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Tráiler del Documental:  “América Latina en Movimiento”

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6 preguntas para entender el proceso de elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela

Ya se conoce un poco más de la reforma del Estado y la nueva Constitución que pretende acometer el gobierno de Venezuela.

El presidente del país, Nicolás Maduro, presentó este martes las llamadas "bases comiciales", que definen cómo será el proceso de elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que redactará una nueva Carta Magna.

Esas bases fueron presentadas al Consejo Nacional Electoral (CNE), que inmediatamente las aprobó y definió para "finales de julio" la elección de los 540 miembros de la Asamblea.

La iniciativa de Maduro, anunciada el 1 de mayo, llega en medio de un fuerte clima de tensión política y social tras más de 50 días de protestas antigubernamentales que han provocado unas 50 muertes.

La oposición y algunos miembros del chavismo, incluida la fiscal general, Luisa Ortega, y un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han rechazado públicamente la convocatoria.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de 2015, calificó este martes las bases como "fraudulentas".

En BBC Mundo te presentamos 6 preguntas para explicar el proceso que quiere iniciar el gobierno de Maduro

1. ¿Por qué Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente?

En medio de una fuerte crisis económica y política con protestas antigubernamentales casi todos los días en gran parte del territorio nacional, Maduro convocó la Asamblea Constituyente para "reformar el Estado".

Según el presidente, que acusa a la oposición de un intento de golpe de Estado apoyado por potencias extranjeras, la Constituyente es un vehículo de "paz".

"Es la única vía para convocar la soberanía plena del pueblo y poner las bases de la regeneración de la paz de la república", dijo este martes Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez desde 2013.

El gobierno pretende que quede registrado en la máxima ley un modelo de Estado en el que se reconozcan, entre otras cosas, la organización popular en consejos comunales y las misiones sociales, que han beneficiado durante el chavismo a parte de la población.

La oposición rechaza la Constituyente, ya que la considera una forma de autogolpe de Estado y la confirmación de la "deriva autoritaria" de Maduro.

El líder opositor Henrique Capriles asegura que con la nueva Constitución el gobierno busca perpetuarse en el poder.

También critica que parte de la elección de los miembros de la Constituyente sea a través de sectores, algo que creen que va en contra del voto universal y directo, afirma.

2. ¿Cómo se elegirá a sus miembros?

Maduro dio este martes los detalles. Habrá 540 miembros. De ellos, 364 serán elegidos de forma territorial. El resto, 176, lo serán por ámbito sectorial.

El Ejecutivo definió ocho sectores: trabajadores, campesinos, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios y comunas, y consejos comunales.

La oposición critica esa elección por sectores y cree que es una medida que favorece al oficialismo, mejor organizado en sindicatos, gremios y asociaciones, y consejos comunales.

Qué son los consejos comunales de Venezuela y por qué son tan importantes para la Asamblea Nacional Constituyente que convocó Nicolás Maduro

Cada uno de los 24 estados del país elegirá un número diferente de miembros de la Constituyente en función de los municipios que lo integran. Todos los municipios del país estarán representados por un miembro.

Varios expertos critican que no se tenga en cuenta la población de los estados, de forma que algunos menos poblados tendrán tanto peso como otros con más habitantes.

3. ¿Habrá referendo para aprobar la nueva Constitución?

Maduro no dio detalles este martes y esa decisión quedará en manos de la Asamblea Constituyente.

"La Constitución no lo establece, por lo que debe ser una decisión que tome la futura Asamblea Nacional Constituyente. Ella será la que decida someter al voto popular el nuevo texto constitucional que redacte", dijo el lunes Elías Jaua, presidente de la comisión presidencial para la Constituyente.

Expertos constitucionalistas ya pusieron en duda que la propia convocatoria no esté avalada por un referendo.

Maduro, como presidente, tiene derecho a liderar la iniciativa, de acuerdo a la Constitución, pero algunos expertos creen que se requiere una consulta para ver si la población considera necesaria la Asamblea.

La oposición, que logró una gran victoria en las legislativas de diciembre de 2015, denuncia que no haya un referendo, en el que se vería con fuerzas para derrotar la iniciativa oficialista.

4. ¿Habrá elecciones regionales y municipales este año?

Sí. En un movimiento inesperado, el CNE decidió este martes que la elección de la Constituyente será "a finales de julio" y que las regionales y municipales se celebrarán el 10 de diciembre.

Las regionales estaban pautadas para finales del año pasado, pero en octubre de 2016 el Consejo Nacional Electoral (CNE), el poder encargado de la convocatoria, anunció que se celebrarían a finales del primer semestre de este año.

La oposición criticó como injustificada esa dilación. Lo considera una maniobra del CNE, al que acusa de actuar al dictado del Ejecutivo.

Las encuestas reflejan una baja popularidad de Maduro, por lo que los comicios regionales y municipales de diciembre podrían ser un duro golpe al oficialismo, como lo fueron las legislativas de 2015. El chavismo se enfrenta así a una eventual pérdida de poder.

5. ¿Se presentará la oposición a la Constituyente?

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó de nuevo este martes la iniciativa del presidente.

"La Constituyente la desconocemos totalmente por ir contra la propia Constitución", dijo durante la sesión parlamentaria.

El líder opositor llamó a seguir en la calle con las protestas como en las últimas semanas. Para mañana miércoles se convocó una nueva manifestación que tendrá como destino la sede del CNE.

"La solución es que haya elecciones libres para que la gente decida su futuro, como hemos pedido en más de 50 días de protesta", expresó Borges. "Ellos (el gobierno) quieren decidir qué sector vota, cuándo lo hace y por quién", rechazó.

De esas palabras se desprende que la oposición mayoritaria no participará en el proceso. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de los principales partidos opositores, ya se negó a sentarse con el Ejecutivo para debatir sobre el proceso de elección.

Pero no participar supondría entregar todo el poder al chavismo, que podría así moldear a su gusto la nueva Constitución.

6. ¿Sólo la oposición está en contra?

No. Varios chavistas críticos han defendido la validez y vigencia de la Constitución de 1999, promovida por el fallecido Hugo Chávez.

Entre ellos destaca la fiscal general, Luisa Ortega, la voz más crítica del oficialismo las últimas semanas.

"Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución", expresó la fiscal en una carta a Elías Jaua, presidente de la comisión presidencial de la Constituyente.

Este martes, Danilo Antonio Mojica, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), expresó en un video su disconformidad con el proceso de la Constituyente.

"El referéndum consultivo es el mecanismo de democracia directa por antonomasia, mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho a sufragio para decidir sobre su acuerdo y desacuerdo sobre una referida Asamblea o de la aprobación de una nueva Constitución", dijo.

Pese a las críticas y las dudas legales, el proceso sigue y la Constituyente dio este martes un nuevo paso adelante.

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"La fiscal es el mayor riesgo para el gobierno de Venezuela y la mejor oportunidad para la oposición"

Presión de calle para generar fracturas en el oficialismo y después, una negociación.

Ese es el escenario que imagina para la solución de la crisis política en Venezuela Luis Vicente León, analista, economista y director de la encuestadora Datanalisis.

León, uno de los más reputados analistas del país, cree que, pese a lo atascado que está el enfrentamiento entre gobierno y oposición, la salida llegará con ambas partes sentadas ante una mesa.

Pero para que ello ocurra considera imprescindible que las protestas, que duran ya casi dos meses y han dejado casi 60 muertos, sean pacíficas y masivas.

Sólo así estarán dadas la condiciones para la fractura en el oficialismo y el éxito de una oposición que, en su opinión, debe generar un líder único.

Hablamos con León de cómo evoluciona la crisis, cuánto durará y sobre la importancia de la disidencia de la fiscal general, Luisa Ortega, leal al proceso revolucionario, pero ahora convertida en la voz más crítica del oficialismo desde dentro del Estado. Por ello se ha convertido en la esperanza de la oposición.

