arcominerodelorinocovzla-blog - Tumblr blog

arcominerodelorinocovzla-blog · 5 years

Text

Impacto Social del Arco Minero del Orinoco

El aspecto que no puede pasarse por alto es que en las zonas mineras que van desde El Callao hasta Canaima, pasando por El Dorado y Tumeremo y rincones de esos municipios, asimismo del eje Santa Elena de Uairén-Ikabarú y de la cuenca de La Paragua, se ha acentuado la problemática social y sanitaria en el medio del afán del denominado Arco Minero del Orinoco. Hacia esa región guayanesa ha emigrado gente de todo el país buscando obtener dinero por la vía de la extracción y venta de oro, para contrarrestar la crisis económica y la hiperinflación. En esas zonas se han incrementado exponencialmente enfermedades como el paludismo, que en el medio de la situación humanitaria del país, donde no se consiguen medicamentos, han ocasionado un número significativo de muertes y gente incapacitada. Además, los centros asistenciales de la región no tienen capacidad para atender la cantidad de pacientes que solicitan atención. A estos problemas de salud se deben añadir los derivados del uso de mercurio, metal pesado que en su proceso de contaminación al primero que afecta y de manera intensa es al propio minero que inhala los gases mercuriales al emplearse en el amalgamiento de oro y posterior separación mediante calor.

Genera cambios radicales en la organización social, representando un riesgo en la vida de las comunidades, principalmente indígenas, por la trata de personas, prostitución y opresión de los habitantes y trabajadores de las minas.

En ciudad Bolívar, existen mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Sin embargo gobierno señala que tiene el control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.

Algunas ONG del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.

El ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de oro de Venezuela a otros países.

La riqueza del Arco Minero de Venezuela ha convertido a esta área en un centro de conflictos, donde convergen mineros ilegales, militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de unos estimados, pero no confirmados $100 mil millones en minerales ocultos.

Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales reclaman una porción de las zonas de oro, coltán, cobre y diamantes, pero no están solas, los militares también han solicitado lo mismo.

Cuando Maduro lanzó el Arco Minero de Venezuela el año pasado, también creó una Zona Económica Militar para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, mientras aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región.

Los ataques de las fuerzas militares venezolanas no son, según el diputado del estado Bolívar, Américo de Grazia, conducidos principalmente para destruir redes del crimen organizado, sino para eliminar pandillas que no están haciendo negocios con el ejército y la Guardia Nacional.

Se estima que alrededor del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, pero las actividades delictivas relacionadas van más allá de la minería. Varias personas involucradas en operaciones mineras venezolanas, tanto legales como ilegales, confirman que la mayor parte del oro producido en el país es contrabandeado a través de Colombia y las islas del Caribe, una operación que señalan es manejada por el ejército venezolano.

El AMO ha promovido y consolidado nuevas formas y manifestaciones de paraestados muy peligrosos para afianzar las estructuras de dominio, como en el caso del pranato, donde se configuran relaciones de poder que tenderían a normalizar y legalizar este régimen impuesto, sin señales de transformar el régimen biopolítico imperante.

Entre una de las mas significativas formas de manifestación se conocen los casos de desapariciones y homicidios de habitantes y no-habitantes de la zona. Varios cuerpos fueron encontrados en las bullas de la selva durante los últimos años. La más conocida perdida poblacional fue la Masacre de Tumeremo, una matanza de 17 mineros cometida por una banda que disputaba el control de las minas. Los cuerpos fueron hallados enterrados en minas improvisadas.

Es de saber que el cambio del control biopolítico traería como consecuencia la agudización de estas modalidades de conflictos y acrecentamiento del caos, de despojo, de violencia, de más complejas tramas de corrupción, de interpenetración entre lo paraestatal y estatal para la explotación de este territorio.

El impacto social que ha ocasionado el AMO es bastante notorio, se le ha despojado de territorio a los habitantes de la zona, así como también el derecho a la vida y salud.

#venezuela #impacto social #arco minero

0 notes

arcominerodelorinocovzla-blog · 5 years

Text

Impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco: Ecocidio en el Parque Nacional Canaima

1: Zonas devastadas por residuos 2: Fosa de Explotación 3: Laguna Artificial 4: Estructura para descarga de aguas residuales 5: Sedimentos que forman colas o relaves 6: Depósitos de maquinarias e insumos y eventual residencia de mineros 7: Vías de penetración

