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minutario · 7 years ago

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“El federalismo obliga a una mayor solidaridad y a más sinceridad en el cumplimiento de las obligaciones”

(versión extendida de la entrevista en Heraldo con Joan Botella, catedrático de Ciencia Política y presidente de Federalistes d’Esquerres)

Al hablar de federalismo, gran parte de la opinión pública lo asimila a desintegración.

Esa esa la visión antigua: la palabra ha adquirido mala fama.

Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de federalismo?

Es evidente que en España tenemos un problema muy grave con nuestra estructura territorial. No solamente por el drama catalán, sino también por ejemplo por las acusaciones de la Junta de Andalucía al Gobierno de Madrid de ‘dumping’ fiscal, las polémicas entre el País Vasco y las comunidades vecinas por el traslado de industrias o la mala práctica de los gobiernos centrales sin mayoría que buscan el apoyo de grupos territoriales minoritarios cambio de contrapartidas injustas para el resto. Son soluciones particularistas basadas en egoísmos, no en el interés general. Federalismo consiste básicamente en que cada uno es dueño de su casa y los asuntos comunes los resolvemos entre todos; una comunidad de vecinos es lo más parecido a un esquema federal. Lo que hacemos hoy en España es justamente lo inverso: una lógica de agravio comparativo y de aprovechamiento ventajista de posiciones.

(foto: Guillermo Mestre/Heraldo)

El sistema de financiación autonómica se plantea como un juego de suma cero, cuando no debería ser así.

Claro, no debería. En lógica federal, cada uno se hace responsable de conseguir los medios para financiar sus competencias, y el conjunto -la federación, España- es responsable de financiar aquello que gestiona para el conjunto. Luego hace falta mecanismos de corrección de desequilibrios, de garantía de que los derechos de los ciudadanos se hacen efectivos, etc. Eso nuevamente aquí en España lo pensamos como una responsabilidad del Gobierno central. En Alemania, el caso más claro, las medidas de solidaridad se acuerdan solamente entre los representantes de los territorios; el Gobierno central no entra en estas discusiones. Tienen un Senado de verdad. Obliga a una mayor responsabilidad y solidaridad, y a una mayor sinceridad en el cumplimiento de las obligaciones.

¿Acaba el federalismo en el PSOE? ¿Perjudica que esté tan ligado a este partido?

No acaba en el PSOE, gracias a Dios. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Cuando un partido se adueña de una palabra los demás la rehúyen; así, ahora otros partidos hacen equilibrios para evitar mencionar el federalismo. Podemos habla de plurinacionalidad; Izquierda Unida, de confederación. Incluso en otra época Ciudadanos hablaba de una reformulación federal de la estructura en España.

Entonces, ¿por qué en Cataluña la organización es Federalistas de Izquierdas? Si el federalismo es la meta, ¿no es mejor evitar las etiquetas?

Es una pregunta que nos hacen muchas veces, y se explica por razones históricas. Nosotros empezamos en 2012; en aquel momento, buena parte de las izquierdas en Cataluña estaban seducidas por el mensaje nacionalista: derecho a decidir, pacto fiscal, etc. Que todo esto son subterfugios para evitar un planteamiento igualitario y solidario. En ese sentido, nos designamos federalistas de izquierdas no para diferenciarnos de los de derechas, sino para decirle a las izquierdas: debéis ser federalistas, no podéis ser otra cosa. Ni nacionalistas ni localistas; hay que abrirse solidariamente al resto de pueblos.

Hace poco se inauguró en Aragón la Asociación de Federalistas. ¿Están encontrando eco en otras comunidades?

Bueno, se han creado en Aragón y Andalucía y se están preparando en Cantabria y Valencia, y hay contactos en el País Vasco, Castilla y León y Madrid. Y estamos a punto de dar el paso de fundar una asociación española que reúna a estas organizaciones territoriales; si todo va bien, a mediados de mes -esto es una primicia- se presentará la Asociación por una España Federal.

En una época marcada por el efectismo, el Tramabús y el trumpismo, ¿cómo hacer para que cale una idea tan compleja?

Es un poco más difícil, sí. Porque los nacionalistas proponen soluciones simplistas, desde Trump a los italianos. Pero justamente los problemas globales que tenemos son cada vez más globales y hacen imposibles soluciones particulares. La contaminación atmosférica, la globalización de los mercados, las amenazas militares o la guerra comercial es obvio que no se pueden abordar ni a nivel de comunidad autónoma ni a nivel de Estado, y hace falta una amplísima cooperación para hacer frente a eso. Lo que ocurre es que el reflejo del miedo, de encerrarse en casa, de levantar las paredes más altas, es un reflejo muy fuerte, muy intenso. Pero a la que se vea que es inútil, y no vamos a tardar mucho, yo creo que lo que se va a plantear es lo inverso: más cooperación.

