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Suman los 'amicus curiae' contra consulta popular de Moreno
Durante la mañana de ayer Pamela Aguirre, parlamentaria andina, presentó un amicus curiae referente a la consulta popular en la Corte Constitucional, en Quito. Para la parlamentaria la pregunta 3, sobre la reelección indefinida, contradice el dictamen 002-16-DRC-CC y restringe derechos.
"El 13 de abril de 2016, mediante dictamen 002-16-DRC-CC, la Corte Constitucional reconoció, por tercera ocasión, que la libre postulación para el mismo cargo de todos los dignatarios elegidos por votación popular no restringe derechos sino que por el contrario, amplía los derechos de participación. La CC está obligada a resolver conforme a fallos anteriores y evitar que se restrinja derechos", señala en el comunicado.
La pregunta tres plantea lo siguiente:
¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?
Por su parte, las asambleístas por Alianza PAIS, Marcela Aguiñaga y Soledad Buendía presentaron la se mana pasada el recurso. Junto a ellas estuvieron otros legisladores y el exconsejero político, Ricardo Patiño. Virgilio Hernández también lo hizo con tres preguntas, corrupción, reelección y sobre Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). (I)
Fuente: https://goo.gl/CVA4WN
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Correa insiste en demanda a Martín Pallares
A raíz de un artículo redactado por Martín Pallares en el portal 4pelagatos.com/ hace seis meses, cuando aún estaba vigente el gobierno de Rafael Correa, sigue generando molestias en el exmandatario por lo que su abogado vuelve a llevar hoy en Quito al periodista a una audiencia, sin embargo, este ya había sido declarado inocente en julio pero esta vez para apelar ese fallo.
En el artículo de Pallares dice: ‘Si a Correa lo sorprenden robando podría decir que estaba cuidando’ ironizó lo dicho por Correa sobre un pago de Odebrecht a un exministro suyo, que como ya no era funcionario “sería un acuerdo entre privados”.
La ley dice Artículo 396
La contravención del Código Penal que invoca la demanda de Correa se refiere a “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”. (I)
Fuente: https://goo.gl/573Km6
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Una tercera audiencia para Carlos Pareja Yannuzzelli por caso Petroecuador
Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, enfrentará hoy su tercera audiencia preparatoria de juicio que se desprende de supuestos actos de corrupción en Petroecuador. Él ahora es acusado de peculado, por un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el contrato de recuperación de condensados en la Refinería de Esmeraldas.
Tan solo él y Diego T., también exfuncionario de Petroecuador, llegan a esta diligencia sin un dictamen abstentivo de Fiscalía de los ocho procesados que hay en este caso.
La decisión del fiscal Juan Tenesaca de no acusar en esta causa a Jorge V. y Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, emitida el viernes último, se suma al dictamen abstentivo a favor de los exfuncionarios petroleros Carlos Q., José C. y Héctor R., además del representante de la empresa Worley Parsons, Raymond F.
Como el reconocimiento de la acusación particular hecha por Petroecuador fue realizado sin mandato vigente, el juez dio por no reconocida la misma. La no existencia de este requisito anuló el reconocimiento de la acusación de Petroecuador contra Pareja Yannuzzelli, Bravo, Diego T. y Jorge V.
Actualmente y pese a que está vigente un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, a Pareja Yannuzzelli se le ha ratificado una sentencia a cinco años por cohecho y seis años por asociación ilícita. (I)
Fuente: https://goo.gl/ZHCiY3
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TC bajó ganancias en 76% y subió su gasto luego de la incautación
Luego de la incautación en el 2008, cuando pasó a manos del gobierno de la llamada revolución ciudadana, TC Televisión no había registrado ganancias tan bajas como las que tuvo para el año 2016.
TC Mi Canal según sus propios balances reportó el año pasado rentas por $ 1,3 millones, es decir el 76% menos de las que había tenido en el año de la incautación, cuando alcanzó una utilidad de $ 5,6 millones. Y este año, según reveló la semana pasada el gerente de Medios Públicos, Andrés Michelena, este canal de televisión abierta proyectará, por primera vez, pérdidas por $ 5,1 millones.
Sin embargo, toda esta depresión económica del canal se produce pese a que los ingresos por ventas de publicidad se han mantenido altos, según los informes del gerente Carlos Coello Beseke, ingresos con topes de hasta $ 54 millones en el 2014. En el 2016 fueron de $ 37,2 millones.