Parque Nacional Canaima

Canaima es el segundo más extenso parque nacional de los 43 que existen en Venezuela. Ocupa un área de 30.000 kilómetros cuadrados y abarca los municipios Piar, Roscio, Gran Sabana, Sifontes y Raúl Leoni del estado Bolívar. Se distingue porque 65% de su territorio está ocupado por tepuyes, formaciones geológicas únicas en el mundo, entre ellas el Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta (1.283 metros). El Parque Nacional Canaima fue creado en 1962 y en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En el Informe Anual 2015 de la Contraloría General de la República se registraron los resultados de la inspección realizada el 14 de mayo de 2014 en la Comunidad Indígena de Campo Alegre (coordenadas N 04° 45’ 80” y W 61º l2’ 00”), asentada en el sector oriental del Parque Nacional Canaima: “… se evidenció la práctica de la actividad minera en las cercanías del río Kukenan, realizada con la utilización de equipos de bombas a gasolina y cintas transportadoras para la extracción de oro (…) daños de contaminación a la principal fuente de agua del estado Bolívar y parte del territorio venezolano, así como al ecosistema del Parque Nacional Canaima”. La Fiscalía General de la República, en su Informe Anual 2016, reportó 69 acusaciones por minería ilegal en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Se refiere que todos los acusados admitieron su responsabilidad penal y que las sanciones se limitaron a la plantación de 42.250 árboles en las zonas devastadas. No hay informes disponibles sobre la efectiva ejecución de las medidas de reparación ambiental.

El caos de la actividad minera y su impacto en aguas, suelos y bosques es visible en el corazón del yacimiento de oro Las Cristinas. Hay una pista de aterrizaje de aeronaves de aproximadamente un kilómetro de longitud y también varias vías de transporte terrestre. A los márgenes de la principal carretera están ubicadas viviendas y depósitos permanentes, que desde lo alto se ven como estructuras cuadradas y rectangulares de color gris. El verde oscuro corresponde a los pocos árboles que quedan en pie y el verde más claro a los depósitos de agua que construyen los mineros para llevar a cabo la minería hidráulica, que consiste en la erosión de los taludes con la presión del agua. Las áreas rojizas muestran la tierra erosionada y las anaranjadas los sedimentos de los residuos de las arenas que se extraen de las minas.

Impacto Ambiental

• Dentro de esa zona se encuentra una cantidad importante de biodiversidad que se ve amenazada por la minería ilegal; alberga el complejo hidroeléctrico de Guri, que genera un promedio de 45.000 gigavatios-hora (GWh) para el mercado eléctrico venezolano.

• Es hogar de la reserva forestal de Imataca y monumentos naturales, reservas de biósfera, parques nacionales y refugios de fauna silvestre,

• Figura dentro de su extensión la cuenca del Caroní, que provee las reservas de agua dulce más importantes de Venezuela y abastece las centrales hidroeléctricas que generan 70% de la energía que consume el país. Es igualmente importante destacar que todo lo que llega al río Orinoco afectará la calidad de las aguas y de las especies del Mar Caribe y del Atlántico.

• Entre los minerales presentes en la zona figuran el oro, hierro, diamantes y coltán, existente únicamente en siete países del mundo y que se utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, satélites, televisores y reproductores de música.

• Ya no es posible tomar agua del río, no se puede consumir pez aymara ni otros por la elevada contaminación por mercurio utilizado en el proceso de extracción de los minerales. Otras especies lejos de la mina también están contaminadas.

• Entre sus impactos negativos ambientales podemos encontrar: aumento de la deforestación, pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad del agua proveniente del escurrimiento superficial y el agua de los ríos, eliminación y contaminación del suelo, incorporación de contaminantes, principalmente de metales pesados en las comunidades aledañas o que laboran en la región, y afectación en la salud por contaminación del aire, por nombrar algunos.

• Según estudio realizado por la Universidad de Oriente (UDO), la mayoría de los Ye’kwana y Sanema presentan 40 veces más mercurio en el cabello que el estándar fijado por la Organización Mundial de la Salud.

• La minería ilegal ha ocasionado daños tan graves, que si se detuviera totalmente la actividad este mismo año, tomaría al menos 30 años recuperar toda la zona.

• El decreto del Arco Minero del Orinoco viola el artículo 127 de la Constitución, que establece que el Estado venezolano deberá proteger el ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos, los parques nacionales y demás áreas de importancia ecológica; se viola también el artículo 129 que estipula que toda actividad susceptible de causar daño a los ecosistemas debe ser previamente acompañada de estudios de impacto ambiental y sociocultural.

• Se estima que la deforestación causada por la minería ilegal en la región sea de 1.100 km² al año, que incrementa los casos de enfermedades como el dengue.

Fuente: Manifiesto de Guayana sobre el Arco Minero, Provita, Dra. Nalúa Silva (coordinadora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la UNEG).

