dvtnow

[dvtnow]

5 GRUPOS DOMINAN EL MERCADO DE GAS LP

El paro de comisionistas –los encargados de repartir a los hogares del país el gas licuado de petróleo (LP)– que afectó la distribución normal del combustible la semana anterior, puso de relieve la existencia de un mercado dominado por unas cuantas familias y que genera multimillonarias ganancias.

El mercado de la distribución de gas LP –en el que no participa Pemex– es dominado en más de 50 por ciento por 5 grupos económicos desde hace décadas, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El G-5, como se ubica a estos agentes económicos, está compuesto por Grupo Express Nieto, a cargo de Sergio Nieto del Río; Gas Uribe, de Óscar Uribe; Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza; Vela Gas, de Lázaro Bello, y Zeta Gas, dirigido por Miguel Zaragoza.

La Cofece ha documentado poca competencia, pues en 2015 halló que en 54 regiones de las 145 había dos o más grupos del G-5, mientras que en 91 sólo había presencia de uno de ellos.

En México los hogares gastan 134 mil 996 millones de pesos al año en el energético, monto mayor a los 134 mil 904 millones de pesos del presupuesto programable para 2021 de los ramos autónomos del gobierno federal –que incluye al Poder Legislativo y Judicial, el INE, entre otros. El valor del mercado es similar a los 135 mil millones de pesos que las familias destinan al trimestre para comprar carnes, verduras, legumbres y leguminosas y huevo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Kenneth Devoe

[dvtnow]

¡El gas!

Fue una sorpresa. El martes 3 de agosto millones de personas en Ciudad de México, Toluca, Pachuca y Puebla, entre otras ciudades, amanecieron con la noticia de que no tendrían abasto de gas.

Una organización desconocida, llamada Gremio Gasero Nacional, anunció un paro nacional en la distribución del hidrocarburo.

El argumento fue que el tope máximo al precio del gas Licuado de Petróleo (LP) establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los dejaba fuera del negocio.

La noticia se difundió rápidamente y en extenso en los medios tradicionales.

Como en otras medidas y protestas contra el actual gobierno, en periódicos, noticieros de radio y televisión abundaron las críticas a la decisión gubernamental.

No fueron pocos los que anticiparon una catástrofe nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmaron, ponía en riesgo el bienestar de millones de mexicanos.

Lo curioso es que el pretendido paro nacional, que sólo afectó sólo a unas ciudades en el centro del país, no provocó desabasto real.

No hubo filas de consumidores formados ante las distribuidoras del gas, con su tanque al lado, a la espera de llenarlos con el hidrocarburo.

Tampoco se presentó el cierre masivo de negocios -excepto aquellos pillados con los tanques vacíos- por la falta del combustible.

No fue así. Tan rápido como fue convocada, la protesta de los gaseros desapareció.

Horas antes de tan extraño suceso el presidente López Obrador advirtió que la Guardia Nacional evitaría el bloqueo a la distribución del gas.

Dijo también que su gobierno buscaría dialogar con los inconformes y anunció investigar y sancionar a quienes fomenten el desabasto.

No está claro cómo ocurrió el diálogo, si es que existió, y cuáles las condiciones para suspender el paro.

Lo único cierto es que la movilización fue ampliamente reseñada como una falla más -según los medios tradicionales- de la 4T. Quizá ése fue el propósito real.

En todo caso la protesta permite entender la situación del mercado del combustible en el país, y sobre todo de quienes protagonizaron las movilizaciones: los comisionistas encargados de la distribución a domicilio del combustible.

Uno de los datos poco conocidos es que existe una especie de cartel del gas LP, formado por cinco grupos empresariales, que distribuyen el 60% del gas que se consume en el país, según datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Se trata de Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza Fuentes que controla la venta en prácticamente todo el noroeste del país.

En este negocio también participa Zeta Gas cuyo dueño es Miguel Zaragoza Fuentes. La empresa distribuye el combustible en Nayarit, Jalisco y Michoacán, por ejemplo.

