Don't wanna be here? Send us removal request.
Statistics
We looked inside some of the posts by pepecarlota and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
0
Likes Per Post
0
Reblog Per Post
0
Reply Per Post
0
Time Between Posts
2 days
Number of Posts By Type
Text
17
Last Seen Tumblr Blogs
Fun Fact
Total funding amounts to $125.3M.
Text
Vamos contracorriente… y cada vez nadamos más juntos
Por: Armando Melendez periodista bien dateado
Esta semana en Popayán se intentó un operativo quirúrgico de desgaste político contra el representante Jorge Bastidas, con el típico libreto mediático: escándalo rápido, titulares con tono inquisitivo, desde una empresa de comunicaciones —Meridiano SAS, y alias “Casitas & Cía”— que no informa, interpreta, y no pregunta, insinúa.
Intentaron fracturar… y cohesionaron.
Lo que se logró fue algo que ni en asambleas largas, ni en plenarias tensas, ni en cafés de pasillo se había logrado con tanta claridad: Unir al PUPSOC, al Pacto Histórico, a los líderes sociales, y al movimiento indígena bajo una consigna que no necesita hashtags: “a este compañero, lo defendemos todos.”
Y no fue solo una defensa emocional. Fue política. Hermes Pete, congresista del pueblo Nasa, salió al paso sin titubeos. Jonathan Centeno Muñoz, el vocero principal del PUPSOC, reafirmó su respaldo. Y Líderes de base, sectores populares y activistas sociales.
Y eso, para quienes entienden de correlación de fuerzas, vale más que 200 columnas compradas con presupuesto oficial, de la nuestra ósea de nuestros Impuestos.
El verdadero parte de victoria
El intento de aislar a Bastidas fracasó. Lo que se vio no fue a un parlamentario a la defensiva, sino a una red orgánica de respaldo político y social que demuestra que el caucanismo alternativo está vivo, articulado y aprendiendo a resistir con más inteligencia.
0 notes
Text
Popayán y la resciliación de un contrato a ciegas: ¿error evitado o daño colateral?
Por: Armando Melendez periodista bien dateado
La reciente resciliación del Contrato Interadministrativo No. 20251800024817, celebrado entre el Municipio de Popayán y la empresa Movilidad Futura S.A.S., podría parecer —a simple vista— una salida elegante para terminar un acuerdo que ya no tenía razón de ser.
Sin embargo, al revisar con lupa el acta firmada el 3 de julio de 2025, cabe preguntarse si el señor alcalde, Juan Carlos Muñoz Bravo, estuvo a punto de caer en una trampa jurídica que habría podido comprometer al municipio.
Según el documento, ambas partes acordaron rescindir el contrato invocando el principio de autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 1602 del Código Civil. Hasta ahí, todo bien. Pero el detalle que inquieta es el balance financiero declarado en ceros, sin que se detalle cuáles fueron los compromisos ejecutados, si hubo anticipos, entregables, gastos administrativos o simplemente un mutuo “borrón y cuenta nueva” sin trazabilidad contable.
¿Dónde pudo estar el error?
Si no existió una auditoría previa y clara del estado del contrato, incluyendo informes de supervisión, liquidaciones parciales o conciliaciones, el alcalde pudo incurrir en omisión de deberes legales. Firmar un acta de resciliación sin ese respaldo técnico-jurídico es dejar abierta la puerta a una posible acción de repetición, investigación fiscal o disciplinaria.
Además, al renunciar expresamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial futura, se entrega —sin condiciones— cualquier posibilidad de proteger el interés patrimonial del municipio frente a eventuales vicios ocultos, sobrecostos o incumplimientos no detectados.
Porque al firmar este tipo de actas sin advertencias claras ni actas de liquidación previas, se proyecta una imagen de informalidad administrativa que va en contravía del principio de debida diligencia en la gestión pública. La presencia de más de ocho revisores jurídicos, muchos contratistas temporales, también sugiere que se quería blindar una decisión apresurada… quizás para evitar una responsabilidad mayor que aún no conocemos.
Popayán merece conocer qué motivó esta resciliación, cuánto costó el contrato, qué se ejecutó, y qué consecuencias dejó. Un gobierno que promete transparencia no puede seguir firmando actas “en ceros” mientras la ciudad reclama planificación, transporte digno y confianza en la administración.
La forma también es fondo. Y el fondo de este contrato aún está por esclarecerse.
0 notes
Text
Valle del Cauca: del discurso a los resultados, el liderazgo que se mide en hechos
Por Armando Melendez Periodista bien dateado
En tiempos donde muchas administraciones se refugian en la retórica, el Valle del Cauca ha decidido jugar en otra liga: la de los resultados medibles. Esta semana, el Departamento Administrativo de la Función Pública dio a conocer el Índice de Desempeño Institucional 2024, y allí, la Gobernación del Valle alcanzó el primer lugar entre todos los departamentos del país, con una sobresaliente calificación de 94.9 puntos.