#venezuela #mineria #arco minero #ambiente #daño

0 notes

arcominerodelorinocovzla-blog · 5 years

Photo

Uso de Mercurio en la pequeña minería

Con su mano derecha Misael Reyes frota circularmente una lámina de cobre por donde fluye el pantano que todavía no deja ver la riqueza que contiene. “¿Usted ve esa gota plateada que se forma? Ese es el mercurio que utilizamos para comenzar a separar el oro de las rocas que sacamos de las minas y que trituramos en estos molinos”, explica el hombre de 56 años de edad, 36 de ellos sumergidos en las profundidades de los yacimientos de El Callao. El minero Reyes muestra y explica cómo continúa el procedimiento: con una espátula recoge el material aurífero que queda adherido a la lámina de cobre y lo exprime. Luego lo coloca en una pala y con un soplete lo quema para lograr la total separación del oro. El vapor se expande y tanto los nueve mineros que trabajan en el lugar como los dos visitantes no pueden evitar respirar el aire contaminado.

Ninguno de los mineros utiliza equipos de protección para evitar entrar en contacto con el mercurio. Reyes asegura que no es necesario: “Los que nos hemos dedicado a esto toda la vida ya estamos inmunizados”. Y también le resta importancia al riesgo de que el agua que toman del río más cercano para procesar las rocas se devuelva a su cauce contaminada: “La tierra se chupa el mercurio antes de que llegue al río”, afirma.

La demostración del uso del mercurio tiene lugar en Molinos Calderón, uno de los aproximadamente 60 que operan desde hace décadas en el sector La Ramona de El Callao; y uno de los que está formalmente incorporado a las llamadas Brigadas Socialistas Mineras que el gobierno promueve como una nueva forma de organización de los pequeños mineros de la zona. El minero Reyes levanta la voz para que el ruido de la maquinaria que tritura las rocas en Molinos Calderón no impida que quede grabado su testimonio: “No hay cambios en la forma en que hemos trabajado desde siempre. Seguimos picando rocas en los barrancos, trasladando el material a los molinos y usando mercurio para separar el oro”.

Todo eso ocurre a principios de abril de 2017, a pesar de que el 5 de agosto de 2016 fue publicado en Gaceta Oficial el decreto presidencial que prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio como método de obtención o tratamiento del oro y cualquier otro mineral metálico o no metálico, en todas las etapas de la actividad minera que se desarrolle en Venezuela. Pero el ministro de Desarrollo Minero Ecológico para la época, Jorge Arreaza, aseguró que en menos de un año los mineros del lugar dejaron de usar la sustancia tóxica y ahora venden su producción al gobierno. “De La Ramona salieron entre un 15 y un 20% del oro entregado recientemente al Banco Central de Venezuela”, afirmó el 23 de abril de 2017.

Sin la más mínima preocupación por el decreto presidencial que prohíbe el uso del mercurio, pues ni siquiera saben que existe, Itamar Fernández y Germín Gutiérrez trabajan en el sector La Culebra de El Callao. Allí hay aproximadamente 20 barrancos, como se denomina a los huecos de metro y medio de diámetro y hasta 40 de profundidad construidos por lo menos diez años antes que se decretara el Arco Minero del Orinoco. “Aquí nada ha cambiado, el mercurio es como el pan nuestro de cada día”, asegura Fernández. Y Gutiérrez acota que los mineros de la zona siguen trabajando sin asistencia alguna de parte del Estado. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que la minería artesanal o a pequeña escala produce 37% de las emisiones de mercurio y es la mayor fuente de contaminación del aire y el agua con este metal. Los vapores superan los 1,0 mg/m3 (que es el límite tolerable para las personas), y los residuos líquidos caen al suelo y fluyen a lagos, ríos y océanos. Una investigación realizada por Jorge Paolini, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, concluyó que entre 2000 y 2007 la concentración de mercurio en peces que consumen los habitantes de la cuenca del río Caroní aumentó de de 2,65 a 7,86 mg/g. La toxicóloga e investigadora de la Universidad de Carabobo Maritza Rojas analizó 24 estudios científicos sobre el uso del mercurio en Venezuela, 7 de ellos sobre su impacto en la salud de seres humanos. Se ha detectado presencia de mercurio en cabello entre 0,36 y 186,5 mg/g (lo tolerable para una persona es 10 mg/g) y en sangre entre 11,78 y 20 mg/g (lo tolerable es 15 mg/g). Sobre los síntomas de la intoxicación por mercurio, el análisis destaca afecciones neurológicas (tensión nerviosa, cefaleas, insomnio, temblores, cambios de humor), oftalmológicas y gastrointestinales.

