de emergencia.

Finalmente, la iniciativa de ley deja abierta la posibilidad de utilizar los fondos públicos y privados mediante un fideicomiso, instrumento que en muchas ocasiones ha demostrado ser perfecto para evadir la rendición de cuentas. Por el contrario, consideramos necesario crear un mecanismo transparente y eficiente para el ejercicio de los recursos de la Ciudad.

En Democracia Deliberada creemos que en lugar de dejar todo el proceso de reconstrucción a manos del sector privado, este es el momento que se requiere para reconstruir al gobierno de Ciudad de México como un actor que mitigue las desigualdades y permita la pronta recuperación de todos los afectados por el #19s. El gobierno de Ciudad de México debe emprender un programa de reconstrucción con participación ciudadana, en especial de los damnificados, que sea transparente y enfocado a mantener las comunidades y evitar la amplificación de desigualdades mediante su desplazamiento.

Si bien en algunos procesos y fases se requiere la participación del sector privado para la reconstrucción, nos oponemos a los arreglos privados desiguales. Los fondos de reconstrucción deben ser ejercidos mediante concursos públicos y otorgados a las empresas constructoras que ofrezcan los mejores costos y mayor seguridad. Deben ser concursos públicos acompañados de una planeación participativa y deliberativa. Esto puede ser el inicio de una nueva política de vivienda asequible, que tanto requiere la ciudad.

Por los motivos anteriores nos oponemos a la aprobación exprés de la Ley de Reconstrucción, sin una discusión detallada de sus implicaciones y sin una planeación urbana adecuada. Nos oponemos a una ley que puede cobijar la impunidad y el mantenimiento de la situación actual, en la que el gobierno de la ciudad se encuentra capturado por algunos desarrolladores inmobiliarios.

Por lo antes dicho, aquellos que lucran económicamente con la desgracia de la población, que deseen mantener las redes de complicidad entre inmobiliarias y gobierno, y que busquen mantener al gobierno como un agente opaco, débil y sometido a intereses privados, serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

#FiscalCarnal: el ferrari de la impunidad

Publicado en Animal Político.

En México no hay justicia. En cada ocasión que un ciudadano pisa la oficina del ministerio público o un juzgado, se confirma una terrible realidad: el resultado del proceso que enfrentará dependerá casi todo el tiempo de la capacidad que tenga para corromper a los operadores del sistema. En cambio, algunos privilegiados tendrán beneficios de las leyes porque tienen los recursos para ello. Mientras, otros sufrirán de torturas, vejaciones y acusaciones sumarias porque no tuvieron la capacidad de probar que son inocentes. Es otra forma de desigualdad, la de no tener la oportunidad de ser juzgado de manera transparente y apropiada. Una forma de desigualdad en el acceso a la justicia.

Por estas razones, desde hace años, se han llevado a cabo una serie de reformas al sistema de justicia en materia penal, derechos humanos y anticorrupción. Sin embargo, estas no pueden funcionar si no hay una Fiscalía General de la República autónoma. El actual intento de nombrar un Fiscal a modo es parte de los intentos de contrarreforma contra estos cambios necesarios.

En Democracia Deliberada vemos con preocupación la posibilidad que Raúl Cervantes, el actual Procurador General de la República, se transforme en Fiscal General por nueve años. Como lo han apuntado diversas organizaciones de la sociedad civil, Cervantes no cumple con el perfil adecuado para ser Fiscal General. No obstante, diversos legisladores y actores políticos han defendido su nombramiento. Y, aunque estos personajes defienden lo defienden como un asunto legal, en realidad es profundamente ético y político por sus consecuencias en materia de abuso del poder y ventajas para sectores privilegiados. Por eso, a continuación, revisamos sus argumentos y sostenemos por qué sería dañino para la justicia en México que Cervantes sea el nuevo Fiscal General.

Por un lado, el senador Javier Lozano del PAN declaró:

“Me parece una torpeza que ya todo lo que se está decidiendo, sea en función de que nadie de los posibles candidatos a los distintos cargos sean ajenos a partidos políticos. Si todos los servidores públicos hemos pertenecido, en uno u otro momento, a partidos políticos, no nos podemos autodescalificar. Por lo pronto, no estoy de acuerdo con eso, y sobre lo del pase automático, mantengo reservas sobre ese tema”.

Para el senador Lozano, la militancia en el PRI de Raúl Cervantes no es un problema para que sea Fiscal General. Sin embargo, la militancia de Cervantes en dicho partido constituye un conflicto de interés en la investigación del caso Odebrecht, entre muchos otros. En el mencionado caso,  se acusó a Emilio Lozoya, entonces vicecoordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial del PRI en 2012, de recibir sobornos de la empresa brasileña que ha causado escándalos de corrupción en toda América Latina. En el momento de los sobornos a Lozoya, Cervantes fungía como abogado nacional del PRI, como se confirma en su semblanza pública. Por eso, senador Lozano, sí, los militantes de los partidos políticos deberían autodescalificarse de ser fiscales porque tienen conflictos de interés en casos de corrupción y, en particular, corrupción durante campañas electorales.

Por su parte, Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, dijo:

“Estamos de acuerdo en que la Fiscalía General de la Nación tenga puntuales características de autonomía, de eficiencia, de calidad siguiendo las mejores prácticas internacionales, así está el diseño constitucional e institucional de la Fiscalía, consideramos puntualmente que la persona que reúne las características para llevar a cabo esa transformación de Procuraduría a Fiscalía General es el doctor Raúl Cervantes, por su trayectoria, por los resultados, porque es un jurista reconocido a nivel nacional y que en ese sentido contará con todo nuestro apoyo”.

Sin embargo, no sólo el procurador Cervantes no es autónomo por su militancia política y relaciones personales, sus acciones ante el caso Ayotzinapa demuestran que ni ha sido un procurador eficiente o que siga las mejores prácticas internacionales. El procurador no ha cumplido con los avances de investigación que acordó con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y no ha cumplido con las recomendaciones que ha sugerido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, señor Ochoa Reza, no, el señor Cervantes no tiene esas características puntuales.

Finalmente, el senador Pablo Escudero del Partido Verde mencionó que:

“El doctor Cervantes es un abogado exitoso, de mucho prestigio; es doctor en Derecho con mención honorífica, tiene especialidades en derecho penal, en amparo, en derecho financiero, derecho comercial, derecho bancario; fue profesor investigador del ITAM de tiempo completo, es un perfil que sin duda podría ocupar esto, habría que preguntarle a él si quiere”.

Senador Escudero, le informamos que Cervantes no fue profesor investigador del ITAM, sino profesor de asignatura de esa institución de 2003 a 2005 como obra en el oficio que envió el presidente Peña Nieto al Senado cuando lo propuso procurador. Quizás fue un error de apreciación, y no dudamos de las credenciales del procurador, sin embargo, creemos que debería ser Fiscal General alguien con una trayectoria sin militancia partidista. Incluso, es extraño que diga esto el senador Escudero porque hasta ahora el Senado no ha designado a un Fiscal Anticorrupción de los perfiles capacitados que propuso el comité consultivoque ellos mismos aprobaron. Aún más, no creemos que Cervantes deba ser fiscal porque no cumple con la condición de “gozar de buena reputación” que se especifica en el artículo 102 de la Constitución porque, como ya es conocido, el señor Cervantes evadió el pago de impuestos de un ferrari al registrarlo en una casa de interés social en Morelos. Por eso mismo, senador Escudero, Cervantes no es un perfil que sin duda podría ocupar el puesto.

En ese sentido, por su militancia, su reputación, sus antecedentes y su desempeño queda claro que Raúl Cervantes no debe ser Fiscal General de la República y que debe abrirse un nuevo proceso para nombrar una #FiscalíaQueSirva con el objetivo de hacer de la justicia un derecho para todas y todos. En particular, suscribimos la propuesta del presidente Peña Nieto de modificar el pase automático y que se haga vigente el procedimiento que menciona actualmente la Constitución, sin embargo, se debe eliminar la posibilidad de que Cervantes pueda participar en el proceso de nombramiento del nuevo Fiscal General. Esta designación definirá el funcionamiento de la justicia en México por muchos años, por lo cual esta decisión, más que jurídica, es ética y política.

Por lo antes dicho, quienes defiendan el nombramiento de un Fiscal General de la República que no cumpla el perfil de independencia, honorabilidad y experiencia que requiere el cargo, serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

La olvidada industrialización del TLCAN

Publicado en Animal Político.

Mañana comienza la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en nuestro país. Durante los últimos 23 años el TLCAN ha sido parte central de la economía mexicana. Si solo evaluamos sus objetivos en los términos que los negociadores mexicanos tenían en mente en 1993 —incrementar las exportaciones no petroleras y atraer Inversión Extranjera Directa (IED) con el fin de aliviar los problemas de balanza de pagos del país— entonces el TLCAN ha sido exitoso. La IED que recibe el país incrementó en más de 300% y las exportaciones no petroleras pasaron de los 123 millones de dólares a más de 1,000 millones de dólares en este periodo.

Sin embargo, si se evalúa el tratado con los otros objetivos públicos que ofrecieron sus promotores, encontramos deficiencias que no se deberían seguir obviando. Es necesario atenderlas ya. En el comercio internacional, dentro de los países, siempre se hay ganadores y perdedores. Los países más exitosos son aquellos que saben cómo compensar a los que perdieron, creando reglas para evitar que perdedores y ganadores no sean los mismos todo el tiempo. No obstante, el gobierno mexicano no ha hecho una evaluación consciente y balanceada del TLCAN, incluyendo el punto de vista de los perdedores. En otras palabras, el TLCAN no se ha acompañado de políticas que compensen e incluyan a los marginados de este motor del desarrollo del país. Esta ausencia está presente de nuevo en la actual posición del gobierno mexicano. Es grave que después de dos décadas no se entienda que, en vísperas de una nueva negociación, se quiera “modernizar” el acuerdo sin tomar en cuenta aquellos asuntos en los que el tratado no cumplió con las excesivas promesas de desarrollo.

Este momento debe ser una oportunidad idónea para evaluar el TLCAN en la conversación pública. En particular, esta discusión no se debe detener o limitar a cómo contener y/o administrar una negociación frente a las amenazas de un presidente como Trump. Es necesario que desde las izquierdas se presente un diagnóstico claro de quiénes han ganado con el tratado y quiénes han perdido desde su entrada en vigor. Un caso representativo es el sector agroindustrial. En este sector es posible encontrar algunos ganadores. Empresas muy grandes dominan la producción agropecuaria y han sido favorecidas con generosos y regresivos apoyos gubernamentales. En contraste, los perdedores fueron millones de campesinos que a lo largo de los años no recibieron ni ayuda ni compensación por parte del Estado. Las fuerzas de la integración económica los olvidaron sin siquiera pensar en construir una red de protección social para ellos. Estos contrastes entre los muy pocos ganadores y los muchos perdedores se repiten en más de un sector de nuestra economía.

A partir de la existencia del TLCAN, nuestra economía se ha vuelto en uno de los campeones globales en exportaciones; sin embargo, el valor de origen nacional que contienen ha decrecido con el tiempo debido al modelo de la maquila. Hoy en día menos de 40% del valor final de lo que exportamos es de origen nacional, el resto está compuesto por bienes y servicios que importamos para poder producir y después exportar. En esencia, aunque el TLCAN incrementó nuestras capacidades de exportación, la política económica e industrial de México se volvió dependiente del tratado como única estrategia de desarrollo. Nos industrializamos parcialmente hacia la maquila sin transitar hacia un desarrollo tecnológico de vanguardia a nivel interno. Estas carencias se han vuelto todavía más evidentes desde la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001.

