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La Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia contra Ayuso por alzamiento de bienes en el 'caso Avalmadrid'

La Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia contra Ayuso por alzamiento de bienes en el ‘caso Avalmadrid’

La Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por Más Madrid para que se investigara la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un “delito de alzamiento de bienes”.En un decreto de este departamento del Ministerio Público, adelantado por Infolibre, se determina el sobreseimiento…

[unpensadoranonimo]

Las cinco falsedades de la fiscal Suárez

La número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, dictó el 13 de noviembre un decreto archivando la denuncia que había presentado Más Madrid contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Dictó ese decreto sin realizar diligencia de investigación alguna. Por supuesto, hay ocasiones en las que una fiscal no necesita investigar nada porque los hechos son tan claros que puede llegar a una conclusión jurídica sin mayores averiguaciones. El problema en este caso es que, para decretar el archivo de la denuncia, la teniente fiscal Belén Suárez Pantín tiene que apoyarse en cinco falsedades.

Que se trata de cinco falsedades no es una interpretación jurídica o periodística. Es una conclusión a la que llega cualquier persona que haya superado las pruebas de comprensión lectora que se realizan a los alumnos de 4º de primaria. Veámoslo. [Puedes leer aquí el decreto de archivo].

ALZAMIENTO DE BIENES

El primer hecho que analiza la teniente fiscal de Anticorrupción es la participación de Isabel Díaz Ayuso en un presunto alzamiento de bienes. Los hechos los desveló infoLibre: los padres de la presidenta madrileña le donaron a ella y a su hermano dos inmuebles el 7 de octubre de 2011, para evitar que dichos bienes fuesen embargados por Avalmadrid. Esta entidad le había concedido un crédito-aval de 400.000 euros a la empresa MC Infortécnica SL, propiedad de ocho socios entre los que estaban los padres de Ayuso, que habían avalado personalmente el préstamo. Dos semanas antes de la donación, MC Infortécnica SL había despedido a la práctica totalidad de su plantilla y estaba en quiebra, así que era evidente que no podría devolver los 400.000 euros. El primer pago lo tenía que realizar el 15 de diciembre de 2011. No pagó ni un euro. [Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

Para llegar a la conclusión de que no hay nada delictivo en ese relato de hechos que realiza Más Madrid en su denuncia, Belén Suárez Pantín incurre en las dos primeras falsedades:

FALSEDAD Nº 1: LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO

Sostiene la teniente fiscal que, respecto al alzamiento de bienes, "la jurisprudencia indica como uno de sus requisitos esenciales que el crédito sea vencido, líquido y exigible". Y añade: "Del análisis de los hechos que se describe [sic] en la propia denuncia resulta que las donaciones se realizaron dos meses antes del impago de la primera cuota".

Es imposible saber a qué jurisprudencia se refiere Belén Suárez Pantín, dado que no cita una sola sentencia en su decreto, lo que por otra parte da una idea bastante clara sobre la calidad jurídica de su escrito. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo español dice exactamente lo contrario de lo que falsamente afirma la número dos de Anticorrupción. En concreto, el Alto Tribunal declara que:

"[Los elementos de este delito son] 1º) existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero también es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes".

Esta jurisprudencia se recoge en decenas de sentencias del Supremo. Sirvan como ejemplo estas tres, separadas por 17 años pero idénticas a la hora de interpretar las características del crédito que se busca dejar impagado mediante el alzamiento de bienes: 1738/2002, de 11 de marzo; 4396/2005, de 30 de junio y 593/2019, de 20 de febrero.

FALSEDAD Nº 2: LA INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL PATRIMONIO DEL DEUDOR

Sostiene la teniente fiscal, también en relación con el alzamiento de bienes, que un segundo requisito esencial es que "no queden bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito". Señala, además, que "el citado crédito estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas solidarios. Consta que en el año 2018 se ha ejecutado la garantía hipotecaria y por lo que resta, no consta que se hubieran dirigido contra los avalistas solidarios".