Michelena criticó la gestión económica del canal y cuestionó, “¿dónde están esos $ 37 millones? Hoy TC es un canal que rinde pérdidas”. Los documentos económicos del canal incautado a los hermanos Isaías, propietarios del cerrado Filanbanco, señalan que pese a los ingresos de TC los gastos administrativos (pagos de sueldos, bonificaciones, comisiones, honorarios, mantenimientos, etc.) fueron poco a poco reduciendo la rentabilidad de la compañía.
Cuando se produjo la incautación, el medio televisivo registraba gastos administrativos por $ 3 millones al año, gastos que se triplicaron en el 2010 y más aún en el 2011, cuando los “gastos por beneficios a los empleados” alcanzaron los $ 12,3 millones. En el 2016 bajaron a $ 6 millones. (I)
Fuente: https://goo.gl/35uRGF
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Entérate lo acontecido la semana anterior en nuestro resumen informativo. #PuntoMedioEc #Ecuador
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Consulta popular genera un respiro al sector constructor de Ecuador
Como un alivio toma el sector constructor la inclusión de una pregunta en la consulta popular convocada por el Gobierno para que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Fijación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, que mira a este cuerpo legal como uno de los factores que han frenado el crecimiento.
Según dirigentes del sector constructor e inmobiliario mencionan que desde que se anunció esa ley, en mayo de 2015, las actividades relacionadas con la construcción se han ido en picada por encima del 45 %.
Tal estimación corresponde a Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, quien además opina que el impacto se ha sentido desde la caída de los proyectos cuyos permisos municipales no se han tramitado, obras paralizadas y la disminución de las ventas de los materiales e insumos. El empresario explica que la ley afectó la confianza al comprador.
Para Pita la expectativa de que se derogue la ley a través de la consulta popular es alentadora para el sector de la construcción con miras a una recuperación de la actividad a mediano plazo.
Por su parte, Jaime Rumbea, director ejecutivo de Apive, registra una caída de aproximadamente el 50 % de reservas en este periodo. Esta reducción también está ligada a la influencia del inicio de una etapa recesiva causada por una serie de problemas de manejo económico (como la caída del precio del petróleo) y al anuncio de la ley, sostiene José Macchiavelo, presidente de Etinar.
De derogarse la ley, Macchiavelo cree que los resultados se verán el próximo año, sobre todo en casas de $ 40.000 a $ 100.000. “Ese es el mercado que más se ha asustado por el impacto de la ley”, sostiene. (I)
Fuente: https://goo.gl/vWLSgy
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En juicio popular Glas resulta sentenciado con 13 años de cárcel
Durante la tarde del pasado jueves se llevó a cabo en el teatro estudio Pedro Almeida Cabello, de Radio Morena, el juicio popular organizado por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en contra del segundo mandatario sin funciones, Jorge Glas, vinculado por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
El tribunal estuvo compuesto por la abogada Elcy Cely, la exasambleísta Lourdes Tibán y Julio César Trujillo, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Tras escuchar a las partes, entre ellas Milton Castillo, abogado defensor de Glas; León Roldós, procurador del pueblo; Juan Vizueta, fiscal del pueblo; y Ramiro García, abogado acusador, el jurado debió posteriormente deliberar.
Por su parte, el jurado estaba constituido por: Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; Glenda Soriano Proaño, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas; Diana Maldonado Lasso, del Observatorio de LGBTI; Manuel Gonzaga, coordinador nacional del Pueblo Montubio; José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores; Alan Molestina, del colectivo Juntos contra la impunidad; Manuel Antón Vélez, en representación de los maestros jubilados; Luis Pilalot Navarrete, presidente de la Federación Nacional de Afiliados al Seguro Campesino; Juan Paredes, vicepresidente de Cedocut; y Guillermo Leones, de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador.
El fiscal Vizueta y Yaku Pérez, a nombre del jurado, pidieron para Glas la pena máxima de 40 años. Sin embargo, la sentencia fue de trece años de cárcel para el vicepresidente de la República, en su calidad de autor por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos y como coautor por testaferrismo, y la misma será enviada para el conocimiento de la Fiscalía. (I)
Fuente: https://goo.gl/ZrLpLc
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Lasso calificó de “vergüenza” al informe sobre los medios incautados y públicos
El excandidato presidencial por CREO, Guillermo Lasso, calificó de “vergüenza” al informe sobre los medios incautados y públicos que dio a conocer Andrés Michelena, gerente de medios públicos, este martes en rueda de prensa.