Otra traba para el federalismo es que se percibe como elitista, que no afecta a las capas bajas.

Tal vez porque no peleamos lo suficiente. Nuestra gente son básicamente de la universidad y sindicalistas. Además, no pensamos en el federalismo como un mecanismo técnico de las instituciones, sino como un instrumento para borrar los problemas sociales. Por ejemplo, hoy empezamos a ver que nuestra Seguridad Social sufre un problema de futuro gravísimo, porque el pacto de solidaridad entre generaciones no está redactado. El federalismo es esto: pactos de solidaridad entre gente diversa. De tal manera que creemos que no es solo un remedio tecnocrático para cuestiones territoriales. No, no. Es la actitud para resolver los problemas sociales. Pero esto cuesta. Los millones de ciudadanos que han salido a las calles para protestar por las pensiones o las ciudadanas que salieron a la calle el 8-M muestran que hay una exigencia social de mayor solidaridad y colaboración. Solo les falta saber que lo que buscan es el federalismo (se ríe).

¿En qué medida la reforma del Senado es clave?

Es clave en un sentido, aunque no es ‘la’ clave. Hay una situación paradójica: los partidos nacionalistas o regionalistas están más presentes en el Congreso que en el Senado. ¡Esto es un disparate! El Senado tiene que ser la cámara territorial. Y no lo es porque representa a las provincias, y no a las comunidades autónomas. Además, la Cámara alta no tiene la última palabra en las decisiones presupuestarias que afectan a las comunidades. El Senado debe ser el lugar donde los miembros del club se reúnen para resolver sus problemas. Andalucía y Madrid disputan hoy a distancia mediante declaraciones en ruedas de prensa, cuando lo que deben hacer es discutir en torno a una mesa, con lápiz y papel.

¿Cómo puede un eventual sistema federal ayudar a luchar contra el lío catalán?

Buena pregunta. En parte, un sistema federal se basa en la confianza recíproca entre los territorios mismos y entre ellos y el todo, España. ¿Por qué fracasó la posible cooperación entre Aragón y Cataluña para gestionar las obras de Sijena? Por desconfianza.

Se dejó en manos de los jueces.

Incluso para divorciarse es mejor hacerlo de mutuo acuerdo antes que ir a los juzgados. En Cataluña ha habido siempre un componente de independentismo, que era del 10% o el 15% de la población. Se basaba en un argumento que utilizaba Pujol: “Yo soy independentista, pero sé que es imposible y por tanto no insisto”. De repente, alguien dijo que sí era posible, que era viable, fácil y gratuito, sin costes. Y la gente se apuntó, con una percepción errónea. En segundo lugar, si hubiese unas ofertas claras del Gobierno central en clave de reconocimiento de derechos culturales, de clarificación de financiación y de inversiones públicas, el independentismo se vería reducido a lo que eran sus términos tradicionales. Lo peor que ocurre ahora es que la inflamación nacionalista está eliminando del paisaje político las opciones partidarias del diálogo y el acuerdo.

El mismo Iceta consiguió un resultado…

... muy modesto. La oleada de populismo ha dado más presencia a las plataformas que a los propios partidos. Lo cual es una mala noticia, porque los partidos son los que canalizan y hacen funcionar la maquinaria. En ese sentido, yo creo que el conflicto está lejos de resolverse. Los independentistas promueven su intensificación.

¿Ayudaría un reequilibrio del cupo vasco y navarro?

Lo del cupo vasco y navarro es clamoroso. Son de los territorios más ricos y prácticamente no contribuyen al mecanismo de solidaridad. En algún año, incluso el cupo ha tenido valor negativo; es decir, que Madrid ha tenido que pagar al País Vasco por su pertenencia a España. Lo cual es una demostración de que necesitamos mecanismos claros, acordados y revisables para la distribución de la financiación. Yo creo que en Cataluña todo el mundo reconoce que cuando eres más rico que el promedio debes aportar más de lo que recibes. Pero eso también se puede negociar, cifrar y revisar cada cinco años. Aquí tenemos la impresión de que una vez que apruebas una ley ya es para siempre, y no.

A finales de marzo Cataluña sigue intervenida y sin presidente. ¿Qué salida ve?