Belén Suárez Pantín tiene razón en lo primero: la jurisprudencia también es constante a la hora de afirmar que si el deudor conserva suficiente patrimonio para hacer frente a sus deudas, las operaciones de transmisión de los bienes no serán consideradas alzamiento. Esto es de una lógica aplastante: dicho delito se caracteriza por "imposibilitar o dificultar a los acreedores el cobro de lo que les es debido", en palabras del Supremo. Y si el deudor mantuviese suficiente patrimonio, pues el acreedor podría actuar contra él.

¿Qué ocurrió con los avalistas del préstamo de Avalmadrid? Pues que se desprendieron de absolutamente todos los bienes

que tenían a su disposición. Los padres de Díaz Ayuso y otros cuatro avalistas. De forma que no queda patrimonio que perseguir.

Y, en segundo lugar, esos avalistas solidarios tienen a día de hoy una deuda viva con Avalmadrid de más de 270.000 euros; es decir, una vez descontado el importe de la garantía hipotecaria ejecutada sobre una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

Por tanto, el totum revolutum argumental de la teniente fiscal no se sostiene: la realidad es que los avalistas no tienen bienes para hacer frente a la deuda y que esta supera a día de hoy los 270.000 euros. Así que en, todo caso, se cumpliría ese segundo requisito esencial del delito que cita en su decreto.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL

En segundo lugar, analiza Belén Suárez Pantín si pudo existir administración desleal por parte de los gestores de Avalmadrid, precisamente por permitir que los avalistas solidarios se deshicieran de su patrimonio y no actuar contra ellos durante siete años, pese a que ya en abril de 2012 se decidió en una reunión del Comité de Morosidad de Avalmadrid que se debía proceder a "la ejecución dineraria" de los morosos. Aquí tampoco encuentra delito alguno, pero para ello nuevamente debe forzar la verdad de los hechos.

FALSEDAD Nº 3: LA VOLUNTAD DEL ACREEDOR DE ABANDONAR EL COBRO DE LA DEUDA PENDIENTE

El delito de administración desleal exige, entre otros elementos, que se actúe en beneficio propio o de un tercero y que cause un perjuicio patrimonial. En el presente caso, sostiene la teniente fiscal, "no puede determinarse ninguno de ambos, teniendo en cuenta que está pendiente la reclamación a los avalistas solidarios, y no puede concluirse, de lo afirmado por el denunciante, la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente".

O sea que, según Belén Suárez Pantín, la prueba de que el acreedor mantiene "la voluntad de cobrar" la deuda pendiente es... que durante siete años no ha hecho nada para recuperarla y sigue pendiente "la reclamación". ¿La voluntad de que se quiere hacer algo es no hacerlo? ¿De verdad que razonan así en Anticorrupción?

La voluntad de Avalmadrid ha quedado patente por dos hechos que puede comprobar fácilmente la teniente fiscal:

1. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, Avalmadrid permitió que los avalistas solidarios donasen o vendiesen todos los bienes que tenían a su disposición. ¡Todos! Siete inmuebles propiedad de seis avalistas diferentes. Y solo una vez que los morosos se habían deshecho de todo el patrimonio que no tenían hipotecado, Avalmadrid trasladó el expediente a Cobralia para que en teoría intentase recuperar la deuda.

2. Cuando le pasaron el expediente de MC Infortécnica SL, Cobralia tampoco actuó contra los avalistas. Se limitó a enviarles una notificación requiriendo el pago de la deuda, pero no fue a los tribunales. En 2015, Cobralia le preguntó a Avalmadrid qué hacían al respecto y cuatro años después siguen esperando una respuesta. 