No se trata de una mención simbólica. Esta es la evaluación oficial de eficiencia administrativa del Estado colombiano, que se construye a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión (FURAG), y que mide aspectos clave como planeación, control interno, gobierno abierto, gestión documental, talento humano, transparencia y más.
¿Qué hizo distinto el Valle?
El mérito no es casual. Según explicó Ricardo Castro, Director del Departamento de Planeación, se trata de una mejora de 10 puntos frente al año anterior, gracias a un ejercicio articulado que involucró las 19 políticas de gestión institucional, bajo el liderazgo directo de la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Es decir: planificación con método, ejecución con rigor y seguimiento con indicadores.
Este salto institucional no solo es técnico, también es político. Mientras otros territorios luchan por contener el deterioro institucional, el Valle del Cauca avanza con un modelo basado en legalidad, control y articulación ciudadana.
Tres claves del éxito:
Prevención del daño antijurídico: Diana Lorena Vanegas Cajiao, directora jurídica del departamento, destacó el fortalecimiento normativo y la mejora en la expedición de actos administrativos, reduciendo el riesgo de demandas y errores de procedimiento. Es decir: menos improvisación, más legalidad.
Gobierno abierto y ciudadanía empoderada: Liza Rodríguez, Secretaria General, resaltó la implementación de un modelo en el que el ciudadano deja de ser un simple receptor de servicios y se convierte en parte activa de las decisiones, con acceso a información y herramientas reales de participación.
Transparencia como política, no como eslogan: Fabiola Perdomo, jefa de la Oficina para la Transparencia, recordó que la lucha contra la corrupción se respalda en hechos: portales abiertos, datos públicos, trazabilidad del gasto y rendición de cuentas continua.
Más que cifras, cultura de gestión
Este reconocimiento no solo habla de una buena calificación. Habla de una cultura de gestión pública que empieza a consolidarse, donde las dependencias no funcionan como islas sino como engranajes de una máquina bien alineada.
En un país donde la institucionalidad muchas veces naufraga entre burocracia, clientelismo y opacidad, que un departamento se levante como modelo de eficiencia administrativa merece ser destacado… y replicado.
El Valle del Cauca, bajo esta dinámica, no solo gobierna: transforma. Y lo hace desde donde más cuesta: la gestión diaria, el cumplimiento, la coherencia entre lo que se dice y lo que se ejecuta.
0 notes
Text
El hospital de las felicitaciones: ¿realidad institucional o ficción estadística?
Si uno se guía solo por las cifras oficiales del Hospital San José de Popayán, se podría pensar que estamos frente a un oasis de excelencia en la salud pública. En la rendición de cuentas de la vigencia 2024, se presentó una gráfica que haría sonreír a cualquier gerente: 5.447 felicitaciones registradas frente a apenas 572 quejas, 379 reclamos, 81 peticiones y 501 sugerencias.
La estadística, en su versión más entusiasta, nos habla de un 83,5% de PQRSD que corresponden a halagos. ¿Estamos entonces ante un modelo hospitalario perfecto, digno de exportarse? ¿O estamos, más bien, ante una muestra evidente de cómo se manipulan los datos para esconder lo incómodo?
Porque una cosa es que los usuarios reconozcan la labor del personal (y vaya que muchos lo merecen), y otra muy distinta es inflar la categoría de "felicitaciones" mientras se diluye lo esencial: las inconformidades.
Un sistema serio de atención al usuario debería ser capaz de escuchar el malestar tanto como el aplauso, especialmente en una institución donde circulan diariamente cientos de pacientes en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cómo explicar, entonces, que las quejas representen solo el 0,53% del total de registros?
Las preguntas que surgen son inevitables:
¿Quién clasifica las PQRSD dentro del hospital?
¿Existen mecanismos que validen si una felicitación fue realmente emitida por un usuario, o si corresponde a respuestas automáticas o duplicadas?
¿Cuál es el canal más usado por los usuarios? ¿Y qué tan accesible es para personas en zonas rurales o en condiciones de analfabetismo digital?
La columna de fondo aquí es clara: cuando una institución sobrerreporta las felicitaciones, no solo pierde credibilidad, también desoye el ruido que necesita oír para mejorar. Porque detrás de cada reclamo suele haber un proceso que falló, una espera injustificada, una atención deficiente o un medicamento negado. Y detrás de cada queja que no se escucha, se fortalece la cultura del silencio institucional.
Un hospital se mide tanto por sus éxitos como por su capacidad de corregir. Si todo es perfecto, entonces nadie está aprendiendo nada.