En términos sociales, el TLCAN nos quedó mucho a deber. La tasa de crecimiento de la economía mexicana se ha mantenido en una tasa alrededor de 2.3% anual durante los 23 años del tratado. Esto es un crecimiento decepcionante de una tasa per cápita menor a 1%, a pesar de que las exportaciones se multiplicaron casi 800%. Lejos de que la economía de México se desarrolle a ritmos similares de Canadá y Estados Unidos, en realidad se ha alejado con respecto a sus socios comerciales. Una muestra de ello es la evolución de los salarios manufactureros en la región. Mientras que en nuestros socios comerciales el salario ha crecido alrededor de 10 dólares por hora en sectores en los que somos productivos, como el automotriz, en México el salario apenas se incrementó en 2 dólares; algo menos de 1 dólar por década. Nos volvimos una excepción entre las economías del mundo: exportamos mucho y crecemos poco, con pésimos salarios y gran desigualdad.

El TLCAN, y en general la relación México- EEUU, ha dejado de lado el rol del trabajo en la integración de las economías. En cambio, el discurso anti inmigrante se convirtió en una de las claves para encumbrar al actual presidente de los EEUU. La renegociación del TLCAN debería colocar a este esencial factor de la producción en el centro del debate, por razones de su importancia económica para todos los actores y como un acto de justicia hacia un sector vulnerable, marginado y maltratado como es el de los mexicanos que trabajan en el vecino del norte.

La falta de una discusión pública y de un diagnóstico de los éxitos y fracasos del acuerdo, desde el punto de vista de los intereses nacionales, es una ausencia preocupante. México encontrará en Estados Unidos una postura más política que técnica. Aunque sea de forma errónea, el gobierno norteamericano busca modificar el TLCAN para quitarnos aquello que piensan que son “beneficios”. Por su parte, los negociadores mexicanos están entrando a la negociación con una actitud soberbia, pensando que darán lecciones de libre comercio a su socio sin otra pretensión que mantener, en el mejor de los casos, el estado de cosas. No parece que al gobierno mexicano le interese formular alternativas que nos puedan beneficiar a partir del acuerdo.

Hay algunos aspectos de la negociación que pueden resultar preocupantes, no sólo por una posible cancelación que afecte empleos manufactureros en nuestro país, también porque podrían incapacitarnos para hacer política industrial con la cual se podrían modernizar diversos sectores estratégicos del país y que justamente con ello nos hagamos menos dependientes de los EEUU. Por ejemplo, el capítulo 11 de protección de inversiones ha perjudicado al país más de lo que lo ha beneficiado y, de ser ampliado, podría atar las manos del gobierno para ejercer políticas públicas en áreas como salud, agricultura y desarrollo tecnológico, tal como ha pasado en otras partes del mundo donde empresas, como las farmacéuticas, logran condicionar las capacidades regulatorias nacionales. Este mismo peligro puede existir en el manejo de organismos genéticamente modificados y distintos aspectos de propiedad intelectual.

Es aún más preocupante que la postura mexicana sigue siendo de defensa dogmática de un modelo de desarrollo económico que ya está agotado. Los problemas de falta de crecimiento, desigualdad y pobreza que enfrenta el pa��s no han podido ser solucionados con el actual modelo de desarrollo orientado al exterior. Para México, el comercio internacional no ha representado para el motor de crecimiento que se esperaba y dependemos de él para desarrollar nuestro débil mercado interno. El comercio internacional es una herramienta importante para el desarrollo y sólo lo será en la medida que este magnifique las fortalezas de la economía y su dinámica interna. Tener éxito en la economía global de nuestro tiempo implica integrarse en más y mejores cadenas globales de valor y tener políticas públicas que impulsen el crecimiento que incluya a toda la población. También implica una estrategia para agregar valor a nuestras exportaciones, es decir, una política industrial activa, con un rol más amplio para la inversión pública y el fortalecimiento del mercado interno. En ese sentido, es irónico que Estados Unidos esté más preocupado por los bajos salarios en México que el propio gobierno mexicano, en particular es agraviante que el gobierno mexicano explícitamente haya rechazado revisar los salarios en el marco de la renegociación.

Aspirar a modernizar el TLCAN sin contar con una estrategia de industrialización, al mismo tiempo que se buscar la apertura de más sectores, como el textil, que ya está severamente golpeado por la competencia asiática, sin considerar la capacidad de los trabajadores y empresas para competir, es una receta para garantizar que se repitan los mismos errores de hace 23 años. Es una receta para que continuemos con una economía partida en dos regiones, como lo muestran los datos más recientes de la medición de la pobreza: algunas regiones que explotan los beneficios de la integración a la economía global y otras regiones que no pueden ni siquiera integrarse a la economía nacional.

Es importante enfatizar que una crítica al TLCAN no implica que se niegue que, hoy en día, millones de personas en el país dependen de él, ni que estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro o Aguascalientes se han beneficiado mucho del mismo. Criticarlo es reconocer que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y otros estados no se han beneficiado de la misma manera. La negociación del lado mexicano debe estar enfocada en defender los empleos que el TLCAN ha creado y extender sus beneficios a los lugares que nunca se han beneficiado del acuerdo.

En particular, creemos que hay diversos aspectos que deben ser prioritarios, como la mejora en la movilidad laboral de la región, arreglar varios capítulos como el 19 para hacer la resolución de controversias más expedita, encontrar una forma de implementar los capítulos de controversias inversionista-Estado y Estado-Estado, de forma que México se pueda defender de mejor forma en situaciones en las cuales nos encontramos en condiciones de debilidad asimétrica como en el conflicto por el azúcar.

Aceptar una negociación donde se restrinja nuestra capacidad de regulación, de hacer política industrial, donde perdamos mecanismos para defendernos de las arbitrariedades de nuestros socios, es una pésima negociación y en tal caso es mejor no tener TLCAN que a tenerlo. México debe tener claridad de dónde están las fronteras de la negociación. En particular, es preocupante que el gobierno quiera un proceso rápido de negociación para que no se discuta el modelo de desarrollo y que, en consecuencia, incorpore a más perdedores a la lista de olvidados por el tratado.

Por lo anterior, aquellos que pregonan que la única vía al desarrollo de México es más libre comercio, sin evaluar seriamente los resultados de las políticas de las últimas dos décadas, aquellos que se nieguen a tener una estrategia de industrialización en un mundo globalizado, aquellos que sigan ignorando a los olvidados de nuestro proceso de desarrollo y aquellos que planteen un proceso de negociación que termine subordinando todavía más a México a la economía de Estados Unidos, serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

Restauremos la confianza en las elecciones

Publicado en Animal Político.

No es secreto que, a pesar de los avances democráticos que ha tenido el país, nuestras elecciones siguen padeciendo de un problema que ya parece endémico: el uso de dinero ilícito en campañas. Las denuncias sobre el uso de recursos públicos en la elección del Estado de México para favorecer al Partido Revolucionario Institucional, y las repetidas campañas ilegales a lo largo de diversos procesos electorales desplegadas por el Partido Verde son la evidencia más clara de ello. Al respecto, todas las instituciones electorales, ese gran y costoso entramado administrativo, penal y jurisdiccional, se han quedado cortas en el desempeño de sus respectivas funciones.

Ante esto, en las últimas semanas se ha discutido alrededor del desempeño actual de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de las reglas electorales como orígenes de este problema. Si bien es necesario y justo cuestionar algunas decisiones del INE con respecto a las últimas elecciones de gobernador, y tomando como punto de partida que las leyes electorales tienen un diseño que tiene severos problemas de aplicación y de cumplimiento de sus objetivos, esto no es el fondo del problema.

En términos de cuestionamientos puntuales, aunque el INE cuenta con un marco legal mucho más robusto -ahora tiene la posibilidad de “abrir” los secretos bancario, fiduciario y fiscal, por ejemplo-, se ha autolimitado de manera constante para atajar los casos de desvío de recursos públicos. Esto se hace aún más evidente si lo comparamos con el trabajo de su antecesor, el Instituto Federal Electoral en casos como Amigos de Fox y Pemexgate, donde, a pesar de las limitaciones con las que contaba en ese momento, investigó, persiguió y sancionó, con multas históricas, a los partidos políticos que protagonizaron estos casos. Dado que hoy por hoy el rebase de topes de campaña y el uso de recursos públicos son dos de las causales de nulidad de una elección, el INE debería atender con mayor firmeza, eficiencia y sin rodeos las denuncias de uso de recursos públicos en las elecciones.

Igualmente, nos pronunciamos con preocupación por la ausencia histórica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en la persecución de estos desvíos de recursos que, aunque suelen ser ampliamente documentados por la Auditoría Superior de la Federación, pocas veces son investigados y sancionados por la Fiscalía. Es momento para que la autonomía de dicha Fiscalía, uno de los logros más publicitados de la pasada reforma electoral, se haga notar. Asimismo, es urgente cuestionar las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual sistemáticamente ha subestimado las denuncias por los actos irregulares e ilegales de los partidos, ha rebajado las sanciones y multas impuestas por el INE y ha emitido criterios que terminan haciendo inocuas y discrecionales las sanciones que estos reciben.

Sin embargo, aunque el INE y el marco jurídico que tenemos debería ser suficiente para enfrentar esta situación, ningún arreglo institucional puede soportar la violación sistemática, repetida e intencional de la ley de parte de los actores que juegan dentro de él. Por ello, antes que reformas y renuncias, resulta indispensable que los partidos políticos (dentro y fuera de los gobiernos) respeten el acuerdo democrático y dejen funcionar al resto de las instituciones para atender estas coyunturas como excepción y no como regla.

Los partidos políticos en México han jugado deslealmente contra las reglas e instituciones que ellos mismos aprobaron para tener una contienda electoral justa. En especial por parte del PRI, del Partido Verde, en ocasiones con complicidad del PAN y el PRD. Estos partidos no sólo actúan alevosamente por medio del nombramiento de consejeros electorales y magistrados a modo, o con la creación de marcos legales limitantes, burocráticos e indulgentes, también al no permitir que exista un sistema de justicia que pueda evitar el desvío de recursos públicos o que pueda sancionarlos de manera adecuada. Una promesa del Sistema Nacional Anticorrupción es justamente evitar que los recursos públicos se usen de manera indebida, pero eso no sucederá si el Sistema no opera con fiscales autónomos que cuenten con capacidades y recursos suficientes.

Los reiterados casos de uso ilegal de dinero en campañas demuestran que, mientras los actores políticos no tengan la voluntad de respetar las reglas que ellos mismos se impusieron, no existe la posibilidad de celebrar elecciones cuyos resultados no sean motivo de disputa. Es por ello es necesario que tanto instituciones como partidos restauren de manera conjunta la confianza en las elecciones, para lo cual es necesario que las instituciones electorales reafirmen su autoridad, impongan sanciones ahí donde hubo irregularidades en la actuación de los partidos y candidatos, y que, como garantes de la contienda que se avecina el siguiente año, exijan a los partidos su compromiso público con las reglas de nuestra democracia. De lo contrario, mandaran el mensaje de que se actuará de manera permisiva en los futuros comicios presidenciales, lo que solamente agravará el desprestigio de las instituciones electorales. Esto constituye un serio peligro para nuestra endeble democracia.