A través de la red social Twitter, Lasso expuso varios motivos de su inconformidad. Destacó que la incautación de medios al grupo Isaías no tuvo ningún sentido. Desde su punto de vista, se llevó a cabo bajo la excusa de compensar a los depositantes perjudicados por la banca cerrada. "Nunca fueron vendidos. Por el contrario, se los llevó a la ruina, las acciones repartidas a sus trabajadores nunca fueron rentables, y se perdieron empleos", acotó.
Por otro lado, Lasso subrayó que dichos medios se convirtieron en una arma de difamación masiva del anterior régimen. Cuestionó que el movimiento Alianza PAIS transforme a los medios en "órganos de propaganda, al servicio del poder, de forma descarada".
A tal punto que el expresidenciable manifestó que durante la última campaña "se mintió día y noche sobre quienes osamos ofrecer una alternativa de verdadero cambio" y consideró a el presidente Lenín Moreno como el principal beneficiario de los "abusos perpetrados desde esos medios de comunicación", que a su criterio, fueron cometidos con el objetivo de favorecerlo en las elecciones.
Al final de cuentas, Lasso ve positivo que se den a conocer estas inconsistencias, aunque no cree que sea suficiente. "Hay que dar nombres, señalar responsables y hacer acusaciones ante la justicia para que estos paguen ese abuso de recursos y confianza del público. Más aún cuando algunos de los artífices de aquellas quiebras y abusos siguen recibiendo encargos públicos de este Gobierno. Solo así se podrá empezar a hacer justicia sobre un episodio tan grave para nuestra democracia", sentenció. (I)
Fuente: https://goo.gl/vGvY26
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Negado pedido de recusación al juez Jurado
Durante el día de ayer fue negado el pedido de recusación en contra del juez Miguel Jurado presentada por el vicepresidente Jorge Glas mediante su abogado Eduardo Franco. En menos de 20 minutos le tomó ayer al conjuez nacional Édgar Flores analizar los argumentos escuchados en audiencia y así rechazar la demanda de recusación.
Con esta resolución Jurado seguirá como juez en el proceso por asociación ilícita relacionado con Odebrecht, en el que se investiga a Glas, a su tío, Ricardo Rivera, al excontralor Carlos Pólit y a otras 15 personas más.
En la resolución oral, Flores señaló que no se ha demostrado absolutamente nada en cuanto a la causal de “enemistad manifiesta” que planteó Glas.
Franco dijo que Jurado ha actuado en este caso con “dolo” y movido por el “odio manifiesto” de causarle daño al vicepresidente. Explicó que la enemistad manifiesta del juez se ha demostrado en que él ha hecho lo que le ha dado la “regalada gana” y ha aceptado cosas por odio dentro del proceso.
Y anunció que ha pedido veedurías a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos para que este caso se lleve a cabo “no con jueces que odien a las partes, sino con jueces verticales”. (I)
Fuente:https://goo.gl/ZedzeJ
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Asamblea investigará el manejo de los medios estatales
A partir de la denuncia realizada por el gerente de medios públicos, Andrés Michelena, la Asamblea abrirá un proceso de investigación por las pérdidas económicas calculadas en unos $ 23 millones.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión (AP), tomará como medida la solicitud de información a la empresa de los medios públicos para conocer el manejo económico.
Marcela Holguín (AP), quien trabajó en el medio incautado Gamavisión, dijo que hubo desde el inicio una situación compleja en términos económicos, pero que su función era de periodista, que no recibió presiones editoriales y que desconoce sobre la gestión administrativa, pero “que responda quien deba responder”.
El legislador del PSC, Vicente Taiano, , planteó tres líneas a seguir ante la denuncia: “Poner el caso a conocimiento de los órganos judiciales para procesar por peculado a quienes dispusieron arbitrariamente de fondos públicos; que la Contraloría establezca responsabilidades; y que desde la Asamblea se fiscalice, iniciando con la comparecencia de quien denunció”.
A través de la red social Twitter, el expresidente Correa reaccionó sobre el tema y expresó que es un “nuevo show para encubrir el total incumplimiento del plan de gobierno” por parte de Lenín Moreno. Y además el exmandatario señaló a Michelena como “el nuevo acusador”. “Fue seis años parte del Gobierno y de SECOM, junto con gran parte de su actual equipo. Álex Mora, jefe de SECOM, fue director de noticias de ECTV. ¿Todos cómplices del ‘Estado de Propaganda’?”. (I)
Fuente:https://goo.gl/R6U8Jb
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Corte Constitucional recibe más observaciones sobre la consulta popular
El exconsejero de Lenín Moreno y representante del colectivo PAIS, Virgilio Hernández, se sumó a ayer al grupo de personas que solicitarán amicus curiae frente la consulta popular.