0 notes
Text
📉 Hospital San José: la formalización que no llega y el reinado de los contratos basura
Por Armando Melendez
En el marco de su reciente rendición de cuentas, el Hospital Universitario San José de Popayán presentó una diapositiva que, para quien no se deje distraer por los colores y las curvas ascendentes, es un verdadero retrato de precariedad institucional.
Veamos el dato más escandaloso:
Personal de planta: 155 trabajadores.
Contratistas por prestación de servicios: 1.985.
Una relación de más de 12 trabajadores tercerizados por cada empleado formal.
En cualquier entidad pública, esta cifra sería alarmante. Pero en un hospital universitario, que debe garantizar estabilidad, continuidad en los procesos clínicos, administrativos y formativos, esta realidad roza lo inaceptable.
Y lo más preocupante no es solo el número, sino el maquillaje retórico: en grande y en azul celeste, se lee "Inicio del proceso de formalización laboral", como si apenas comenzaran a corregir una injusticia que lleva años enquistada.
La pregunta es obvia:
¿Qué se ha hecho concretamente en 2024 para formalizar al menos una parte de esos 1.985 contratistas?
Porque mientras se anuncian planes institucionales de capacitación y bienestar social, con gráficas que trepan al 100%, la gran mayoría de trabajadores no tienen estabilidad, seguridad social integral, ni garantías de continuidad.
Esto no es una falencia menor. Es el síntoma de un modelo que aprovecha la tercerización para flexibilizar los costos, pero al mismo tiempo deshumaniza el trabajo hospitalario.
Desde el celador hasta el cirujano, miles de profesionales cargan con la incertidumbre de contratos mensuales o trimestrales, mientras se les exige compromiso institucional, metas de calidad y servicio 24/7. ¿Quién responde por su salud mental, por su capacidad de sostener familias o acceder a créditos?
Además, cabe cuestionar:
¿Cómo afecta esta rotación contractual a la calidad de la atención al usuario?
¿Qué rol está jugando la gerencia en perpetuar este modelo clientelista y precario?
¿Por qué no se incluye una meta concreta de formalización en el plan de gestión?
Mientras tanto, los informes se llenan de porcentajes y planes cumplidos. Pero la realidad laboral sigue gritando desde los pasillos del hospital:
“Seguimos siendo tercerizados. Seguimos siendo invisibles.”
0 notes
Text
¿Sin riesgo fiscal… con una cartera envejecida en estado de coma? Mora Miente y vuelve Mentir...
Mientras la presentación institucional insiste en el mensaje triunfalista de "estabilidad financiera", los datos reales sobre la cartera del hospital revelan lo contrario: un paciente en cuidados intensivos.
Cifra total: $328.755 millones de pesos en cartera radicada.
Pero lo más grave no es el tamaño de la cartera, sino su composición por antigüedad: Antigüedad de carteraValor (millones $)% del totalHasta 60 días$32.98110%De 61 a 90 días$27.0638%De 91 a 180 días$64.27020%De 181 a 360 días$74.38523%Mayor a 360 días$130.05640%
¡Alarma! El 63% de la cartera tiene más de 180 días.
Esto no es una simple cifra: es señal clara de ineficiencia en la gestión de recaudo. En términos financieros, esta cartera es casi incobrable si no hay estrategias activas de recuperación.
¿Qué han hecho con las EPS morosas, los entes territoriales y demás deudores? ¿Qué pasa con las acciones judiciales o acuerdos de pago? ¿Cuántos recursos se están perdiendo en silencio?
📊 Mayores deudores (en millones de $):
EPS: $69.405
ADRES: $54.800
Asociaciones mutuales: $29.388
Secretarías territoriales: $24.567
Municipios: $14.976
Minsalud: $9.832
💬 ¡Sorpresa! Hasta el mismo Ministerio de Salud debe dinero. Y sin embargo… es el que da el rótulo de “sin riesgo fiscal”.
¿Es serio declarar a un hospital “estable” cuando la deuda más grande proviene de los entes que lo supervisan?
Esta cartera es una bomba de tiempo. Por mucho que el discurso oficial hable de "eficiencia administrativa", los datos muestran inacción, mora estructural y dependencia de recursos casi fantasmas.
No basta con decir que hay equilibrio fiscal si el 63% de los recursos radicados está congelado, envejecido y posiblemente perdido.
0 notes
Text
¿"Sin riesgo fiscal"? El título suena bien... pero la realidad huele a maquillaje financiero.
En esta presentación oficial del Hospital Universitario San José de Popayán, por el flamante Francisco Mora se declara con bombos y platillos que el hospital está "clasificado SIN RIESGO fiscal y financiero por el Ministerio de Salud", según la Resolución 1122 de mayo de 2025.
Hasta ahí, todo parece ser un logro. Pero al mirar con lupa, las grietas del discurso son más grandes que los aplausos.
❗ ¿Sin riesgo con un déficit de $95.000 millones?