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¿Cómo termina esta situación que atraviesa Venezuela?

Los procesos de transición no son normalmente obvios. Hay un escenario que no conduce al éxito a la oposición. Lo que introduzco es una palabra que de alguna manera se conecta con la posibilidad de éxito en este proceso y es negociación.

A nadie le gusta hablar de eso. El gobierno se muestra prepotente y cree que no necesita una negociación. Ni la oposición, porque cree que es una traición y tiene que lidiar con sus propios radicales y la gente que no entiende bien el proceso.

La gente está en una lucha y ya actúa como si hubiera ganado. Y cree que el triunfo es inevitable. Ninguna de las dos cosas es verdad: ni ya tienes el éxito ni necesariamente es inevitable. Ya es malo actuar de manera prepotente cuando ganas, es peor cuando aún no has ganado.

El elemento central de esto pasa sin duda por una negociación. Y antes de eso pasa en este momento por una implosión dentro del chavismo. Luego, en la segunda etapa viene la negociación.

Ya son dos meses de protestas, ¿van a durar mucho más?

La gente lo ve como ahora o nunca. Si esto no ocurre, entonces tenemos una dictadura per saecula saeculorum. Eso es falso. Ahora tienes al pueblo que se rebela contra una Asamblea Nacional Constituyente que se convoca sin consultar. Después se rebelarán cuando vean los resultados de una elección ficticia, corporativista que no le permite a la mayoría expresarse. Y luego, el jaleo final cuando esa Asamblea diga que no va a consultar al pueblo.

Cada uno de esos eventos es un dolor de cabeza para el gobierno. No podemos predecir que esto dura un mes, o 15 días o dos años. Lo que sí podemos predecir es que esto no se va a calmar tan fácilmente. El gobierno está en los mismos aprietos que la oposición, por lo que las condiciones para una negociación futura podrían estar planteados en algún momento.

Habla de implosión en el chavismo. ¿La rebelión de la fiscal general, que habla de una ruptura del orden constitucional, critica la Asamblea Constituyente y acusa de violencia excesiva a las fuerzas del orden, es una señal de que el oficialismo se está fracturando?

La oposición tiene en la implosión un factor de éxito potencial. Si le damos un factor de probabilidad relevante de ocurrencia al escenario de cambio no es porque haya una protesta popular, sino por la potencial implosión. Y no viene porque la gente esté protestando, sino porque hay una factura interna relevante.

Cuando la oposición reta al gobierno y se mantiene en posición firme está poniendo a prueba la unidad interna del chavismo.

Y ahí entre la fiscal Luisa Ortega…

No sé si es un gran pedazo de hielo, grande porque es la fiscal general de la república. O si es la punta de un iceberg. La oposición debe actuar como si hay un iceberg.

La fiscal es el riesgo más grande del gobierno, el disparador de la implosión más importante y la mejor oportunidad de la oposición.

¿Siente que cada vez hay más chavistas que se animan a criticar públicamente al gobierno y se desmarcan?

Hay ese sentimiento en el chavismo. Hay mayores fracturas con la Asamblea Constituyente, que es una jugada arriesgada y sofisticada.

El enemigo más importante del poder ahora mismo es la Constitución de Chávez. Pero tampoco es una violación del legado de Chávez, porque si Chávez hubiera podido hacerlo, lo habría hecho.

Perdió la reforma constitucional que él planteó (en el referendo de 2007). El prefería ir siempre a un proceso electoral, pero la pregunta es si lo hacía porque era un gran demócrata o porque era popular, mucho más de lo que lo es ahora Maduro.

Decía que a la oposición le falta un líder, ¿por qué lo necesita?

Operativamente tienes que tener un liderazgo. En Venezuela no es que no hay líder, es que hay muchos. En la oposición hay una división intrínseca. Te puedes poner de acuerdo para cosas básicas, pero no en el fondo del asunto, y entonces tus posibilidades están limitadas.

Por ejemplo, ¿qué debes hacer con las manifestaciones violentas? Sea por pérdida de control o por gente infiltrada por el gobierno, lo que pasa es que la violencia desmasifica y fractura a la oposición. No es lo mismo la cantidad de gente que está dispuesta a salir a una marcha pacífica que la que está dispuesta a someterse al riesgo de la violencia. Y así muere la manifestación pacífica.

Hay que tener a alguien capaz de controlar. Y luego, ¿cómo va a salir la gente en los barrios asumiendo un riesgo personal si no tiene a alguien de quien se enamore.

¿Un caudillo?

La condición venezolana es caudillista, pero en otros países también se ha requerido la figura de un símbolo. Al final el liderazgo motiva. Y es el que va a poder negociar. Si el gobierno quisiera negociar, ¿con quién? No puedes confiar en nadie, nadie te puede garantizar nada. Cuando alguien implosiona, ¿con quién se reúne?

Al final la oposición mayoritaria se concentra en una coalición de partidos con fines electorales. ¿Habrá que esperar entonces a unas elecciones para verlo?

Yo creo que el líder se genera cuando hay demanda. El vacío se llena cuando la gente necesita seguir a alguien. Creo que vamos a ver un líder antes de la solución del problema, antes del final de esta historia.

La población empieza a mirar actores de cambio. Cuando la gente grita cambio, la oposición lee cambio de Maduro, pero va mucho más allá. Hay una demanda, están buscando a alguien nuevo.

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¿En qué se diferencia el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC del que fue rechazado en el plebiscito?

"Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos", dijo a los ciudadanos de su país el presidente de Colombia Juan Manuel Santos este sábado, luego de que desde La Habana los representantes de su gobierno y los de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran un nuevo acuerdo de paz.

Es un texto modificado, en el que se incorporaron algunos cambios que solicitaban voceros del "No", que lograron una pequeña mayoría el 2 de octubre pasado para rechazar en plebiscito el acuerdo original. Pero también se incluyeron otras modificaciones.

El texto pasó ahora de 297 a 310 páginas, lo que da cuenta de que se trató en general de incorporar aclaraciones y dar detalles.

El presidente Santos y el jefe de su equipo negociador, Humberto De la Calle, explicaron los cambios tras la firma en La Habana.

BBC Mundo contrastó sus dichos con el texto del nuevo acuerdo publicado en las primeras horas de este lunes.

Estas son algunas de las principales modificaciones, lo que dijo el gobierno, y lo que está escrito en el nuevo texto:

El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. "Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución", dijo Santos. No obstante, se acuerda incorporar un artículo transitorio a la Constitución, que además de incorporar lo que dijo el presidente, dice: "Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final". Y señala que las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo acordado. El artículo tendrá vigencia desde su incorporación a la Constitución hasta la finalización de tres períodos presidenciales posteriores. Es una forma de intentar blindar el acuerdo ante potenciales Presidencias que quisieran modificarlo.

La Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP, el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana) ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años, dijo el presidente Santos. De acuerdo con el texto, podrán agregarse cinco años más (que son a su vez prorrogables) para concluir las actividades de la jurisdicción. El plazo de dos años para solicitudes de investigación podrá prorrogarse por uno más (e incluso un poco más, en casos excepcionales).

No habrá jueces extranjeros en la JEP (como sí contemplaba el anterior acuerdo). Serán 38 magistrados colombianos (y hasta 13 más como suplentes); sí habrá diez juristas expertos extranjeros (y hasta cuatro suplentes) que darán opiniones a los tribunales especiales.

Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. Aunque esto no es tan simple. Para pedir revisión mediante lo que en Colombia se llama acción de tutela, primero se deberá pasar por dos instancias de apelación de la JEP y el mecanismo de admisión en la Corte Constitucional hará difícil que lleguen a ella las tutelas: la decisión la tomarán dos magistrados de la Corte y dos de la JEP y todos deberán votar a favor de que se admita.