No sé si expreso una posibilidad o un deseo… Es necesario que se produzca una ruptura de la unidad política en el movimiento soberanista. En Escocia o Québec hay un solo partido independentista, mientras que en Cataluña hay cuatro. Y el primero que dé el paso hacia la moderación será tachado de traidor. La lógica lleva a la radicalización. Pero, por ejemplo, las actitudes de ERC están siendo mucho más prudentes que las de Puigdemont.

¿La esperanza es pues otras elecciones en las que Esquerra quede sobre JxCat?

No: que el grupo de Puigdemont se rompa. Porque se acercan municipales, y con planteamientos aventuristas no van a ganar. La clave es la reformulación del sistema de partidos en Cataluña. Incluso la aparición de Podemos ha cultivado desde hace meses una ambigüedad en torno a la postura rupturista en la que no puede vivir; Podemos ganó las elecciones generales en Cataluña y luego ha perdido dos terceras partes de sus votos; alguien debería sacar conclusiones lógicas de esto.

#federalismo #joan botella #política #cataluña

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minutario · 8 years ago

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Javier Moreno: “Rebajar impuestos es lo último en lo que deberíamos pensar”

(Recupero de forma puntual el Minutario para ampliar la entrevista que apareció días atrás al investigador del CIS Javier Moreno Fuentes en Heraldo)

¿Cuál es el estado del estado del bienestar en España?

Debilitado... y desenfocado. Sigue protegiendo, y a algunos colectivos muy bien, como los mayores o el grueso de la población en términos de sanidad, pero luego hay otros colectivos muy mal cubiertos, como los desempleados de larga duración o los jóvenes y niños; los primeros porque tienen muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral y los segundos porque crecen en entornos de pobreza severa. El estado del bienestar no hace lo suficiente para reducir esas dificultades.

Se suele destacar el papel protector de la familia en España. Pero eso también tiene otras consecuencias: el Estado delega parte de sus responsabilidades.

Esa es una de las características del sistema de bienestar español: un carácter muy familista. El problema es que sobre la familia se ponen demasiadas cargas, que a veces no puede llegar a atender. Además, la familia ya no es lo que era, ni por su estructura, solidez y capacidad de responder a los retos, ni en su propia composición. La ley de dependencia fue un intento de responder a una realidad: la familia ya no puede proteger del mismo modo a los dependientes. Pero llegó la crisis y la ley quedó debilitada.

¿No hemos adaptado a la incorporación de la mujer al mercado laboral de las últimas décadas?

No. De nuevo, la realidad social ha cambiado mucho y el Estado no se ha adaptado a ello. Se hicieron algunas políticas durante la época de Zapatero para impulsar la natalidad, como el plan Educa 3, pero de nuevo se congeló con la crisis. Los gobernantes deben darse cuenta de que tenemos un problema demográfico muy gordo.

¿Cómo afectaría extender los permisos de paternidad?

Es muy importante en términos de facilitar a las familias la posibilidad de diseñar estrategias para responder a esa necesidad de conciliar, y también permitirá avanzar en la igualdad de género. Lo cual es relevante, porque seguimos siendo una sociedad en la que hombres y mujeres no se implican por igual en las tareas domésticas. Pero son políticas de coste cero, prácticamente; es necesario que se acompañe de otras iniciativas de gasto, de apoyo a las familias con hijos.

¿Qué medida ve prioritaria?

Lo más urgente es garantizar unos ingresos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente con niños. Algo que fortalezca las políticas que existen, muy parciales y segmentadas, como las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas.

En Europa ya hay iniciativas de ese tipo.

La mayor parte de países europeos ya tienen un programa que podríamos llamar de mínimos. En España es muy pequeño e incompleto; necesitamos desplegar una malla mínima de seguridad que garantice unos ingresos. No se trata de nada que desincentive a las personas a trabajar, sino de que las saque de debajo del umbral de una vida digna, y que saque a sus hijos de la pobreza extrema. Algo que tendrá costes futuros para la sociedad, en forma de fracaso escolar, dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, delincuencia… La Unión Europea lo tiene claro: lo llama políticas de inversión social. En España, el Estado del bienestar tiene que reorientarse, que recalibrarse.

Con un gasto social muy por debajo de la media europea, ¿le parece adecuada la bajada del IRPF?