Los molinos son clave en el proceso de extracción de oro. Constituyen pequeñas y medianas empresas que disponen de maquinarias y equipos necesarios para el procesamiento del material en bruto que se extrae de las minas. Y, además, los molineros son los que suministran un insumo imprescindible en la práctica habitual de la minería en El Callao: el mercurio. Alexis Chaurán, vocero de la Asociación de Mineros y Molineros Revolucionarios de La Ramona lo confirma: “Nosotros seguimos trabajando de la manera tradicional, con mercurio. Si eliminamos el mercurio, ¿cómo extraemos el oro? El decreto de prohibición del mercurio no se ha cumplido, porque es el Estado el que tiene que ofrecer las alternativas. Y mientras tanto la pequeña minería no se va a paralizar. Si prohibimos el mercurio eliminamos la pequeña minería y 80% de los habitantes de El Callao viven de la pequeña minería”.

Según el Programa Internacional de Seguridad Química de las Naciones Unidas, el mercurio es el sexto contaminante más letal para la vida en el planeta. Pero en las minas de El Callao, precisamente donde se intenta organizar la minería a pequeña escala o artesanal a través de las llamadas Brigadas Socialistas Mineras, está profundamente arraigado y se considera imprescindible en la principal actividad económica de la zona. Tanto así que, como lo dijo el minero Misael Reyes, convencido de que no corre peligro alguno al usar mercurio: “Los que nos hemos dedicado a esto toda la vida ya estamos inmunizados”.

Fuente: https://arcominerodelorinoco.com/capitulo-04/

0 notes

arcominerodelorinocovzla-blog · 5 years

Text

Empresas que forman parte de la explotación del Arco Minero del Orinoco

El gobierno venezolano ha favorecido más a las empresas privadas involucradas en el Arco Minero del Orinoco que a las 16 etnias que reclaman la propiedad de esas tierras. Mientras los indígenas esperan por la reivindicación de sus derechos desde 1999, cuando fue promulgada la Constitución vigente, en menos de un año se crearon y se autorizaron las operaciones de cuatro empresas mixtas para explorar y explotar minerales, precisamente en los territorios en reclamación.

Corporación Faoz, C.A.

Corporación Faoz, C.A. es la primera empresa que firmó acuerdos con el gobierno venezolano para incursionar en el Arco Minero del Orinoco, el 5 de agosto de 2016. Es la primera que se incorporó al modelo de empresas mixtas, a través del cual el Estado conserva la mayoría accionaria de todos los nuevos emprendimientos. Es la única que ha instalado un campamento en la franja de 111.843 kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco, específicamente en el sector Parguaza del municipio Cedeño del estado Bolívar. Y es la que tomó la delantera en la búsqueda del codiciado coltán. Sin embargo, Corporación Faoz, C.A. es una empresa sin experiencia acreditada en la exploración y explotación del llamado oro azul, y formalmente fue constituida el 29 de julio de 2016, apenas 7 días antes de que el gobierno venezolano le diera luz verde para hacer negocios con el coltán, la casiterita, la ilmenita, el estaño, los circones, los diamantes y el oro que están en el subsuelo del Macizo Guayanés. Aunque las reservas de minerales no han sido rigurosamente certificadas en términos de cantidad y calidad, el solo hecho de estén en una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta es un dato suficientemente atractivo en términos económicos. Pero también se trata de parte de la Amazonia, el llamado pulmón vegetal del mundo, así como el hábitat de pueblos y comunidades indígenas milenarios. De modo que la sustentabilidad ecológica y el respeto a la diversidad cultural son otras dos variables del acalorado debate que ha suscitado el Arco Minero del Orinoco, incluso más allá de Venezuela. La legislación venezolana establece que toda actividad minera debe estar sustentada en un previo estudio de impacto ambiental y sociocultural, lo cual no se ha cumplido en ninguno de los proyectos del Arco Minero del Orinoco. Por ello las ONG Provea y Laboratorio de Paz, así como el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes colocaron al Estado venezolano en el banquillo. En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2016, en Panamá, el gobierno confesó su responsabilidad por omisión: “Está previsto realizar los estudios de impacto ambiental que exige la Constitución y la ley antes de iniciar las operaciones”, dijo Larry Davoe, el jefe de la delegación estatal venezolana. Sin embargo, una semana después, sin el estudio de impacto ambiental y sociocultural requerido por el ordenamiento jurídico vigente, los representantes del gobierno y de Corporación Faoz celebraron la instalación del campamento y el inicio de las operaciones de la empresa mixta Parguaza.