Se definió con mayor claridad qué será la "restricción efectiva de la libertad" (pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes de forma inmediata). El nuevo acuerdo especifica que los magistrados de la JEP deberán indicar dónde se cumplirá la pena, que será en un espacio no mayor al de una vereda (la más chica división rural de Colombia); qué horarios deberán respetar los sentenciados; y otros detalles acerca del período de implementación del castigo, como los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas.

"El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades", dijo el presidente Santos, respecto a un punto que se incorporó en el texto modificado.

Algo incorporado en el nuevo acuerdo, que no fue mencionado por De la Calle o Santos, es un punto en el que se aclara que los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado con ánimo de enriquecimiento personal podrían quedar por fuera de la JEP (es decir, ser sometidos a la justicia regular y perder los beneficios de la justicia especial).

Hay otra modificación que no fue exigida por el "No". Era algo que preocupada a otros sectores, como a la organización Human Rights Watch (HRW) y tiene que ver con el rol de los mandos en las acciones de sus subordinados. El acuerdo anterior decía: "En ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción". Y sostenía que la responsabilidad por actos de subordinados debía basarse en un control y conocimiento constante de su conducta. El nuevo texto aclara: "Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma" (ese artículo dice que el superior es responsable si "hubiere sabido" o "hubiere debido saber" que sus subalternos estaban cometiendo un crimen; aunque algunas interpretaciones sugieren que el nuevo acuerdo sigue sin tener tanto alcance). Una modificación similar se incorporó para el caso de los mandos de las FARC. Por otra parte, el nuevo texto menciona que deberán responder ante la JEP agentes del Estado que hayan "participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado" por "acciones u omisiones". Al hablar de "diseño" puede esto involucrar a mandos que no hayan participado materialmente del delito (es igual con el caso de "omisión": si un mando no actuó para detener la conducta delictiva).

El nuevo acuerdo especifica que las FARC deberán declarar durante la dejación de armas sus bienes y activos. Éstos luego se utilizarán para reparar a las víctimas del conflicto.

Se agregaron algunas líneas que aclaran cómo se decidirá si el narcotráfico es delito conexo a la rebelión o delito político y puede, por lo tanto, ser considerado amnistiable: "Se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia interna colombiana con aplicación del principio de favorabilidad". El texto del acuerdo dice que se considerarán delitos conexos "las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar" la rebelión, lo cual incluye a cualquier conducta ilícita que no haya "derivado enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio". Algunos líderes del "No" pedían que el narcotráfico no fuera amnistiable. Esta modificación no satisface su demanda en forma clara, porque sólo parece señalar que será así en caso en que haya habido enriquecimiento personal.

Se reducirá en un 30% respecto al acuerdo anterior la financiación al partido de las FARC, dijo el presidente Santos: "Para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos". El nuevo acuerdo no menciona la cifra de la que habla el presidente. Sí dice que el movimiento político que constituyan las FARC recibirá anualmente hasta julio de 2026: "Una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final". El anterior acuerdo decía que le darían un 10% del presupuesto que se distribuye entre los partidos políticos. Pero no todo son reducciones: el nuevo acuerdo aumenta de 5 a 7% el porcentaje de ese presupuesto que se le dará al partido de las FARC hasta julio de 2022 para "contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática".

"Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo- ni siquiera de manera sugerida", dijo el presidente. "Lo que sí se dejó claro", agregó, "es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos". El texto también deja claro: "Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón; ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la libertad de conciencia".

El nuevo acuerdo dice: "Se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón del conflicto armado".

Se les da un lugar a los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas.

Hubo un gran cambio que pedían muchos votantes del "No" que finalmente no se incorporó al nuevo acuerdo. Los opositores querían que se les cerrara la posibilidad a los jefes guerrilleros de acceder a cargos electivos. Eso se mantuvo: podrán presentarse y tendrán cinco escaños garantizados en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos a partir de 2018. Ahora los líderes del "No" analizarán este nuevo texto y lo hablarán con el gobierno. Si respaldan el acuerdo modificado, su puesta en marcha será bastante fácil,; podría hacerse a través de un gran pacto nacional. Pero si lo rechazan el gobierno deberá decidir si vuelve a enviar a sus negociadores a La Habana a buscar un nuevo acuerdo. O podría optar por avanzar -sin el apoyo del "No"- en la refrendación del texto difundido este lunes, mediante alguno de los siguientes mecanismos, que deberá consensuar con las FARC (tal como dice el acuerdo): convocar un nuevo plebiscito, utilizar otro modo de refrendación popular o hacer que se tramite directamente por el Congreso, en el que hoy el presidente tiene una mayoría que lo respalda.

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Colombia: se aplaza la entrega de armas de las FARC en el marco del proceso de paz

Finalmente no se cumplió el plazo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaran las armas tras el acuerdo de paz firmado en noviembre pasado con el gobierno.

Era algo que muchos veían venir. La misma misión de Naciones Unidas en Colombia lo había anticipado.

Lo mismo ocurrió con otras fechas "inamovibles" de este proceso de paz, que ha puesto fin a un conflicto de más de 52 años que ha dejado más de 220.000 muertos.

Este lunes el presidente Juan Manuel Santos anunció en una alocución televisiva que la entrega de armas no se completará este martes, sino en 20 días.

También dijo que la duración de las 26 zonas transitorias en las que están concentrados cerca de 7.000 guerrilleros se extenderá hasta el 1 de agosto de 2017, luego de lo cual se espera que los guerrilleros se reintegren a la vida civil mediante un proceso que todavía está por definirse.

Detalles

Minutos después de que hablara Santos la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación al Acuerdo Final (CSIVI) -en la que hay representantes del gobierno y las FARC)- emitió un comunicado conjunto en el que daba detalles respecto al nuevo calendario.

Explicó que del 1 al 20 de junio, la totalidad de los integrantes de las FARC, incluyendo las milicias, habrán dejado sus armas de dotación (a excepción de unos pocos encargados de ayudar a identificar escondites de armamento, a extraerlo o a dar seguridad en los campamentos actuales de las zonas transitorias).

Tras dejar las armas, los guerrilleros recibirán una acreditación por parte del gobierno que les permite hacer su tránsito a la legalidad y la vida civil

Respecto a las alrededor de 900 caletas (escondites) de las FARC distribuidos por todo el país, que contienen armamento de diferente tipo y explosivos, las partes acordaron que se identificarán y se extraerá su contenido para que la ONU disponga de él en un período de tres meses a partir del 1 de junio.

Por otra parte, la CSIVI indicó que si bien las zonas transitorias se terminarán el 1 de agosto (antes de esa fecha todas las armas habrán sido retiradas por la ONU de allí), luego se convertirán en lo que denominó Espacios Territoriales de Capacitación y reincorporación.

"Servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP (EP es por "Ejército del Pueblo", nombre completo de la guerrilla) para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria", explica el comunicado.

Según informó la CSIVI, el gobierno se comprometió a tramitar las normativas y tomar las medidas necesarias para brindar a las FARC seguridad jurídica (amnistías, libertad condicional, suspensiones de captura, dependiendo del caso), seguridad física (protección ante posibles ataques) y seguridad socioeconómica (compromiso de apoyo económico).

Éxito del cese el fuego

"Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo", dijo el presidente.

"Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación", agregó. "No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida".

Santos destacó que el cese el fuego bilateral y definitivo, que comenzó hace seis meses, ha dado frutos.

Efectivamente, el cese el fuego se sostuvo y redujo notablemente los niveles de violencia en todo el país.

Retrasos

¿Qué ocurrió, qué llevó a este cambio de fechas?

Una serie de hechos fueron retrasando la implementación de lo acordado en noviembre.