El mismo comunicado reconoce un déficit superior a $95.000 millones de pesos. ¿Cómo se sostiene entonces una calificación de “sin riesgo”?
Aquí se plantean varias dudas técnicas y de fondo:
¿Cuál fue la fuente real del déficit? No hay desglose de cartera morosa, obligaciones laborales, deudas con proveedores ni pasivos contingentes.
¿Qué parte de ese déficit corresponde a gestión anterior y cuál a la actual? No se especifica el corte ni la línea de responsabilidad institucional.
¿Cómo se logra una recuperación sin un solo dato concreto de ingresos, egresos ni indicadores financieros?
Las "acciones" mencionadas son vaguedades:
“Eficiencia administrativa”
“Reorganización interna”
“Mejora de procesos asistenciales y defensa de lo público”
¿Dónde están las metas medibles? ¿Qué indicadores soportan esa eficiencia? ¿Cuántos cargos fueron eliminados, fusionados o reestructurados? ¿Qué impacto financiero ha tenido eso en términos reales?
Sin cifras, esto no es una rendición de cuentas. Es un relato aspiracional.
¿Confianza institucional?
El mismo hospital que aparece en caída en el Índice de Desempeño Institucional (IDI), pasando de 81 a 65, hoy habla de "recuperar la confianza comunitaria".
¿No sería más honesto admitir que aún hay riesgo operativo, y que el déficit heredado sigue pesando más que cualquier declaración de “normalidad fiscal”?
Este balance es más comunicacional que técnico. Un informe de este calibre, sin cifras detalladas, sin trazabilidad del déficit y sin metas claras, es más propaganda que transparencia.
0 notes
Text
Jorge Bastidas acompaña sanción de la Reforma Laboral: "El trabajo digno ya es ley"
Por: Armando Melendez
Bogotá D.C., 25 de junio de 2025 – En un acto histórico para la clase trabajadora colombiana, el presidente de la República sancionó hoy la Reforma Laboral, convirtiéndola oficialmente en ley de la República. Entre quienes acompañaron este momento trascendental estuvo el representante caucano Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, quien celebró especialmente el reconocimiento formal de derechos laborales para los aprendices del @SENAComunica.
“Los y las aprendices del SENA ahora serán trabajadores formales con todas las de la ley. Qué importante es esto”, afirmó el congresista desde el acto de sanción. “Estamos hoy acompañando esta victoria que recupera derechos históricamente arrebatados a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Hoy, #ElTrabajoDignoEsLey”.
¿Qué trae esta ley para el país?
Entre los principales logros de la reforma, impulsada desde las bases sociales y respaldada por la bancada del Pacto Histórico, se destacan:
Pago del recargo nocturno a partir de las 7:00 p. m.
Remuneración obligatoria por trabajo en domingos y festivos.
Contrato laboral formal para aprendices del SENA, terminando décadas de informalidad encubierta.
Reivindicación del contrato laboral indefinido como regla general, superando la tercerización y los abusos del contrato por prestación de servicios.
🌍 Implicaciones regionales para el Cauca
El representante Jorge Bastidas resaltó que esta reforma tendrá un impacto directo en los territorios como el Cauca, donde la juventud, los trabajadores rurales y los aprendices técnicos han sido sistemáticamente excluidos de las garantías laborales.
“Esta ley llega hasta el último rincón del país. En el Cauca, donde tantos jóvenes se forman en el SENA y no tenían garantías, hoy damos un paso real hacia la justicia laboral y la dignidad productiva”, subrayó Bastidas.
0 notes
Text
El surgimiento de una anomalía: cuando el abuso se disfraza de factura
Una factura de aseo emitida por URBASER Popayán incluye un concepto de “Deuda Anterior” por $269.028, sin sustentación legal clara ni soporte técnico adjunto. A ello se suma una inconsistencia más alarmante: la clasificación del predio en Estrato 3, cuando en realidad su condición socioeconómica corresponde al Estrato 2. Un doble golpe al bolsillo del ciudadano.
Ante esta irregularidad, se presenta un reclamo formal con carácter de derecho de petición, en el cual se solicita:
La eliminación del cobro por deuda inexistente.
La reliquidación del servicio, aplicando las tarifas correspondientes al estrato correcto.
La expedición de una factura corregida, sin sobrecostos.
Una explicación técnica y documentada del origen de los errores.
URBASER responde a la petición. Reconoce un “doble cobro” asociado a un supuesto mantenimiento preventivo, aunque tal concepto no justifica ni el monto ni el procedimiento aplicado. Además, traslada la responsabilidad de la estratificación a la Alcaldía y Planeación Municipal, amparándose en el Decreto 1077 de 2015, que señala que esta función es responsabilidad de las autoridades territoriales, no del prestador del servicio.
— La corrección obligada: cuando la presión ciudadana produce resultados URBASER emite una nueva factura corregida por $119.114, en la que:
Se elimina el cobro injustificado por “deuda anterior”.