Cualquiera que enfoque el asunto de la política fiscal en España tiene que asumir que no se puede bajar impuestos; entre otras razones, porque ya los tenemos varios puntos por debajo de la media de la UE. Pero, sobre todo, si lo que se pretende es ser una economía más competitiva, en estos momentos hay que invertir, y es el Estado el que en buena medida debe hacerlo. No es el consumo el que va a permitir que seamos una economía más competitiva en el futuro, sino la inversión; en investigación, en garantizar la cohesión social, etc. La gente es perfectamente capaz de entenderlo: los impuestos son lo que permite hacer funcionar la máquina del Estado, que es lo que intenta lograr el bien común y el desarrollo en aquellas inversiones que nos harán más competitivos. La rebaja de impuestos es lo último en lo que deberíamos pensar; antes debería estar la lucha contra el fraude, la eliminación de los agujeros fiscales, la mejora del impuesto de sociedades y de la recaudación por IVA, etc.

“Desde 2008 la desigualdad en España ha estado creciendo a un ritmo nunca visto en Europa desde la era Thatcher”, ha dicho.

En España, el mercado ha estado generando desigualdad a mucha más velocidad que en otros países, y eso tiene que ver con el desempleo, con la baja calidad del empleo que se ha creado y con la débil capacidad del estado del bienestar para reducir esas desigualdades. Nuestro sistema es de los menos redistributivos que existen; tiene un componente muy fuerte de seguridad social, de aseguramiento social, y esto significa que damos a la gente una prestación en función de lo que han contribuido. El Estado interviene muy poco para proteger a los grupos más vulnerables, lo que nos coloca en una de las situaciones más extremas dentro de los países de la OCDE. Habría que reequilibrarlo.

Hay una teoría recurrente: que para que sea el Estado el que gestione el dinero, mejor que lo hagan los propios particulares.

Es el discurso clásico neoliberal. Los datos no lo avalan en absoluto; lo que está detrás de esto es la lógica de que el dinero, cuando lo usan los particulares, va descendiendo por capilaridad al resto de la sociedad y esto dinamiza la economía. Pero eso no es verdad. Por sí solo, el mercado no genera un sistema eficiente; prima el cortoplacismo y los intereses individuales. Debe haber un equilibrio, y deberíamos converger con los países a los que deseamos parecernos. Esa es la clave.

De todos modos, ese argumento nunca ha dejado de tener presencia.

En los primeros años de la crisis, Sarkozy dijo aquello de “refundar el capitalismo”, y se quedó en nada. Los intentos de regular el sistema bancario que impulsó Obama en Estados Unidos los está desmontando Trump. El discurso neoliberal no ha desaparecido nunca, pero incluso grandes instituciones como la Unión Europea son conscientes de que hay que volver a un modelo neokeynesiano, en el que el Estado tenga un papel central en garantizar la inversión para el futuro y una mínima cohesión social que permita que nuestras sociedades nos provean de los servicios públicos que tanto valoramos. Porque luego, a los ciudadanos les preguntas hasta qué punto quieren sanidad o educación públicas y mayoritariamente dicen sí, porque hay unos servicios de gran calidad a un coste muy razonable. Cuando observamos aquellos países que han privatizado los sistemas de bienes públicos, vemos que son sistemas desiguales, el doble de caros y que encima no resultan eficientes.

¿Cómo ve el modelo público-privado de la sanidad en Cataluña?

Ahí se ha implantado un sistema de provisión privada, pero la regulación y la financiación siempre ha sido pública. Ese es otro debate; no tanto cómo se financian o se regulan los bienes públicos a quién provee esos servicios. Efectivamente, determinadas formas de colaboración público-privada pueden ser eficientes para mejorar el coste-efectividad de los bienes.

¿Cuáles son las claves para que suceda?

Por una parte, que el Estado sea un actor fuerte, inflexible en la supervisión de esa provisión, para que se asegure que no se producen nuevas formas de desigualdad, que no se derivan recursos hacia un lucro de los actores privados o que la calidad de los servicios es la contratada. Y ahí hay peligros muy grandes, como lo que se conoce como la captura del regulador: cuando los actores privados encargados de la provisión de un bien son más fuertes que el regulador, se abre la puerta al fraude o la corrupción, y de ahí las puertas giratorias, los contratos fraudulentos, la sobrefinanciación… Volvemos a la cuestión de la calidad de las instituciones.

Tradicionalmente se ha pensado que los inmigrantes en España detraen más recursos de los que aportan. Pero los estudios no avalan eso.