Transcurridos nueve meses sin que trascendieran a la opinión pública las actividades desarrolladas por la empresa mixta Parguaza, el 9 de septiembre de 2017 el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, anunció que dicho consorcio “cuenta con una tonelada de coltán almacenada para la exportación”. La reseña oficial del anuncio indica que Cano participó en “el arranque” de una planta de explotación de coltán instalada en el municipio Cedeño del estado Bolívar, en cuya construcción se invirtieron 8 millones de euros. No se ofrecieron mayores detalles, ni siquiera sobre el tipo de divisas (que sugiere un financiamiento proveniente de Europa). El ministro prevé que dicha planta podrá producir 20 toneladas de coltán mensualmente, aunque no precisó el plazo para que opere al máximo de su capacidad. El gobierno reiteró que éste y todos los desarrollos que ha promovido en el Arco Minero del Orinoco cuentan con la aprobación de las etnias que habitan en ese territorio. “Los pueblos indígenas han sido incorporados en el Arco Minero bajo consulta previa. Desde Parguaza podemos decir que para iniciar este proyecto, transcurrió más de casi un año de consulta, debates y mesas de trabajo con los pueblos indígenas”, indicó la ministra de Pueblos y Comunidades Indígenas, Yamilet Mirabal.

Corporación Faoz, C.A, está representada por Luisa Herminia Alcalá Otero. El 5 de agosto de 2016, fue ella la que suscribió el convenio con el ahora ex ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, a efectos de la creación de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A. Alcalá Otero es una ingeniera geóloga de 67 años de edad, que fue funcionaria de Pdvsa Petróleo y Gas, S.A. hasta el 1 de noviembre de 2013. Se inscribió en el Registro Nacional de Contratistas, como persona natural, el 14 de octubre de 2015. Pero esa inscripción venció el 30 de junio de 2016, por lo cual está inhabilitada para contratar con el Estado. No obstante, fue designada como una de los 13 directores de la empresa mixta Parguaza, entre los cuales también están cuatro de sus familiares. Actualmente, Alcalá es la gerente general de la empresa. En la directiva de Parguaza también fue incluida Meira del Carmen Guerrero Aguiar, para entonces jefe del despacho de la ministra de Pueblos y Comunidades Indígenas, Aloha Núñez. En el acta constitutiva de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A. se indica que Corporación Faoz es la “nueva denominación” de la empresa Construcciones Faría, C.A., creada en 1992. Sin embargo, Construcciones Faría era una empresa dedicada a la construcción de obras civiles, ninguna de ellas relacionadas con la minería. En términos del Código de Comercio Venezolano, Corporación Faoz es una sociedad mercantil nueva. La empresa autorizada para explotar coltán y cualquier otro mineral que encuentre en la extensión de 10.201 hectáreas que le fue asignada no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, a pesar de que es un requisito para hacer negocios con el Estado venezolano. Sobre la experiencia minera de Corporación Faoz solo se sabe que habría desarrollado actividades de exploración de yacimientos de fosfato, en el estado Táchira, entre 2013 y 2014, como lo afirmó el moderador del acto oficial a través del cual la empresa obtuvo su primer pase al Arco Minero del Orinoco; acto que estuvo encabezado por el presidente de la República Nicolás Maduro. El gobierno venezolano no ha dado la más mínima explicación sobre los criterios para seleccionar las empresas nacionales o extranjeras interesadas en el Arco Minero del Orinoco. Inicialmente el presidente Maduro anunció, sin mayores detalles, que serían 150 empresas en total. En agosto de 2016, cuando Roberto Mirabal estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, se suscribieron cartas de compromiso y memorandos de entendimiento con 13 empresas, de las cuales 5 son venezolanas y 8 extranjeras. De enero a agosto de 2017, durante la gestión del ministro Jorge Arreaza, se anunciaron, con menos precisión, acercamientos del gobierno de Venezuela con el gobierno de Suráfrica para la creación de empresas mixtas, así como como memorandos de entendimiento para actividades de exploración con las empresas Sakan, C.A. y Comercializadora Orinoco River, ambas con asiento en Venezuela pero dirigidas por empresarios palestinos. Y el 20 de julio de 2017, se suscribió un memorando de entendimiento con la empresa de Angola Endiama, a efectos de la creación de una empresa mixta para la explotación de diamantes en la localidad Guaniamo, en el municipio Cedeño. Sin embargo, solo se ha formalizado la creación, asignación de áreas y autorización para iniciar operaciones de cuatro empresas mixtas: Parguaza, Oro Azul y Metales del Sur, en el municipio Cedeño; y Siembra Minera, en el municipio Sifontes.