Primero fue la victoria del "No" en el plebiscito de 2016 en el que los colombianos debían responder si estaban a favor o en contra de lo pactado tras cuatro años de negociaciones públicas en La Habana, Cuba.

Eso obligó a rediseñar el acuerdo, que luego fue refrendado vía Congreso.

Un nuevo impacto fue el del retraso de la construcción de los campamentos (áreas de vivienda) dentro de las zonas de transición, así como la aprobación legislativa de una serie de garantías para los guerrilleros, como por ejemplo la amnistía.

A eso se sumó el retraso en la preparación de los contenedores de Naciones Unidas para recibir el armamento y en la conformación de los listados de guerrilleros y de armas.

El golpe definitivo al calendario original se lo dio una sentencia de la Corte Constitucional, anunciada hace unos diez días (todavía no se conoce el texto completo), que modifica un procedimiento legislativo especial -denominado fast-track- para la aprobación de las leyes necesarias para la implementación del acuerdo.

Al conocerse la decisión de la Corte, las FARC consideraron que se estaba frente a la peor crisis de todo el proceso de paz y que una ralentización del proceso legislativo, así como el riesgo, desde su punto de vista, de que se hicieran modificaciones sustanciales al acuerdo, implicaba que no podían dejar las armas en la fecha convenida.

Su temor era que una vez entregados los fusiles, "los compromisos se conviertan en promesas".

Para el gobierno la decisión no tendría implicaciones tan drásticas e insistió en su absoluto compromiso de cumplir lo pactado.

Parece no haber alcanzado, y tras dos semanas de reuniones intensas en la CSIVI, se llegó al compromiso de estas nuevas fechas.

Advertencia

"En un mes se debe haber terminado el proceso de dejación de las armas de las FARC", había dicho, convencido, a fines de abril, Santos. No pudo ser.

Desde la misión de la ONU en Colombia, que acompaña los acuerdos, siempre pensaron que era buena idea extender los plazos. A mediados de febrero, su jefe Jean Arnault, le escribió en febrero pasado una carta a la CSIVI.

Ante el retraso en la construcción de los campamentos, les preguntaba a las partes: "¿Estarían de acuerdo las partes con recalendarizar el inicio de la recepción escalonada por la Misión del armamento hasta esa fecha (después de fines de marzo)? ¿O estarían dispuestas a considerar otras opciones de entrega gradual?".

El gobierno no estaba de acuerdo.

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la canciller, María Ángela Holguín, le respondieron, también por carta: "Tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP hemos insistido en que los 180 días para la dejación de armas no varían".

No obstante, a partir de entonces las FARC empezaron a sugerir una extensión de 90 días de las zonas veredales.

Finalmente, las partes parecen haberse encontrado a mitad de camino.

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¿Por qué los fujimoristas votaron en Perú contra una ley que podía excarcelar a su líder Alberto Fujimori?

La política peruana no podría parecer más contradictoria.

Mientras en el gobierno había voces favorables a que el expresidente Alberto Fujimori salga de prisión, los mismos fujimoristas acaban de descartar un proyecto de ley que beneficiaba a su fundador, condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad.

La Comisión de Justicia del Congreso peruano, dominada por el fujimorismo, archivó por unanimidad una iniciativa que permitía el arresto domiciliario para los presos mayores de 75 años que hayan cumplido un tercio de la condena y estén enfermos.

El exmandatario, que gobernó entre 1990 y 2000, reúne todas las condiciones.

"Es la primera vez en la historia que un partido traiciona y le da la espalda a su líder de esta forma", dice a BBC Mundo el congresista independiente Roberto Vieira, autor de la ley.

Los representantes de Fuerza Popular, el partido fujimorista, dicen sin embargo que sólo están cumpliendo los deseos de su fundador.

Indulto o nada

"El expresidente lo ha dicho claramente, no quiere pasar de un encierro a otro, no quiere un grillete en su tobillo", afirmó la congresista fujimorista Úrsula Letona.

"Lo que queremos es el indulto", agrega. Y eso en Perú es una prerrogativa del presidente que puede otorgar por razones humanitarias o buena conducta.

El reciente rechazo de la ley, sin embargo, ha mostrado un fujimorismo dividido.

Apenas terminada la votación un furioso grupo de simpatizantes de Alberto Fujimori irrumpió en el congreso para reclamarle a sus propios representantes.

El mismo congresista Kenji Fujimori, hijo del expresidente pero que no participa en la Comisión de Justicia, se había mostrado favorable al proyecto de ley.

"Los adultos mayores que se acojan a estos beneficios podrían tener mejor calidad de vida", sostuvo minutos antes de que la iniciativa fuera descartada.

Consultado por BBC Mundo tras el archivamiento del proyecto, Kenji Fujimori prefiere no pronunciarse por el momento.

"Sólo muriendo"

Aunque la libertad del expresidente ha sido un tema recurrente en la política peruana, quien lo puso esta vez en agenda fue el mismo gobierno.

Congresistas oficialistas se mostraron favorables a la excarcelación de Alberto Fujimori e incluso el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que "estaban estudiando el caso".

Voces en Fuerza Popular, sin embargo, acusan al oficialismo de remover el tema para quebrar la unidad de su bancada que controla 72 de los 130 asientos.

El propio expresidente, de 78 años, se muestra pesimista con el debate de su liberación.

"Me preocupa el riesgo latente que corro en (la) cárcel de sufrir isquemia, infarto cerebral y hemiplejia por las continuas crisis hipertensivas", señaló en su cuenta oficial de Twitter.

"La única realidad es que solo muriendo o estando en fase terminal podría salir en libertad", agregó.

Roberto Vieira, el autor de la ley que acaba de ser rechazada, sospecha que dentro del fujimorismo hay quienes prefieren a Alberto Fujimori en prisión para que no dispute el liderazgo de su hija Keiko Fujimori.

"El hecho de que su líder esté en su casa no impedía que sigan pidiendo el indulto", explica a BBC Mundo el congresista Vieira.

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¿Hacia dónde va Venezuela?: 4 posibles escenarios que pueden derivar de la ola de protestas que vive el país

Las declaraciones de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, que ha llamado al gobierno a respetar el orden constitucional, pueden generar una suerte de consenso entre poderes estatales que no quieren que el país adopte una senda autoritaria.Sin embargo, en parte gracias a la alianza cívico-militar que Maduro ha afianzado poniendo decenas de militares en cargos ministeriales, los analistas creen que es poco probable que el ejército se organice para tumbar al presidente.Maduro, por otro lado, puede renunciar.“Claro, una posibilidad es que el gobierno, sin el apoyo de los militares y con gran acuerdo internacional, se siente a negociar su renuncia y deje todo el poder que tiene”, dice León.Aunque León agrega, casi convencido: “No creo que vaya a pasar"."Eso es lo que viene", suelen decir los venezolanos en sus conversaciones informales sobre el desenlace que tendrá el proceso político de este país.

Lo dicen con rotunda certeza: que habrá un golpe de Estado, una intervención extranjera, una "matazón".

Pero los venezolanos saben bien que predecir el futuro, por mucho que les guste, es tan o más difícil acá que en cualquier parte del mundo.

“Acá todo puede pasar”, de hecho, es otra de sus frases sentenciosas. Y en medio de la ola de protestas que viven y en la que según la fiscalía 26 personas han muerto y cientos han resultado heridas, dibujar escenarios es, también, profundamente complicado.

“Acá hay más ruido que señales”, considera Luis Vicente León, un consultor y encuestador que viaja por el mundo describiendo sus escenarios de la problemática venezolana.

Pese a la dificultad –y partiendo de la certeza de muchos en que la crisis económica y social solo parece empeorar a medida que pase el tiempo–, en BBC Mundo recogemos los cuatro posibles escenarios que más consenso generan entre los expertos.