Está demostrado que no es así; es justo lo contrario. Durante los primeros años de su llegada, los inmigrantes son en general jóvenes en edad de trabajar y que quieren labrarse un futuro. En esos años, contribuyen varias veces más de lo que consumen en términos de servicios públicos. Incluso los sin papeles, que no pagan Seguridad Social ni IRPF, sí aportan en forma de IVA. Y las personas de los escalones económicamente más bajos son las que más pagan en impuestos indirectos, proporcionalmente a sus ingresos. ¿Por qué? Porque casi todo lo que tienen se lo gastan para cubrir sus necesidades vitales. Por eso se dice que el IVA es un impuesto regresivo. De este modo, esos recursos que detraen los indocumentados, como la sanidad, los pagan con creces. Con el tiempo, esos inmigrantes convergen con la sociedad autóctona, y su reducción neta se convierte en neutra.

España se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los países con mayores tasas de inmigración en Europa, y sin embargo hay poca conflictividad social. ¿Por qué ha sido así?

Es algo muy bueno, de lo que debemos en parte congratularnos, porque tiene que ver con la forma de ser de los españoles, de sus valores. Pero también hay que pensar que ese aumento rápido de la inmigración se produjo durante el ‘boom’ económico, y que esos inmigrantes llegaron porque había una demanda de mano de obra. En 2007 llegaron a España tantos inmigrantes como refugiados fueron a Alemania en el pico de la crisis de refugiados; aproximadamente un millón. Y mientras que en Alemania se planteó como algo extraordinario, en España casi ni se habló de ello. Porque aquí no se concibió a esa población como un grupo al que dar una atención específica, pero al mismo aislar, sino que esas personas se buscaron su trabajo, se buscaron su vivienda y se insertaron en la sociedad española. Lo hicieron por la vía social y económica, aunque no por la vía estatal. No hizo falta que los polideportivos se convirtiesen en centros de acogida. A partir de 2008, los flujos se congelaron.

En materia laboral, contemplamos a las nuevas tecnologías con pavor.

Está bien que se señale la posibilidad de que vamos a hacer frente a grandes transformaciones en nuestro sistema productivo, pero creo que tampoco hay que caer en el alarmismo. Siempre ha habido revoluciones tecnológicas, en las que determinados sectores se han quedado obsoletos y han emergido otros que absorben buena parte del empleo. Es verdad que vamos a tener que ser flexibles, y volemos a la capacidad de invertir en formar a los trabajadores para adaptarse mejor a las nuevas situaciones. También sabemos que se van a generar nuevas formas de desigualdades, y de nuevo necesitaremos que el Estado esté ahí, para proteger a aquellos grupos que hayan quedado en situación más vulnerable y para reorientar el sistema económico y productivo para aprovechar estos nuevos nichos que surgen.

Pero la überización parece que está aquí para quedarse.

Sí que estamos observando una precarización muy fuerte del mercado laboral. Aquí ¿qué necesitamos? Un Estado regulador, que proteja a los trabajadores. Es cierto que algunas de estas nuevas formas de trabajo deben ser más flexibles, y puede resultar hasta positivo que lo sean. Pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que no caminamos hacia una depauperización del empleado; gran parte de estos nuevos empleos se parecen mucho a los antiguos, solo que con una flexibilización extrema, convirtiendo a los trabajadores en falsos autónomos. El Estado nación quizás ya no sea capaz de responder a esto, pero por fortuna nosotros nos hemos dado un sistema de integración socioeconómico y político, como es la Unión Europea, que sí que tiene la capacidad de poner límites a estos procesos de hiperflexibilización del mercado de trabajo.

¿Qué papel tiene en este caso la UE?

Debe poner límites para garantizar unos derechos laborales mínimos y, al mismo tiempo, proteger lo que llamamos el modelo social europeo, un sistema de protección que garantiza sociedades más cohesionadas. Aquí también el estado del bienestar quizás deba repensarse y desarrollar una pata europea; de hecho, es algo que se está ya planteando, aunque a un nivel aún teórico. En el futuro, si vamos a desarrollar una UE mucho más integrada económica y fiscalmente, también debemos avanzar hacia una Europa más integrada socialmente. Y esto requiere el desarrollo de políticas sociales europeas que complementen a las de los Estados nación, en aquellos lugares que se identifiquen como más prioritarios. Por ejemplo, lo que tenga que ver con la inversión social: invertir en niños o en formación.

¿Marcar unos estándares mínimos?

No solo eso: pensemos en una Unión Europea que financie una parte de esos programas. Ya se está discutiendo que la UE garantice un ingreso mínimo para los niños. Y también hay iniciativas que ya se están desarrollando, como programas de inserción de jóvenes en el mercado de trabajo a través de la formación, y con dinero europeo.