Si las instituciones electorales no responden por la captura a la que están sometidas por el PRI y el Verde, entonces es necesario que los partidos políticos de izquierdas y movimientos independientes que deseen postular candidatos protesten y, por ejemplo, tomen acciones concretas, tales como levantarse de las mesas de los órganos electorales, como ya se ha hecho, hasta que estas respondan a su mandato constitucional. Asimismo, estos partidos y movimientos pueden presionar para que de una buena vez funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, la FEPADE y la Fiscalía General de la República. No podemos tener elecciones confiables si no se reconstituye la confianza por medio de una clara rectificación del rumbo que cierre las puertas al uso ilícito de dinero, tanto público como privado, así como de garantizar sanciones creíbles para quien violente la ley.

En Democracia Deliberada creemos que todavía estamos a tiempo para restaurar la confianza en las elecciones. Por lo antes dicho, declaramos que aquellos actores que capturen las instituciones electorales, que modifiquen a conveniencia la legislación electoral para hacer más complicado la tarea de prevenir y sancionar el uso ilícito de dinero en campañas políticas, que obstaculicen el funcionamiento del sistema de justicia y anticorrupción, serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

Por el triunfo de la izquierda en el Estado de México

Publicado en Animal Político.

Cada estado de la República tiene su propia historia de injusticia y corrupción, pero la del Estado de México guarda una particularidad especial: a pesar de ser una entidad eminentemente urbana, con un desarrollo económico importante y una posición geográfica privilegiada, la miseria en sus calles y pueblos es evidente. ¿Cómo una entidad con tantas ventajas puede tener 49.6 % de su población en pobreza? ¿Cómo una de las zonas más vigiladas y desarrolladas puede tener una tasa de homicidios de 13 por cada 100 mil habitantes? ¿Por qué tiene una tasa de feminicidios de 4.9 por cada 100 mil mujeres? ¿Cómo es posible que el 70 % de la población que vive en la zona conurbada con la Ciudad de México tenga que llegar a gastar más de la mitad de sus ingresos en transporte público? Sin duda, parte de la respuesta a estas preguntas se explica por los 90 años de malos gobiernos y del abuso de la casta depredadora que la ha gobernado todos esos años.

Los 90 años del PRI en el Estado de México son una muestra de todos los defectos de nuestra carcomida democracia: elitismo, corrupción, corporativismo y clientelismo. La dinastía familiar que han gobernado en la entidad se ha aprovechado año con año de las y los mexiquenses. Estos últimos cinco años los mexiquenses han conocido lo peor del estilo Toluca de gobernar: contratos con amigos, ya sean de Proacceso/Enova, de OHL , o de Grupo Higa; operadores políticos, como Luis Miranda, dedicados al clientelismo y al reparto de bienes o dinero; el control de la prensa y la cooptación de la disidencia; hasta la corrupción explícita como en la caso de la “Casa Blanca” de Peña Nieto.

Es por ello que la elección de gobernador de este año es clave para cambiar el destino de millones de mexiquenses. Un cambio en el Estado de México es vital para la democracia, el desarrollo y la paz en el país. Hoy este cambio puede también implicar la llegada de un gobierno de izquierda al poder, ya que, entre los contendientes, Delfina Gómez por Morena ha mostrado ser lo suficientemente competitiva como para ganarle al PRI. No obstante, la victoria aún no es certera. La división en el campo de las izquierdas puede ser un obstáculo para que la izquierda sea gobierno. El candidato del PRD, Juan Zepeda, quien pese a disputar el tercer lugar con el PAN según las encuestas, no ha logrado crecer lo suficiente como para que en las últimas semanas de campaña rebase a Morena y al PRI. Sin embargo, la intención del voto de Zepeda en las encuestas muestra que las preferencias por la izquierda son suficientes para ganar la elección, aunque esto es menos probable si se mantiene dividida.

En Democracia Deliberada hemos sostenido que, de cara al 2018, las izquierdas sociales y partidistas deben comenzar un diálogo franco y abierto con el objeto de proponer una candidatura común. En el Estado de México, aunque ya haya candidaturas definidas, sigue siendo necesario el diálogo, no sólo entre los liderazgos, sino también entre los ciudadanos que apoyan esta opción. En este momento, las encuestas indican que existe una reñida contienda entre el PRI y Morena. Sin embargo, para Morena no debería bastar ser competitivo cuando puede ganar un gobierno estatal; mientras que para el PRD y el PT no debería ser suficiente mantener un registro y pequeñas bancadas legislativas. Quitarle el gobierno del Estado de México al PRI es una oportunidad invaluable e infrecuente que podría permitir mejorar la vida de millones de mexiquenses y que podría abrir un camino a la alternancia en el gobierno de la república en 2018. Entendemos que cada partido quiera presentar candidatos propios para que los representen, pero el riesgo de provocar una derrota debido a la fragmentación del voto es real, y hoy esto implicaría la permanencia del PRI en el poder.

Desde Democracia Deliberada hacemos tres llamados concretos con respecto a la elección del Estado de México:

Hacemos un llamado a Juan Zepeda y a los liderazgos del PRD, el PT y Morena para que dialoguen con el objeto de concretar un frente unitario alrededor de la candidatura mejor posicionada para evitar la victoria del PRI en la elección estatal;

En Democracia Deliberada siempre hemos creído en el poder transformador de los militantes frente a las estructuras partidistas, por eso llamamos a los militantes del PRD, PT y Morena a exigir el frente unitario rumbo a la elección de gobernador;

Apelamos a todos los ciudadanos del Estado de México para que, independientemente de lo que decidan los liderazgos partidistas, apoyen con un voto útil a la persona mejor posicionada para triunfar, es decir, a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México.

La candidatura de Delfina Gómez nos parece singularmente esperanzadora no sólo por sus posibilidades reales de ganar la elección de gobernador, sino también por su trayectoria y sus propuestas. El ascenso al poder de una maestra de origen humilde, con méritos profesionales y académicos propios, nos demostraría que en democracia cualquier ciudadana o ciudadano, lejanos a las clases privilegiadas, puedan ser electos. En especial, valoramos enormemente el desafío de Delfina Gómez frente a un candidato que proviene de una dinastía que ha gobernado al Estado de México y al país, como es Alfredo del Mazo (III) –quien además es primo de Peña Nieto. La victoria de la maestra Gómez será un éxito por partido doble considerando desigualdad sistemática que hay en el acceso al poder entre hombres y mujeres.  También encontramos que su candidatura no está vacía de contenido para hacer buen gobierno. Por el contrario, a diferencia de Del Mazo la candidata de Morena se ha rodeado de reconocidos expertos con los que ha elaborado propuestas concretas en temas de movilidad, salud y educación.

Por todo lo anterior, queremos manifestar que todos aquellos que promuevan un giro a la izquierda en el Estado de México, que alienten el voto útil en esta dirección, que hagan labor política para convencer a los indecisos de que salgan a votar para derrotar al mal gobierno priísta, serán nuestros aliados políticos.

[democraciadeliberada]

¿Las izquierdas unidas algún día vencerán?

Publicado en Animal Político.

Hoy, al igual que en 1988 y en 2006, las izquierdas mexicanas tienen la posibilidad real de triunfar en la elección presidencial de 2018. Al igual que en esos momentos, los resultados desastrosos de los recientes gobiernos de derecha en México abren una oportunidad extraordinaria para que otra opción de corte igualitario pueda llegar al poder. Sin embargo, al igual que en esas dos coyunturas, nuevamente las fuerzas organizadas de las izquierdas, partidistas y sociales, deben resolver un dilema: conformar un frente unitario o fragmentarse ante el silencio calculado que se impone en campaña para evitar que los candidatos se pronuncien sobre temas sustantivos.

Claramente este dilema se configura alrededor de la opción electoral de Andrés Manuel López Obrador como candidato de Morena, y no es para menos. Aunque Morena y su candidato tengan mayores posibilidades de triunfo electoral en 2018, son preocupantes sus omisiones o falta de énfasis en varios temas que son relevantes para diversas fuerzas organizadas de la izquierda: impuestos progresivos, medio ambiente, reclamos de las víctimas de la violencia, regulación de las drogas, seguridad pública, feminicidios y otras violencias contra las mujeres, interrupción legal del embarazo, matrimonio igualitario, y apertura a la sociedad civil organizada. Estas omisiones han sido parte del origen de la fragmentación de las izquierdas.

Estamos conscientes que defender estas agendas, desde ciertos discursos que pueden ser chocantes o lejanos para cierta parte de la población, puede ser problemático para una candidatura que busca ampliar su base electoral desde la agenda de corrupción y gasto social redistributivo. Por ello creemos que el acercamiento de López Obrador hacia sectores más conservadores debería también implicar el inicio de un diálogo con sectores de izquierdas que hasta ahora ha ignorado, con el fin de formar la amplia coalición social que él ha propuesto constantemente. Aún más, creemos que es tiempo que Morena reconozca la diversidad de las izquierdas y que sus militantes adopten una posición comprensiva en lugar de confrontación, más aún cuando los rivales políticos de todas las izquierdas son el PAN y el PRI. Si Morena quiere ganar la presidencia con un frente unitario, debe establecer relaciones de colaboración y no de subordinación con otras organizaciones de izquierdas que hay en el escenario político.

Sin embargo, aunque hay un problema de falta de apertura en Morena hacia agendas y causas promovidas por organizaciones como Por México Hoy, Ahora Sí, el Congreso Nacional Indígena, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, creemos que estas mismas organizaciones también deben reflexionar sobre las posibles consecuencias de que el PRI o el PAN ganen la elección del 2018. Es decir, la posibilidad y responsabilidad de crear un frente unitario de izquierdas también pasa por estas organizaciones, no sólo es una responsabilidad exclusiva de Morena y López Obrador.

En las posturas de estas organizaciones hay reclamos justos, pero al igual que como se ha hecho desde de Morena, hay caricaturizaciones injustificadas que sólo amplían la brecha entre organizaciones y liderazgos de izquierdas. Por ejemplo, no creemos que todos los partidos políticos sean iguales, en especial Morena. Tampoco creemos, dadas las trayectorias políticas comparadas de los posibles candidatos de los partidos, que López Obrador sea más propenso a construir un gobierno más indeseable que Margarita Zavala o que Miguel Ángel Osorio Chong. Hacer estas equiparaciones no ayuda en nada en fortalecer las posiciones comunes de la diversidad de actores en las izquierdas. Igualmente consideramos que es un error que el PRD sancione a militantes de su partido por apoyar la postulación en coalición de López Obrador, pero no tenga inconveniente en permitir que dirigentes negocien alianzas con el PAN o anuncien tempranos apoyos a aspirantes panistas.

En nuestra opinión, dada la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador y la agenda que propone Morena, vemos que un eventual triunfo de esta opción electoral, al menos, no producirá retrocesos graves en todas las agendas que han defendido estas organizaciones. En cambio, sí es un riesgo real y mayor que se perpetúen las políticas que han sostenido los gobiernos del PRI y el PAN: austeridad y recortes al gasto social, guerra contra las drogas, criminalización de la protesta social, prohibición de los derechos sexuales y reproductivos, corrupción y privilegios fiscales para los más ricos, captura de organismos autónomos, políticas urbanas desastrosas, un sistema de justicia incompetente y parcial, entre otros. Igualmente, en otros campos, una eventual presidencia de Morena podría tener efectos positivos en reorientar el gasto público, combatir la corrupción, ampliar la cobertura de servicios públicos y romper gradualmente con la política económica y social que generan desigualdad.