La preocupación de Hernández es a raíz de tres temas en específico: reelección indefinida; la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana; y la muerte civil por actos de corrupción.
Para Hernández, las inquietudes inciden en que Rafael Correa no pueda volver a ser candidato presidencial. En cuanto a la aplicación de la muerte civil a acusados de corrupción mencionó que es desproporcionada y una violación a los derechos humanos, y además ya está regulada en el Código Penal.
De manera adicional, Hernández anunció anunció que el vicepresidente de AP, Ricardo Patiño, llevará mañana un amicus curiae. Ratificó que es decisión de AP movilizarse a la Corte Constitucional cuando se realicen las audiencias, y afirmó que “estamos en un estado de alerta para que no pasen algunos horrores y errores jurídicos por privilegiar intereses”. (I)
Fuente: https://goo.gl/hzgUV4
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El caso de Fernando Villavicencio, preocupación de eco internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció su preocupación por la situación legal del activista Fernando Villavicencio, a través del relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Desde el lunes pasado la CIDH realiza su 165 periodo de sesiones, en Montevideo (Uruguay). Ayer recibió a César Ricaurte, director de Fundamedios, y a Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).
Lanza considera que “Villavicencio tiene una restricción muy fuerte” luego de que se le colocara un dispositivo electrónico en el tobillo como medida cautelar en el proceso por la supuesta divulgación de correos reservados de exautoridades.
“Villavicencio es un periodista que investigó muchos de los casos de corrupción que el propio presidente Moreno ha dicho que se deben sanear. Nos preocupa que haya sido perseguido por el hecho de publicar información de interés público... Teniendo colocado un grillete es muy difícil hacer periodismo...”, destacó Lanza. (I)
Fuente: https://goo.gl/DqiP17
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Pareja Yannuzzelli, Marco Calvopiña y Diego Tapia sentenciados a 6 años de prisión
En relación al caso por asociación ilícita los exfuncionarios Carlos Pareja Yannuzzelli, Marco Calvopiña y Diego Tapia fueron sentenciados a 6 años de prisión, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte, en Quito, cerca de las 00:00 del miércoles 25 de octubre.
Tal resolución fue unánime y la hicieron pública cerca de la media noche de ayer, luego de la deliberación del tribunal que duro más de tres horas.
La resolución unánime se hizo pública cerca de la media noche de ayer, luego de que el tribunal integrado por Velásco (jueza ponente) y los jueces Galo Rumiguano y Marcelo Narváez deliberó por más tres horas.
Por su parte, el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, por haberse apegado al procedimiento abreviado se le condenó hace varios meses a tres años y seis meses de cárcel.
El Tribunal dejó en claro que existieron más de dos personas que conscientemente cometieron este delito contra la administración pública y que los involucrados incrementaron sus patrimonios injustificadamente.
La vía que se usó para este delito fue la figura de giro específico de negocio y además se firmaron contratos complementarios que encarecieron varias obras para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
Sin embargo, para el abogado de Yannuzzelli, Reinaldo Zambrano, mencionó que no se llevó a cabo el acuerdo de cooperación eficaz que se había solicitado, según lo estipulado en el artículo 493 del COIP, por lo que analizan seguir colaborando con la fiscalía, pues resultaría difícil ya que no se están obteniendo los beneficios solicitados, comentó Zambrano a los medios de comunicación que se agruparon al terminar el juicio. (I)
Fuente: https://goo.gl/4JTLgv
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Jorge Glas considera que es perseguido por el actual gobierno
El vicepresidente ecuatoriano sin funciones, Jorge Glas, durante una entrevista con CNN en Español, ante una pregunta de si se siente perseguido por el actual Gobierno, declaró: "Indudablemente dentro del Gobierno, no estoy acusando al presidente de la República, pero hay actores que me quieren fuera de la Vicepresidencia".
Glas exhortó en que hay claras herramientas de persecución, las cuales ya tiene calculada. De igual forma, afirma que alrededor de 3.000 noticias mensuales de medios de comunicación son en su contra.
"Yo fui sujeto de persecución, de seguimiento extrajudicial y tengo pruebas de ello, cuando yo escriba un libro, cuando todo esto termine, lo voy a publicar, tengo los nombres, las fotografías, cómo me seguían a mí y a mis familiares desde el 25 de mayo (de 2017)", destacó.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negaron el recurso de habeas corpus al segundo mandatario, así como una apelación al recurso de habeas corpus que también le fue negado y realizó el pago de la caución dentro del trámite de recusación contra el juez Miguel Jurado, quien lleva ese proceso.