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minutario · 10 years ago

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Que acabe esto ya

Esta campaña va camino de dejarnos a todos gagá. Varios tuits separados por unas horas (orden cronológico):

PD: Tumblr parece empeñado en poner cada vez las cosas más difíciles. Quizás sea yo, pero soy incapaz -al contrario de lo que sucedía antes- de poner un enlace desde la propia imagen. Por ello, incluyo aquí debajo los links a los distintos tuits:

https://twitter.com/xsalaimartin/status/676881148027498496

https://twitter.com/el_pais/status/677081482993770496

https://twitter.com/ALevySoler/status/677117878945128448

https://twitter.com/agarzon/status/677148291847626752

https://twitter.com/Julio_Rodr_/status/677148613483565056

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minutario · 10 years ago

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«Los municipios que se fusionen mantendrán su identidad»

(Como en alguna otra ocasión en que también me ha parecido interesante, incluyo la versión larga -sin los rigores del papel- de la entrevista que le hice ayer a Luis Garicano -aquí, el texto publicado-. La foto, de Oliver Duch, es la que aparece en la página de Heraldo de Aragón)

El libro se abre con un epígrafe de Theodore Roosevelt que casi parece más una justificación de su entrada en la arena política.

Sí. La idea de que es muy fácil criticar desde fuera y decir lo que habría que hacer; que lo difícil es remangarse y tratar de que esas cosas que se deben hacer se hagan.

Por un lado aspiran a “ofrecer caminos viables” para mejorar el bienestar español y, por el otro, a “convertir España en Suecia”. ¿Ven viable un IVA al 25% (21% en España) o un gasto público del 53% del PIB (44% en España)?

No, no hablamos de la presión fiscal en Suecia. Lo que tratamos de reflejar es la combinación de una economía de mercado que funciona y unas instituciones transparentes con una protección social efectiva, un Estado al servicio de los ciudadanos. Esos niveles de gasto son excesivos para España.

En todo caso, ¿no hay cierta falacia en la dicotomía Venezuela-Dinamarca? La distancia que nos separa de ambos países es enorme.

Lo que yo traté de reflejar... Hay dos caminos: el de Estados Unidos, con mucho énfasis en el mercado; el de Venezuela, que dice: 'El mercado no nos gusta', y luego una síntesis de ambas dos posiciones que es mucho mejor: Dinamarca tiene el tercer índice de libertad económica más alto del mundo, es un país donde el mercado funciona bien, que es flexible, pero también con un papel importante del Estado.

Y ¿no sería más útil buscar lo positivo, lo que funciona, en sistemas similares como el portugués, el italiano o, incluso, el alemán?

Del sistema alemán también nos separa mucho e igualmente nos puede servir de inspiración. En el siglo XX impulsaron una corriente de pensamiento que a mí me inspira mucho, el llamado ordoliberalismo: una oficina de la competencia contra los cárteles muy fuerte, un banco central robusto e independiente, unas instituciones reguladoras no colonizadas por los políticos y una economía de mercado muy dinámica. La comparación que no me parece adecuada es la que Italia o Francia porque tienen el mismo problema de dualidad en el mercado laboral.

Ojalá tuviésemos la tasa de desempleo de Francia.

Lo tenemos mucho peor, por supuesto. Nuestra propuesta contra la dualidad, que es el contrato único, viene de dos economistas franceses: Olivier Blanchard y Jean Tirole.

Su reforma tributaria se inspira en el informe Mirrlees, del Reino Unido. En materia educativa y -en parte- laboral toman aspectos del modelo estadounidense. ¿Apuesta Ciudadanos antes por el modelo de bienestar anglosajón -liberal- que por el nórdico?

No. En Estados Unidos juega mucho papel la universidad privada. Las instituciones holandesas, suecas, suizas... En casi todos los países del norte de Europa la universidad tiene mucha autonomía, libertad de contratación, y también mucha autonomía financiera. El complemento salarial, que existe en Estados Unidos y el Reino Unido, también se implantó en 2007 en Suecia. Yo me inspiro mucho más en el modelo del norte de Europa que en el anglosajón. Conozco bien ambos sistemas y creo que Holanda funciona mucho mejor que Estados Unidos.

Son los únicos que proponen implantar el contrato único y eliminar los privilegios fiscales de vascos y navarros. ¿No tienen a veces complejo de llaneros solitarios?

El mandato que me dio Albert (Rivera) cuando me pidió que hiciéramos el programa fue que tratáramos a los españoles como adultos. Si realmente hay algo que explicar bien, como hicimos con el AVE o con el cupo, se hace. Y si son medidas impopulares aclararemos que son las cuestiones que creemos que deben cambiar.

¿Por qué cree que el contrato único genera tanta oposición desde todo el espectro ideológico?