Pero es que no hace falta que la número dos de Anticorrupción crea lo que afirman los denunciantes de Mas Madrid, bastaría con que se hubiera leído un informe realizado por la Comisión de Auditoría de la propia Avalmadrid, fechado el 30 de julio de 2019, donde se admite que el Comité de Morosidad ocultó la donación fraudulenta de un piso a Ayuso, entre otras irregularidades. Claro que para leer el informe, tendría que haberlo pedido, y Belén Suárez Pantín no consideró necesario desgastarse en exceso en este caso.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Por último, la teniente fiscal analiza el tráfico de influencias que los denunciantes atribuyen a la presidenta madrileña, pero felizmente para Ayuso tampoco aquí encuentra la defensora de la legalidad ninguna tacha Código Penal en mano. Eso sí, para ello es preciso vapulear nuevamente la verdad, pero ya se sabe que la Justicia es ciega y a veces atropella a quien no debe.

FALSEDAD Nº 4: LAS FECHAS DE LOS CORREOS

Analiza Belén Suárez Pantín unos correos que envió Ayuso a un directivo de Avalmadrid interesándose por las consecuencias que tendría para sus padres el impago del préstamo y por información confidencial de determinadas empresas vinculadas a dos socios de sus padres. Sostiene la teniente fiscal en su escrito: "Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la fecha en que adquirió [Ayuso] la condición de diputada autonómica –15/07/2011–, siendo que las fechas que constan en los correos aportados son todos ellos anteriores".

Otra falsedad, si se tiene en cuenta que en la denuncia figura un correo enviado por Ayuso el 14 de septiembre de 2011. Ha de saber la teniente fiscal que, desde que el papa Gregorio XIII decretó en 1582 que el mundo católico debía regirse por el calendario llamado en su honor gregoriano, el 14 de septiembre viene después del 15 de julio. Y tal fenómeno se repite año tras año de forma invariable, sin que de momento haya nunca sucedido que septiembre se anticipase a julio. Pero es más, incluso aunque en Anticorrupción se guiasen por el calendario juliano, en lo que sería una clamorosa falta de adaptación a los tiempos, resulta que Quintilis también iba por delante de Septembris, de forma que si Ayuso hubiese sido nombrada diputada en Quintilis de 2011 ya sería diputada a la hora de escribir un correo en Septembris del mismo año.

No crean que la preocupación de la teniente fiscal por las fechas es intrascendente. Los diputados son considerados "autoridad" por el Código Penal, y hay determinados delitos que sólo pueden cometer quienes son fucnionarios o autoridad, de forma que si se despoja a Ayuso de dicha condición, por arte de magia también se le protege de esos presuntos delitos (por ejemplo, el cohecho).

FALSEDAD Nº 5: INFORMACIONES OBTENIDAS A TRAVÉS DE INTERNET

El escrito de Belén Suárez Pantín tiene cuatro folios: dos y medio los dedica a resumir los hechos de la denuncia y otro folio y medio escaso a no encontrar delitos. Pues bien, aunque parezca increíble en tan breve espacio, aún entra una quinta falsedad en ese folio y medio mencionado. Sale a mentira por cada dos párrafos.

Sostiene la teniente fiscal, en unas líneas de sintaxis complicada y puntuación ciertamente mejorable: "Lo anterior puesto en relación a lo que describe el denunciante como información privilegiada, del propio relato de hechos como del contenido de los correos los correos [sic] aportados las informaciones no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo que se realice, sino que se refieren a informaciones obtenidas a través de internet y del registro mercantil".

Pues bien, la realidad es que en uno de los correos, Ayuso le pregunta a un directivo de Avalmadrid si le podría facilitar "la actividad comercial, facturación y clientes" de dos empresas cuya propiedad atribuye a los socios de sus padres. El dato global de facturación se puede encontrar ciertamente en el Registro Mercantil, si la empresa cumple la obligación legal de presentar las cuentas anuales, pero la identidad de los clientes es una información confidencial que desde luego las compañías no declaran ante el Registro y tampoco suelen colgar en Internet.  