1. Más confrontación

No es algo de ahora que la violencia criminal y la conflictividad social se han vuelto común en Venezuela, donde hay un promedio de 60 homicidios al día, según cifras oficiales, y 18 protestas diarias, según el Observatorio de Conflictividad Social.

Pero la violencia política de este mes puede recrudecerse o alargarse, coinciden analistas.

“El escenario más probable es que venga mayor represión y autoritarismo”, opina Nicmer Evans, politólogo y activista de izquierda que en tiempos recientes se ha alejado del oficialismo.

Evans está seguro de que en esta nueva ola de protesta algunos grupos radicales de la oposición están “armados, apertrechados, estructurados y financiados”.

“Pase lo que pase, es poco probable que los grupos radicales de ambos bandos se queden tranquilos o cedan fácilmente”, añade Luis Vicente León.

Pero la pregunta, insiste, es si ese enfrentamiento va a ser generalizado o focalizado: “La presión popular, si es masiva y organizada, se puede traducir en ingobernabilidad y cambios políticos, pero también puede dar con un escenario de guerra de guerrillas que se mantiene en el tiempo”.

2. No pasa nada

Los conflictos políticos que generan violencia, se dice, solo pueden resolverse con pactos, negociación y concesiones de ambas partes.

Pero un escenario en el que no hay una solución al problema no es descartable en Venezuela.

“En Colombia, Perú o Siria la problemática se mantuvo en el tiempo sin que se generara una solución”, dice León.

La escasez de productos básicos y medicinas se han vuelto cosa común en Venezuela, hasta el punto de que muchos ya ven hacer fila por horas para comprar como parte de su rutina.

Aunque los analistas aseguran que en este escenario la violencia política se mantendría, también es probable que se focalice y se vuelva parte de la normalidad.

3. Restablecimiento de pactos y diálogo

La oposición dice que, para sentarse a dialogar y llamar a su gente a dejar la protesta, el gobierno debe mostrar algún tipo de gesto de buena voluntad.

Esto puede ser liberar a quienes considera presos políticos o restablecerle los poderes reales a la Asamblea Nacional, así como agilizar la renovación de los poderes electoral y judicial.

El gobierno ha llamado al diálogo en busca de una solución negociada, pero la oposición duda de su credibilidad y dice necesitar hechos concretos.

Además, los anteriores casos en que la oposición apostó al diálogo fueron vistos por sus simpatizantes como fracasos que solo le dieron tiempo al gobierno.

“Es probable que en este momento haya algún nivel de negociación”, afirma Evans.

“No se puede descartar que el gobierno descomprima la tensión de la calle y le dé esperanza a la oposición llamando a elecciones presidenciales en 2018 y aliste, luego, una rearquitectura de los partidos que le permita llegar a los comicios sin oposición o con ventaja”, dice el politólogo.

4. Golpe de Estado o renuncia de Maduro

Los analistas coinciden en que quizá los dos escenarios que más mencionan los venezolanos de a pie, desenlaces terminales o tajantes, son los menos probables.

Por un lado está la posibilidad de un golpe de Estado perpetrado por militares.

Es posible, señalan, que el ejército genere presión al gobierno para que evite escenarios de violencia dándole a la oposición algún tipo de espacio.

Las declaraciones de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, que ha llamado al gobierno a respetar el orden constitucional, pueden generar una suerte de consenso entre poderes estatales que no quieren que el país adopte una senda autoritaria.

Sin embargo, en parte gracias a la alianza cívico-militar que Maduro ha afianzado poniendo decenas de militares en cargos ministeriales, los analistas creen que es poco probable que el ejército se organice para tumbar al presidente.

Maduro, por otro lado, puede renunciar.

“Claro, una posibilidad es que el gobierno, sin el apoyo de los militares y con gran acuerdo internacional, se siente a negociar su renuncia y deje todo el poder que tiene”, dice León.

Aunque León agrega, casi convencido: “No creo que vaya a pasar".

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6 preguntas para entender qué es el caso Madre Mía que compromete al expresidente de Perú Ollanta Humala

Es una denuncia que acecha al expresidente de Perú Ollanta Humala desde hace más de dos décadas y ahora vuelve a perseguirlo: el caso Madre Mía.

Es decir, las acusaciones de crímenes de lesa humanidad de cuando era un oficial del ejército en los 1990. Humala, que fungió como presidente de Perú de 2011 a 2016, niega las acusaciones.

El caso incluye las presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones cometidas en la base militar de la localidad de Madre Mía, al norte de Perú, que Humala comandaba en los 1980 y 1990.

Las autoridades informaron el viernes que reabrieron la investigación que involucra al expresidente, después de que se presentaron testimonios de dos nuevos testigos.

A continuación te explicamos qué es el caso Madre Mía y por qué ahora se está volviendo a investigar.

1. ¿Cuáles son los antecedentes del caso?

En 1992, Ollanta Humala era capitán del Ejército destacado en la región de Huánuco como jefe de la Unidad Contrasubversiva. Su tarea, como jefe de la base militar de Madre Mía, era identificar y capturar a terroristas.

Era una época en que el Ejército peruano estaba combatiendo al grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en una guerra civil que estalló en 1980.

Durante muchos años ha habido acusaciones de que las fuerzas militares cometieron violaciones a los derechos humanos en el enfrentamiento en el que murieron unas 69.000 personas.

En junio de 1992, un ciudadano, Jorge Ávila, denunció que el jefe de la base militar había ordenado su detención y la de dos familiares tras confundirlos con integrantes de Sendero Luminoso.

Según indicó en su denuncia, fue secuestrado y torturado pero logró escapar. Sin embargo, su hermana, Natividad Ávila Rivera y su cuñado, Benigno Sulca Castro, desaparecieron.

2. ¿Hubo pruebas de la participación de Ollanta Humala?

Jorge Ávila aseguró en ese momento que el líder de la base militar había dirigido las acciones bajo el seudónimo de "Capitán Carlos".

La denuncia fue atendida y en 2006 se abrió un proceso judicial por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves, cuando Ávila volvió a hacer acusaciones similares contra Humala, cuando éste llevaba a cabo su campaña para la presidencia.

El caso, sin embargo, no avanzó y nunca se abrió un juicio. En 2009, la Sala Penal Nacional decidió archivarlo después de que varios testigos se retractaron, incluido el propio Jorge Ávila quien retiró sus acusaciones contra Humala.

La Fiscalía archivó el caso por falta de evidencia. Y Humala, que perdió las elecciones de 2006, volvió a presentarse y ganó la presidencia en 2011.

3. ¿Por qué ahora vuelve a resurgir el caso?

El 26 de abril pasado, un hombre que se identificó como Jorge Ávila, el mismo que había denunciado a Humala en 1992 por la desaparición de su hermana y cuñado, declaró que se había retractado de la acusación después de recibir US$4.500, supuestamente de allegados de Ollanta Humala.

Ávila le dijo al diario El Comercio que se le había entregado el dinero a cambio de que se retractara en sus acusaciones hechas contra Humala.

El expresidente rechazó que sus allegados hayan entregado dinero a Ávila y recordó que "hubo un proceso de investigación en ese tema y se cerró".

"Eso ya es cosa juzgada, pero claro, hay un interés de reabrir todo", se defendió el exmandatario.

Humala reconoce haber dirigido la base en la localidad, pero niega ser el "Capitán Carlos" y haber participado en delitos contra la humanidad.

El viernes 5 de abril, la Fiscalía informó que inició una nueva investigación del caso.

5. ¿Hay nuevos elementos para la investigación?

La decisión de abrir una nueva pesquisa, indicó el Ministerio Público, surgió después de que se presentaran "dos nuevos testigos" en el caso de supuesta desaparición forzada y asesinatos en la localidad de Madre Mía.

