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TREN MAYA LOS PROS LOS CONTRAS Y LAS CONTRADICCIONES.

Publicación 1 de 2. El proyecto del tren maya es uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración, que en su momento fue una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su perspectiva considera que el sureste de nuestro país ha sido relegado al olvido con respecto al crecimiento económico nacional.

No hay lugar a dudas de que históricamente en el mundo, así como en nuestro país, las obras de infraestructura de transporte han sido factor determinante para el intercambio comercial de bienes, para la transmisión de conocimientos y cultura entre los pueblos, así como para promover la tecnología y su acervo entre las ciudades influidas por estos proyectos

Recordemos que, con la intención de justificar y avalar la ejecución de este proyecto, se realizó una supuesta ‘consulta popular’ entre los pobladores de los distintos Estados que serán afectados por este proyecto, y que del resultado obtenido, según el presidente, se consiguió la aprobación ciudadana. Queda una pregunta ¿Qué tan confiable estadísticamente con respecto al total de población “fue la consulta popular” realizada en los cuatro estados involucrados en la consulta popular?

Sabido es que el proyecto se encuentra próximo al inicio de su desarrollo pues el presidente ya dio el banderazo de salida, sin embargo, ya se ha dado pie a una gran confronta de grupos que consideran afectados en sus derechos, o grupos ecologistas preocupados por la afectación de la flora y la fauna y el medio ambiente y otros que consideran que serán supuestamente beneficiados, así mismo existen otros que aprovechando esta coyuntura se han subido al ring en el terreno de lo político, con el fin de obtener beneficios partidistas o  personales. En resumen, se ha creado un galimatías que nos hunde en un remolino de incertidumbre.

Pero hoy igual que siempre en el desarrollo de megaproyectos proyectos sexenales ¿Cuál es la mano que mece la cuna”, ¿es el presidente y su promovida “4T”, quienes pretenden con este proyecto llevar “desarrollo económico y justicia social”? ¿O están los grandes corporativos empresariales listos para recibir cuantiosas utilidades durante la ejecución del proyecto y posteriormente hacer usufructo voraz de los desarrollos turísticos aunados a los objetivos del proyecto, sin importarles la justicia económica y social para los trabajadores, quienes solo son vistos desde la perspectiva de mano de obra barata ¿El gobierno de la 4T será condescendiente con los poderes económicos dejando al pueblo olvidado?

El que escribe tiene definidas sus preferencias a este proyecto, pero no es nuestra intención convencer al lector para conseguir su apoyo en mis convicciones sobre el proyecto. La intención es proporcionar información necesaria y suficiente para que por medio de un análisis objetivo dialectico, ustedes escojan sus preferencias, bajo la certidumbre de que después de un análisis cuidadoso obtuvieron su mejor opinión.

PRIMERA PARTE

Antecedentes

1.- Generalidades históricas de la infraestructura de transporte y sus logros para el desarrollo.

Desde los albores de la humanidad cuando se formaron las primeras comunidades, éstas tuvieron la necesidad de intercambiar mercancías para satisfacer sus diversas necesidades, desde entonces se fueron abriendo caminos en donde los habitantes de las distintas comunidades los transitaban a pie cargando sus mercancías hacia y desde otras poblaciones.

Al final de la edad de hierro ya se habían construido comunidades de proporciones considerables, destacan la región de la gran Mesopotamia, Egipto, China y la India. Donde en cada región se había desarrollado una gran actividad comercial que los había obligado a la construcción de caminos para poder llevar y traer sus mercancías para ser intercambiadas.

Con la invención de la escritura da comienzo la edad antigua, en donde para entonces se habían formado ciudades con gran número de habitantes que existieron 4000 años AC, con el crecimiento de éstas, se llevó a cabo la construcción de carreteras primitivas, pero que satisfacían las necesidades de entonces. En forma paralela a estos medios de comunicación, se desarrollaron las primeras rutas navales y puertos en los grandes ríos navegables y en mares como el mediterráneo y el Océano Indico que vieron florecer en sus playas una diversidad de grandes civilizaciones. Sabido es también que la infraestructura de transporte al igual que en nuestra historia contemporánea, desde entonces fue utilizada por los ejércitos en sus planes de expansión y/o de defensa, por lo que, en lo general la construcción de carreteras y puertos y otras obras de infraestructura eran realizadas por la clase gobernante. Todo esto sucedía desde 4000 años AC, en el que se vieron florecer grandes civilizaciones que marcaron el destino del mundo y hasta el año 500 DC, de acuerdo con algunos autores, con la caída del imperio romano da inicio la edad media.