Sin embargo, aunque López Obrador lidera las encuestas, hay un escenario, poco probable, de que no siga en esa posición. En ese caso, si hay un proceso de construcción de la unidad, las izquierdas organizadas, aquí enunciadas y muchas más que puedan unirse, podrían elegir al candidato mejor posicionado antes del proceso electoral o, en un escenario que haya diversas candidaturas de izquierda, estas declinen por el candidato mejor posicionado en las encuestas. Sabemos que este proceso requiere de un diálogo abierto, franco, deliberado, de buena fe y horizontal, pero no parece que en Morena haya interés para aceptarlo. Sin embargo, insistimos en que todas las organizaciones de izquierdas, todas, deberemos claramente asumir las consecuencias de no apoyar a la opción mejor posicionada y permitir otro gobierno del PRI o el PAN.

En ese sentido, en Democracia Deliberada hacemos este llamado a la reflexión a todos los actores políticos en las izquierdas y como anunciamos previamente, en la búsqueda de la izquierda perdida, buscaremos el diálogo con toda organización que se encuentre en este polo político para conocer sus motivaciones, agendas y preocupaciones sin condicionamiento alguno, con el mejor espíritu de colaborar y construir. Esperamos coincidir con aquellos que comparten este diagnóstico, pero también queremos conocer todas las diferencias que tengan con nosotras y nosotros. Lo que queremos es cambiar el ambiente de agravios y rencillas entre las izquierdas, y aunque no lo logremos, no queremos quedarnos sin hacer el intento. En el pasado se han perdido elecciones aun habiendo más unidad de la que tenemos hoy. El riesgo para las izquierdas en 2018 es muy grande. Si no son los actores con más peso relativo los que comienzan a tender la mano a los demás, seamos las organizaciones más pequeñas las que al acercarnos, forcemos a las grandes a dejar de perpetuar esas divisiones.

Dicho lo anterior consideramos que toda plataforma de izquierda que ponga en la mesa un programa y un candidato a la presidencia para el 2018 debe discutir en público tanto sus propuestas como su estrategia, pues como ya hemos dicho, somos una izquierda práctica cuyas tres principales fuentes de reflexión son las circunstancias, las consecuencias de los actos y las ideas, en ese orden. En consecuencia, aquellos que estén dispuestos a un diálogo franco, abierto, horizontal, deliberado y de buena fe, sobre los dilemas planteados en este comunicado, serán nuestros aliados políticos.

[democraciadeliberada]

Desmilitaricemos México

Publicado en Animal Político.

Han pasado ya diez años de la estrategia militar para combatir el crimen organizado en México y las cuentas que se nos entregan los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hablan de un rotundo fracaso. Desde 2007 ha habido más de 180 mil homicidios en nuestro país. Pasamos de ser un país que en 2006 tenía 9 homicidios por cada 100 mil habitantes a un país que en 2015 tuvo 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, 30 mil personas desaparecidas, más de 250 mil personas desplazadas por la violencia y 1 billón de pesos gastados (que equivale a 100 mil millones de pesos al año durante los últimos 10 años). Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 123 recomendaciones y 10 mil 89 quejas en contra de la actuación militar. Esto implica que ni la decapitación de organizaciones criminales, ni los operativos conjuntos militares, ni el incremento del presupuesto militar y policial, han tenido los efectos deseados. Una estrategia exitosa hubiera tenido como consecuencia traernos paz como prometió Felipe Calderón, incluido el fin de la necesidad de mantener un despliegue cotidiano de las instituciones militares.

Incluso, el General Secretario de la Defensa Nacional ha reconocido que la guerra es un error. Sin embargo, el mismo General Cienfuegos parece dispuesto a continuarla al decirle a los legisladores que retiraría al Ejército a los cuarteles a menos que no se apruebe una ley que regule sus actividades en seguridad pública. Y los legisladores del PAN, el PRI y el PRD, en lugar de reconocer el fracaso de la estrategia militar y abrir una discusión pública para planear un cambio de estrategia, insisten en el mismo error con la próxima aprobación de una Ley de Seguridad Interior que legaliza la presencia perpetua de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En Democracia Deliberada nos parece que tanto la amenaza del General Cienfuegos como las iniciativas de Ley de Seguridad Interior ponen en riesgo a las instituciones democráticas de nuestro país.

Como se ha documentado, los proyectos de Ley de Seguridad Interior presentados hasta ahora no regulan nada que no haya hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus jurisprudencias. En realidad, son una forma velada de decretar un estado de excepción, dado que el congreso no intervendrá en las decisiones de comités de seguridad interior que proponen; así mismo, las iniciativas permiten que el presidente pueda imponer a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina por sobre todas las instancias civiles del país. Igualmente, estas amplían las facultades de las mismas secretarías a tareas de salubridad general, protección civil y seguridad pública que no les corresponden. En suma, estas leyes no resuelven lo que dicen resolver y ponen en riesgo nuestra democracia al otorgar poderes extraordinarios al presidente, al Ejército y la Marina.

Aun así, entendemos que no podemos volver atrás. Que las condiciones del país no son las condiciones de hace diez años. Sin embargo, creemos que no podemos mantener la misma estrategia de seguridad pública si queremos tener resultados distintos. Los riesgos que hemos descrito en las iniciativas de ley de “seguridad interior” así nos lo exigen.  Por lo tanto, nos parece que la forma correcta para cambiar de estrategia y proteger tanto a las instituciones democráticas como a las instituciones militares es con una auténtica ley que establezca la salida paulatina del Ejército y la Marina de las tareas de seguridad pública. Esto quiere decir: dejar de usar a las instituciones militares como un parche frente al problema más serio que es la incapacidad de los distintos gobiernos para construir fuerzas de seguridad pública civiles.

Una ley para la desmilitarización obligaría a todas las autoridades del país a planear de forma inteligente la salida del Ejército de las calles y su sustitución por fuerzas policiales, en un tiempo razonable, con rendición de cuentas y con estrategias públicas. Con esto se abriría un espacio urgente para retomar otras soluciones a los problemas de seguridad pública. Entre estas soluciones, que han sido consideradas pero no se les ha dado seguimiento y evaluación sistemáticas, están: el crecimiento de la Policía Federal y su infraestructura para que tenga despliegue territorial permanente en todo el país; la creación de un servicio profesional policial que de seguridad laboral a todos los agentes del país; la despenalización del consumo y producción de distintas drogas hoy ilegales; el desarrollo de estrategias de reducción de la violencia con métodos no punitivos y la creación de programas de desarrollo regionalizados en zonas con mayor criminalidad.

Al igual que con la reforma del sistema de justicia penal, es necesaria una ley que permita una planeación pública que obligue a las autoridades del país a dar resultados en un esquema en el que todos estemos de acuerdo, esto con el propósito de establecer un ambiente de exigencia y monitoreo constante de las políticas de seguridad y prevención. La creación de esta ley no sólo reconocería que la “guerra contra las drogas” ha fracasado, también sería un esfuerzo sistemático para construir una serie de estrategias de seguridad alternativas para salir de la ola de violencia y crimen que azota el país. Al igual que con el pasado esfuerzo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, abrir un debate sobre la estrategia militar es una oportunidad inmejorable para reconocer a todos los afectados de este innecesario conflicto y dar esperanza a todos los que son afectados por el crimen y la violencia.

Por lo antes dicho, convocamos a todos los interesados en resolver de manera definitiva la situación de inseguridad y violencia, a construir esta iniciativa de ley para la desmilitarización del país para que sea retomada por el Congreso de la Unión. La obligación de los congresistas y autoridades es procurar justicia y seguridad ciudadana, no proteger a las fuerzas militares ante posibles violaciones de derechos humanos. Por ello, aquellos que se opongan a la desmilitarización del país serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

Recibamos a los refugiados

En buena parte de la frontera entre México y Estados Unidos ya existe un muro fronterizo; la construcción de un muro que cubra el resto de la frontera, o que refuerce el que ya existe, no es sino un absoluto desperdicio de recursos que no cambiará fundamentalmente los patrones migratorios en nuestra frontera norte. Patrones que, además, han llegado a un mínimo histórico de mexicanos buscando llegar a Estados Unidos. Entonces ¿por qué nos molesta? ¿por qué es políticamente rentable para Donald Trump? ¿por qué nos parece inadmisible, más allá de la tontería de querer imponernos su pago, la construcción misma de ese muro? Nos parece que el mayor problema es lo que ese muro simboliza: la distancia que la administración Trump quiere que exista entre nuestros países, es en el fondo un mensaje de segregación racial para deleite de supremacistas blancos que existen en su base de apoyo político. Es una agresión más simbólica que práctica, pero es una agresión.

Por tanto, este es un momento de esos en la historia en que los símbolos son importantes y debemos aprender a enfrentar a Trump también en ese campo. A menos de que a estas alturas todavía alguien esté pensando que hay espacio para encontrar acomodo con la nueva administración, hay que asumir que estaremos enfrentados y que hay batallas que podemos ganarle: por ejemplo la batalla de los símbolos.  

Tenemos que empezar por reconocer que nuestro país tiene deudas con su propia gente. Deudas que representan lo peor de nosotros mismos pues muchas de ellas se deben a la negligencia, a la exclusión y al olvido. Es por eso que el símbolo que hoy México le mande al mundo no sólo es un símbolo a otros pueblos, sino también un mensaje a nosotras y nosotros mismos. No sólo debemos hablar hacia afuera, sino al hacerlo convertirnos en lo que queremos que afuera vean de nosotros. Cómo tratamos a los otros, a los diferentes, a personas de otras nacionalidades y religiones, es un punto de partida para cambiar cómo nos tratamos entre nosotros mismos. Si podemos entender y solidarizarnos con los migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos que hoy cruzan nuestro país, entonces podemos también solidarizarnos con los mexicanos que hoy se sienten excluidos y maltratados por nuestra sociedad. Si podemos entender que personas de lugares tan distantes como Siria y Libia tienen hoy vidas marcadas por el sufrimiento de ver sus hogares destruidos y el temor a regresar, entonces podremos entender mejor a los mexicanos que se ven obligados a emigrar dejando casa, familia y comunidad atrás y que hoy es más probable que sean deportados. En cambio, si asumimos de entrada que esos refugiados serán una carga económica o si los vemos como terroristas potenciales, entonces no somos mejores que Donald Trump.

Por esta razón emplazamos al Presidente Peña Nieto a que convoque una sesión de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que se ponga en marcha una política de puertas abiertas para recibir a los refugiados que hoy han sido rechazados en Estados Unidos, debido a  la orden más reciente del Presidente Trump en contra de refugiados de países con población de religión musulmana. No importa de qué país vienen ni qué religión sean, en México pueden ser recibidos. Si por ser mexicanos nos van a excluir, nosotros mostraremos que por ser mexicanos podemos recibir e incluir. Como nuestros paisanos han demostrado en Estados Unidos, un país se enriquece por el intercambio económico y cultural que genera la migración. Nosotros podemos enriquecernos más, aprender más, entender mejor al mundo, si recibimos a quienes por las desgracias que sus países sufren necesitan dejar su lugar de origen.