Hasta aquí el atropello a la verdad perpetrado en el decreto de la teniente fiscal de Anticorrupción. Es un escrito que recuerda a aquellos que firmaba Manuel Moix para explicar que el presunto corrupto Ignacio González era un político sin mácula. Por las conclusiones, pero sobre todo por el atropello jurídico. Las cosas, incluso para llegar al mismo fin, se pueden hacer mucho mejor. Sirva un ejemplo para explicarme: se puede defender con argumentos jurídicos razonables que la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes habría prescrito, de forma que no procede investigarlo. O incluso se puede afirmar que no está demostrado el dolo de Ayuso en el momento de recibir la donación del inmueble, por lo que faltaría un elemento imprescindible para el delito. En ambos casos, por cierto, también hay pruebas y razonamientos que apuntan en la dirección contraria. Pero lo que no se puede hacer, cuando los españoles le pagan a alguien el sueldo de teniente fiscal de Anticorrupción, es poner por escrito que la jurisprudencia del Supremo dice exactamente lo contrario de lo que de verdad dice la jurisprudencia del Supremo. No es necesario ni hacer el ridículo, ni provocar que la gente sienta vergüenza ajena

Fuente: Manuel Rico

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Las claves para entender los tres escándalos que afectan a la presidenta Ayuso

"Yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, nos podemos ir debajo de un puente, pero yo entiendo que no es eso [...] A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos". En esas dos frases, pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso en El programa del verano de Tele 5, se esconden algunas claves de cómo está afrontando la presidenta madrileña los tres escándalos que le afectan. "¿Qué pretenden que hagamos?". La respuesta que ofrece el Código Penal es que no se pueden cometer delitos para apropiarse de unos bienes que se han puesto como garantía de un préstamo. Las palabras de Ayuso, además, insisten en la estrategia de hablar de sus padres cuando los periodistas le preguntan por actuaciones que sólo le afectan a ella.

Los escándalos que protagoniza la presidenta madrileña del PP tienen algunos aspectos complejos, y ciertos hechos se entremezclan en uno y otro caso, pero lo que los tres esconden es muy fácil de entender.

Primero: trato de favor. Isabel Díaz Ayuso usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre para contactar con un directivo de Avalmadrid a quien pidió información sobre varias empresas y este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Segundo: alzamiento de bienes. Isabel Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito.

Tercero: impago de impuestos. Isabel Díaz Ayuso es dueña, junto a su hermano, de una sociedad que estuvo cinco años sin pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble que estaba a su nombre.

Los hechos de los casos Avalmadrid, Ayuso e IBI fueron desvelados durante los dos últimos meses por infoLibre mientras la dirigente del PP no daba ni una sola explicación. Y cuando finalmente lo hizo esta semana en la entrevista de Tele 5,

Ayuso mintió sobre su relación con Avalmadrid y ofreció cuatro datos falsos sobre el impago del IBI, tal y como demostró documentalmente este periódico.

Y luego está el asunto de la desigualdad. Escuchar el testimonio de Ascensión Lucha, una pequeña empresaria a la que Avalmadrid y Cobralia persiguieron durante diez años, ya era estremecedor cuando lo ofreció ante la Asamblea de Madrid el 14 de febrero de 2018. Oírlo ahora, cuando se sabe que Avalmadrid lleva siete años sin actuar contra los socios morosos de la empresa de los padres de Ayuso, plantea además evidentes cuestiones sobre la injusticia que supone el trato desigual que a veces reciben los ciudadanos.

"¿Qué pretenden que hagamos?". Pagar impuestos, no delinquir para obtener propiedades, no usar un cargo público para lograr favores, no mentir y recibir igual trato que los demás ciudadanos son exigencias básicas que se plantean a los políticos en las sociedades democráticas.

A continuación, infoLibre explica las claves de los tres escándalos que tienen una única protagonista: Isabel Díaz Ayuso. No sus padres, por mucho que se afane en desviar la atención hacia su familia, sino ella misma: la entonces diputada autonómica del PP y ahora presidenta de la Comunidad de Madrid.