De las cuatro empresas mixtas creadas y autorizadas para instalarse en el Arco Minero del Orinoco, solo se conoce del inicio de operaciones de exploración en el caso de Parguaza. A pesar de que el ministro Cano aseguró que ya se tienen una tonelada de coltán, se han alargado los plazos previstos por el gobierno para obtener recursos adicionales a los procedentes de la venta de petróleo. Al crear la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016, el Ejecutivo fijó un lapso perentorio de seis meses para elaborar y comenzar a desarrollar un plan de desarrollo específico, que incluye, entre otros componentes, un sistema de ciudades, planes de manejo ambiental, rehabilitación de la vialidad, mejoramiento de la infraestructura de salud y fomento de la agricultura. Un año después del vencimiento de dicho lapso, los indígenas siguen esperando ayuda estatal. La eventual reinversión social de la renta minera ofrecida por el presidente Maduro soslaya los aspectos técnicos y los plazos de la minería. La certificación es la fase final del llamado ciclo minero, que implica ingentes inversiones de recursos financieros, humanos y tecnológicos. Para compartir tales costos y obtener ganancias lo más rápidamente posible, el gobierno venezolano ha convocado a los capitales internacionales. Pero los inversionistas extranjeros requieren garantizar la rentabilidad de sus negocios. Y, además, exigen seguridad jurídica, que en la actualidad está mermada por la crisis institucional venezolana y, sobre todo, por la falta de independencia del sistema de administración de justicia, como lo han verificado Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, entre otras instancias internacionales.

“Si en todo el país estamos mal por la crisis económica y el desabastecimiento de lo más esencial, como alimentos y medicinas, en Bolívar estamos peor por la amenaza que representa el Arco Minero del Orinoco”, resume Franklin Quiñones, líder de la comunidad piaroa Fundo Nuevo. Y se apresura a desmentir que todos los indígenas estén de acuerdo con el fomento de la minería en la región.

"Tierra libre y agua libre. Eso es lo que quiere el pueblo piaroa, conservar el medio ambiente. Nosotros no somos mineros, somos agricultores. El Arco Minero del Orinoco significa el exterminio de la cultura piaroa. Si crece la invasión del criollo, con sus empresas y sus maquinarias, se dañaría lo que el pueblo piaroa ha conservado milenariamente: la selva. Los ríos y manantiales se contaminarían. De esa agua nosotros bebemos, allí nos bañamos", insiste el irreverente líder piaroa.

Una de las afectadas es la comunidad El Palomo del pueblo Mapoyo. En 2014 la Unesco confirió al pueblo Mapoyo la categoría de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad y lo incluyó en la Lista de Salvaguarda Urgente. Entre los referentes simbólicos de la etnia que a criterio del organismo internacional amerita protección especial destaca la propiedad sobre sus tierras.

Empresa Mixta Oro Azul

La empresa mixta Oro Azul, al igual que la empresa mixta Parguaza, está autorizada para explorar y explotar minas y yacimientos de coltán, casiterita, ilmenita, estaño, circones, diamantes y oro, al menos durante los próximos 20 años. Está integrada por la empresa estatal Corporación Venezolana de Minería y la empresa privada Supracal, C.A. En Oro Azul se repite la inexperiencia de la parte privada de las empresas mixtas creadas para explorar y explotar el Arco Minero del Orinoco, como se verificó en el caso de Corporación Faoz. Supracal no tiene experiencia alguna en la exploración y explotación de ninguno de estos minerales. En su sitio web, Supracal C.A. indica que tiene 40 años de experiencia en la fabricación y distribución de cal. Aseguran que se fundó en 1977 como una pequeña fábrica que producía 500 sacos de cal al día, y que actualmente cuenta con una capacidad instalada para producir 4.000 toneladas mensuales de cal viva y 2.000 toneladas de cal hidratada. La empresa dice ser propietaria de una cantera de piedras caliza y dolomita, ubicada a 700 metros de la fábrica donde laboran aproximadamente 75 trabajadores, en la localidad Yaritagua del estado Yaracuy. En el Registro Nacional de Contratistas, Supracal aparece presidida por Ligia Guédez. Las acciones de la compañía, fundada el 8 de septiembre de 1977, se dividen a partes iguales entre dos empresas: Financiadora Raj C.A. e Inversora Yaci, C.A. Tiene su sede en Barquisimeto y un capital social de 2.400.000 bolívares. Solo puede hacer contrataciones con el Estado hasta por 5.000 unidades tributarias, es decir 1.500.000 bolívares, monto que no alcanza ni para costear el diseño del campamento que pretenden instalar en el sector Villacoa del municipio Cedeño, con características de búnker: 12 trailers de 12 metros que podrían servir como oficinas y dormitorios, dos garitas de seguridad blindada, un sistema de postes con luminarias al cual se adosa un mecanismo de detección de intrusos, cámaras de circuito cerrado de televisión y, por si fuera poco, el sobrevuelo de un dron.