No sería la primera vez que mandamos un mensaje al mundo sobre quienes somos y quiénes queremos ser. Lo hicimos antes y quienes recibieron nuestro apoyo así lo recuerdan. Hoy el mosaico nacional incluye a los descendientes de muchos republicanos españoles que huyeron del fascismo franquista, tenemos una comunidad judía, libanesa, francesa, e incluso medio millón de estadounidenses que llaman a México su casa, porque eso es. Por no hablar de la comunidad colombiana, venezolana, cubana, chilena, argentina, armenia, haitiana y tantas otras con las que convivimos todos los días en este país. Si algo hemos presumido en México desde los años treinta por lo menos es que somos un país de fronteras abiertas, aunque no siempre le hayamos hecho honor a esa retórica. Este es el momento de ser eso que siempre hemos querido ser: un país comprometido con aquellos que lo han perdido todo en otras partes.

Pero además, ganar la batalla simbólica tiene consecuencias prácticas. Hoy buena parte del mundo se prepara para resistir los embates de un gobierno americano completamente desbocado y peligroso. No sabemos qué tan lejos está dispuesto a llegar Donald Trump en su política aislacionista y antimexicana. Sí sabemos que ha sido consistente en proponer, representar y llevar a cabo medidas ofensivas y excluyentes. También sabemos que es mejor tener aliados que estar solos. Apelar a lo mejor que tenemos de nosotros mismos, es un ejemplo y una forma de tejer alianzas con quienes también quieran mostrar lo mejor de sí mismos. Eso es lo que hemos visto hasta hoy con la solidaridad mostrada por gobernantes locales y miles de estadounidenses con los migrantes mexicanos en su oposición a las decisiones de Trump. Con un mensaje claro y fuerte hacia otros países tejemos una red de alianzas más amplia. Llamamos a la solidaridad ofreciendo solidaridad. México es uno de los países más vulnerables frente a la amenaza de Trump, eso también nos convierte en una amenaza para la retórica y las acciones del gobierno de Trump. Esta es la oportunidad que México no ha tenido en décadas para implementar una estrategia de política exterior que nos permita volver a ver al mundo, a todo el mundo, de frente.

Cuando el mundo entero nos está viendo podemos comunicarnos con símbolos de forma clara, contundente no sólo para decir quienes somos sino quienes queremos ser. Este es uno de esos momentos en que el mundo observa a México. Nos observan con indignación y solidaridad por la decisión del Presidente de Estados Unidos de maltratar a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos y por la construcción de un muro que, por banal que parezca y resulte, marca la distancia que quiere que exista entre nuestros países. Los países que nos observan también nos observan con expectativa y con esperanza. Esperan saber si México va a ser el primero en resistir decisiones que  representan el racismo, la xenofobia y la exclusión. Esperan saber si lo que hace México hace mella en las decisiones de Donald Trump y el grupo de extremistas que lo rodean. Confirmemos sus esperanzas.

Todos los comunicados que nuestra corriente política emite suelen terminar con una definición de quiénes son nuestros adversarios políticos. En esta ocasión creemos que no es un momento para definir adversarios. En esta ocasión queremos hacer lo contrario: queremos mostrar que lo que se pueden construir son lazos entre quienes piensan y viven diferente.  Quienes estén dispuestos a hacer de México un país que dé la bienvenida a los refugiados que no serán recibidos en Estados Unidos debido a las decisiones de la administración de Donald Trump, serán nuestros aliados políticos.

[democraciadeliberada]

#Gasolinazo: esto hubiéramos hecho

Las condiciones actuales de la economía mexicana no nos permiten lidiar con todas las consecuencias derivadas de políticas públicas mal diseñadas y/o enfocadas para beneficiar a unos cuantos. Esto ha quedado demostrado con la discusión respecto al alza de las gasolinas y muchos de los temas a su alrededor: la vulnerabilidad de las finanzas públicas, un Estado débil sin suficientes recursos fiscales para la provisión efectiva de bienes y servicios públicos, mercados de bienes de consumo básico altamente concentrados, elevados niveles de contaminación y otras consecuencias negativas del uso de combustibles fósiles, así como  terribles deficiencias de infraestructura –particularmente en transporte público–  que hemos arrastrado por años. Todo esto como resultado de un manejo equivocado e irresponsable de la política económica, energética y de planeación urbana en el país.

Como ejemplo de las consecuencias provocadas por decisiones equivocadas en las últimas décadas, tenemos que México ha pasado de ser del octavo al cuarto lugar en el consumo per cápita de gasolina en el mundo, al mismo tiempo que pasó de ser el sexto productor mundial a estar mucho más abajo del décimo lugar. Estas trayectorias, opuestas en las direcciones reales entre la oferta y demanda de combustible en nuestro país, reflejan negligencia por parte del Gobierno Federal. El crecimiento acelerado de la demanda de gasolina se debe a un crecimiento similar en el parque vehicular, producto de una falta de planeación urbana y una insuficiente infraestructura de transporte público. Mientras tanto, por años, el Gobierno y el Congreso han impulsado una crónica desinversión en las capacidades de refinación de Pemex, desmantelando poco a poco la empresa. Ejemplo de ello es que la última refinería que se construyó data de 1980 y su mantenimiento ha sido relegado. Igualmente, hace unos años la petrolera tenía una capacidad instalada para producir más de 1.6 millones de barriles diarios, mientras hoy produce poco menos de 400 mil barriles diarios; lo anterior representa tan solo entre el 36 y el 40 por ciento del combustible que empleamos –el resto es importado.

El actual alza de precios en la gasolina se debe, en buena medida, a la combinación de tres factores: la fuerte depreciación del peso dado que cada vez importamos más combustibles, el aumento en el precio internacional del petróleo y los enormes costos logísticos asociados a su distribución. Esto último es consecuencia directa de no haber desarrollado en el pasado la infraestructura para el transporte y almacenamiento de combustibles que una economía como la nuestra requiere.  

Durante las dos administraciones del PAN y el inicio de la actual administración del PRI, México contó con recursos petroleros extraordinarios: más de 400 mil millones de dólares de excedentes. Toda esa riqueza petrolera no se transformó en una modernización de nuestras refinerías, ni en mejor transporte público con mayor planeación urbana, ni en una transición energética que redujera la dependencia en los combustibles fósiles; tampoco fue parte de un fondo que permitiera costear las necesidades de inversión pública en momentos difíciles como los de hoy. Toda esa riqueza petrolera fue desperdiciada, pues se utilizó en diversas formas de gasto improductivo, haciéndonos heredar serios problemas en las finanzas públicas.

Ante todo lo anterior, es difícil pensar que existe una forma efectiva de disminuir el costo de las gasolinas en el corto plazo –además, habría que preguntarnos si es deseable o no por su impacto en el medio ambiente, el cambio climático y la salud de las personas–. En este contexto, es irónico que lo primero que se pretenda sea reducir su precio mediante la liberalización del mercado, obviando el hecho que no hay suficiente infraestructura de distribución para que exista competencia y el precio efectivamente baje.

Por el contrario, lo primero que se debe abordar es la concentración de mercados, pues mientras persista un sistema donde unos pocos tienen capacidad para fijar precios y trasladar los costos de distribución de los combustibles al consumidor, la liberalización expondrá a los más vulnerables a precios más altos en una amplia gama de productos. Las consecuencias de no hacerlo son significativas; en un país como México, con millones de personas bajo la línea de pobreza y otros millones en condición de vulnerabilidad, una repentina alza de precios en productos de consumo básicos puede terminar por empujarlos de la pobreza a la pobreza alimentaria o de la vulnerabilidad a la pobreza.

Por otra parte, cabe aclarar que la alteración del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas tampoco es una medida adecuada en el corto plazo. El impuesto no solo no es responsable por el alza en precios en esta ocasión, sino que su uso ha llegado a solventar hasta 53% de las pérdidas en los ingresos públicos tras la caída de los precios del petróleo. Ante esta gasolinización de las finanzas públicas, queda claro que la reducción del IEPS causaría aún más inestabilidad en el gasto nacional; esta vulnerabilidad evidencia, una vez más, los profundos defectos en las decisiones que han conducido la economía del país durante los últimos 15 años.

Por ello en Democracia Deliberada, esto hubiéramos hecho:

Reducir la demanda de gasolina, mediante el financiamiento y subsidio al transporte público masivo y el fomento a una mejor eficiencia energética de los automóviles nuevos.

Lo primero es posible mediante la utilización de la parte del IEPS correspondiente al impuesto por dióxido de carbono a la gasolina y diesel, cuyo monto recaudado en 2015 fue de aproximadamente de 7,700 millones de pesos. Solo como ejemplos: con estos niveles de recaudación anuales se podría continuar financiando la extensión de la línea 4 y A del metro de la Ciudad de México y terminar de fondear la construcción de la línea 3 del metro de Monterrey, ambas frenadas por los recortes presupuestales. Asimismo, esto tendría que financiar prioritariamente la integración del pago por transporte público en todo el país mediante un mecanismo único (tarjeta inteligente) que facilite el otorgamiento de subsidios focalizados a quienes más utilizan el transporte público.

Lo segundo se puede lograr al establecer una nueva meta de eficiencia energética para autos nuevos de 21 kilómetros por litro hacia 2020, superior a la adoptada por EUA y similar a la de China, aprovechando que este año se deben plantear los nuevos objetivos de la Norma de Eficiencia Vehicular 163. Esto debe venir acompañado de la publicación inmediata de una norma de eficiencia para vehículos de carga (NOM 044), y además asegurar que se mantiene, por tiempo indefinido, la prohibición de entrada a México de autos usados, debido a que incrementarían rápidamente la motorización del país, siendo por lo regular más contaminantes e ineficientes.

Reducir los impactos inflacionarios del gasolinazo, con la implementación de una transferencia a los más afectados; ésta puede ser establecida mediante un seguro de desempleo, o bien, siguiendo la ruta de países que sustituyeron los subsidios energéticos por transferencias en efectivo universal (como por ejemplo se hizo en Irán). De igual forma, puede ser financiada mediante la suma de todos los ahorros enunciados por la administración pública como respuesta al gasolinazo y con la eliminación de los privilegios fiscales a las grandes compañías, las cuales han recibido miles de millones de pesos en devoluciones por parte de la administración de Peña Nieto. Asimismo, se debe combatir a los monopolios y oligopolios que también son responsables por la apreciación de bienes de consumo básicos.

Reducir la dependencia sobre las importaciones de gasolina, mediante la inversión en nuevas plantas y la reconversión de las refinerías existentes. Esto se puede financiar cambiando el régimen fiscal a PEMEX, para que los impuestos que se le cargan no sean tan altos y tenga posibilidades de reinvertir en la producción nacional.

Recaudar progresivamente, combatiendo el secreto fiscal en condonaciones y créditos fiscales que privilegian a unos cuantos. Es cierto que el escenario no es sencillo; sin embargo, no es menos cierto que desde el Gobierno Federal se han emprendido acciones fiscales que han terminado por privilegiar a los más ricos por encima de los más desaventajados. La política tributaria guarda una estrecha relación con el combate a la desigualdad. Al respecto, FUNDAR reveló en su estudio Privilegios fiscales que la discrecionalidad que opera al momento de cobrar impuestos es una constante nociva: tan sólo en 2015, a 15 empresas se les canceló un monto superior a los 15 mil millones de pesos, más del doble de lo que se recaudó por impuesto de dióxido de carbono a los combustibles. Al final del día, esta práctica fomenta el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de quienes de por sí, no pagan sus impuestos correspondientes. Es decir, si de distribuir y compartir los costos se trata, el reparto es por demás injusto. Combatir el secreto fiscal en condonaciones y créditos fiscales sería un primer paso para recaudar y con ello financiar las medidas aquí expuestas, así como otras más.