Se ajustan las tarifas al estrato correcto.
Se confirma, en los hechos, la validez de la reclamación inicial. Se establece como fecha límite para el pago oportuno, cerrando el ciclo con una evidencia tangible de que la acción ciudadana bien fundamentada puede corregir prácticas abusivas por parte de operadores de servicios públicos.
0 notes
Text
Frente a la reciente publicación del periodista de "marras", es necesario realizar algunas precisiones con total respeto por la libertad de prensa, pero también con el firme compromiso de proteger la dignidad institucional del municipio de Puerto Tejada y de sus servidores públicos.
⚖ Primero: Toda acusación en materia penal, disciplinaria o administrativa requiere pruebas serias, técnicas y verificables. Hasta el momento, lo presentado por el medio no pasa de ser una afirmación mediática, sin que se haya aportado peritaje técnico alguno sobre los límites geográficos del procedimiento ni evidencia directa que sustente el presunto delito denunciado. El solo dicho o percepción del periodista no reemplaza la carga probatoria exigida por el debido proceso.
⚖ Segundo: Existe en Colombia un principio de presunción de legalidad de los actos administrativos (Art. 88 C.P.A.C.A.), por lo cual las actuaciones de los agentes de tránsito gozan de legitimidad hasta que no haya una decisión administrativa o judicial que indique lo contrario. Ningún periodista tiene competencia para decretar ilegalidad de operativos con base en apreciaciones personales.
⚖ Tercero: Llama poderosamente la atención que una denuncia tan grave se acompañe de insinuaciones personales contra servidores públicos y de una campaña mediática sostenida, en momentos en que la Administración adelanta procesos de contratación y asignación de recursos de pauta institucional.
No es un secreto para nadie en el norte del Cauca que ciertos medios de comunicación han utilizado su espacio editorial como herramienta de presión, camuflando intereses particulares tras el noble escudo de la “libertad de prensa”.
¿Será casualidad que el mismo periodista que hoy denuncia irregularidades sea el mismo que —según se comenta ampliamente en círculos políticos y sociales— ha hecho de su cercanía con ONGs internacionales y convenios con agencias de cooperación como USAID una plataforma para condicionar contenidos según sus propios intereses?
No nos vamos a prestar para presiones soterradas. La administración municipal está dispuesta a demostrar con documentos, planos certificados y actas oficiales cada procedimiento adelantado, en estricto cumplimiento de sus competencias.
🛡 No aceptamos chantajes disfrazados de periodismo.
El respeto por los medios es absoluto, pero el respeto por la legalidad y el honor institucional también lo es. La transparencia es para todos, no solo para los funcionarios públicos.
Puerto Tejada merece información veraz, objetiva y sin segundas intenciones. Y en eso estaremos firmes.
0 notes
Text
Popayán: la plaza decisiva en unas elecciones marcadas por la inseguridad en el Cauca
Por: Armando Melendez el analista político mejor dateado
Las elecciones al Congreso en el Cauca se acercan en medio de un clima complejo de orden público. Mientras en gran parte del departamento las campañas políticas enfrentan dificultades para recorrer veredas y corregimientos por cuenta del conflicto armado y las amenazas, Popayán se perfila como el escenario clave donde se definirán las curules.
En este panorama incierto, Popayán emerge como el epicentro electoral decisivo, analistas coinciden en que quien logre consolidar su fuerza política en Popayán tendrá una ventaja estratégica sobre sus competidores.
En este contexto, nombres como Willian Campiño y José Luis Diago Franco parten con ventaja, al contar con bases sólidas en el electorado payanés, líderes emergentes como César Sarria y Alex Trujillo buscan ampliar su margen en la capital para compensar las dificultades logísticas en otras regiones del Cauca.
Con las regiones periféricas limitadas por la violencia, Popayán no será solo la capital administrativa: será la capital política en una contienda que podría marcar el inicio del fin para muchos caciques tradicionales.
Aquí no solo se juega quién ocupará una curul en Bogotá. Aquí se juega si el Cauca seguirá siendo botín de unos pocos o si el pueblo caucano, desde Popayán, empieza a escribir una nueva página de su historia política.
Analistas y politólogos consultados por este medio coinciden: Alex Trujillo, César Sarria, Willian Campiño y José Luis Diago Franco son, desde ya, nombres con capacidad de mover estructuras, votos y alianzas en sectores estratégicos de Popayan.
Alex Trujillo es hoy uno de los cuadros mejor posicionados dentro del liberalismo caucano, aunque su presencia sigue envuelta en la incógnita de si finalmente decidirá o no entrar a competir formalmente. Si da el salto, podría ser la carta de renovación para un Partido Liberal que viene perdiendo terreno frente a otras fuerzas progresistas y alternativas.