El cacique mayor del pueblo Mapoyo, Simón Bastidas, se refiere con recelo al proyecto de minería a gran escala que se instalaría en sus tierras: “Ellos (los representantes de la empresa Oro Azul) vinieron a pedirme permiso para entrar. Quieren explotar el coltán, pero me han dicho que todavía no han encontrado nada. Quieren instalar un campamento en el sector Villacoa y nos aseguraron que nos iban a construir un liceo por allá. Pero todavía nada, ni siquiera han instalado el campamento. Nosotros tenemos la esperanza de que, en verdad, nos ayuden. Aquí las vías de penetración están malísimas, tenemos muchos lugares sin luz…”, dice el cacique y muestra una ambulancia sin cauchos que hace algunos años les donó la empresa estatal de explotación de bauxita, Bauxilum, ubicada a 15 kilómetros de El Palomo.

“Nosotros lo que queremos es trabajar la agricultura, porque el pueblo Mapoyo nunca ha sido minero ni le interesa la minería. Los indígenas que han ido a las minas lo que traen es paludismo. Además, ya nosotros tenemos muy malas experiencias con estas empresas que vienen y nos perjudican. Así sucedió con Bauxilum, que entró a la brava y se instaló en nuestro territorio. Contaminaron nuestras aguas y enfermaron a nuestra gente. Nosotros tenemos 18 lagunas de cría de pescado y un balneario en el río. Todo eso lo tenemos que cuidar”, enfatiza Bastidas. La defensa de su territorio es la prioridad para el líder indígena: “Yo no había nacido cuando empezó la lucha del pueblo Mapoyo para que se respeten nuestras tierras. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo… Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos no van a permitir que nos las quiten o nos las contaminen”.

Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos, C.A.

Dentro del territorio de la comunidad Araimatepuy, la empresa Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos, C.A. comenzó a erigir la planta el 7 de noviembre de 2016. Apenas un día antes representantes gubernamentales intentaron obtener el consentimiento popular de la construcción. “Fuimos a pedir explicaciones. Exigimos hablar con el jefe y les advertimos a los obreros que estaban allí que no podían hacer nada en nuestro territorio sin la aprobación de las autoridades legítimas de la comunidad. Como no nos hicieron caso, al día siguiente regresamos con el apoyo de las ocho comunidades indígenas de San Isidro. Llevamos nuestros arcos y nuestras flechas, les demostramos que estábamos unidos y que teníamos fuerza. Entonces, sí paralizaron la obra”, asevera el capitán de Araimatepuy Pasiano Elliman. Los líderes indígenas formalizaron el reclamo ante el gobierno y el 11 de noviembre se llevó a cabo una segunda asamblea, esta vez en Araimatepuy, con presencia de funcionarios gubernamentales. Después de un par de horas de debate, la representante del Ministerio de Pueblos y Comunidades Indígenas Meira Guerrero sentenció: “Si los pemones, que son los dueños de estas tierras, no quieren esa planta de cianuración, esa planta de cianuración no se construirá”. Sin embargo, Guerrero es una de las promotoras de la minería a gran escala en Bolívar y, de hecho, figura como directora principal en el acta constitutiva de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A.

El capitán Elliman explica el sentido de la acción de resistencia de los pemones: “¿Cómo es posible que el gobierno haga la ley y el mismo gobierno la viole? La ley dice que cualquier cosa que se vaya a hacer en territorios indígenas tiene que ser previamente consultada con las autoridades legítimas. Y el Ministerio de Pueblos Indígenas sabía que el lugar donde se iba a construir la planta de cianuración forma parte del territorio de Araimatepuy”. El líder indígena se refería al derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas sobre el aprovechamiento de recursos que se encuentren en sus hábitats, tal como está establecido en el artículo 120 de la Constitución de Venezuela. El cacique toma distancia de la minería a gran escala, independientemente de que provenga del sector privado o del sector público: “No aceptamos ni aceptaremos ninguna empresa, así sea del Estado, hasta que no sea cumplida la promesa de concedernos los títulos de propiedad de nuestras tierras. Nosotros ni siquiera sabemos qué es una planta de cianuración. Los representantes de la empresa Sarrapia vinieron y lo explicaron, pero a nosotros no nos interesa. Nuestra prioridad es la lucha por las tierras. Toda esta área, incluyendo la zona de Las Brisas y Las Cristinas, nos pertenece. Y a nosotros tampoco nos han informado del proyecto que el gobierno quiere desarrollar allí. Nosotros vamos a seguir protestando con el respaldo de la Federación Indígena del Estado Bolívar”, que es una instancia representativa de todas las etnias de la zona y asume el derecho a la tierra como una reivindicación prioritaria.