'CASO AVALMADRID': EL TRATO DE FAVOR

Isabel Díaz Ayuso realizó gestiones a principios de 2011 para saber "con qué persona había que hablar" sobre la concesión de un préstamo de Avalmadrid a MC Infortécnica SL, una empresa participada por sus padres. Medio año después, en julio de 2011, Ayuso recurrió a una alto cargo del Gobierno de Aguirre para que le pusiera en contacto con un directivo de Avalmadrid, a quien primero le pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres y luego le solicitó información confidencial sobre otras compañías ajenas a su familia. El directivo consiguió parte de la información por sí mismo y solicitó más datos a otros trabajadores de la entidad de capital mixto, donde la Comunidad de Madrid es el principal accionista con el 31% del capital.

En otras palabras: empleados y recursos de Avalmadrid se pusieron a disposición de quien entonces ya era diputada del PP, no para una cuestión relacionada con el ejercicio de sus funciones, sino para un asunto de su estricto interés personal.

Cuando ya tenía la certeza de que la empresa no devolvería el crédito, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid que figuraba entre los bienes que tuvo en cuenta Avalmadrid para conceder el préstamo. Pese a que en la documentación analizada entonces por los ejecutivos de Avalmadrid consta el cambio de titularidad, no actuaron judicialmente y permitieron que Ayuso se apropiase del inmueble en perjuicio de la propia Avalmadrid.

El Código Penal (CP), en su artículo 419 , castiga a "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase". A efectos penales, los diputados autonómicos tienen consideración de autoridad (artículo 24 CP). Este delito se castiga con penas de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un máximo de 12 años. Los hechos no estarían prescritos (artículo 131 CP).

El resumen cronológico de la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Avalmadrid es el siguiente:

5 de enero de 2011: MC Infortécnica SL solicita a Avalmadrid una operación de crédito-aval por importe de 400.000 euros. Los accionistas de la empresa son cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Ayuso. La presidenta madrileña confesó esta semana que en ese momento ya hizo una primera gestión para saber "con qué persona" había que hablar para la concesión del préstamo. Sus palabras exactas fueron las siguientes: "Yo pregunté en ese momento simplemente con qué persona se podría hablar para que, si se daban las garantías, esa empresa solicitara un crédito y pudiera ser avalada. Pero yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. No tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada". Esto último es una de las escasas verdades que de momento ha dicho Ayuso sobre sus tres escándalos: en ese momento trabajaba en Madrid Network y no se convirtió en diputada hasta el 15 de julio de aquel año. Eso sí, llevaba trabajando para el PP al menos desde enero de 2006 e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre.

2 de febrero de 2011: el Comité Directivo de Avalmadrid aprueba la concesión del préstamo. La operación está garantizada con el aval solidario de los ocho socios y con una hipoteca sobre una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso.

2 de marzo de 2011: el coordinador del departamento de Riesgos de Avalmadrid advierte por correo a sus superiores que, en la tasación de la nave, se indica expresamente lo siguiente: "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna", por incumplir la normativa urbanística. "En base a la advertencia se solicita autorización para seguir adelante", añade. El consejero delegado de Avalmadrid, Juan Luis Fernández-Rubíes, responde ese mismo día con dos palabras: "OK adelante".

15 de marzo de 2011: se escritura la operación. MC Infortécnica tiene que devolver el dinero en 36 meses. El primer plazo será el 15 de diciembre de 2011.

30 de junio de 2011: MC Infortécnica deja de pagar la nómina a sus trabajadores. Sólo han pasado tres meses desde que se embolsó los 400.000 euros.

13 de julio de 2011: Eva Piera, viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre, diputada autonómica y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, se pone en contacto con un directivo de esta entidad para que atienda a Ayuso.