Conforme sucedía el transcurrir de los siglos, se fueron mejorando los medios de transporte y con el uso de la rueda para diferentes servicios, hubo necesidad de mejorar las facilidades de la infraestructura de transporte para carruajes, animales de carga, seres humanos y equipo militar. Desde entonces y a través del medievo hasta la época actual, la infraestructura de transporte se ha venido desarrollando hasta llegar a las grandes obras de las que hoy el hombre dispone y que son destinadas a realizar el intercambio comercial de productos y servicios, así como el cultural y técnico, promoviendo facilidades de transporte para el esparcimiento y acercamiento de personas y familias.

En el caso de México, las primeras grandes civilizaciones comienzan a florecer en el llamado periodo preclásico que va desde el año 2500 AC al año 200 DC, pasando por el preclásico Temprano, Medio y Tardío. En el que se ven crecer grandes ciudades como la Venta, Cuicuilco, Teotihuacán, y otras. Es también en este periodo donde se tienen evidencias de la existencia de ciudades mayas que logran gran desarrollo, y otras en los periodos clásico del año 200 DC al año 900 DC y post clásico del año 900 DC a la conquista de México en 1521. Los grandes asentamientos mayas se localizan en la península de Yucatán que incluye los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y el este del Estado de Chiapas.

En años recientes, por medio de modernas tecnologías se han descubierto evidencias de que los mayas construían carreteras y dentro de las hipótesis posibles consideradas, la utilización de estas es que fueron construidas para aumentar la conectividad entre las ciudades estado con la intención de llevar a cabo actividades de tipo religioso, militar y comercial.

Mientras en nuestro territorio, el periodo preclásico iniciaba con grupos humanos organizados en aldeas dispersas, en los “antiguos continentes”, se desarrollaba infraestructura de comunicaciones por medio de caminos transitables y vías fluviales en sus ríos de aguas navegables y océanos. En función de nuestros comentarios solo mencionaremos el Mar Mediterráneo el cual permitió el intercambio comercial a la costa septentrional de Europa, que además de las mercancías llevó e intercambio cultural y desarrollo técnico entre las ciudades estado que fueron apareciendo durante la historia antigua y les permitió alcanzar grandes niveles de desarrollo.

Salvo Egipto y posteriormente la aparición de Cartago, la costa africana del Mar Mediterráneo al no disponer de zonas geográficas adecuadas para la construcción de puertos se vio impedida a integrarse al desarrollo de entonces, así mismo se tuvo la imposibilidad de llegar a las costas del Mediterráneo por vía terrestre debido a la existencia de grandes desiertos en el norte de África. Esto impidió su desarrollo y los pobladores de esas regiones quedaron viviendo como pueblos nómadas.

Situaciones parecidas se dieron en la península arábiga, en pueblos nómadas que hasta hoy prevalecen y otras regiones del “mundo antiguo”. Así también se repiten estos sucesos en nuestro continente, que ya sea por no haber quedado dentro de las infraestructuras de comunicaciones o por decisiones propias, permanecieron marginados del desarrollo, cultural, técnico y económico.

Y así posteriormente desde la edad media hasta la época contemporánea, paulatinamente se desarrollaron las obras de infraestructura de comunicaciones terrestres y fluviales a cargo de los estados las cuales generaban empleos.  Estas podrían ser consideradas como “obra pública”, mismas que vinieron integrando a diferentes y disímbolos pueblos, pero que hasta la fecha guardan sus propias culturas, sus creencias y tradiciones regionales sin sustraerse del crecimiento y desarrollo de sus países correspondientes.

Y en ese tenor seguimos la línea del tiempo hasta llegar a la invención de la máquina de vapor, con la que inicia en Inglaterra en la década de 1750 la revolución industrial que posteriormente dará lugar a la invención de la locomotora. Y en el año de 1830 dio inicio el transporte por ferrocarril entre las ciudades de Manchester a Liverpool, en Inglaterra.

2.- Los ferrocarriles en México

Si bien México todavía se encontraba inmerso dentro de un sistema bajo un “esquema feudal” heredado de la época de la colonia, es sobresaliente que en el año de 1837 en el gobierno de Anastasio Bustamante se realizará un contrato apoyado con capital inglés para construir la primera línea de ferrocarril entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, en el que se tenía una derivación desde la población de Apizaco a la ciudad de Puebla.  Con esto México quedaría integrado a los primeros países del mundo que utilizarían este medio de transporte.    

