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¿Cambiar de nombre al PRI?

Mtro. Abel Palomera Meza, Director de Capp Consultores.

En las elecciones de julio de 2018, el tsunami Morena puso a temblar hasta los huesos, a los que apenas un mes atrás conocíamos como partidos mayoritarios. En los corredores partidistas, militantes y dirigencias del PRI y el PAN, por igual, buscan más que razones, excusas y culpas, para atemperar el aluvión electoral que les pasó por encima y, de un solo manotazo, les dejó desnudos de estructura partidista, voto duro y su siempre poética idea de invencibilidad.

Las voces aventuradas claman por renovación, reforma, refundación, revolución y muchos “re” cuyo origen está más cercano a gritar décadas del antidemocrático silencio intra partidista, y francamente muy alejado del examen concienzudo y del análisis profundo de causas, síntomas y efectos. De entre ellos, el renombrar a su partido o, mejor dicho, el cambiarle de nombre, es el “re” más socorrido por los partidarios rojos.

A tal grado ha llegado esta primera reacción a la debacle electoral de 2018, que la dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, ha dicho que una de las alternativas disponibles para la refundación del PRI, es cambiarle de nombre y hasta de siglas, lo que encendió el debate público priista, pero también el que se da detrás del telón, a puerta cerrada y entre quienes tienen el poder de decidir qué sigue para el otrora partido dominante de México.

¿Qué significa cambiar de nombre al partido más conocido del país, que es también el más arraigado culturalmente y que hasta los colores de la bandera tiene como monopolio? ¿Realmente el cambio de nombre le dará más votos, le acercará más a la gente, le otorgará mayor credibilidad, le hará ganar las próximas elecciones? ¿Y qué pasa con sus estigmas y cicatrices, un nuevo nombre se los quitará? ¿Y los “priistas de hueso colorado” seguirán al nuevo PRI y a los nuevos priistas?

Estas preguntas tienen que responderse, pero no desde la irreflexión. ¿Con qué se quedaría un inversor si el PRI fuese una empresa y se pusiera a la venta después de una mala racha en sus resultados financieros, aunque toda su historia anterior es de triunfos? Ciertamente no serían sus edificios, ni sus vehículos, mucho menos sus archivos. Lo que verdaderamente da valor a una empresa y, en el ámbito político, a un partido, es la marca, con su nombre y su imagen, con su historia y su impacto, con su capacidad de crear atracción, de generar emociones, de formar fidelidad y hasta fe ciega.

Una marca política sirve como garantía para los electores, tanto por lo que representa en beneficios y soluciones, como por el sistema de creencias que propone y defiende, al mismo tiempo que es una forma de diferenciación. Sin duda, en estos momentos de crisis electoral, el PRI está obligado a realizar un profundo proceso de análisis, no de los factores que le hicieron perder, pero sí de las razones por las que la gente le ha dejado de preferir después de haber votado y confiado fielmente en él durante años.

La reflexión que este partido y otros necesitan, no es en términos de destruir su marca política. Ese sería un destino de corto plazo peligroso para institutos políticos muy bien asentados en el imaginario político y social de México. Tampoco requieren, desde el punto de vista de este analista, que sean sus militantes quienes marquen la pauta futura, pues seguramente, aunque en diferente envase, el producto seguiría siendo el mismo. Hay que entender que lo que cambió es el mercado electoral, que pide productos distintos, elaborados con una mentalidad también diferente.

En adición, el análisis tendría que apuntar hacia un reposicionamiento de la marca, el cual tendrá que estar definido a partir de escuchar y conocer mejor a los consumidores -electores-, así como a sus nuevas necesidades y preferencias. Los partidos tienen que posicionarse donde los electores quieren que estén. Las nuevas coordenadas marcan dejar la simulación, combatir verdaderamente la corrupción, austeridad, transparencia, congruencia, igualdad en el acceso a beneficios de gobierno y cercanía, mucha cercanía con la gente. Entonces, ¿cambiar?, sí, ¿de nombre?, eso está para pensarse.

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6 Puntos Clave de la Ley de Movilidad

Colima ha experimentado en los últimos tiempos transformaciones importantes en el funcionamiento de su gobierno y en las reglas que rigen el comportamiento social. En estos cambios la aprobación que el pasado 27 de enero el Congreso del Estado hizo de la Ley de Movilidad, es un hecho significativo. Nuestra entidad era una de las pocas rezagadas en la materia, con una Ley de Transporte cuyo contenido era ya inaplicable para la nueva realidad social.  