Otro consorcio es Gas Uribe, del empresario Óscar Uribe responsable de la distribución en el Valle de México junto con Vela Gas, de Lázaro Bello.

El otro integrante de este cartel del gas LP es Gas Express Nieto, del empresario Sergio Nieto del Río y que domina el mercado en Guerrero, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Guanajuato y parte de Ciudad de México.

Algunos de estos grupos cuentan con historias controvertidas. Los hermanos Zaragoza, por ejemplo, fueron parte del grupo Amigos de Fox que financió la campaña -y otros gastos- del expresidente Vicente Fox Quesada.

También apoyaron al impresentable Felipe Calderón Hinojosa y a otros candidatos del Partido Acción Nacional.

Sergio Nieto ha sido vinculado con el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, actualmente enjuiciado por corrupción.

En 2015 una de las pipas de este consorcio estalló y causó la destrucción del Hospital Infantil de Cuajimalpa. Los peritajes oficiales advirtieron que el tanque se encontraba en mal estado por falta de mantenimiento.

El cartel del gas LP es una parte del mercado nacional del combustible.

Otra de ellas está formada por los distribuidores al menudeo, llamados comisionistas, que fueron los protagonistas del reciente intento de paro nacional.

Son los dueños de las pipas o camiones de cilindros de gas que recorren pueblos y barrios en las ciudades del país, y que no forman parte de las grandes empresas.

Estos pequeños empresarios compran el combustible en las gaseras y luego lo distribuyen a cambio de una comisión de entre 10 y 20% del precio en el mercado.

Con ese dinero pagan el sueldo de sus empleados, el mantenimiento de las unidades y cubren sus propias ganancias.

No era mal negocio: la falta de supervisión de las autoridades y una regulación laxa gracias a la Reforma Energética les permitía fijar el precio del gas según su criterio y el de las empresas.

La situación empezó a cambiar cuando el gobierno federal empezó la supervisión del mercado, y ante el anuncio de una empresa estatal para distribuir el combustible.

El colmo fue el anuncio de tope máximo al costo del gas, lo que impidió el incremento discrecional de los precios.

Los comisionistas aseguran que las empresas redujeron sus comisiones para compensar el menor ingreso, y por eso decidieron el paro.

Otro elemento es el robo de gas, conocido como huachigas o gaschicol donde participan organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo controla algunas de las regiones por donde cruzan los ductos de Pemex que transportan el combustible. Es una de las razones de la violencia extrema en estados como Jalisco o Guanajuato, por ejemplo.

El huachigas se distribuye, por ejemplo, en colonias de municipios vecinos de Ciudad de México, así como en barrios de Hidalgo, Jalisco y Tamaulipas, por ejemplo.

Y un tercer punto que se presenta sobre todo en el Valle de México es el control territorial de pandillas y bandas de narcomenudeo, que controlan la venta del gas en las colonias donde dominan.

Es el escenario que pretende regular el gobierno de López Obrador con acciones como la empresa Gas Bienestar, que distribuirá el combustible a bajo costo.

La primera etapa inicia en las alcaldías de Iztapalapa y Azcapotzalco de Ciudad de México, donde se ha registrado el mayor abuso de comisionistas y empresas gaseras.

Luego se extenderá por el resto del país. La estrategia es obligar al mercado a reducir el precio a través de la competencia.

Quién sabe si tendrá éxito, porque el control que ejerce el cartel del gas LP en el país es grande. Hasta ahora, en ese sector, el libre mercado no existe.

Para conseguir el objetivo de terminar con los abusos y sobreprecio hace falta más que una empresa paraestatal. Como se demostró con el reciente paro los mega consorcios no van a soltar tan fácil el mercado.

La advertencia de recurrir a la Guardia Nacional pareció funcionar esta vez, pero quizá porque el primer objetivo de la corporación serían los comisionistas.