Los sindicatos se oponen porque ellos realmente solo representan al sector de trabajadores más protegidos; los empresarios temen que si eliminas la flexibilidad de la temporalidad habrá un sistema aún peor. Nosotros nos hemos comprometido a que haya seguridad jurídica, un acuerdo entre trabajadores y empresarios y que se empiece con unas indemnizaciones por despido relativamente bajas que poco a poco vayan subiendo. Es necesario generalizar la contratación indefinida.

Al contrato único ustedes añaden la denominada 'mochila austriaca'.

Un seguro de despido que complementa la indemnización del trabajador y que le facilita cambiar de trabajo sin necesidad de que le echen, por voluntad propia.

¿No bastaría simplemente con aplicar la ley -tanto por parte de las empresas como de la Administración- para reducir la elevada temporalidad?

Meter más inspecciones de trabajo para ver si una relación laboral es temporal o no me parece irreal; al final, es solo más burocracia. Un dato: el 90% de los millones de contratos que se hacen en España son temporales.

En políticas activas de empleo, ponen de nuevo el ejemplo de Dinamarca. Que gasta el 2,3% del PIB en ellas, frente al 0,9% español. ¿Destinarían 1.400 millones más de euros a este apartado?

Vamos a gastar significativamente más en políticas de empleo.

Contratando más personal, claro. Porque en Dinamarca hay un trabajador del servicio público de empleo por cada 36 parados; en España, uno por cada 269.

No solo se trata de funcionarios; resulta increíble que los servicios públicos de empleo no conozcan el perfil de cada desempleado, si está formado o no, qué trabajos está rechazando... Las políticas activas de empleo son uno de los grandes fracasos de España.

Y ¿de verdad se pueden afrontar estos gastos extras rebajando por ejemplo el IRPF?

Primero: en España se está reduciendo mucho el gasto en el desempleo; el Gobierno prevé gastar mucho menos...

La cobertura es muy baja.

Sí. Y yo creo que no hay que gastar menos en desempleo; a medida que la cobertura se va reduciendo, habría que gastar más en políticas activas de empleo. Segundo, las rebajas impositivas de Ciudadanos van a ser están supeditadas a dos cuestiones: la eliminación de duplicidades en la Administración, sobre todo las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, y después la eliminación de beneficios fiscales y agujeros en el impuesto de sociedades.

¿No temen que, como sucede con los contratos temporales o la deducción por vivienda habitual, los empresarios se acaben aprovechando de su complemento salarial? Hay expertos que apuntan a que en Estados Unidos y el Reino Unido esos complementos han empujado los salarios a la baja.

Los trabajadores van a estar mejor con el complemento salarial. La evidencia en Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia dice que constituye un arma fantástica de lucha contra la pobreza. Muchos de los trabajadores que percibirían el complemento están cobrando actualmente salarios mínimos, o sea que no pueden verlo reducido.

¿Tampoco necesitaremos inspectores para vigilar que no haya picaresca en este ámbito?

Es que no es posible pagar por debajo del salario mínimo.

En España hay 700.000 hogares sin ningún tipo de ingreso. Su propuesta parece excluirlos por completo.

Nos parece crucial atajar la pobreza en todas sus dimensiones. Tenemos una propuesta de lucha contra el paro de larga duración, cuyo resorte principal es un bono para que los trabajadores contraten la formación que ellos deseen, no que la ofrezcan los empresarios o los sindicatos, junto con una bonificación para los empresarios que contraten a estos empleados. Es necesario también implementar unas políticas de ayuda para aquellas personas que no tienen posibilidad de formarse; las comunidades autónomas tienen muchos programas para ayudarles, y lo que nosotros proponemos es respaldar a las autonomías con planes de formación. Una renta mínima por sí sola no ayuda; desincentivaría la contratación.

Pero es un hecho que muchas personas no encuentran trabajo porque no pueden, por muy formadas que estén.

Estoy de acuerdo. Vamos a apoyar esos programas de las autonomías.

Uno de cada tres niños en España se encuentran en riesgo de pobreza. Apenas aportan medidas para combatirla.

Son cifras absolutamente inasumibles. Creemos que el complemento salarial va a ayudar a sacar a muchísimos niños y familias de la pobreza. Así sucede en Estados Unidos.

¿Es la única medida que proponen?

Es la fundamental. Hablamos de diferencias sustantivas en los ingresos de las familias de rentas más bajas.

Visto así, el complemento salarial parece la panacea.