Elliman denuncia que desde que se decretó el Arco Minero del Orinoco han aumentado las invasiones en territorios indígenas: “Los mineros se meten en los cauces de las quebradas y acaban con todo, no respetan la naturaleza. Donde solíamos pescar para alimentarnos ya no podemos hacerlo, porque está tapado con lo que se llama relave (residuos tóxicos) y contaminado con mercurio. Lo más grave es que el gobierno no hace nada para detenerlos”.

A principios de abril de 2017, todavía se podían ver los 12 huecos donde enclavarían las bases de la planta de cianuración, así como andamios y montones de bloques, arena y cabillas regados en un terreno de aproximadamente dos hectáreas. Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos, C.A. elaboró el proyecto, y junto con Corporación Faoz y Supracal, configura el patrón de empresa de fachada que se ha utilizado para extender la minería a gran escala en el estado Bolívar. La compañia, que lleva el nombre del árbol que figura como emblema en el escudo del estado Bolívar, no existía cuando se decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, en febrero de 2016. Fue inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar el 5 de octubre de 2016. Es decir, cuando comenzó a construir la planta de cianuración apenas tenía un mes de haberse creado. Ni siquiera tenía oficinas, pues según el acta constitutiva de la empresa su domicilio estaría en la fallida construcción.

El proyecto no incluye estudios de impacto ambiental ni sociocultural. Sin embargo, Inversora Sarrapia se atrevió a garantizar la preservación del ambiente. En apenas una de las 91 páginas que integran el documento la empresa resume su justificación del uso del cianuro, “exclusivamente como agente lixiviador del oro”, es decir como un disolvente. Agrega que se utilizarán “estrictos sistemas de riesgo”, sin precisar suficientemente en qué consisten. Como actividades de recuperación, propusieron la construcción de lagunas para la cría de peces, huertos y una planta de electricidad a partir del reciclaje de desechos orgánicos. Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos no cuenta con un sitio web, donde, por ejemplo, se podría precisar en qué consiste la experiencia de sus fundadores y asesores. Su presidente, Gerardo José Quiroz Valbuena, tiene 46 años de edad y también dirige la empresa Constructora Punto Azul, que tiene una “nómina promedio” de dos empleados. En la relación de obras para las cuales Punto Azul fue contratada por el Estado entre 2003 y 2011 casi todas se refieren a construcción civil y vialidad; ninguna a minería. El director principal de Inversora Sarrapia, Renny Ildemar Fernández Zapata, tampoco tiene credenciales mineras. Es gerente general de la empresa Importadora de Suministros Y.V, C.A., la cual se dedica principalmente a la comercialización de repuestos automotrices y está inhabilitada para contratar con el Estado. Estadísticas correspondientes a 2015 e incorporadas al proyecto presentado por la empresa Sarrapia ilustran la dimensión de la actividad minera y, específicamente, la fase de procesamiento del material que se extrae de las minas. En toda la región de Guayana se producen mensualmente 104.475 toneladas de rocas con contenido aurífero que son trituradas por 398 molinos y de las cuales se extraen 78,35 kilogramos de oro.

El propósito frustrado de la empresa era captar la producción de nueve molinos adyacentes a la planta de cianuración, a donde sería trasladado el material que extraen aproximadamente 400 mineros de la zona. Sarrapia aspiraba a procesar 12.000 toneladas al mes, del cual se extraerían 9 kilogramos de oro, es decir 11,48 % de todo el que se produce en Guayana. En el proyecto se admite que la construcción y puesta en marcha de la planta de cianuración requería cuantiosas inversiones, aunque en el documento no se indica monto alguno. Apenas se menciona que con “la buena gestión de los accionistas” se obtendrían créditos internacionales para adquirir maquinarias y equipos. El cianuro ha causado similares controversias que el mercurio. Una de las empresas mineras más grandes del mundo, Barrick Gold, enfrenta procesos judiciales en Argentina por repetidos derrames de cianuro que contaminaron cinco ríos en la provincia de San Juan. Aunque el emprendimiento de la empresa Sarrapia contó con el apoyo del gobierno, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no ha ofrecido la más mínima garantía de un uso responsable del cianuro como alternativa al mercurio. Por el contrario, al respaldar a una empresa como Sarrapia, sin suficiente experticia ecológica, el Estado es corresponsable de los eventuales daños a ecosistemas de interés mundial. El Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia, el bosque húmedo tropical más grande del planeta, con una extensión de 7,8 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 40% corresponden a territorios indígenas y áreas naturales protegidas.

Fuente: https://arcominerodelorinoco.com/capitulo-03/

#venezuela #arco minero #empresas #pueblos #indigenas #derechos #violacion

0 notes