Por su parte, Willian Campiño tiene un capital político propio, con base sólida en Popayán, y una trayectoria que lo proyecta con fuerza. El gran interrogante es si llegará a un acuerdo o a una ruptura con el actual parlamentario César Cristian Gómez. Si no hay acuerdo, Campiño entraría a competir por los mismos votos en la capital caucana, donde tiene amplio reconocimiento.
El nombre que genera más atención en los círculos políticos es el de César Sarria, exgerente del Hospital San José, reconocido por liderar una de las etapas más importantes en el desarrollo del principal centro asistencial del Cauca, especialmente por su papel en la gestión y construcción de la nueva torre hospitalaria. Su imagen de gerente técnico, eficiente y sin escándalos, lo proyecta como un aspirante “transversal”, capaz de entrar tanto en listas ciudadanas como en sectores liberales e incluso del Pacto Histórico, en un movimiento que podría ser inédito.
Finalmente, José Luis Diago Franco, actual concejal por el partido MAIS, tiene un posicionamiento fuerte en las clases populares de Popayán. Su paso por la Universidad del Cauca, tanto en lo académico como en lo administrativo, le da respaldo entre sectores estudiantiles, sindicales y gremiales. En un Cauca donde el voto urbano empieza a pesar más, Diago podría ser la sorpresa en esta contienda, y sus votos podrán definir quien ganara en los escenarios de las próximas elecciones al Congreso de la República.
0 notes
Text
La salud que enferma: el otro virus dentro del Hospital San José
Por Armando Melendez periodista bien dateado
Mientras en el Hospital San José se llenan la boca hablando de calidad institucional y de compromiso con el bienestar de sus trabajadores, en los pasillos y oficinas se vive otra historia: la de los funcionarios quebrados emocionalmente por el maltrato, la desidia y el abuso de poder.
Y no es un caso aislado. Lo que comenzó como el testimonio de un trabajador, obligado a soportar humillaciones y acusaciones falsas, hoy resuena como el eco de muchos otros que callan por miedo o por resignación. Porque lo que pasa en el Hospital San José de Popayan es un modelo sistemático de acoso laboral encubierto bajo el ropaje de lo administrativo.
Aquí no estamos hablando solo de gritos o desplantes. Estamos hablando de consecuencias médicas. De incapacidades psicológicas certificadas por especialistas.
De cuadros de ansiedad diagnosticados formalmente por el área de Medicina Laboral. Y cuando ya el cuerpo se enferma por culpa del entorno laboral, no estamos ante simples conflictos internos: estamos frente a una vulneración directa del derecho a un trabajo digno, contemplado en la Constitución y respaldado por la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral.
Lo más grave no es el grito de un superior ni el silencio cómplice de los directivos. Lo más grave es el cinismo institucional que sigue tratando estas situaciones como casos individuales, cuando en realidad estamos ante un patrón repetido, una cultura organizacional tóxica que se extiende como un virus por los escritorios.
¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde están las investigaciones internas? ¿Dónde está el acompañamiento real a los funcionarios afectados? Todo eso queda escrito muy bonito en los manuales de convivencia, pero cuando llega la hora de actuar, el silencio es el único protocolo que aplican con rigor.
Y sí, esta columna quiere empeorar la situación. Porque lo que no se denuncia, se pudre. Porque callar es convertirse en cómplice de quienes se creen pequeños dioses en oficinas pequeñas. Porque no podemos permitir que una institución encargada de cuidar la salud esté enfermando a su propia gente.
¿Quieren saber si es acoso laboral? Háganlo por el debido proceso, con Medicina Laboral, con profesionales imparciales. Pero que sea público. Que se ventile. Que duela. Porque a estas alturas, el verdadero tratamiento no es psicológico, es moral.
El Hospital San José tiene una deuda: no con los papeles ni con los procesos, sino con la gente. Y esa deuda sigue creciendo… al ritmo de los silencios cobardes.
0 notes
Text
¿Por qué dejaron llegar a este punto?
Por: Armando Melendez periodista bien dateado
El reciente comunicado del Hospital Universitario San José de Popayán (HUSJ) sobre la suspensión de la atención a los afiliados del FOMAG en el Cauca deja más preguntas que respuestas. La medida, que afecta directamente a los maestros y sus familias, se presenta como una decisión inevitable ante la falta de respuesta administrativa por parte de la Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Pero… ¿es realmente toda la culpa de Bogotá?
Hay una gran contradicción que no podemos pasar por alto: el mismo comunicado reconoce que el hospital venía prestando servicios desde el 13 de mayo sin contrato vigente. ¿Cómo es posible que una institución pública asuma compromisos financieros sin respaldo legal, exponiendo así no solo sus finanzas, sino también la seguridad jurídica de sus actos administrativos? ¿No es eso una falla en la gestión hospitalaria?