En el complejo momento que atravesamos, hay quienes realizan propuestas irresponsables, como la idea del PAN de desaparecer la única secretaría enfocada a planeación urbana o realizar más recortes para disminuir la inversión pública y la capacidad del Estado. También, diferentes políticos de todos los partidos han planteado la eliminación de un impuesto que, si al menos en el corto plazo, da sostenibilidad a las finanzas públicas. Finalmente, otras posturas igual de irresponsables desde el PRI, obvian tanto los efectos sociales del gasolinazo, consecuencia de la inflación; como los efectos indirectos de implementar una liberalización de la gasolina en un mercado concentrado, lo cual dañaría aún más los ingresos de las ciudadanas y ciudadanos. Por ello y dado el panorama a futuro, quienes promuevan políticas irresponsables para la población serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

Recuperar las plusvalías inmobiliarias para mejorar la ciudad

Las y los habitantes de la Ciudad de México vivimos permanentemente desconfiados de las acciones de nuestro gobierno y hoy estamos preocupados. Nos preocupa cuando nos dicen que el Gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo confiscar nuestros bienes y expropiar nuestras casas. Nos preocupa cuando nos dicen que se aumentarán impuestos y se abolirá la propiedad privada en la constitución de la Ciudad de México.

Sin embargo, personas con espacios en varios medios de comunicación nos han tratado de engañar con esta interpretación de mala fe y han difundido llanas mentiras sobre el proyecto de constitución para la ciudad. Estas personas, en los últimos días, han llegado al ridículo de hablar de una Ciudad de México convertida en “Sovietitlán”. Ni el proyecto constitucional, ni los gobernantes en la Ciudad de México, ni las y los legisladores quieren confiscar bienes ni expropiar casas, ni mucho menos abolir la propiedad privada.

Aunque la redacción del proyecto constitucional es poco precisa y mejorable, la captura de plusvalías es un instrumento que nos permite financiar la necesaria infraestructura de la ciudad, compensar el costo que nos representa a todos el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios, e incluso desarrollar la provisión de servicios básicos, como el metro, de manera más equitativa para que todos tengamos derecho a gozar la ciudad.

Un mecanismo como la captura de plusvalías reconoce que la ciudad es para todos y que todos debemos aportar a su construcción. Por ejemplo, cuando un desarrollador inmobiliario construye un edificio donde trabajarán miles de personas, la ciudad requiere proveer de servicios de movilidad, drenaje, energía, etc. Es así que el desarrollador inmobiliario que se enriquece, gracias a estos servicios, que ya han sido pagados por nuestros impuestos, por eso tienen que poner de su parte. Su obra requerirá incrementar la infraestructura de la ciudad con recursos públicos, sin aún haber pagado los impuestos que el resto de las propiedades ya pagaron. Lo justo es que, como los demás, también pague por ello. Es decir, la captura de plusvalías permite que sea posible recuperar la inversión pública --distinta de la inversión del propietario-- que aumenta el valor del suelo, así como utilizar esos ingresos en beneficio de toda la ciudad.

Igualmente, vale la pena recalcar que hoy en día estos mecanismos ya existen en la Ciudad de México, pero con una regulación deficiente y un sustento legal más endeble, y son generalmente conocidos como “contribuciones de mitigación”. Estas contribuciones a veces son adecuadas, a veces no lo son: pero sobre todo, como hoy existen, son completamente opacas. Un tema en el debate público es la fiscalización y la transparencia del uso de los recursos públicos, parte del objetivo de darle sustento en la Constitución es precisamente para transparentar los recursos que hoy son manejados con discrecionalidad. La captura de plusvalías, al estar dirigidas a un sólo proyecto, facilitan evitar que los recursos captados sean desviados y mantener su vigilancia, reduciendo así la posibilidad de corrupción. No se trata de un impuesto continuo y anual que vaya a afectar el valor de toda casa, departamento, edificio o inmueble. Lo anterior se ha dicho de manera maliciosa, asustando a la población, y avanzando un argumento que solo beneficia a los grandes especuladores inmobiliarios.

La captura de plusvalías, entendida como un mecanismo de financiamiento, parte de dos premisas básicas. La primera es que hay ciertas inversiones que hacen las ciudades, que no se pueden cubrir por completo con los recursos fiscales locales (como por ejemplo, los grandes proyectos de infraestructura); y la segunda es que el desarrollo de la ciudad cuesta, y las empresas que realizan proyectos inmobiliarios aprovechan las inversiones que ya se hicieron en infraestructura urbana sin contribuir su parte correspondiente y aprovechando una riqueza no merecida, por lo que deben hacerse responsables por los impactos ambientales y sociales que generan. Ambas premisas reflejan lo que nos parece tendría que ser parte del sentido común de vivir en una ciudad: la ciudad no se constituye sólo por individuos, sino por lo que compartimos; por el espacio público, y la infraestructura que hace posible que tengamos servicios en nuestras casas y trabajos.

De hecho, ésta es una propuesta que ya existe en México y es parte de la recién aprobada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbana (a nivel nacional) y dentro de la nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Tan es común que este mecanismo se ha replicado otros estados, como Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y Nuevo León.

Nuevamente, la derecha de nuestro país intenta satanizar un instrumento de política pública que también favorece a los ciudadanos de ciudades en Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Francia, entre muchos otros lugares. Contrario a las mentiras abiertas de sus detractores, es un mecanismo de financiamiento promovido por distintos organismos internacionales en los que ellos mismos confían como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Lincoln Institute of Land Policy e incluso forma parte de los compromisos internacionales más importantes en la Nueva Agenda Urbana de Habitat III.

Los que hoy se oponen a esta medida, mediante mentiras y engaños, en realidad están defendiendo directa o indirectamente los privilegios de algunos desarrolladores inmobiliarios; más aún, están en una campaña contra cualquier política pública que reduzca la gran brecha de desigualdad que existe en México. Se quiere hacer creer que un mecanismo que está pensado para arreglar el desarrollo urbano desastroso y sin regulación, en realidad es una especie de confiscación de aquellos mexicanos que han luchado durante su vida para obtener un patrimonio. Nada más falso. Esta retórica deja al descubierto que quieren manipular a las personas para que defiendan, sin darse cuenta, los privilegios de los siempre privilegiados.

Actualmente, ante la explosión de grandes desarrollos inmobiliarios en la ciudad que sólo benefician a sus promotores, es necesario establecer mecanismos de compensación para que fácilmente se pueda financiar más transporte público masivo, vivienda social y la conservación de áreas verdes. No utilizar este tipo de mecanismos es dejarle la puerta abierta a los especuladores inmobiliarios y a los grandes desarrolladores para que continúen generando segregación, una ciudad inequitativa y desigual de la cual, vale la pena insistir, obtienen enormes beneficios a costa de capturar lo público. Es un camino asegurado a negar el derecho a la ciudad. Por estas razones quienes difunden mentiras sobre qué es la captura de plusvalía en las ciudades, con la pretensión de ignorar las profundas desigualdades que existen en nuestra sociedad, serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

TV Azteca, exigimos derecho de réplica

Exigimos se nos dé el mismo espacio, en el noticiero matutino Hechos AM, para aclarar las inexactitudes y falsos planteamientos que se mencionan en su programa en relación a la propuesta de Democracia Deliberada para gravar las herencias.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-democratas-deliberados/2016/05/13/tv-azteca-exigimos-derecho-de-replica/

[democraciadeliberada]

#ImpuestoalaherenciaYA

http://www.animalpolitico.com/blogueros-democratas-deliberados/2016/05/09/impuesto-a-la-herencia-ya/

[democraciadeliberada]

Lo que no entienden es que sí entendemos

Enrique, sabemos que tú, como nosotros, sí entiendes. Sabemos que tu Secretario de Hacienda también, lo mismo que el líder nacional de tu partido. No hay político en México que no hable del fortalecimiento de las instituciones. No hay político en México que no presuma honestidad (con la bizarra excepción del alcalde de San Blas, Nayarit).  Sobre todo, no hay problema en México cuya solución de largo plazo no parezca tener como primer paso el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la rendición de cuentas, transparentar el quehacer público. Sin embargo, en materia de corrupción este país no se mueve y no es cosa de no entenderlo. Tú lo sabes.

Cuando se trata de corrupción las propuestas de solución no se acometen con la misma determinación que otros. El sistema político frecuentemente ignora la importancia de promover y preservar la integridad en el servicio público como una forma de restituir la confianza en el funcionamiento de las instituciones. Se decide investigar pocos casos y eso levanta la sospecha del uso político – es decir, a conveniencia – porque las políticas anticorrupción no son consistentes, ni en forma ni en tiempo. Lo mismo sucede cuando no se investigan: se asocia con encubrimiento, protección y acuerdos, también ellos, corruptos. En cualquier caso el resultado es la profundización de un problema que corroe prácticamente todos los niveles de la vida pública en México.

Los ejemplos de impunidad abundan, pero pocos con la magnitud de los casos recientes de conflictos de interés en los que se ha visto envuelto la administración federal. Ese conflicto de interés es claro, todos lo entendemos: un servidor público no puede mezclar intereses privados con el ejercicio de su función pública. Tanto el Presidente como el Secretario de Hacienda están impedidos de tener relación con un contratista de gobierno que no se derive de la participación de la empresa en los procesos de licitación. La existencia de cualquier otro vínculo es susceptible de sospecha, y como ya se ha visto, es lo suficientemente grave como para, por sí mismo, mermar la confianza en las decisiones de gobierno. Este problema, lamentablemente, no se limita al gobierno federal: veamos por ejemplo al delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, quien utilizó vehículos que pertenecen a un contratista de la delegación para atender asuntos privados. Que quede claro: la posesión o mero disfrute de cualquier inmueble, así como compras y los créditos que sean ventajosos para un servidor público y estén relacionados con un contratista gubernamental son ejemplos irrefutables de conflictos de interés porque la integridad de la transacción es cuestionable. Lo que hicieron se llama corrupción, ¡que no quede duda!

Como si el acto mismo no fuera suficiente, la reacción de todos los involucrados ante estos escándalos ha sido, por decir lo menos, ofensiva para la sociedad mexicana: niegan haber hecho algo mal, a pesar de la evidencia. Incluso parecieran ofendidos ante la exigencia de rendir cuentas. En sus declaraciones estos servidores públicos asumen que no hay conflicto: según sus versiones, los beneficios que obtuvieron no se derivan ni relacionan con el cargo que desempeñan. Esta manera de enfrentar abusos de poder sustituye pobremente la rendición de cuentas con patéticos videos de YouTube y comunicados que no permiten interpelar a servidores públicos que se asumen impolutos.

Ciertamente pareciera que no entienden realmente, como sostiene The Economist, pero eso sería concederles una tierna inocencia casi infantil. ¿Después de toda una vida en el servicio público le podemos creer a un delegado, a un secretario de estado o al presidente que no entienden lo que significa tener un conflicto de interés? En Democracia Deliberada nos parece más probable que el problema sea otro: ni el delegado, ni el secretario de Hacienda, ni el presidente entienden que en México existe una sociedad civil que sí entiende que un conflicto de interés incluye la sola posibilidad de afectación del desempeño del servidor público por la influencia de sus intereses personales, familiares, comerciales, etc. Y que entendemos, además, que esto ocurre aunque no exista una afectación inmediata para el bien público, es decir, aunque no se acuerde explícitamente un trato ventajoso para el contratista. A buena parte de la sociedad mexicana le queda claro que han estado utilizando sus funciones públicas para obtener beneficios privados.