14 de julio de 2011: Ayuso se pone en contacto con el directivo de Avalmadrid contactado por Piera. Le pide información sobre la solvencia económica de diversas empresas del Grupo MC, cuya principal filial es MC Infortécnica SL. El empleado tramita la petición como si fuera un encargo de "Presidencia de la Comunidad de Madrid", tal y como deja por escrito en los correos que envía a otros trabajadores de Avalmadrid a los que encarga los informes para Ayuso.

14 de septiembre de 2011: Ayuso sigue en contacto con el directivo de Avalmadrid. Ese día quiere obtener información confidencial de varias compañías cuya propiedad atribuye a los socios de su padre, ya que sospecha que forman parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas al mismo negocio. Se interesa por conocer "la actividad comercial, la facturación y quiénes son sus clientes".

23 de septiembre de 2011: el Grupo MC, que había iniciado el año con 40 trabajadores, despide a la práctica totalidad de la plantilla. Quedan sólo seis personas, las más vinculadas a los ejecutivos de la compañía. Entra en quiebra, aunque jamás presentará concurso de acreedores. Avalmadrid tampoco insta el concurso.

15 de diciembre de 2011: MC Infortécnica SL tiene que realizar el primer pago del préstamo por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. No devuelve ni un euro.

2 de abril de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid decide cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios. Pero no hace nada de lo acordado (salvo cancelar el préstamo). Ese día, ya han desaparecido del patrimonio de Leonardo Díaz Álvarez y de Isabel Ayuso Puente todos los bienes que tenían a su disposición: el piso en Madrid que donan a su hija Isabel, la vivienda unifamiliar en Sotillo que donan a su hijo Tomás y una nave en el pueblo abulense que venden a terceros ajenos a la familia. Un cuarto inmueble, otra nave en Sotillo, no la pueden traspasar porque es la que está hipotecada. El Comité de Morosidad hace la vista gorda.

15 de mayo de 2012: La normativa interna de Avalmadrid obliga a judicializar un expediente como máximo en 15 días desde que realiza el primer pago al banco que puso el dinero del préstamo (en este caso, Caja España). Ese abono se produjo el 30 de abril, así que como muy tarde a mediados de mayo tenía que haber iniciado los trámites judiciales contra los morosos. No lo hizo.

16 de noviembre de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid vuelve a analizar el expediente de MC Infortécnica SL. Decide otra vez lo mismo: la ejecución hipotecaria de la nave y la ejecución dineraria de los socios morosos. Respecto a esto último, no hace nada. En ese momento, ya han desaparecido del patrimonio de los avalistas 7 de los 14 inmuebles que Avalmadrid había tenido en cuenta para la concesión del crédito. El Comité de Morosidad sigue haciendo la vista gorda.

26 de noviembre de 2012: Avalmadrid entrega el expediente a Cobralia, la empresa de cobro de deudas que utilizaba entonces.

28 de enero de 2013: el abogado de Cobralia presenta la demanda de ejecución hipotecaria de la nave de Sotillo en el Juzgado Nº 2 de Arenas de San Pedro (Ávila). Se confunde y, además de la escritura hipotecaria, entrega también el título que servía para actuar contra los socios morosos. Durante dos años, nadie en Avalmadrid se da por enterado de que no se ha iniciado el procedimiento contra los avalistas aprobado por dos veces en su Comité de Morosidad.

Marzo de 2015: A la vista de la situación, Cobralia le pregunta a Avalmadrid qué hace. Y le plantea dos opciones para actuar contra los morosos. Avalmadrid jamás le responde.

1 de septiembre de 2019: Han pasado siete años, ocho meses y 16 días desde que los socios de MC Infortécnica SL dejaron el préstamo impagado. Pese a que todos ellos firmaron una póliza donde se comprometían a responder del dinero con todos sus bienes presentes y futuros, Avalmadrid jamás se lo reclamó y ellos aprovecharon para desprenderse de todos los inmuebles que tenían a su disposición en operaciones presuntamente delictivas de alzamiento de bienes.