Más grave aún es que, al parecer, no se había advertido con anterioridad a los usuarios sobre la posibilidad de llegar a esta drástica medida. Los usuarios del FOMAG se enteraron cuando ya todo estaba decidido. ¿Dónde quedó el principio de continuidad en la prestación del servicio? ¿Por qué no hubo advertencias previas, un plan de contingencia o al menos un pronunciamiento público anticipado?
Además, el hospital hace un llamado tardío a la Fiduprevisora y al FOMAG, pero no dice si ha acudido a mecanismos más fuertes: denuncias ante la Procuraduría, Defensoría del Pueblo o acciones judiciales que garanticen el derecho a la salud de los usuarios. Mientras tanto, los afectados son los mismos de siempre: los pacientes.
Tampoco hay claridad sobre el tamaño del problema económico. ¿Cuál es el déficit que ha generado esta atención sin contrato? ¿Cuántos recursos están en riesgo? ¿Cuál es el impacto operativo para el hospital? La opacidad en esas cifras no ayuda a generar confianza en la ciudadanía.
¿Y la Gobernación del Cauca? ¿Dónde está el pronunciamiento del gobernador o de la Secretaría de Salud Departamental? ¿Será que también miran para otro lado mientras los usuarios pierden citas, tratamientos o controles médicos esenciales?
Este episodio revela una gestión deficiente, no solo desde la administración central, sino también desde el mismo hospital. No se puede jugar con la salud de la gente por cálculos burocráticos, ni dejar que una comunidad entera sea rehén de trámites pendientes o negligencias compartidas.
Aquí no basta con comunicados de última hora. Aquí se necesita liderazgo, decisiones oportunas y respeto por quienes realmente pagan las consecuencias: los usuarios.
0 notes
Text
¿Cómo una empresa que debería dar utilidades está dando pérdidas? El caso del CDA Popayán
Popayán atraviesa un nuevo capítulo vergonzoso en la gestión pública. El Centro de Diagnóstico Automotor (CDA Popayán), una entidad que debería ser ejemplo de rentabilidad, está reportando pérdidas económicas. Y aquí es donde los ciudadanos deben levantar la voz: no se puede aceptar que una empresa pública, que lo tiene todo para dar utilidades, termine siendo un lastre financiero.
El CDA presta un servicio obligatorio por ley: las revisiones técnico-mecánicas que deben hacer todos los vehículos para poder circular. Tiene un mercado asegurado, usuarios constantes, tarifas reguladas y el respaldo de la normatividad nacional. ¿Entonces por qué pierde dinero?
📌 ¿Dónde está el problema?
Gestión deficiente: Todo apunta a administraciones ineficaces, sin planes de modernización, ni manejo responsable de los recursos.
Contratos desfavorables o tercerización sospechosa: ¿Quién se está quedando con los ingresos? ¿Hay contratos hechos para beneficiar a terceros y no a la empresa pública?
Posible saqueo institucional: No sería la primera vez que un ente público se “descapitaliza” adrede para luego ser entregado a privados a precio de remate.
❗ La gravedad es doble: mientras el CDA pierde plata, los usuarios —los ciudadanos de Popayán— pagan el servicio completo. ¿A dónde está yendo ese dinero? ¿Por qué no genera utilidades que puedan invertirse en infraestructura o en programas sociales para la ciudad?
👥 ¿Quién responde por esto?
El gerente de la entidad.
La junta directiva.
El alcalde de Popayán.
Los concejales, que tienen la función de ejercer control político.
Este no es un problema técnico, es un problema político. El manejo del CDA debe ser público, eficiente y transparente, y Popayán no puede tolerar que se sigan robando lo que es de todos.
Ya basta de excusas. Ya basta de quiebras “programadas”. Popayán merece explicaciones y resultados.
💬 El silencio de los responsables también es una forma de corrupción.
0 notes
Text
Recorrido anunciado, seguridad ausente: El intento de magnicidio en Bogotá es responsabilidad compartida
Por: Armando Melendez Periodista bien dateado
La cadena de fallas es total.
Este atroz intento de magnicidio deja expuesta no solo la inseguridad de Bogotá, sino el desperdicio de recursos y la ausencia de responsabilidad política.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay en pleno recorrido por Fontibón, acompañado de un concejal y un edil, es una vergüenza para el sistema de seguridad de Bogotá. ¿Por qué? Porque no fue un acto improvisado: fue un recorrido público, anunciado por redes sociales días antes.
La Secretaría de Seguridad de Bogotá, **que ha recibido recursos millonarios gracias a la aprobación del Concejo de Bogotá, debía garantizar seguridad integral. ¿Dónde estaban? ¿Para qué sirven los recursos si no hay prevención ni reacción?
Peor aún: el edil que ofició el evento a las autoridades también falló. ¿Por qué no exigió garantías suficientes? ¿Por qué no hubo protocolo diferencial sabiendo que se trataba de una figura pública en campaña?