Lejos de las especulaciones y del jaloneo político estéril que se experimentó en el antes y el después de esta nueva Ley de Movilidad, un mejor entendimiento de sus 404 artículos y de las implicaciones que éstos traen, es una necesidad social y técnica. Por eso la tarea de identificar 6 puntos clave de esta norma que dieran mejor luz sobre qué contiene y por qué es importante:

1.    Prioridad para moverse. Se establece la obligación de las autoridades de crear las condiciones para que los colimenses elijan libremente cómo moverse dentro del territorio. Tienen preeminencia, en orden de prelación, peatones, ciclistas, usuarios del transporte de pasajeros, prestadores de este servicio, transportistas de carga, y conductores de automotores particulares. Además, se adiciona la prioridad de personas con discapacidad y de estudiantes, como grupos que requieren atención especial en los espacios públicos. Es un acierto en el que no se busca un tratamiento distinto entre colimenses, sino dar orden y tener claras las preferencias de movilidad.

2.    Ley amplia. La de Movilidad es, sin duda, una de las leyes más extensas del marco jurídico del estado de Colima. Con más de 400 numerales, no sólo supera a casi todas las normas colimenses, sino también a sus homólogas de otros estados. Los efectos de esto quedan a la interpretación, pero recordemos que más no significa mejor.

3.    Excesiva carga regulatoria y económica. Aunque el Poder Legislativo de Colima, que dio origen a esta Ley, cuenta en su diseño institucional con una Comisión Especial de Mejora Regulatoria, cuyo propósito es realizar un análisis sobre el costo-beneficio de las iniciativas, la de Movilidad no fue puesta a escrutinio de los integrantes de esta Comisión, y ellos no emitieron opinión alguna sobre su pertinencia.

Sin embargo, las diversas cargas regulatorias y económicas que se advierten en su contenido, en el sentido técnico, hacen necesario verificar que los beneficios de esta nueva Ley sean superiores a sus costos, para que la entrada en vigor de la legislación no signifique disminuir el nivel de vida de los colimenses. Enseguida se presenta dos de las nuevas obligaciones:

·      Obligatoriedad de la revisión física, mecánica, eléctrica y de emisión de humos contaminantes de todos los vehículos, en periodos anual o semestral (artículos 143 y 145).

·      Exigencia sin excepción de que todos los vehículos tengan un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros (artículo 152).

4.    Atenta contra la libre competencia. A ningún otro tipo de servicio de transporte para pasajeros señalado en la Ley de Movilidad se le imponen tantas exigencias y requisitos para funcionar, como a los llamados vehículos de transporte por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, cuyos ejemplos son Chofer PRO, City Drive, Uber, entre otros. Además de que se les pide vehículos iguales o superiores al “taxi ejecutivo público”, se especifica que deben tener frenos ABS, bolsas de aire, control eléctrico de estabilidad, aire acondicionado y elevadores eléctricos. Aunado a esto, se les impone prohibiciones a sus dueños o poseedores: recibir pagos en efectivo o mediante tarjetas de prepago, subarrendar los vehículos, y hacer base o sitio. También, se les forza al pago de un impuesto del 1.5% por cada viaje que realicen, se les señala medidas de aseguramiento cautelar de sus vehículos y documentos de circulación, así como una cuota de participación máxima de 4% respecto del total del parque vehicular del servicio de transporte público individual motorizado, con lo que se controla de manera artificial la oferta del servicio.

5.    Otorga poderes a particulares a costa del interés público. En tres temas la Ley de Movilidad conserva el secuestro de la cosa pública para favorecer con poder de decisión, gestión y económico a particulares. El primero se relaciona con los corralones o depósitos vehiculares, que por décadas han establecido de manera discrecional su funcionamiento y tarifas, a costa del patrimonio económico y vehicular de los colimenses. Este aspecto permanece inalterado, aun cuando ha sido de los más cuestionados y exigidos para transformarse, por la sociedad colimense. El segundo es el referido al método para otorgar concesiones de taxis y otros transportes, pues, aunque puede ser por convocatoria, el Gobernador permanece con la facultad de otorgarlas de manera unilateral, es decir, por opinión personal. El tercer tema en el que la Ley otorga poder a particulares, es el de la Federación de Estudiantes Colimenses, organización de naturaleza privada a la que se dan las siguientes prerrogativas: participación en las decisiones de la Comisión Mixta de Tarifas (única instancia que establece las tarifas del transporte) y preeminencia en la aplicación del descuento a estudiantes en el transporte público, al utilizar la Ley el acuerdo del 31 de octubre de 2012 entre concesionarios, el Poder Ejecutivo y la Federación de Estudiantes Colimenses.