En un comunicado, el organismo indicó que la fiscal Edith Chamorro, especializada en delitos de terrorismo y derechos humanos, está a cargo de la pesquisa "contra los que resulten responsable de las torturas y desaparición de diversas personas en dicha localidad".

Según el comunicado, los reportes de los testigos indican que "víctimas habrían sido torturadas y arrojadas al río por orden de los mandos militares que controlaban la zona, luego de que fueran acusadas de terrorismo".

"La aparición de los nuevos testigos constituye elemento suficiente para iniciar una nueva investigación, la misma que buscará establecer a los responsables de dichos asesinatos", indicó la declaración.

6. ¿Qué se sabe de los nuevos testimonios?

En días recientes se han filtrado a los medios grabaciones de conversaciones telefónicas y de testigos que sugieren que en Madre Mía sí se llevaron a cabo asesinatos, torturas y desapariciones por orden de mandos militares.

Una de las conversaciones publicadas por los medios supuestamente muestra que Humala sobornó a víctimas de tortura para que alteraran sus testimonios.

Asimismo se han publicado testimonios de personas que dicen haber sido soldados en la base de Madre Mía que supuestamente recibieron órdenes para detener, torturar y ejecutar a varias personas en la década de los 1990.

El abogado de Ollanta Humala, Alberto Otárola, indicó que el expresidente responderá a cualquier investigación en torno al caso Madre Mía.

Otárola calificó de "inverosímiles" los testimonios que han sido a la luz en los últimos días, señaló que el exmandatario es inocente y que "va a probar su inocencia en los procesos que sean necesarios".

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La polémica en México por el informe que lo sitúa como el país más violento del mundo solo por detrás de Siria (que está en guerra civil)

Se le llamó "Guerra contra el narco" pero nunca se le consideró un conflicto convencional. Y pasaron tantos años y tantas muertes que quizá hasta se dejó de verlo como un enfrentamiento.

En México se combate abiertamente a los cárteles del narcotráfico desde 2006 pero no hay bombardeos, ataques químicos, atentados con coches bomba, misiles Tomahawk lanzados desde portaaviones, ni participación de potencias extranjeras, ni discusiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Esta no-guerra no se ve por televisión. Pero las muertes se apilan. Y la forma en que se cuenten y se comparan con las de otros países es motivo de controversia entre un centro de análisis y el gobierno mexicano.

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies), México fue el país donde más personas murieron de forma violenta en 2016, sólo por detrás de Siria —donde hay una guerra— y por delante de Irak y Afganistán —donde las hubo y todavía no se extinguen—. Quedó también por encima de Yemen, Somalia, Sudán, Turquía, Sudán del Sur y Nigeria.

El gobierno lo niega. Rechaza, cuestiona y desestima el informe.

"Sus conclusiones no tienen sustento"

En México, dice el IISS, murieron 23.000 personas el año pasado, 63 al día. Por encima de las 17.000 en Afganistán y de las 16.000 en Irak, de acuerdo al Informe Anual de Conflictos Armados 2017 que el martes divulgó la organización en Londres, donde tiene su sede. En Siria fueron 50.000 los muertos.

El gobierno respondió al informe un día después a través de la cancillería y la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). "Utiliza cifras cuyo origen se desconoce, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas, y aplica términos jurídicos de manera equivocada", dice el comunicado, "sus conclusiones no tienen sustento en el caso de México".

El gobierno rechaza que exista un "conflicto armado no internacional" y asegura que se "busca dar un tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes, que no son comparables ni medibles entre sí".

Las autoridades cuestionan la cifra de homicidios dolosos en 2016 utilizada en el informe porque todavía no fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), rechaza que todos los casos estén relacionados con el combate a grupos criminales y, citando las tasas de homicidios de otros países, afirma que "de acuerdo con cifras de la ONU de 2014 (el reporte más reciente a nivel internacional), México está lejos de ser uno de los países más violentos del mundo".

México, recuerda el gobierno, tiene tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes inferiores a las de Honduras, Venezuela, Belice, Colombia y Brasil.

De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación en 2016 fueron asesinadas 20.789 personas. El IISS no explicó el origen de la cifra de 23.000.

México está "empeorando"

"Es muy raro que la violencia criminal alcance un nivel similar al conflicto armado", explica Antônio Sampaio, Investigador Asociado en Seguridad y Desarrollo del IISS, "pero esto ha sucedido en el Triángulo Norte de América Central (Honduras, Guatemala y El Salvador) y, sobre todo, en México".

Sampaio asegura que mientras en el Triángulo Norte se registraron "modestas mejorías" en el último año en México el problema está "empeorando".

Los homicidios intencionales aumentaron 22,8% de 2015 a 2016. Los dos primeros meses de 2017 fueron el comienzo de año más violento desde que se tienen registros. En marzo los muertos alcanzaron los 2.020, la peor cifra desde junio de 2011.

En ese entonces México todavía era gobernado por Felipe Calderón. Cuando llegó al poder en diciembre de 2006 lanzó la llamada "Guerra contra el narco". Un combate frontal a los cárteles con los militares en las calles.

El actual mandatario, Enrique Peña Nieto, llegó al poder seis años después con la promesa de cambiar la estrategia y reducir la participación militar. En los hechos no fue así. Y pese a que a las muertes en un primer momento bajaron, luego volvieron a subir.

La situación es un "verdadero desafío estratégico que amenaza a los componentes fundamentales del Estado", dice Sampaio, "la actividad empresarial, el desarrollo socioeconómico, el funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho".

"Las raíces del conflicto se encuentran dentro de las instituciones débiles de México y el desarrollo socioeconómico insuficiente", señala Sampaio, "pero la más reciente ola de violencia se relaciona con la militarización".

El caso mexicano es "sorprendente considerando que las muertes se pueden atribuir en casi todos los casos a armas pequeñas", dice el director general del IISS, John Chipman, "es un conflicto marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación de combate".

Drogas hacia el norte, armas y dinero hacia el sur

El problema no es responsabilidad exclusiva de México. La ecuación siempre es un poco más compleja.

El poderío de los cárteles está directamente relacionado con el dinero que reciben por vender drogas en Estados Unidos, un negocio de US$64.000 millones anuales, según el Departamento del Tesoro estadounidense. Ventas de US$122.000 por minuto.

La voracidad de los consumidores del otro lado de la frontera deja manchas de sangre por todo el país mientras los grupos criminales pelean por lucrativas rutas y se enfrentan a las fuerzas de seguridad.

Del norte también llegan armas. Alrededor del 70% de las armas de fuego incautadas en México entre 2009 y 2014 procedían de Estados Unidos.

"La violencia relacionada con el crimen organizado es un fenómeno regional", se defendió el gobierno en el comunicado, "los retos que México enfrenta en este rubro no pueden aislarse de fenómenos relacionados en otras jurisdicciones, como el tráfico de armas y la demanda de drogas".

"Los indicios de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente comenzaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan", admitió el presidente Peña Nieto la semana pasada.

El desafío es mayúsculo. Porque en México no hay guerra, el conflicto no es convencional, pero la violencia es inocultable, se siente y parece lejos de acabarse.

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"Nunca quise ser presidente de Brasil tanto como ahora": un Lula desafiante declara en los tribunales y arremete contra "las élites" brasileñas

Después de declarar ante un juez por cinco horas, Luiz Inácio Lula Da Silva se mostró desafiante, insistió en su inocencia y reiteró que su gran objetivo es volver a la presidencia de Brasil.

"Pensé hoy que mi acusador me mostraría un contrato, un documento, un pago o algo que hice para apoderarme de ese apartamento que dicen que es mío. Que después de dos años de ser masacrado por ellos (en los medios) habría un documento", afirmó el exmandatario a la salida de los tribunales este miércoles por la tarde,

Lula -a quien se le acusa de haber recibido un apartamento de una constructora a cambio de contratos gubernamentales- añadió que nunca deseó más que ahora retornar al poder en Brasil.