Quien sabe si al cartel del gas le espante ese petate del muerto.

Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.

Kenneth Devoe

[dvtnow]

Revelaciones de Lozoya también podrían implicar a grandes empresarios: LPO

De acuerdo con el medio, la política online (LPO), Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex funcionario del Pemex en el periodo de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, podría complicar la situación jurídica del empresario Tomás Zaragoza Fuentes, del Grupo Tomza, considerado el zar del Gas, quién presuntamente sería parte de lista de personajes, vinculados y beneficiados en la Reforma Energética.

De acuerdo con LPO, el argumento que estaría barajando Lozoya Austin para implicar al zar del Gas de Baja California, México serían los «descuentos» regalados de Pemex. Por otro lado la extradicción de Lozoya Austin desde España a México, ha causado un gran revuelo, en la clase política Nacional, entre gobernadores, exsenadores, y personas cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto. El impacto de la trama de corrupción, alcanzaría al zar del Gas Tomás Zaragoza Fuentes del Grupo Tomza, quién es uno de los que más se a beneficiado, con este cuestionado negociado. El Pemex y Comisión Reguladora de Energía, coincidieron en que la gran mayoría de distribuidoras de Gas LP, se beneficiaron con descuentos de parte de Pemex son del Grupo Tomza, otra empresa es Gas Express Nieto, de Sergio Nieto. Descuentos bastante regalados sin ningún criterio técnico. De acuerdo con LPO.

Asimismo, LPO señaló que el análisis político de funcionarios del primer nivel de la 4T, evaluaron que las declaraciones de Lozoya Austin, complicaría judicialmente a mas de una decena de exfuncionarios de el PRI y el PAN, los mismos que estrían negociando, como ampararse para evitar ser juzgados, aunque los peces gordos serían Tomas Zaragoza Fuentes, Grupo Tomza y su hermano Miguel Zaragoza Fuentes, Grupo Zeta Gas. Monopolizando la zona norte de México en los gobiernos de Peña Nieto y Calderón.

Grupo Zeta Gas del Pacífico, situado en Tijuana, tiene el monopolio del 60% de Gas LP en Baja California, en perjuicio de Pemex, las familias pagan uno de los precios mas altos de México, roban de 2 a 3 kilos por cilindro y del 10 al 15% de contenido de los tanques estacionarios en 20 millones de viviendas, comercios e industrias.

Eduardo Trellez ex director comercial de Pemex, hizo la «Operación Maestra» de dar en alquiler a Pemex 4 buques gaseros, que compro el Grupo Tomza por $400 millones de dólares us. ni bien entró en vigor la Reforma Energética, como premio lo contrato Grupo Tomza, de donde controla el monopolio de gas en México. De acuerdo con LPO.

El jefe de estado Andrés Manuel López Obrador, esta manejando la extradicción de Emilio Lozoya, según parece, para llegar al fondo del sistema de corrupción que existe por años en México y que ha impuesto sus intereses por el posicionamiento político y poder económico, como es el sector de hidrocarburos, lo cual podría abrir las puertas para revisar 110 contratos de venta o renta de la flota aérea, rentas de barcos, para importación de gas vía Pemex, destruyendo el 70 a 80% de distribución con sobre precios que hace el Grupo Tomza de venta de energéticos, en perjuicio directo de todo el pueblo de México. de acuerdo con LPO.

Kenneth Devoe

[dvtnow]

Magistrados recusados insisten en votar caso Gas Zeta

Dos Magistrados de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que fueron denunciados por el delito de prevaricato, junto con otros magistrados, ante la Fiscalía General de la República insisten en que votarán en el mismo caso donde se producen los hechos que se señalan como constitutivos del delito de prevaricato.

El caso tiene que ver con el sonado divorcio de los dueños de Gas Nacional Zeta, Miguel Zaragoza Fuentes y Evangelina López Guzmán, que ha tenido trascendencia nacional al controlar dicha empresa más del 60% de la distribución de Gas LP en el territorio nacional.