Por situaciones históricas diversas, entre otras el posterior gobierno de López de Santa Ana, la invasión norteamericana en su guerra de conquista contra México, la Guerra de Reforma y el Imperio de Maximiliano se fue difiriendo la terminación del proyecto. Por lo que hasta el año de 1873 siendo entonces presidente Sebastian Lerdo de Tejada fue inaugurado por fin el Ferrocarril Veracruz - México.

Diversos historiadores han mencionado que Benito Juarez fue el constructor de las instituciones de corte liberal que han prevalecido a lo largo de nuestra historia y hoy nos rigen, sin embargo, también se menciona que Porfirio Diaz, quien desgraciadamente apoyándose en una férrea dictadura logró consolidar las instituciones recibidas en medio de un México violento, un sistema de castas y una organización feudal aun prevaleciente, lo cual derivó en grandes rezagos económicos y sociales.   Su sistema de gobierno se fundamentó en el criterio de “orden y progreso” con “poca política y mucha administración”, y si bien con Díaz, México entró en un proceso de “modernización adecuada para sus recursos y sus tiempos”, esta modernización fue realizada con arbitrariedades y flagrantes faltas a la Constitución existente y un fuerte autoritarismo por medio de la fuerza del Estado que apoyaba a las empresas extranjeras y a la oligarquía mexicana. Tales acciones derivaron en una gran injusticia social que culminó con una revolución armada de grandes proporciones.

Sin embargo, a pesar de este contexto. no se puede soslayar que uno de los grande detonantes de la modernización y el desarrollo económico del México porfirista se manifiesta en la gran infraestructura ferroviaria construida, misma que mucha de ella continúa funcionando hasta nuestros días.

Entre los años 1876 a 1880, fue el primer periodo de gobierno del General Díaz, en el que se apoyó el desarrollo ferroviario por medio de concesiones a los Estados y a particulares. Fueron construidas líneas ferroviarias en los estados de Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y Puebla, mismas que posteriormente formarían parte de las grandes líneas de capital extranjero. En 1880 fueron concesionadas a empresas norteamericanas tres importantes líneas ferroviarias que dieron orígenes al Ferrocarril Central, Ferrocarril Internacional y Ferrocarril Nacional. Logrando alcanzar con esto 1073 kilómetros, de vías bajo el control del gobierno.

A fines de 1876, las vías férreas existentes solo alcanzaban 680 kilómetros Al finalizar el gobierno de Porfirio Díaz en 1911, se había alcanzado  el orden de 21,000 kilómetros de vías férreas y a partir de entonces hasta 1986 lograron alcanzar en el orden de 27,000, esto nos deja la evidencia que el gobierno de Díaz en su afán modernizador del país desarrolló el 75% de la infraestructura existente hasta nuestros días, y paradójico es que este medio también fue utilizado para movilizar las tropas revolucionarias que lo derrocaron.

Debemos recordar y no dejar pasar que durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), en el afán privatizador del neoliberalismo “por así convenir a los intereses de la nación”, fueron privatizados nuevamente los ferrocarriles nacionales

En términos generales el crecimiento de la infraestructura ferroviaria en México desde l873 hasta 1986 se llevó a cabo como se muestra en la siguiente gráfica.

Si bien el General Díaz como todo personaje histórico debe de ser evaluado como el hombre, las circunstancias y el tiempo en que vivió. Considero que su larga dictadura consolidó la mayoría de las instituciones y sentó las bases para la modernización del país, pero desgraciadamente, la distribución de la riqueza, la justicia y seguridad social y la reducción a la miseria en que cayeron millones de mexicanos, fue la causa que detonó la Revolución Mexicana y de la que desgraciada y vergonzosamente el gobierno post revolucionario no hizo nada para cambiar estas injusticias, y después de casi 100 años de gobiernos priistas y panistas inmersos en lo que Vargas Llosa llamó una “dictadura perfecta”, donde políticos y empresarios rapaces, usufructuaron y esquilmaron un país tan rico en recursos naturales y recursos humanos, cuyo resultado fue que en 2019 entregaron un país endeudado, robado por funcionarios públicos, penetrado por interese extranjeros y empresarios sin escrúpulos, dando lugar a que millones y millones de mexicanos quedasen viviendo en la miseria.

En forma de corolario pongo a su consideración lo mencionado por Daniel Cosío Villegas en su documento llamado EL PORFIRIATO ERA DE CONSOLIDACIÓN.