"Quiero decirles que me estoy preparando de nuevo para postularme a la presidencia de este país. Nunca quise ser presidente tanto como ahora", dijo desafiante el político.

"Quiero hacer más, hacerlo mejor y probar una vez más que la élite brasileña no tiene la capacidad para arreglar este país", cerró el expresidente ante los periodistas y sus seguidores en las afueras del tribunal de Curitiba donde declaró.

La declaración

Lula da Silva fue interrogado durante cinco horas por el juez Sergio Moro.

El encuentro entre acusador y acusado concentró la atención de buena parte de los medios de comunicación de ese país y fue el tema de la jornada en Brasil.

Moro se convirtió en el juez más famoso de ese país después de destapar el caso "Lava Jato" (lavado de autos, en portugués), que involucra a decenas de autoridades y políticos brasileños.

La pesquisa se centra en las constructoras que ya han admitido haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos a cambio de contratos con Petrobras y el Estado.

Moro se convirtió en el juez más famoso de ese país después de destapar el caso "Lava Jato" (lavado de autos, en portugués), que involucra a decenas de autoridades y políticos brasileños.

La pesquisa se centra en las constructoras que ya han admitido haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos a cambio de contratos con Petrobras y el Estado.

Durante la audiencia, el exmandatario dijo que el juicio está motivado políticamente.

"No quiero ser juzgado por interpretaciones, quiero ser juzgado por pruebas", afirmó Da Silva.

Frente a frente

En su defensa ante el juez, Lula elevó su voz áspera en varias oportunidades, mientras golpeaba la mesa con su puño y mostraba documentos

Reiteró muchas veces que los fiscales no habían presentado ninguna evidencia concreta en su contra.

"Cuando me convertí en presidente en el 2003, hice una promesa. Yo sabía que nunca podría hacer el mal. Si hacía el mal, la clase trabajadora nunca votaría nuevamente por alguien de un nivel (económico) más bajo", agregó el exdirigente obrero.

Moro, quien no tomará una decisión en el caso de Lula antes de julio, interrumpió en varias oportunidades al expresidente de 71 años para señalar que su declaración no debe ser utilizada como plataforma política ni para atacar a los medios.

"La prensa no tiene ningún rol en este caso", dijo el juez de 44 años a Lula.

"La decisión se tomará sobre la base de la ley y exclusivamente de acuerdo a la evidencia presentada", agregó.

Lula, que enfrenta otros cuatro casos penales en su contra, es el acusado más destacado de la investigación "Lava Jato".

La audiencia en un tribunal de la sureña ciudad de Curitiba fue cerrada al público, pero durante el día miles de partidarios de Lula se reunieron en una plaza cercana.

Si Lula es encontrado culpable puede enfrentar una sentencia de prisión.

En caso contrario, su camino de retorno a Brasilia se allanaría aún más, pues según las encuestas es el favorito para ganar las elecciones presidenciales previstas para 2018.

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Bolivia y Brasil coordinan acciones contra el crimen

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que los carteles Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho de Brasil, que disputan territorio en la búsqueda de “monopolizar el control de la droga”, incursionan en países vecinos para cometer delitos. Aseguró que en Bolivia ya se identificaron cuatro acciones delincuenciales protagonizadas por estas dos organizaciones criminales.  

Frente a ello y con el objetivo de coordinar acciones, hoy y mañana se reunirán en Santa Cruz las autoridades policiales de Bolivia y de Brasil. La meta es estructurar un sistema de lucha frontal en contra del crimen organizado.

“Los enlaces de la Policía Federal de Brasil y su similar de Bolivia se reunirán para fortalecer acciones conjuntas y luchar contra los miembros de los carteles que se están desplazando y cometiendo delitos”, manifestó Romero.

“Son dos carteles que han radicalizado sus acciones de confrontación entre ellos, dos cárteles que se están disputando el control territorial en Brasil, están enfrentados en recintos penitenciarios, en diferentes estados de Brasil. Están desplegándose para cometer atracos, robos agravados, para cometeré delitos posiblemente con fines de ‘capitalizarse’ para poder seguir desarrollando sus acciones dirigidas a monopolizar el control de la droga”, indicó.

Surge está hipótesis, después de los dos últimos atracos que se registraron en Bolivia, asalto a un blindado que transportaba una remesa, y el otro en Paraguay que atracaron las oficinas de Prosegur en Paraguay.

Explicó que, ante estos hechos delictivos, es necesario que se desarrollen operativos sincronizados y permanentes en zonas de frontera entre las fuerzas del orden de Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay debido a la vulnerabilidad que hay en la zona.

Romero citó cuatro casos: “El primero es el atraco a la Joyería Imperio en Santa Cruz; el segundo es al carro de Brinks; el tercero es el brasileño que fue acribillado en inmediaciones de Las Brisas también Santa Cruz, y el cuarto es los dos brasileños que han sido capturados en Cobija”, detalló.

FUERZAS ARMADAS EN ALERTA

Guarniciones de las Fuerzas Armadas de Bolivia se encuentran desplegadas en la zona fronteriza con Paraguay para resguardar y vigilar que no ingresen al país los criminales del Primer Comando Capital (PCC) que atracaron las oficinas de la firma española Prosegur en la Ciudad del Este fronteriza con Brasil llevándose un cuantioso botín.

“La Policía y las Fuerzas Armadas estamos tomando las previsiones. La Policía ha desplegado una estrategia sobre eso, nosotros hemos puesto en alerta a todas las unidades de la Quinta División y de la Cuarta División que son las que están directamente relacionadas con la defensa fronteriza con el limite paraguayo. Adicionalmente, la Tercera División está en alerta y en los 800 kilómetros de frontera hay una acción permanente de patrullaje, pero es una tarea central de la Policía, nosotros estamos coadyuvando”, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

De acuerdo con informes, entre 50 y 60 supuestos miembros del Primer Comando de la Capital fuertemente armados ejecutaron el atraco con el uso de vehículos de asalto, armas pesadas, explosivos y otros.

El Primer Comando de la Capital, una organización criminal comandada desde las cárceles en el estado de Sao Paulo, es considerado como el mayor grupo criminal brasileño.

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El "histórico juicio" que podría hacer que Michel Temer deje la presidencia de Brasil menos de un año después de haber sustituido a Dilma Rousseff

Entre el año 2010 y el año 2016, el presidente de Brasil, Michel Temer, pasó de ser un aliado a uno de los grandes adversarios de su antecesora en el cargo, Dilma Rousseff, quien fue destituida de su cargo en agosto del año pasado. Ahora, Temer puede correr su mismo destino. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil lleva adelante un juicio que podría poner un fin abrupto al mandato del actual presidente brasileño.

Se trata de un caso histórico porque es la primera vez que el TSE juzga a un presidente en funciones. BBC Mundo te cuenta cuáles con las claves de este proceso. ¿De qué se trata el juicio? El TSE investiga la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de Dilma Rousseff en 2014 en la que, al igual que en 2010, Temer era su compañero de fórmula electoral para ocupar el cargo de vicepresidente.

El juicio surgió a partir de denuncias hechas por el Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) que acusó a la campaña de Rousseff de cometer ilegalidades y financiarse utilizando fondos procedentes de la estatal Petrobras, que habrían sido canalizados a través de supuestas donaciones ilegales hechas a través de contratistas de la empresa petrolera. El PSDB solicitó la anulación de las elecciones de 2014, pero paradójicamente ahora está aliado con el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el partido que lidera Temer. ¿Qué puede ocurrir? El juez a cargo del caso en el TSE, Herman Benjamin, presentó un informe de 1.086 páginas la semana pasada y se esperaba que este martes recomendara la invalidación de las elecciones de 2014. Pero no fue así y reabrieron el plazo para presentación de pruebas.

