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El juez de 'Kuailian' prorroga seis meses la investigación pendiente de la extradición de los dos principales imputados

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga la presunta 'criptoestafa' de Kuailian ha decidido ampliar seis meses la investigación de una supuesta estafa piramidal que habría dejado más de 65.000 afectados y 500 millones de euros de perjuicio económico, por lo que se alargará hasta el mes de marzo de 2024. En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, acuerda esta prórroga pendiente de que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos resuelvan sobre la solicitud de extradición de uno de los fundadores, David Ruiz de León, y su socio Cristian Albeiro. El magistrado explica que, además de la declaración de sendos investigados, también está pendiente la emisión del informe policial final, determinar el número de perjudicados y la cuantía presuntamente defraudada. El juez Gadea recuerda que "la presente causa es una instrucción compleja al tratarse de un delito de organización criminal, estafa agravada en su modalidad de defraudación con perjuicio patrimonial a una generalidad de personas, aún por determinar y blanqueo de capitales, siendo los hechos investigados el sistema de inversión piramidal denominado Kuailian". GANANCIAS EXPONENCIALES El mismo, continúa, fue "creado por los denunciados David Aurelio Ruiz de León García Vao, Javier Hermosilla Díaz, Miguel Ángel Tello Encinas, Cristian Albeiro Carmona Hernández, presentándolo como un sistema de inversión en criptomonedas, con ganancias exponenciales para atraer inversores". "La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real. A través de esta operativa se podría haber causado perjuicio a una pluralidad de inversores, cuyo número no está determinado, tampoco el perjuicio sufrido por cada uno de ellos, pero de los datos hasta ahora obtenidos permiten inferir que puede haber afectado a un número elevado de personas", añade. Las víctimas de este supuesto esquema piramidal, que se habría saldado con más de 65.000 afectados en varios países y 500 millones de euros de perjuicio económico, se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

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Ocho miembros de una banda reconocen ser distribuidores en España de grandes cantidades de cocaína

Se les intervino 240 kilos de cocaína MADRID, 18 (EUROPA PRESS) Ocho integrantes de una banda organizada dedicada a la venta y distribución de cocaína han reconocido hoy en el juicio celebrado en la Audiencia de Madrid los delitos que se les imputa para lograr una reducción de las penas solicitadas por la Fiscalía de Madrid. La Fiscalía de Madrid solicita penas que van desde los 14 a los siete años de prisión para los acusados, que integraban una banda que se encargaba de introducir, distribuir y vender grandes cantidades de cocaína en España. Los abogados defensores han alcanzado con el fiscal un acuerdo de conformidad, cuyo contenido no ha trascendido y quedará recogido en la sentencia que se dicté en los próximos días. El acuerdo supone una reducción de las condenas que se les impondrá. Según el fiscal, el grupo dirigido por Oscar Mauricio Correa Giraldo, estaba también compuesto por M. A. Loaiza Aguirre, J. E. Rojas Giraldo, A. A. Moncada Velasquez, F. A. Echeberry Loaiza, J. Fa. Correa Gómez, A. M. Zuluaga y A. S. Mourille. A los acusados se les intervino 240 kilogramos de cocaína cuyo valor en el mercado ilícito asciende a 12.538.090,58 euros. El día 2 de septiembre de 2015, se encontraban realizando sus funciones los agentes de Policía Nacional cuando observaron a un individuo, que resultó ser A. M. Zuluaga que portaba una bolsa blanca, que introdujo en el maletero de un BMW, conducido por Mario A. L. Aguirre. Los funcionarios procedieron a dar el alto al referido vehículo, e identificaron a los ocupantes, encontrando en el maletero la bolsa en cuyo interior había 192.100 euros en efectivo. Ante las "vagas", "imprecisas" y "contradictorias" explicaciones que los acusados dieron sobre el origen del dinero y, dado que había investigaciones anteriores que les vinculaban con el delito de tráfico de drogas, se iniciaron gestiones de investigación en relación tanto con la persona, como con los bienes y domicilios de los investigados, por si los hechos fuesen indiciariamente constitutivos de un delito contra la salud pública y de blanqueo de capitales. En el marco de la investigación policial, el 1 de octubre de 2015, en un control policial se interceptó al vehículo Audi A8. Su conductor resultó ser O. M. Giraldo y en el registro del vehículo, los agentes localizaron, en el maletero, una mochila con varios paquetes de dinero en efectivo, y en el asiento del copiloto, otra bolsa con dos paquetes de dinero en efectivo, cuya suma total ascendía a 224.120 euros. Así, de las diligencias de investigación realizadas se comprobó resultó que los acusados para conseguir su cometido de introducir cocaína en territorio español crearon una organización jerarquizada. O. M. Giraldo, era la persona que lideraba la organización y ejercía las funciones de dirección, A. A. Moncada y F. A. Echeverri eran los encargados de gestionar directamente los traslados y entregas de la sustancia estupefaciente y su posterior cobro; M. A. Loiza era el encargado tanto de recibir dinero como de proporcionar la infraestructura a la organización, A. M. Zuluaga se encargaba de transportar el dinero y Y. F. Correa realizaban funciones de custodia. Mientras, A. Saéz se dedicaba también a la distribución de la droga. El total de la sustancia estupefaciente intervenida asciende a 239.936,564 gramos puros de cocaína, destinada toda ella a su distribución a terceras personas, cuyo valor en el mercado ilícito asciende a 12.538.090,58 euros. Los procesados fueron detenidos el 4 de diciembre de 2015, ingresaron en prisión con fecha 7 de diciembre de 2015 y fueron puestos en libertad mediante resolución de fecha 4 de diciembre de 2017.