'CASO AYUSO': EL ALZAMIENTO DE BIENES

La legislación española, tanto civil como penal, castiga la transmisión de bienes cuando se realiza en fraude de acreedores.

El artículo 1297 del Código Civil presume “celebrados en fraude de acreedorestodos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos en fraude de acreedores son rescindibles, durante un periodo de cuatro años desde que se celebran.

Por su parte, el artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Así lo explica el Tribunal Supremo en múltiples sentencias donde fija su jurisprudencia sobre el alzamiento:

"[Los elementos de este delito son] 1º) existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero también es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes" [SSTS 4396/2005, de 30 de junio, y 1738/2002, de 11 de marzo].

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

El conocimiento por parte de Ayuso del objeto de las donaciones recibidas es, en consecuencia, el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito. Ya se conocen dos hechos que prueban la existencia de dicho conocimiento por parte de la entonces diputada del PP: un correo que ella misma escribió y la confesión que realizó esta semana durante una entrevista.

En cuanto a la prescripción, hay dos incógnitas por despejar antes de poder responder con seguridad. La primera es si las deudas de Avalmadrid se pueden considerar de Derecho público. Aunque en un reciente escrito la Fiscalía de Madrid manifestó que eran de Derecho privado, otros juristas e inspectores de Hacienda consultados por infoLibre sostienen lo contrario, a la vista de que entre el Gobierno autonómico y Caja Madrid controlaban entonces más del 50% de su capital. La segunda incógnita es saber si las dos donaciones que aceptó Ayuso sirvieron para burlar deudas de sus padres con Hacienda o la Seguridad Social. Si ambas incógnitas se terminan despejando de forma negativa —las de Avalmadrid no son deudas de Derecho público y no existían deudas con Hacienda o la Seguridad Social—, los presuntos delitos habrían prescrito a los cinco años. Si alguna de esas dudas se responde finalmente de forma afirmativa, no prescribirían hasta los diez años.

El resumen cronológico de los hechos es el siguiente:

15 de marzo de 2011: MC Infortécnica SL firma con Avalmadrid una operación de crédito-aval por importe de 400.000 euros. Los ochos accionistas de la empresa, entre ellos los padres de Ayuso, se convierten en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obliga a responder de la devolución del dinero con todos los bienes presentes y futuros que tengan. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.

30 de junio de 2011: MC Infortécnica deja de pagar la nómina a sus trabajadores.

14 de julio de 2011: Ayuso se pone en contacto con un directivo de Avalmadrid. Quiere saber si sus padres pueden perder su patrimonio en caso de impago del préstamo de MC Infortécnica SL.

14 de septiembre de 2011: La entonces diputada del PP sospecha que los socios de sus padres han dejado hundirse MC Infortécnica SL para constituir otras sociedades que realicen la misma actividad. Así se lo confiesa, a través de un correo electrónico, al directivo de Avalmadrid con el que lleva dos meses en contacto: "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra". En otras palabras: Ayuso ya tiene en ese momento la certeza de que MC Infortécnica SL no devolverá el crédito.

23 de septiembre de 2011: El Grupo MC, que había iniciado el año con 40 trabajadores, despide a la práctica totalidad de la plantilla.

5 de octubre de 2011: Leonardo Díaz Álvarez presenta su “renuncia irrevocable” como administrador mancomunado de Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, la matriz del grupo empresarial. Lo hace ante notario mediante una escritura en la que justifica su dimisión "debido a que todas las gestiones y actuaciones diarias y no diarias de la sociedad son llevadas exclusivamente por los otros dos administradores mancomunados”. Esos otros dos administradores eran José Manuel Pitarch y Juan Carlos Herrero.

7 de octubre de 2011: los padres de la dirigente del PP donan buena parte de sus bienes a sus dos hijos, Isabel y Tomás. A ella le correspondió la “nuda propiedad” de una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, cuyo usufructo se reservaron sus padres (ahora lo mantiene la madre). A Tomás le dieron el pleno dominio de una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

15 de diciembre de 2011: MC Infortécnica SL tiene que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses No devuelve ni un euro.