El Vicemandatario se defendió una vez más y dijo que fue un "acto carente de validez jurídica de haberme traído a prisión y cambiarme las medidas cautelares sin sustento legal".
CNN le planteó si volvería a estar a cargo de los Sectores Estratégicos en una nueva administración con el expresidente Rafael Correa al costo político que sea, contestó: "Yo creo que no, yo ya le prometí a mi familia retirarme de la política, lo había hecho, yo no quería ser candidato en este periodo, fue un insistente pedido del presidente Lenín Moreno que me dijo que no aceptaba un 'No' por respuesta... Lo tengo muy grabado en mi mente".
Adicionalmente, Glas se mostró agradeció por la lealtad de Rafael Correa, quien se encuentra viviendo en Bélgica, del cual afirma haber recibido un par de llamadas para expresar su apoyo. (I)
Fuente: https://goo.gl/HE3KFu
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Derogados decretos 16 y 739
El primer Mandatario de la República, Lenín Moreno, derogó los decretos ejecutivos 16 y 739, que fueron expedidos por el anterior gobierno de Rafael Correa, con el objetivo de que las organizaciones sociales cumplan con varios requisitos para adquirir personalidad jurídica.
“La idea es destrabar todos los argumentos burocráticos que impiden que las organizaciones sociales se puedan asociar... evitando la tramitología innecesaria”, declaró Moreno.
El origen de la derogatoria de ambos decretos que entraron en vigencia en el 2013 y el 215, respectivamente, se debe a varias demandas de las organizaciones sociales desde el inicio del mandato de Moreno, ya que tales normativas dificultaban y ponían trabas a la organización de la sociedad civil.
Tanto es así que la Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), planteó una demanda de inconstitucionalidad de los dos cuerpos normativos al señalar que se está impidiendo la libre asociación y organización que son derechos constitucionales. El Colegio de Abogados de Pichincha y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también pidieron la derogatoria de estos decretos en una carta al mandatario. (I)
Fuente: https://goo.gl/ms2Mqe
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Nuevas vinculaciones por delito de concusión en caso Odebrecht
A raíz de las investigaciones por concusión en el caso Odebrecht surgieron nuevas vinculaciones, por ende, el Juzgado Nacional de Garantías Penales citó a Mauricio N., Estéfano I. y John P. a la audiencia de vinculación y formulación de cargos, que se realizará el viernes 27 de octubre, a las 09:00, en la Corte Nacional de Justicia.
Según datos de la Fiscalía, Carlos Pólit recibió $ 10,1 millones por haber desvanecido glosas y aprobado informes que le permitieron a Odebrecht obtener millonarios contratos con el Estado. Para poder lograrlo, tuvo que recurrir a ciertas empresas vinculadas a personas que ahora están siendo notificadas.
La providencia del Juzgado Nacional de Garantías Penales muestra la incorporación al expediente de informes y oficios de la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos y de la Gerencia de la Unidad de Cumplimiento del Banco del Pacífico, así como el pedido de vinculación realizado por el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, del 20 de octubre de 2017. (I)
Fuentes: https://goo.gl/R1bZkN
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La fiscal Diana Salazar recibe amenazas de muerte
La fiscal Diana Salazar, que relacionó al vicepresidente Jorge Glas en el caso de asociación ilícita Odebrecht, manifestó que por WhatsApp llegaron a su celular dos imágenes y un video con mensajes amenazantes y expresiones racistas el sábado pasado.
Salazar manifestó que “es una manera de amedrentarme por los casos que estamos manejando” e indicó que ya se han iniciado las investigaciones, por lo que se reservó emitir comentarios, pero dijo: “Creo tener idea de quién es...”.
En el video que le fue enviado a la fiscal aparece un encapuchado que se identifica como del Frente de Liberación Popular, quien emite amenazas contra Salazar y su familia, de la que asegura que desde el 2016 conocen al detalle. “Exigimos que renuncie inmediatamente a su cargo y deje a personas honestas para que sin intereses juzguen a los corruptos( ...)”, se escucha en el video que también advierte a “los fiscales, jueces y políticos corruptos”.
Por su parte, el fiscal Carlos Baca condenó estas amenazas, a las que calificó como “actos de cobardía y amedrentamiento”, y reiteró su “respaldo a la fiscal Salazar. “Jamás actuaremos en defensa de inescrupulosos, maleantes o corruptos, por más amenazas que existan”, agregó. (I)
Fuente: https://goo.gl/ChnRk7
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