“Porfirio Díaz que peleó por la causa liberal desde niño; que acusó alguna vez a Juarez de mocho, no tenia ese atributo del respeto, de la veneración a la ley que era la creencia misma del liberalismo mexicano. Para Díaz la ley era letra muerta, y, en consecuencia, carecía de espíritu. Para él hecho era el instrumento de transformación, y el hecho, por supuesto, era el poder y la fuerza. Porque desdeñaba la ley, no la cambia ni se preocupa por ella; la olvida, simplemente, y busca el poder en la acción autoritaria incontrolable, que procede del hecho de ser mas fuerte que los demás.

Los liberales, se ha dicho, creían en la ley como molde para plasmar en él la nueva sociedad, la sociedad del futuro.

Por eso la ley estuvo más allá de la realidad, en espera de que la realidad creciera hasta tocar le ley, o de que se estirara para alcanzar la ley. Los grandes liberales creían que uno de los ingredientes de la ley era una fuerte dosis de utopía, de visión de futuro y de un futuro mejor. Porfirio, el hombre que tuvo una indudable visión para imaginar el avance, la transformación material del país, colocó la vida política del país en el nivel mas bajo posible, de hecho, en el suelo, descansando firmemente… en esa triste realidad. Y, ahí se quedó, postrada, para no levantarse más, Cuan zagas, resulta, así el fallo de Roeder cuando dice que la fórmula y la gloria de Porfirio fue adaptar el gobierno a la debilidad de su pueblo, y no a sus mejores capacidades.

La conclusión de todo esto me parece obvia, además legitima; algunas instituciones se consolidaron durante el porfiriato, y otras no, las que se consolidaron, fueron las secundarias, y, en cambio, las principales, las instituciones políticas simplemente desaparecieron. Además del juicio sobre los hechos, cabe intentar la valoración de ellos, y esa valoración puede resumirse en esta sencilla, pero contundente pregunta ¿de qué diablos servía que hubiera una ley procesal, y que inclusive, se respetara y venerara celosamente, si desconocíanse la Constitución y el Derecho Político todo?”

Luego entonces después de lo planteado en los párrafos de este artículo concluimos que el hombre desde los tiempos mas remotos ha buscado tener facilidades para transitar entre diferentes poblamientos y así se dio el inicio de caminos rudimentarios hasta llegar a nuestros tiempos en que complejos sistemas de carreteras, vías fluviales, trenes de alta velocidad y rutas de vuelos nacionales e internacionales se han convertido en medios de intercambio comercial, cultural, de esparcimiento y desarrollo por lo que podemos concluir que el proyecto del Tren Maya visto desde solo el punto de vista desarrollo económico y comercial es un proyecto con mucho potencial siempre y cuando no provoque explotación de los trabajadores, ni expropiaciones y despojos de tierra de los mas desprotegidos, sino por el contrario que un gobierno progresista como se dice ser la 4T se encarguen de crear las políticas públicas para asegurar que los más marginados encuentren en sus empleos salarios justos y les brindes suficiente poder adquisitivo, salud, justicia social y laboral y confianza que en el futuro sus pensiones estarán garantizadas.

3.- Los Pueblos Originales en México

El 13 de agosto de 1521 caía el imperio de la gran Tenochtitlán y con ello daba inicio al proceso de dominación de las culturas originales a lo largo y lo ancho de lo que se convirtió en la entonces llamada nueva España.

Durante el proceso de dominación durante la colonia a partir de 1521, fue el sistema feudal prevaleciente en España que existió hasta inicios del siglo XIX en que fue abolido con la Constitución de Cádiz. El feudalismo de entonces en España se extendió al México colonial por medio de las encomiendas, pero a diferencia del feudalismo español el cual en la base de la pirámide social se encontraban los vasallos, en México la base de la pirámide social en realidad estaba formada por esclavos.

Si bien durante el transcurso de la colonia diferentes reyes españoles promovieron decretos para evitar estas ominosas prácticas, las evidencias históricas demuestran que éstas prevalecieron y que no terminaron con la guerra de la independencia, sino que continuaron durante el siglo XIX, algunos autores mencionan que éstas prácticas terminan con el inicio de la revolución mexicana y otros van más allá sosteniendo que terminaron hasta que se inició el reparto de latifundios con la reforma agraria a partir del presidente Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los datos históricos, sabido es que el México colonial generaba grandes riquezas para España en diversos sectores económicos, pero poco se dice sobre las particularidades del sufrimiento infligido a los indígenas, que las clases privilegiadas en México, por medio de inhumanas acciones, explotaban hasta el umbral de la muerte, ya fueran hombres o mujeres de nuestros pueblos originales, así como esclavos traídos de África.