Si la mayoría de los siete magistrados que conforman el TSE deciden anular los comicios se pondría fin a la presidencia de Temer, quien sustituyó a Rousseff en la presidencia en mayo de 2016 cuando esta fue separada del cargo para enfrentar el proceso de impeachment realizado en su contra en el Senado. Sin embargo, el tribunal también podría desechar el caso, tomando en consideración que Rousseff ya no está en el cargo, o anular su victoria, pero evitar que a Temer le cueste la presidencia.

La estrategia legal de los abogados de Temer apunta en esa dirección: argumentar que no tuvo un papel decisivo en la gestión de la campaña y que, por tanto, estuvo al margen de cualquier ilegalidad. Para que la elección sea anulada, sin embargo, no basta con que se demuestre que hubo una ilegalidad en la campaña. También debe comprobarse que esta fue lo suficientemente grande como para afectar la integridad del proceso electoral y violar el derecho al voto. ¿Puede haber elecciones anticipadas? En caso de que el TSE decida anular las elecciones de 2014, también deberá determinar si corresponde realizar unas nuevas elecciones directas o si el Congreso puede escoger a un presidente interino para que gobierne hasta el fin del periodo presidencial, que culmina en 2018.

La posible realización de elecciones también depende de cuándo decida el TSE. El artículo 81 de la Constitución Federal establece que cuando los cargos de presidente y vicepresidente queden vacíos después de haberse superado la mitad del mandato, el tiempo restante debe cubrirlo un gobernante electo por el Congreso. Sin embargo, en 2015 el Congreso aprobó una enmienda al Código Electoral estableciendo que, en caso de que esto ocurra faltando al menos seis meses para el final del mandato, debe hacerse una elección directa.

Esta modificación se encuentra impugnada ante el Tribunal Supremo. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, cree que esa norma es incompatible con la Constitucióny que, por tanto, lo que procedería sería una elección indirecta. ¿Qué opciones tiene Temer? Si el TSE anula las elecciones de 2014, Temer podrá apelar la decisión ante el Tribunal Supremo. Si los comicios son anulados pero Temer no es condenado, entonces tendrá la oportunidad de postularse para ser elegido presidente por el Congreso, donde su coalición tiene mayoría de votos (en caso de que correspondan elecciones indirectas) o postularse para ser candidato presidencial en los nuevos comicios.

¿Cuándo se decidirá el juicio? El juicio en el TSE estaba previsto iniciar este martes, pero los magistrados acordaron reabrir la etapa probatoria para escuchar a nuevos testigos, por lo que el proceso puede tardar semanas en ser reanudado. Además, hay otras dificultades en el camino pues hay dos magistrados del TSE que deberán abandonar el tribunal entre abril y mayo debido a que se les vence el periodo para el que fueron electos, lo que podría agregar nuevos retrasos.

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El oficialista Lenín Moreno es declarado vencedor de las elecciones presidenciales en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) declaró este martes al candidato oficialista de Alianza País, Lenín Moreno, como el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Con el 99,65% de las actas escrutadas, Moreno alcanzó el 51,16% de los votos, anunció este martes el CNE. Por su parte, Guillermo Lasso, candidato de CREO, obtuvo el 48,84% de los sufragios.

Estos resultados son "oficiales e irreversibles", sostuvo el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, en cadena nacional

Antes del anunció del CNE, la oposición ya había hecho conocer su intención de apelar los resultados pues los considera fraudulentos. Los fundamentos de la impugnación serán presentados en la mañana del miércoles, anunció el propio Lasso desde su cuenta de Twitter. Impugnación y reacciones Lenín Moreno dará continuidad a la década de gobierno de la denominada "Revolución Ciudadana" liderada por el presidente Rafael Correa desde hace una década. Sin embargo, la victoria de Moreno todavía es rechazada por los seguidores de Lasso, quienes organizaron concentraciones en distintas ciudades ecuatorianas cuestionando la transparencia del CNE. "No aceptamos los resultados porque son fraudulentos", afirmó el candidato de CREO durante una manifestación opositora el lunes en Guayaquil. La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que sus observadores no hallaron discrepancias con el trabajo del CNE y que las denuncias tendrán que ser tramitadas por el cauce institucional.

Desde el domingo numerosos presidentes latinoamericanos ya han felicitado a Moreno por su victoria electoral. "El Ecuador se ha pronunciado libremente en las urnas y es nuestro deber ético respetar su voz y voto", concluyó Juan Pablo Pozo al tiempo de felicitar al pueblo ecuatoriano por haberse pronunciado legítima y democráticamente. Pozo añadió que en todas las juntas provinciales electorales y en los centros de votación en el exterior se realizaron las debidas audiencias públicas de escrutinios con delegados de las dos organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta

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Argentina: procesan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero, la tercera causa que enfrenta

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, (2007-2015) no podrá salir del país luego de que un juez federal la procesara este martes por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero. Se trata del tercer procesamiento judicial que enfrenta Fernández desde que dejó el poder hace dos años.

El magistrado Claudio Bonadio acusa a la exmandataria de haber usado una sociedad familiar dedicada al alquiler de propiedades, Los Sauces, para ingresar dinero proveniente de negocios relacionados con el Estado. Bonadio también procesó, entre otros, a los hijos de Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia, que integran la sociedad, y les impuso a todos un embargo de US$8,4 millones. “Empresarios K” La sociedad Los Sauces fue constituida por la familia Kirchner en 2008 y según la investigación, dos de sus principales clientes fueron los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López, quienes mantenían millonarios contratos con el Estado. Báez fue el principal concesionario de obra pública durante el gobierno de Fernández y está en prisión preventiva desde hace un año por una causa conectada, conocida como “la ruta del dinero K”.

Se lo acusa de haber lavado US$5 millones provenientes de la evasión fiscal de su constructora, Austral Construcciones, a través de una cueva financiera conocida como "La Rosadita" (por la Casa Rosada, la sede gubernamental).

En tanto Cristobal López es dueño del Grupo Índalo, que maneja decenas de empresas y obtuvo importantes licencias de juego y de explotación petrolera durante el kirchnerismo. Según el juez Bonadio, que se basó en una denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer, más del 80% de los ingresos en concepto de alquileres de Los Sauces provino de firmas de Báez y López. Dos causas, mismo juez Bonadio es el mismo juez que el 23 de marzo pasado envió a Fernández a juicio por otra causa, conocida como “dólar futuro”. Allí la exjefa de Estado es acusada de haber manipulado las tasas de cambio en la venta de dólares, autorizando al Banco Central a vender dólares a menor precio que el del mercado.

Fernández también fue procesada en una tercera causa, que lleva el juez federal Julián Ercolini, en la que se la acusa de asociación ilícita por irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

En su resolución, el juez Bonadio determinó que la causa de Los Sauces se debe sumar a la investigación de Ercolini, que incluye también el llamado Caso Hotesur, un hotel de los Kirchner que supuestamente le alquilaba habitaciones a Báez como forma de lavado de dinero.

“Persecución” Según la exmandataria y el kirchnerismo, las causas son parte de una ���persecución política” del gobierno de Mauricio Macri y sectores afines del Poder Judicial. No obstante, sus críticos consideran que los procesamientos responden a la enorme corrupción que hubo durante sus dos gobiernos. Según la periodista de la BBC en Argentina Veronica Smink, la mandataria está siendo investigada en varios casos más y podría enfrentar nuevos procesamientos en el futuro.

“Si bien el único caso que se elevó a juicio hasta ahora es el del llamado ‘dólar futuro’, cuyas penas -en caso de culpabilidad- no incluyen la cárcel, las otras causas podrían complicar más a Fernández, si siguen avanzando”, aclaró Smink.