Pero el problema no viene nada más de los políticos involucrados y la pérdida de confianza en el gobierno no es la única consecuencia de estos actos. La falta de posturas claras y determinadas de las instancias que deberían exigir explicaciones y sancionar a los funcionarios involucrados ha sido notable. Este silencio puede ser por falta de voluntad o interés para actuar, pero también puede deberse a poca legitimidad para esclarecer las implicaciones del conflicto de interés. ¿Dónde está la oposición, que debería ser la más interesada en actuar para investigar estos actos? El PAN es el impulsor principal de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no ha logrado desmarcarse del caso Oceanografía ni resolver el asunto de las solicitudes ilegales de recursos públicos para el desarrollo de infraestructura (los ‘moches’). El PRD ha sido similar: el presidente del partido apenas estimó ‘insuficiente’ la explicación de Angélica Rivera sobre la adquisición de la casa a Grupo Higa. Silvano Aureoles, coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, consideró que se trataba de un asunto privado y recientemente pidió que se investigaran las filtraciones mientras callaba sobre lo verdaderamente importante: el conflicto de interés. Una vez más, a los actos corruptos se le añade impunidad, agravando el problema de confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Este caso también es sintomático de la interpretación selectiva sobre el marco legislativo que rige a los funcionarios públicos y su aplicación. Decir que Rivera no debe rendir cuentas porque no es servidora pública es reducir el marco normativo a su mera formalidad. Peor aún: decir que el secretario de Hacienda no era servidor público durante el periodo de transición no es sólo minimizar la ley sino la responsabilidad que deriva de la coordinación entre los equipos gubernamentales, entrante y saliente. ¿Por qué, en este caso, se apegan a la interpretación más ajustada de la ley -sobre lo que les obliga a hacer- en lugar de una más amplia y progresista, sobre lo que les permite hacer?

En nuestro comunicado anterior sobre corrupción mencionamos que la tendencia de este gobierno es confundir los cambios sustantivos con los cambios cosméticos. Pero ahora pareciera que ni siquiera cambios cosméticos se asoman en la agenda: la propuesta de crear una Comisión Nacional Anticorrupción parece descartada, y hasta el momento no se han tomado otras medidas para resolver el problema del conflicto de interés, en lo particular, y el de la corrupción en general. En nuestro anterior comunicado sobre corrupción señalamos que ‘los acuerdos políticos arropan la impunidad’. En este comunicado queremos señalar que con estos escándalos se hace evidente el acuerdo tácito que existe para proteger ese disfuncional status quo, un pacto de impunidad que impide cualquier cambio sustantivo a favor de la rendición de cuentas efectiva.

En Democracia Deliberada creemos que es necesario que se implementen acciones para demostrar que la desconfianza ciudadana es un tema que sí importa para los responsables del gobierno y la política. Además, nos parece que los funcionarios de gobierno deben no sólo apegarse a la normatividad existente, sino mejorarla para establecer instituciones que permitan investigar y sancionar actos corruptos con efectividad y sin importar la filiación política de quien los cometa. Además las personas que ocupen cualquier cargo público deben estar no sólo comprometidas, sino obligadas a mantener un comportamiento apegado a las normas y ética del servicio público. Esto incluye asumir la obligación de rendir cuentas de sus actos y decisiones, cumplir ampliamente requisitos de transparencia, y denunciar conductas que pongan en entredicho la capacidad de otros funcionarios de ejercer su cargo sin beneficiar a unos pocos.

¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a promover cambios sustanciales que permitan combatir la corrupción? En Democracia Deliberada no nos hacemos ilusiones. Nos queda claro que ninguno de los involucrados tiene incentivos para romper ese pacto de impunidad. Se requieren nuevos liderazgos políticos sin compromisos con los involucrados cuyo mandato incluya, como primer acto, tomar medidas radicales contra la corrupción. Medidas sistemáticas, caiga quien caiga, sin distinciones políticas. Ese sería un primer paso en el camino para reconstruir nuestras instituciones democráticas. Por eso declaramos que quienes aprovechen su cargo para obtener ventajas que a otros ciudadanos les niegan, quienes utilicen los recursos públicos para favorecer beneficios particulares, quienes utilicen la corrupción en el discurso sin correspondencia en la práctica y quienes se empeñen, por omisión o intencionalmente, en mantener el estado de las cosas para no combatir la corrupción serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

El Otro Decálogo

Una Agenda de Derechos y Justicia

En Democracia Deliberada celebramos las expresiones de solidaridad y las manifestaciones ciudadanas que se han producido a partir de los dolorosos acontecimientos en Iguala, Guerrero. Creemos que la protesta y la solidaridad ciudadana no son factores de desestabilización sino que son herramientas fundamentales para avanzar en el proceso democratizador en cualquier país. De igual manera, consideramos necesaria la articulación de un discurso político desde una perspectiva de izquierda que permita canalizar el descontento social y vislumbrar una ruta para afrontar los graves problemas de corrupción y violencia que afectan al país. Este intento es ahora más necesario que nunca dado que la izquierda partidista ha sido incapaz de articular propuesta alguna en estos temas.

Al igual que el movimiento #AyotzinapaSomosTodos, consideramos que el Estado es responsable de la corrupción y la intensificación de la violencia de los últimos años. Específicamente, consideramos que México vive una profunda crisis de derechos, donde la razón de ser del Estado es garantizar y proteger esos derechos de manera universal y no selectiva. Así pues, consideramos que toda estrategia de seguridad debe de ser parte de una estrategia más amplia que tenga como propósito construir un Estado democrático con capacidad efectiva para proteger, garantizar y expandir los derechos humanos fundamentales a todos los sectores de la población.

La respuesta del gobierno de Peña Nieto en forma de decálogo es una demostración clara de que la clase política no ha comprendido la dimensión de la crisis que enfrentamos o que intencionalmente ha preferido ignorar la gravedad del problema y que pretende llevarnos a un falso debate. El problema no son las policías municipales o la falta de profundización de la fallida estrategia de seguridad de Calderón, expresada en operativos o leyes de delincuencia organizada, el problema fundamental es el acceso al derecho a la justicia en un sentido amplio y democrático. Nos preocupa sobremanera que la perspectiva de la administración actual sea continuar la guerra contra las drogas que ha sido implementada sin éxito sexenio tras sexenio en el país. No se trata de combatir a las organizaciones criminales, enemigos misteriosos que desde la oscuridad parecen acechar a la clase política y a la alta burocracia, sino que se trata de garantizar los derechos de los ciudadanos que viven cotidianamente toda clase de abusos e injusticias que se han vuelto parte de la normalidad; que han vivido en carne propia todo tipo de violencias: la marginación social, la falta de oportunidades, la falta de movilidad social, la violencia contra las mujeres, las desapariciones, los desplazamientos forzosos, la extorsión, los homicidios, el reclutamiento de jóvenes como ejército de reserva criminal, los feminicidios y el alarmante número de homicidios y desapariciones en el país y sobre todo la impunidad que ha seguido a esta violencia.

Existe un debate entre los que piensan que el crimen y la violencia es la causa de la descomposición del tejido social y del Estado y los que pensamos que existen problemas estructurales que son la fuente de la descomposición social que sustenta la proliferación de la corrupción y la intensificación de la violencia. Para el primer grupo el problema se resuelve con más policías y penas más severas. Eso es justamente el enfoque que ha prevalecido todos estos años. Debido a ello, administración tras administración se ha ignorado o pospuesto la necesidad de enfrentar los problemas estructurales que identifica la posición alternativa y no se han implementado políticas de desarrollo efectivas. De acuerdo a esta otra posición, si bien es cierto que la violencia criminal produce descomposición y atraso, también lo es que la desigualdad de oportunidades contribuye a generar violencia, crimen y descomposición social. Por ello, en Democracia Deliberada proponemos una serie de medidas que se distancian de la respuesta equivocada e insuficiente que ha ofrecido el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su decálogo.

Derechos sociales y económicos. Es tiempo de que veamos a la desigualdad como parte fundamental de la explicación del problema de violencia en México. Regiones como Tierra Caliente en entidades como Guerrero, Michoacán y Estado de México tienen más de la mitad de la población en pobreza y sin acceso a servicios básicos. Garantizar el desarrollo en el sur del país y en las zonas marginadas de todo el territorio es un esfuerzo indispensable para hacer que los derechos sociales a la educación, la vivienda digna, la salud, el ingreso digno y el acceso a la cultura sean una realidad en regiones con violencia en el país.

2)     Fortalecer al sistema de justicia. Debemos hacer del derecho a la justicia una realidad para todos los ciudadanos, el acceso a la justicia es hoy privilegio de pocos. Las policías, jueces, ministerios públicos y el sistema carcelario deben comenzar a funcionar como deberían sin necesidad de una reforma legal. La independencia del Ministerio Público es fundamental para garantizar su eficiencia y disipar sospechas de uso político de la justicia, jueces que trabajen con el principio de presunción de inocencia y policías capacitadas no necesitaríamos leyes extraordinarias para perseguir la infiltración del crimen, la corrupción, y reducir la impunidad. Es urgente que se garantice la autonomía del ministerio público de cualquier interés político y de la aplicación del nuevo sistema penal oral.

3)     Reformar la política de prevención social de la violencia y volverlo el eje de la política de seguridad. Acelerar urgentemente el proceso para unificar los programas federales de prevención, reducir la diversidad de acciones a aquellas que resulten más certeras y orientarlas a las demandas específicas que tengan las localidades de acuerdo a los tipos de delito y los fenómenos de violencia que sufren. Las comunidades deben participar en la construcción de la seguridad. La grave contradicción a la que ha llegado el gobierno actual es que su primer plan de seguridad proponía en primer lugar la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social y resultó la gran ausente en el decálogo anunciado por el presidente. La prevención debe de ir encaminada a ofrecer oportunidades de movilidad social a los hombres jóvenes que han sido reclutados por las organizaciones criminales.

4)     Coordinar y no centralizar. Apostamos por el federalismo bien diseñado y por el fortalecimiento de los poderes locales a través de procesos democráticos. La política de derechos que proponemos es federalista. Dando a cada nivel de gobierno responsabilidades y obligaciones. Sustituir a los poderes locales, como en el caso del Comisionado de Michoacán, no sólo desvirtúa y debilita a las instituciones locales en el largo plazo, sino que en el corto plazo pone en peligro los debidos procesos judiciales y expone a las localidades a intervenciones centralistas con intereses político-electorales. Rechazamos la posibilidad de disolver el municipio que se ha propuesto como solución. Creemos que el municipio es el espacio democrático más necesario para los ciudadanos en este contexto de violencia. Fortalecer al municipio es una misión.

5)     Reforma policial real. Desaparecer policías, despedir policías no certificados o subsidiar corporaciones sin evaluaciones no servirá de mucho. Necesitamos dignificar la labor de la policía en todo el país. Es necesaria una reforma que les garantice a todos los policías el acceso a seguridad social y a sueldos dignos, capacitación en materia de derechos humanos y políticas de proximidad para la prevención del delito. En nuestra propuesta federal creemos que las policías deben ser el espacio para aplicar el número más diverso de políticas de prevención en todo el país.