6.    Falta por hacer. Una de las principales deficiencias de la antecesora Ley de Transporte era su nula aplicabilidad. Esto tenía origen en la inexistencia de reglamentos, lineamientos y herramientas administrativas, que regularan aspectos específicos de la ley. Tiene una ardua tarea la Secretaría de Movilidad para transitar de una legislación en papel hacia la plena implementación y aplicación de este ordenamiento, del cual están pendientes regulaciones secundarias e instrumentos administrativos, tales como el Reglamento de la Ley, el Plan Estatal de Movilidad, el Reglamento del Consejo Estatal de Movilidad, Reglas de Operación para empresas de gestión de transporte mediante aplicaciones tecnológicas, el Manual de Diseño Vial, etcétera. La responsabilidad originaria de cumplir y hacer cumplir la Ley de Movilidad recae en la Secretaría del mismo nombre, a la que se deberá castigar sin vacilo legal, en caso de evitar su aplicación por omisión o dolo.

Al igual que con cualquier regulación, la prueba de fuego de la Ley de Movilidad está en su implementación, y en que legisladores, ejecutores y gobernados sean capaces de identificar y llevar a cabo, en tiempo oportuno, los ajustes que la perfeccionen. Los 6 puntos clave que se presentan son resultado de un análisis riguroso de la nueva norma, a los que se propone poner especial atención, pues algunos representan un riesgo y otros hacen posible transitar más suavemente de ser un documento sin vida, hacia la aplicabilidad plena.

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Crisis de derechos humanos

Con una población mayor a 700 mil personas, con la tasa de homicidios más alta del país, y con una policía estatal que expone irregularidades en sus condiciones de trabajo, Colima podría estar experimentando una grave, aunque invisible, crisis de derechos humanos.

Y es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC), la única institución dedicada a proteger la dignidad humana de la gente de Colima, es débil y vulnerable. Con apenas una veintena de personas como equipo de trabajo, y la mitad de ellos en actividades administrativas, se ve diariamente sobrepasada por la alta demanda de protección a las garantías individuales.

La CDHEC, aunque órgano constitucional autónomo de gran relevancia en el papel, carece de importancia pública en la práctica. Es una de las cinco instituciones con menor presupuesto, con capacidad de brindar servicio sólo en la capital de la entidad, y deficiente estructural para tutelar los derechos en cárceles, durante el ejercicio de la función policial y en prisiones preventivas, todos ellos considerados focos rojos.

En un claro reconocimiento de su precaria situación, la CDHEC ha buscado, sin éxito, fortalecerse a través de diferentes medios. Documentó la necesidad de contar con 15.2 millones de pesos al año, monto que reflejaría un funcionamiento óptimo. También propuso crear Oficinas Regionales en Tecomán y Manzanillo, cuya finalidad sería acercar sus servicios a más de la mitad de la población que actualmente no los recibe.

Por el contrario de lo que la sociedad peticiona, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, rechazaron, sin argumentos, ambas solicitudes a finales del 2016. Ignoran que hay más hechos violatorios como nunca en la historia, que el 50% de los que se denuncian no son resueltos, y que una gran cantidad no son denunciados ante la falta de esperanza en su atención.

Así, Colima vive un panorama de crisis en materia de derechos humanos. Hasta finales del año 2015 permanecían pendientes de resolver 1,061 quejas por transgresiones, con un crecimiento promedio de 25% por anualidad. En ellas fueron señaladas 149 diferentes autoridades por motivos como dilación en procuración de justicia, detención ilegal, abuso de autoridad, hostigamiento laboral, negligencia médica, entre otros.

Esto en un escenario en el que la CDHEC apenas tiene capacidad para emitir poco más de 1 recomendación por mes, lo que implica que el rezago está lejano a acabar. En una valoración de nuestra institución garante de los derechos humanos, se le puede calificar en terapia intensiva, sin posibilidad de mejora en el corto plazo; desatendida, relegada, sin importancia, y lo que de verdad le duele, sin presupuesto.

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La izquierda colimense en crisis

Hoy la izquierda partidista está débil en Colima. El PRD está en cenizas, a la espera de revivir aunque sin las condiciones para ello, con una Delegada que no construye institución, sino proyecto personal. Morena enfrenta un proceso de institucionalización difícil e interminable, que nace con luchas intestinas y se auto flagela con métodos probadamente autodestructivos, como el crear conflicto con otras fuerzas y el reaccionar con el estómago. El PT sobrevivió a una elección que casi lo deja fuera, por lo que resiste mediante el método natural de aliarse con los fuertes, hasta encontrar energías propias. La otrora izquierda que funcionaba como muro anti choques, que se enfrentaba al gobierno, que desenmascaraba arreglos políticos obscuros, que transparentaba lo que intencionalmente se guardaba en las tinieblas, la izquierda imponente, rebelde, fuerte, es hoy sólo un puñado de ladrillos desacomodados a la espera de retomar fuerzas, y de que alguien(es) una(n) las piezas. Gran vacío ha creado la izquierda con su ausencia, importante la oportunidad para quienes la deseen recuperar.