Lo más preocupante: falló la entidad que más presupuesto recibió, pero por fortuna a esta administración todavía le quedan dos años para enderezar el rumbo. Bogotá no puede seguir a la deriva, ni mucho menos justificar sus fracasos en comunicados de prensa. Si Bogotá se sigue “caminando segura”, no es por lo que hace el gobierno, sino por la esperanza de una ciudadanía que sigue resistiendo.
Bogotá merece respuestas de verdad, acciones de verdad, no más discursos vacíos. Que no venga nadie a disfrazar la improvisación con discursos de paz, porque cuando el caos toca a la puerta, la lengua no sirve, lo que sirven son resultados.
0 notes
Text
El veto al periodista Fernando Álvarez Sabogal: una alarma sobre la libertad de prensa y la violencia de género en el Cauca
Una preocupante situación se cierne sobre la Gobernación del Cauca. El reconocido periodista Fernando Álvarez Sabogal, con más de 40 años de trayectoria profesional, ha sido objeto de un presunto veto institucional por parte del gobierno departamental, como consecuencia de haber declarado ante la Fiscalía en un caso de violencia de género dentro de la entidad Indeportes Cauca.
Según documentación legal en firme, testimonios y pruebas recogidas en el proceso, una comunicadora vinculada a Indeportes fue víctima de acoso laboral sistemático, burlas y señalamientos personales por parte de un funcionario identificado como Fernando López. Lejos de activarse rutas efectivas de protección, como corresponde por ley y por ética institucional, el caso fue ignorado por quienes entonces tenían responsabilidad en comunicaciones y género en el nivel departamental. Incluso la jefatura de prensa, en cabeza de Laura Carlosama —hoy en la ESAP Huila—, no intervino a pesar de tener pleno conocimiento de los hechos.
Tras la denuncia ante la Fiscalía 12, el funcionario señalado fue premiado con un traslado al despacho de prensa de la Gobernación, y quien respaldó a la víctima, el periodista Álvarez Sabogal, fue sancionado con el cierre de puertas institucionales. La agenda de atención con el gobernador Octavio Guzmán fue cancelada en varias ocasiones con excusas que, al acumularse, evidencian un patrón de exclusión. De manera informal pero contundente, el mensaje fue claro: el periodista está vetado.
Este hecho no solo representa un atropello a la libertad de prensa. Es también una señal gravísima sobre la manera en que se trivializa la violencia contra las mujeres en algunos niveles del poder local. Se castiga al testigo, se protege al agresor y se envía un mensaje de impunidad a las víctimas.
A ello se suma el silencio cómplice de instancias que deberían haber actuado. Ni la Red Departamental de Mujeres ni la Secretaría de la Mujer del Cauca han activado mecanismos claros ni han hecho pronunciamientos públicos, lo que debilita el marco de garantías para las comunicadoras que enfrentan estas situaciones. La única voz institucional que actuó con responsabilidad fue la de la exgerente de Indeportes, Francy Jaramillo, quien reconoció la gravedad del caso y exigió detener el acoso.
Este episodio debería preocupar a toda la sociedad caucana. La censura encubierta, el uso del poder público para vetar a la prensa crítica, y la protección institucional a funcionarios cuestionados por violencia de género constituyen una violación múltiple de derechos: de las mujeres, de la libertad de expresión y del debido proceso.
Frente a esta realidad, se hace necesaria una reacción nacional. Ya se ha solicitado la intervención de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras instancias de protección internacional. Lo que ocurre hoy en el Cauca no es un hecho aislado: es parte de un patrón que se repite en varios territorios, donde se sanciona al periodista incómodo y se silencian los casos que afectan intereses cercanos al poder.
La opinión pública nacional e internacional debe tomar nota. Hoy se veta a un periodista por decir la verdad. Mañana, se silenciará el derecho de cualquier ciudadano a exigir justicia
0 notes
Text
🧩 Lucio Muñoz: la única cuota del Cauca en el Gobierno Petro
Mientras el Cauca mira desde la gradería cómo se mueven las fichas del poder nacional, Lucio Muñoz aparece como la única cuota visible del departamento en el gobierno de Gustavo Petro. En medio de un gabinete que ha buscado equilibrio regional, el exdiputado y dirigente progresista hoy ejerce como asesor de despacho en la Secretaría General de la Presidencia, un cargo estratégico en la operación diaria del Ejecutivo.
Aunque muchos esperaban su salto al Congreso en 2026, Muñoz optó por no lanzarse, priorizando su compromiso con el proyecto político de Petro desde las entrañas del Palacio de Nariño. Una decisión que, aunque discreta, lo posiciona como el hombre clave del Cauca en el alto gobierno.
💬 ¿Cuántos pueden decir hoy que el Cauca tiene voz directa en la Casa de Nariño? Uno. Lucio.
0 notes