6)     Políticas anti mafias, no guerra contra el narco. Es necesario abandonar el enfoque de guerra para combatir a las organizaciones criminales. Los operativos, la fragmentación de carteles, la quema de plantíos y la militarización no sólo no han resuelto el supuesto problema de las drogas, lo han empeorado al extender la violencia a todo el país. Urge la aplicación de políticas anti mafias efectivas, por ejemplo, de inteligencia financiera, programas de testigos protegidos, arrestos estratégicos y perseguir la diversidad de delitos patrimoniales que sustentan financieramente a las organizaciones criminales. Podríamos empezar por aplicar la Convención de Palermo de las Naciones Unidas. Además, es urgente cambiar el enfoque del tema de drogas a un tema de salud pública que aleje a los ciudadanos de los mercados negros. La política de prohibición no ha funcionado y el país debe comenzar a cuestionar seriamente la viabilidad del régimen internacional de prohibición de drogas.

7)     Justicia transicional para México. Proponemos una Comisión Ciudadana de la Verdad sobre las Causas y las Consecuencias de las Guerras contra las drogas en México, un plan de recuperación de las comunidades que han sido asoladas por la violencia en México, y que a partir de los trabajos de la comisión se finquen responsabilidades a las autoridades responsables de las políticas que nos llevaron a la espiral de violencia e injusticia que vivimos.

8)     Combatir la corrupción en serio. Es indispensable que el combate a la corrupción sea un eje fundamental de una política de seguridad de la izquierda. Los conflictos de interés, como el del presidente Peña Nieto con la constructora HIGA, el tráfico de influencias, el desvío de fondos y la infiltración de las organizaciones criminales suceden por la total impunidad y discrecionalidad con la cual los actúan los funcionarios públicos. La nueva Fiscalía General de la República debe ser auténticamente independiente y los sistemas y comisiones deberían trabajar en función de reducir la impunidad.

9)     Abrir el sistema político a los ciudadanos. Los partidos políticos actuales no han representado ni dado cabida a las demandas de justicia, atención a las víctimas y a los familiares de los desaparecidos. Es urgente que el sistema político se abra a los ciudadanos para que aquellos quienes han sido víctimas de la violencia puedan expresar y cambiar las políticas de seguridad. Hemos defendido recientemente la vía de las candidaturas ciudadanas, sin asumir una actitud antipartidista,,porque el sistema de partidos esta cerrado. Estas vías podrán ser usadas, sin excluir otros mecanismos de participación, hasta que haya condiciones reales para la creación de nuevos partidos políticos.

10) Que se re-encienda el faro de los derechos humanos. Hace un año advertimos que el faro de derechos que significaba la Ciudad de México se estaba apagando ante la política de abusos policiales y detenciones arbitrarias del Gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ahora vemos que esa tendencia se ha vuelto una realidad imperante. Es necesario para las izquierdas recuperar al Distrito Federal como espacio para la manifestación, la protesta y las demandas de las y los ciudadanos inconformes con la situación de injusticia en el país. Debemos re-encender ese faro de libertades que habíamos conquistado con nuestro voto. Los derechos civiles y políticos son intrínsecamente necesarios para cambiar la situación de seguridad del país.

Por lo antes dicho, declaramos que los que pregonen que no ha sido el Estado el responsable de la impartición selectiva de justicia y protección a nuestros derechos, los que nieguen un cambio de dirección de la política de seguridad del país, los que propongan una mayor centralización de las instituciones, los que propongan cambios cosméticos en lugar de reformas verdaderas al sistema de justicia y los que nieguen el problema de la desigualdad como elemento explicativo fundamental de las condiciones actuales del país, serán nuestros adversarios políticos.

[democraciadeliberada]

Candidaturas independientes: entre todos es más FÁCIL

Hay un nuevo despertar y queremos contribuir de una manera particular: con nuevas formas de organización. Formas de organización que vayan más allá de la nuestra. En Democracia Deliberada hemos acompañado las manifestaciones de las últimas semanas, y entre la indignación y la esperanza, hemos aprendido la lección de los normalistas de Ayotzinapa y sus familiares: no es lo mismo actuar de forma organizada que de forma individual; no es lo mismo organizarse de forma espontánea que tener una base de organización más generosa y que planea, actúa y reacciona cuando los eventos así lo demandan.

Es la hora de nuevas forma de organización. Es un gran momento para que las ciudadanas y los ciudadanos nos organicemos más y mejor. Sólo así podemos cambiar la relación que hoy existe entre quienes hoy son poderosos y hoy son débiles. Sólo así podemos triunfar en lo que hasta ahora nos ha sido imposible, acortar la distancia entre gobernantes y gobernados. Atacar de frente el déficit democrático.

La oposición política se ha desdibujado como opción transformadora y también ha tenido responsabilidad en hechos deplorables y difíciles de perdonar.  Uno de los partidos en los que algunos de nuestros miembros militan han caído en extremos intolerables e insostenibles. Las tribus y grupos partidistas han tomado los institutos de representación para excluir a  los ciudadanos, no para incluirlos, incluyendo a sus propios militantes de a pie. La tragedia de Iguala y la falta de respuesta a las demandas de transformación nos han hecho preguntarle a esos líderes partidistas ¿para qué quieren gobernar? Ubicamos que la única salida era la refundación o la muerte de la revolución democrática. Nuestras sugerencias han sido ignoradas. A pesar de nuestros y otros esfuerzos, los partidos siguen sin abrirse a la sociedad.

Esta profunda crisis de los actuales partidos en México ha regresado punzante, cual búmeran implacable, a nuestra organización. No pocos de nuestros miembros y simpatizantes renunciarán a sus respectivas simpatías y militancias partidistas. Cada uno lo hará como optó por ellas: de forma individual y según su diagnóstico y su consciencia. Nuestro cambio obedece a que hoy, lo más responsable, es ser y seguir siendo oposición.

Las reacciones de quienes gobiernan frente a la crítica y la protesta, hacen urgente la necesidad de construir organizaciones y representación política que defienda los principios democráticos frente a lo que parece ya una andanada autoritaria. El mensaje que los partidos políticos hasta hoy nos han dado es que no defenderán a quienes protestan y denuncian la acción arbitraria de las autoridades. Si ellos, quienes dicen representarnos, no nos acompañan lo suficiente, entonces no queda otra opción que defendernos nosotros mismos frente a la nueva concentración del poder. Tenemos que interpelarlos activamente, competir contra de ellos. En suma, poner en riesgo sus cotos de poder.

Por eso hemos tomado la decisión de mirar más allá del PRD y mirar también entre los ciudadanos. Buscaremos recuperar una de las premisas con la que nos fundamos: el combate a la cerrazón partidista y al déficit democrático, el reconocimiento de la importancia de las decisiones colectivas, de la deliberación inteligente y la generosidad de los acuerdos y desacuerdos políticos, todo para cumplir objetivos compartidos. Sin negar la importancia de los partidos políticos, hemos decidido denunciar las formas que han tomado estos partidos hoy, sin embargo, no renunciamos a la necesidad de competir por el poder para revertir el rumbo del país. Los principales partidos, como existen hoy, no son buena opción. Lo serán las formas nuevas de organización; lo serán los partidos refundados a los que ojalá podamos apostar en el futuro.

Por lo pronto, el objetivo urgente, creemos, es competir directamente con los partidos más sordos y deficitarios a través de la organización política. Es decir, mediante grupos de ciudadanos que construyen relaciones entre ellos con objetivos explícitamente políticos. No sólo organizaciones que construyen y promueven agendas reformistas, sino también organizaciones que pretenden desestabilizar los acuerdos y pactos que sostienen a quienes hoy tienen el poder. Uno de esos poderes principales es el monopolio discrecional de asignación de candidaturas a puestos públicos por parte de burocracias cerradas o de grupos muy pequeños de capos políticos.

Esta es una pieza clave del secuestro que las cúpulas partidistas hacen de la democracia. Buscamos fragmentar ese poder. Por eso hacemos un llamado a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a que se registren como candidatos independientes. Y que también se agrupen para organizar una campaña que conteste con fuerza y razón al secuestro de la democracia. Algunos de nosotros buscarán sortear las dificultades y los enormes candados que los partidos pusieron al registro de independientes, pero creemos que lo peor es ni siquiera intentar. Mientras más ciudadanos lo intenten, más posibilidad hay de que alguien logre saltar la barrera que los partidos levantaron. Queremos ayudar a quienes lo intenten y a quienes lo soliciten.

Con la misma urgencia y la misma convicción hacemos también un llamado a todos los demás ciudadanos que piensen como nosotros, a todos los que quisieran registrarse como independientes, a apoyar las candidaturas independientes mediante un Frente Amplio de Candidaturas Independientes Locales (FACIL). El objetivo de éste frente sería facilitar a los ciudadanos lanzar sus candidaturas, resolver colaborativamente sus problemas organizativos, de falta de recursos humanos y materiales, y, de así quererlo, agrupar emblemas, plataformas y estrategias de comunicación para tener más impacto en la próxima elección. Con este piso compartido queremos candidaturas y después representantes que se deban a quienes de voz en voz, paso a paso, los conviertan en representantes populares. Una plataforma común no es someterse al poder de una cúpula es simplemente compartir la partitura, que nos permitiría orquestar la desestabilización de quienes hoy gobiernan.

Sólo así podremos hacer fácil lo muy difícil. Sólo así podremos combatir de frente a los renovados adversarios de la democracia. Y si las barreras son muchas y si fracasamos, tendremos más razones para protestar y empujar más cambios a la ley electoral. Sólo así llegará el momento en que cuando nos preguntemos ¿cómo zanjar el déficit democrático? ¿Cómo gobernar para todos? La respuesta sea sencillamente: ¡FÁCIL!

La corrupción, desigualdad, violencia, negligencia y discriminación que hoy se vive en nuestro país son el origen de la falta de legitimidad de quienes están en el poder. Por eso, ser realistas implica reconocer que es probable que los adversarios electorales utilicen los instrumentos a su mano para mantenerse en el poder. Es decir, tenemos que estar preparados para resistir a este gobierno y la coalición de intereses que lo sostiene durante cuatro años más. La resistencia será una larga marcha para la organización de opciones futuras, asumimos esa marcha con urgencia y con entusiasmo.

Esa resistencia no se puede hacer solos. Se tiene que hacer por muchos frentes y de forma, plural y diversa, se tiene que pensar en ciudadanos que orquestan denuncias, propuestas y protestas, adentro y afuera de los partidos. A veces habrán grandes movilizaciones que desestabilicen unos días a quienes gobiernan, pero la mayor parte del tiempo se necesita construir poco a poco espacios de poder distintos y opuestos a los que existen hoy. A eso queremos contribuir.

Quedan apenas unos días para registrarse como candidato independiente. Tienes hasta el 5 de diciembre. Entra aquí y entérate de los requisitos para ser candidato independiente a delegado o asambleísta en el Distrito Federal.

Busca tu distrito electoral local y regístrate ya. Es tu derecho. Lo más urgente es que entregues tu solicitud de registro como aspirante, el viernes 5 a más tardar, así como tus documentos probatorios en tu cabecera distrital. Ya una vez registrados podemos comenzar la organización colectiva y la recolección de firmas. Si usted logró registrarse y está interesado en trabajar en equipo, contáctenos en facilmx.org@gmail.com

Previo a la navidad, se llevará a cabo una primera reunión auscultadora de FÁCIL y se harán públicas las reglas, plataformas y dinámicas mínimas de este frente amplio independiente. Una nueva forma de resistencia puede iniciar ahora.

Tú, yo, piénsalo. ¡FACIL!