16 de abril de 2012: Leonardo Díaz Álvarez dona el 100% de las participacionesde Sismédica SL a Isabel y Tomás. Dicha compañía era propietaria de un local de oficinas en la calle Antonio López de Madrid.

26 de agosto de 2019: En El programa del Verano de Tele 5, a preguntas de la periodista Ana Terradillos, la presidenta madrileña confiesa que el objeto de las donaciones era salvar los bienes de la familia de los acreedores. "Le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos y entre ellos estaba esa sociedad, que a su vez tenía a su nombre una oficina", señala literalmente sobre la donación de Sismédica SL.

'CASO IBI': EL IMPAGO DE IMPUESTOS

Isabel Díaz Ayuso incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble de su propiedad.

La deuda la originó un local de oficinas situado en la calle Antonio López de Madrid, que estaba a nombre de la sociedad Sismédica SL. La entonces diputada del PP y su hermano aceptaron que su padre les donase esta sociedad en abril de 2012. Desde esa fecha jamás pagaron el IBI.

infoLibre desveló este hecho el pasado 7 de agosto. Esta semana, la presidenta madrileña intentó por primera vez justificar el impago, pero lo hizo aportando cuatro datos falsos.

Los cinco años de IBI impagados se corresponden con los recibos que Sismédica SL tenía que haber abonado en el otoño de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Durante todo ese tiempo, la empresa y el local eran propiedad de los hermanos Díaz Ayuso.

El pago del IBI correspondiente al año 2017, tras la subasta del inmueble y su adjudicación a una filial de Bankinter, ya no correspondía a Sismédica SL, sino al nuevo titular. El responsable del pago del IBI es siempre el titular del inmueble, con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo.

El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio. Este periódico encontró hasta cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas.

De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.

Pese a las notificaciones de ejecución, el Ayuntamiento de Madrid nunca llegó a inscribir dicho embargo en el Registro de la Propiedad.

El resumen cronológico de los hechos es el siguiente:

16 de abril de 2012: Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás aceptan la donación, a partes iguales, de la totalidad de las participaciones de Sismédica SL. Dicha sociedad es propietaria de un local de oficinas en Madrid.

5 de septiembre de 2013: en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), número 6.998, página 819, se publica una diligencia de embargo contra Sismédica SL.

30 de junio de 2014: la empresa celebra una Junta Universal para aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Los hermanos Díaz Ayuso acuerdan imputar a pérdidas de años anteriores los 6.295 euros de beneficios que habían obtenido en 2013.

5 de mayo de 2015: el Ayuntamiento publica en el BOAM número 7.405, página 391, una providencia de apremio y diligencia de acumulación de las deudas tributarias de Sismédica SL.

13 de enero de 2016: el Ayuntamiento publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 11, suplemento 1, página 7.013, una notificación de ejecución contra la sociedad.

11 de noviembre de 2016: el Ayuntamiento publica en el BOE número 273, suplemento 1, página 15.439, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.

30 de diciembre de 2016: el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid adjudica en subasta el inmueble a Bankinter, que solicitó la ejecución hipotecaria después de que Sismédica SL dejase impagado un préstamo. Bankinter, a su vez, cede el inmueble a su filial Intermobiliaria SA.

9 de agosto de 2017: el Ayuntamiento publica en el BOE número 189, suplemento 1, página 8.089, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.

18 de octubre de 2017: el Juzgado dicta decreto de adjudicación de la oficina a favor de Intermobiliaria SA, que pasa a ser el nuevo titular del inmueble.

6 de junio de 2019: Ayuso incluye en su declaración de bienes y rentas que es propietaria del 50% de una sociedad limitada, que no identifica, pero que se trata de Sismédica SL. La sociedad está ahora inactiva y no tiene propiedades a su nombre.

Fuente: Manuel Rico

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