Los magistrados que han sido recusados, por segunda vez, son el presidente de la Sala Primera Luis Guillermo Rivas Loáciga y el magistrado propietario Román Solís Zelaya.

La disputa legal se encuentra en manos del Tribunal de Corte Plena, cuyo presidente definió una primera fecha de sesión únicamente para resolver sobre las recusaciones de dichos magistrados.

La recusación básicamente pretende que dichos magistrados no voten, ni integren el Tribunal de Corte Plena, pues eso podría atentar contra principios básicos no sólo de ética y trasparencia, sino que se estaría ante una flagrante violación al rigor de la Constitución Política y la Ley.

Desde el 27 de abril de este año, los dos magistrados recusados, en escritos idénticos, respondieron al emplazamiento que les hizo, en aquel entonces, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, sobre las recusaciones que existían en su contra, básicamente por haber sido denunciados por el delito de o prevaricato por hechos relacionados al caso del Divorcio de Gas Zeta, siendo que alegaron que debe rechazarse las recusaciones “por no haber causa que lo sustente”.

El Tribunal de la Corte Plena resolverá sobre dichas recusaciones en una sesión convocada para mañana 3 de octubre a las 2:30 pm. A dicha sesión están convocados los magistrados recusados, y forman parte del Tribunal que decidirá sobre su propia recusación.

El Lic. Carlos Quesada, uno de los abogados directores de los procesos en los que se recusó a los magistrados, consultado al respecto considera que: “nuestros alegatos se encuentran apegados al derecho de la Constitución, a la ley y a la más reciente jurisprudencia que respecto del tema de recusaciones ha producido la Sala Constitucional.”

Manifestó además “que a partir de resoluciones de la Sala Constitucional, tal como el Voto 1211-2016, las causales de recusación no son taxativas y bien pueden existir otras que no estén expresamente previstas y que el órgano jurisdiccional competente, en este caso el Tribunal de Corte Plena, está llamado a conocer y resolver, como las que oportunamente se plantearon para que proceda su declaración”.

El licenciado Quesada añadió que “confiamos en el buen criterio de las y los magistrados para la resolución de las recusaciones, tema para el que ha sido convocado el Tribunal de Corte Plena de forma expresa por el señor presidente del Tribunal”.

Se conoció que se convocó al Tribunal de Corte Plena para 2 fechas, los días 3 y 10 de octubre; “entiendo que ambas fechas lo son únicamente para conocer y resolver lo expresamente indicado en la convocatoria que se nos notificó; es decir las recusaciones de los señores magistrados”, señaló el abogado.

Kenneth Devoe

[dvtnow]

Exigimos a Solís que tome control de Gas Z para garantizar el gas y el empleo de los 275 despedidos

La disputa entre dos bandos empresariales por Gas Z ha generado desabasto y hoy termina en el despido de cientos de empleados. Exigimos a Solís que nacionalice Gas Z para revertir esto de inmediato.

Una disputa legal entre el apoderado de Gas Z Costa Rica, Miguel Zaragoza y su ex- esposa Evangelina López ha terminado en el despido de 275 trabajadores.

El divorcio entre ambos terminó con y la disputa en tribunales norteamericanos por el control de la empresa, se ha traducido en una disputa nacional entre la vieja gerencia de Noel Bustillos, ligada a Evangelina López y la nueva gerencia de Reinaldo Monge, ligada a Zaragoza.

Contradicciones legales del proceso, sumadas a la indecisión del gobierno y el MINAE para actuar en resguardo del abastecimiento del pueblo, han llevado a una paralización del abastecimiento y a que los trabajadores de la empresa sean víctimas de la incertidumbre y confusión generadas por las ‘versiones’ y la presión desde ambos bandos.