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Colima, de la división de poderes a la concentración de poder

En la cultura del mexicano está el debilitar los cuerpos colegiados y fortalecer las figuras unipersonales, rendir culto al individuo al otorgarle más poder del que ya tenía. Así tuvimos durante décadas en nuestro país un presidencialismo exhacerbado que nos dañó al concentrar demasiado poder, más del que era posible manejar; y así tenemos en Colima hoy un gobernadorismo que casi todo lo controla, y cuya mira está puesta en restar fuerza y quitar peso a un parlamento ya pasivo y neutralizado. Todo eso con la excesiva tolerancia de la ciudadanía que no termina por entender cómo funciona su sistema de gobierno, ni las implicaciones de las manipulaciones de que son objeto las instituciones por el juego político.

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¿Por qué Colima no es seguro?

Desde hace algunos años la inseguridad, la delincuencia y la violencia se han instalado en Colima. En 2012 los indicadores alcanzaron un nivel histórico, lo que causó alarma en la vida cotidiana colimota. Hasta los primeros ochos meses del año 2016, los mismos indicadores tienen un comportamiento que rebasa ese y cualquier otro precedente. El delito de asesinato (homicidio intencional) ha sido aplicado en 386 ocasiones en tan sólo 8 meses, un número jamás experimentado con anterioridad.

Prevalece una sensación de temor e intranquilidad en la gente, aunque no de pánico. El tejido social colimense hilado durante décadas, ha servido de escudo a la zozobra cotidiana que en otras latitudes del país ya impacta en la psique colectiva. La ENVIPE 2015 reporta que la inseguridad es la preocupación número uno para la población de Colima y que 56.5% de la población se siente insegura, nivel que crece a 62.4% si se pregunta sólo a las mujeres.

La reacción institucional a esta nueva realidad ha caído durante años en el ámbito de lo genérico y lo inercial. De un periodo de gobierno a otro, la estrategia y el enfoque han sido muy parecidos, tanto, que quienes están del lado del crimen han podido fortalecerse, crecer e idear nuevas formas para romper la ley. Esto sustenta una hipótesis pendiente de comprobar, donde la acción insustancial de la autoridad es la causante del incremento de la delincuencia y la violencia en esta entidad.

La autoridad reitera, en cada cambio de administración, un círculo de omisiones estructurales. Le falta conocimiento para manejar este tipo de problemas, el nivel más alto responde lenta y desorientadamente, el trabajo policial está dos o tres pasos detrás de la inteligencia criminal, predomina entre los decisores una psicología de indiferencia e indolencia ante la desprotección ciudadana, y nunca se ha logrado un indispensable frente común de poderes públicos, instituciones y fuerzas políticas para combatir estos malestares.

Además de la omisión, las respuestas que sí se han dado, resultan ineficaces y efímeras. Persiste la debilidad orgánica del poder judicial, la falta de ofensiva contra la impunidad, la suavidad en la aplicación del marco jurídico, un enfoque erróneo de más equipamiento y recursos financieros, y la negación sistemática de la magnitud real en cada problema. De forma esencial, las acciones para desafiar la inseguridad, la delincuencia y la violencia han carecido de un sistema paramétrico periódico y evaluaciones científicas a las políticas públicas implementadas.

La entidad requiere de la autoridad soluciones distintas, una nueva estrategia, pero, sobre todo, actitudes y una psicología, diferentes. Si se cambia de paradigma, si se trabaja de la mano con la gente, si se une al sistema gubernamental y político, y si se ejecutan tácticas probadamente exitosas, se avanzará en la seguridad de Colima. En esto debe prevalecer un enfoque de resultados, en el que se busque primordialmente disminuir el índice delictivo y mejorar la percepción de seguridad.

Estos cambios se pueden materializar en las siguientes propuestas concretas:

1) Mano dura en la aplicación del marco jurídico y fomento a la cultura de la legalidad. Una ley, para su cumplimiento, debe aplicarse con mano firme.

2) Determinación y obsesión por lograr seguridad. Si la inseguridad es la principal preocupación de los colimenses, debe tener atención prioritaria y decisiva por parte de la autoridad.

3) Liderazgo público, frente común y trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía. La unidad es una aliada poderosa en todos los campos, en materia de seguridad es condición básica.

4) Conocimiento científico y enfoque estratégico en las políticas de seguridad. Tras una identificación y diagnóstico preciso, se deben aplicar soluciones diseñadas a problemas puntuales.

5) Plantearse como propósito reducir inmediatamente los delitos de alto impacto: asesinatos y robos a casa habitación, así como definir una estrategia clara para disminuir la percepción de inseguridad.

6) Generar soluciones de seguridad eficaces y duraderas, que al mismo tiempo que sean efectivas y reales, sean estructurales.