No, no va a ser la panacea. Mire... Hemos partido de un análisis de valor que dice que hay siete millones de empleados por debajo del salario mínimo anual, a pesar de que trabajan a lo largo del año. ¿Qué vamos a ofrecerles? Contratación indefinida, un complemento salarial, un 'bonus-malus' para que las empresas que tengan excesiva rotación contribuyan más que las que evitan despedir continuamente, un seguro de despido -la mochila austriaca- y, finalmente, esos planes de formación a largo plazo. Hemos identificado dos problemas clave, la precariedad y el desempleo de larga duración, y hemos ofrecido planes consistentes con todo nuestro saber y toda la evidencia europea para mejorarlo.

Una de las propuestas para racionalizar la administración es fusionar municipios. Si lo hiciesen con los menores de 5.000 habitantes, en Aragón solo se mantendrían sin cambios 23 de las 731 localidades.

La gente tiene que entender bien esto. A ver, el alcalde seguramente seguirá existiendo, las fiestas patronales no se van a tocar, la identidad del municipio se mantendrá... Hablamos de fusionar los servicios municipales para que se hagan de una manera consolidada. Todos deben entender que un municipio pequeño no puede negociar con una empresa de aparcamientos porque no tienen la capacidad ni la experiencia. Tampoco la recogida de basuras.

Eso ya lo hacen las mancomunidades o las comarcas.

Debe ser la norma en todo el territorio nacional, hay que evitar esa duplicidad. Pero, por supuesto, Ciudadanos no quiere quitar ni el pueblo, ni las fiestas ni el alcalde.

En el libro apuntan que el elevado número de municipios en España no solo tiene implicaciones en el gasto público, sino también en la corrupción. Una corrupción que en gran medida ha sido local.

Claro. Un ayuntamiento pequeño o un alcalde que no es profesional... Es muy difícil asegurar que todo funciona correctamente y de forma transparente.

En España se ha lastrado especialmente la figura del interventor municipal.

En mi opinión, este es el problema clave en la corrupción municipal; los interventores están controlados por el alcalde, que les elige y les paga. Su carrera profesional puede estar por completo en peligro. El alcalde no debería tener ninguna responsabilidad ni en su nombramiento ni en su sueldo.

Otra medida importante frente a la corrupción es “separar con claridad la carrera funcionarial de la carrera política”. Para que los primeros no dependan en una medida tan grande de los segundos.

Hay que acabar con la partitocracia: los partidos se comportan muchas veces como ejércitos de ocupación, que cuando ganan llegan y arrasan con todo, desde el Tribunal Constitucional hasta RTVE o los jefes de enfermería del hospital de turno. Los países que funcionan bien tienen una función pública en la que hasta niveles muy altos no depende del político. Es un remedio frente al amiguismo.

Proponen un modelo educativo que se base más en objetivos para fomentar la motivación del profesorado.

Sí, que la carrera profesional del profesor dependa en parte de los resultados, de la evaluación de los alumnos, que el esfuerzo se motive, que haya más descentralización en los centros... También nos preocupa lo que está sucediendo dentro de las aulas: la materia que se enseña es muy homogénea, los ejercicios son muy memorísticos, los que se quedan atrás no reciben una atención especializada... Uno de cada tres niños en España ha repetido cuando llega a los 15 años; es una tasa enorme.

La primacía de la escuela concertada en España es una anomalía entre los países desarrollados.

No tenemos ningún problema con la escuela concertada. Sí que pensamos que si la escuela está subvencionada por el sector público no debe haber tasas adicionales. Va contra la igualdad de oportunidades.

¿Han evaluado el coste de quitar tarjeta sanitaria también a los inmigrantes?

No lo hemos evaluado. Tienen una cartera de servicios básicos, que son los exigidos por la OMS, pero es una política similar a la del resto de Europa.

Pero ¿cuál es el ahorro? ¿Suficiente para compensar el hecho de apartar a los inmigrantes sin papeles de tratamientos para la hepatitis o la diabetes?

Hay que partir de una cosa: nuestro sistema sanitario va a estar bajo enorme presión por el envejecimiento de la población. Todos debemos entender eso. La idea de que los irregulares tengan una cartera de servicios más limitada que el resto de ciudadanos supone diferenciar simplemente los derechos de unos y otros.

El coste del trasvase del Ebro se estimó en unos 4.200 millones de euros, para los que no habría ayudas europeas. ¿Ciudadanos vería asumible un gasto semejante en el contexto actual?

Las mesas de contratación, los informes, las inversiones... todo tiene que estar mucho más objetivizado en España. Es algo por hacer. Y solo si está justificado desde un punto de vista económico y social se puede acometer esa inversión.

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