La nueva gerencia de Monge despidió a 275 trabajadores hoy por supuesto »abandono» de trabajo. Entre los despedidos se encuentran altos mandos ligados a la gerencia de Bustillos pero también operarios de planta que siguen a la antigua gerencia, que es la que conocen pues claramente buscan que se les garantice la permanencia en su empleo.

Desde el Partido de los Trabajadores nos solidarizamos con los trabajadores despedidos. Le exigimos al gobierno y a RECOPE que tomen cartas en el asunto para garantizar los empleos de todos los trabajadores de Gas Z y el abastecimiento de la población tomando control de las plantas paralizadas y restituyendo a los empleados despedidos.

Denunciamos que los trabajadores están atrapados en el fuego cruzado de dos empresarios que solo están velando por sus multimillonarias ganancias y que hoy simplemente están siendo víctimas del mismo al sufrir las represalias del bando ganador.

Ninguno de estos trabajadores despedidos es culpable de la parálisis del abastecimiento, ni de la confusión respecto a la propiedad legal de la empresa, se trata de un »pleito» entre empresarios del cual los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad.

Las miles de familias trabajadoras afectadas por el desabasto en los días pasados han sido también víctimas de este pleito.

Los gobiernos del PLUSC y hoy el de Solís son también responsables de estos despidos y del desabasto que se generó por sostener una entrega de tan vital servicio público a un monopolio privado como Gas Z que controla el 72% de la distribución. Son ellos los que permiten que una empresa como Gas Z, que también ha sido negligente con las medidas de seguridad de los cilindros en el pasado, controle esta fuente de energía.

Desde el Partido de los Trabajadores le exigimos a Solís y a RECOPE que tomen el control de las plantas de Gas Z en el Coyol de Alajuela y la Lima de Cartago para garantizar el abastecimiento sostenido del gas y restituir a los obreros despedidos. La nacionalización de la distribución del gas es la única forma de garantizar una provisión segura, sostenida y al alcance de todo el pueblo trabajador.

A los trabajadores de Gas Z les ofrecemos toda nuestra solidaridad en su lucha por la defensa de sus empleos. Muy fraternalmente queremos advertirles que ninguno de los dos bandos gerenciales está velando realmente por sus intereses. Solo su propia organización y la solidaridad del resto de los trabajadores pueden poner el empleo y el abastecimiento del gas al pueblo como primera prioridad en este conflicto.

Llamamos al Frente Amplio y la dirigencia de SITRAPEQUIA y demás sindicatos a unirse en estea exigencia al gobierno y prestar su solidaridad a los trabajadores y familias afectadas.

Kenneth Devoe

[dvtnow]

Couple’s Divorce Battle Affects Costa Rica’s Natural Gas Supply

A divorce between Miguel Zaragoza and Evangelina López, owners of Gas Zeta, taking place in Tevas, has led to the legal drama playing out in Costa Rica, affecting the largest supplier of natural gas in the country.

The legal battle of fighting over control of the individual facilities in their divorce and not a shortage has affected Zeta , with 72% of the market, interrupting their operation and continued flow of supply for the last 13 days. The situation also led to the temporary layoff of employees.

The Zeta Gas Company (which also operates Tropigas) operates a total of five facilities in the country, in La Lima (Cartago), El Coyol (Alajuela), Guápiles (Limon), Limón (Limon) and Bagaces (Guancaste).

On Monday the Administrative Court ordered the company to start the gas flowing again, following government action to avoid a shortage in the distribution that would leave industry, businesses, schools, prisons and thousands of homes and small restaurants without fuel for their stoves.

Many businesses became concerned last we as supply started to run low. Luis Oreamuno, manager of Soda Tapia in La Sabana, told La Nacion, “it would have meant big losses if the lack of gas had forced us to close.”

Last night, in a statement to the press, Casa Presidencial (government) the Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), has sufficient supply of gas and in a contingency the government would allow a third company to supply gas.

Kenneth Devoe