Hemos mencionado que las prácticas feudales y el esclavismo derivado, según algunos autores perduró hasta dar inicio la Revolución Mexicana, por lo qué, es muy importante subrayar que a partir de 1910 hasta 1934, nuestras culturas originales a pesar de que los campesinos fueron la gran fuerza alimentó con sus vidas la Revolución Mexicana, éstos sufrieron una política de exclusión donde la discriminación, la marginación y el olvido político y social dieron marco para continuar con su explotación lacerante.

Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas 1934-1940 se llevó a cabo un indigenismo paternalista, que incluyó por medio de la reforma agraria el reparto de latifundios y otras tierras a los campesinos, fue en este periodo donde también se institucionalizan las políticas indigenistas de estado.

A partir del gobierno de Miguel Alemán se incrementan las políticas de industrialización y modernización iniciadas por Manuel Avila Camacho; durante el gobierno del presidente Alemán en el año de 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI), pretendiendo integrar a los pueblos originales en el proceso modernizador de México, pero desgraciadamente se partió de la premisa que para entrar en este proceso de modernidad nuestros pueblos originales eran un estorbo por sus formas de vida, sus dialectos ancestrales y costumbres distintas de los ciudadanos urbanos y modernos. Entraron también un tipo de ideas sobre el desarrollo y la modernidad en las que estorbaban las formas de vida simples y rudimentarias, las lenguas prehispánicas y las costumbres distintas a las de una ciudadanía moderna. Fue entonces cuando se erigió la política de integración o asimilación del indígena a la vida nacional; con ella se postuló la desaparición de las diferencias culturales, lingüísticas y de formas de vida. Partiendo de la suposición que con esto también desaparecería la pobreza y al hacerlo, la nación tendría mayor oportunidad de alcanzar mayores niveles de desarrollo. Se consideró que la desaparición de la pobreza sucedería al realizar esos cambios culturales.

A partir de la creación de INI durante la administración de Miguel Alemán, en las administraciones posteriores sistemáticamente se han venido realizando cambios en los objetivos y las políticas a seguir, y esperamos que por fin nuestros pueblos originales encuentren resultados a su lucha histórica con la administración actual. No es fácil, pues existe una realidad tangible por la que nuestros gobernantes nunca han podido alcanzar los resultados deseados para la integración de los pueblos indígenas ya que éstos siguen sometidos a la pobreza, la discriminación, el olvido y la falta de reconocimiento de sus derechos, así mismo se niegan a relegar su cultura ancestral.

De acuerdo con cifras presentadas por el gobierno actual, existen en todo el país 68 pueblos originarios representados por 25’695,000 personas los cuales representan el 21.5% de la población total del país.

4.-Los pueblos originales en la zona de influencia del Tren Maya.

Los estados que serán comprendidos dentro del alcance del proyecto del Tren Maya son Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Considerando los datos proporcionados por el gobierno actual el número de habitantes de pueblos originales que viven en cada estado son los siguientes: Chiapas 1’141,500; Campeche 91,100; Yucatán 537,500; Quintana Roo 196,000, lo que arroja un total de 1’966,100, quienes a razón de toda justicia deben de ser considerados en los beneficios económicos que se desprendan del proyecto del Tren Maya, pero sobre todo estos debieron haber sido considerados en la decisión de la ejecución del proyecto si este no fue más que un simulacro, que como se señaló al inicio, se llevó a cabo una consulta entre los habitantes de la península incluyendo el este de Chiapas .

Si observamos el número de habitantes de pueblos originarios en cada Estado, sin lugar a duda el estado de Chiapas representa la mayoría con el 58% de la población, y es importante no perder de vista que estos pueblos están inmersos en la zona de influencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, quienes han tenido reiteradas diferencias con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de Chiapas los diferentes pueblos originales que lo habitan son los siguientes: Jacalteco (Amatenango de la Frontera), Mame (Amatenango de la Frontera), Tojolabal (Las Margaritas), Ckchiquel (Mazapa de Madero), Motozintleco (Motozintla), Tzeltal (Ocosingo), Lacandón (Ocosingo), Zoque (Rayón), Tsotsil (San Cristóbal de las Casas), Chol (Tila), Chuj (La Trinitaria).

Para Campeche corresponden los siguientes: Ixil (Campeche), Kanjobal (Champotán), Quiché (Champotón), Campeche, Ixil (Campeche), Kanjobal (Champotán), Quiché (Champotón), Kekchi (Champotón)

En los estados de Yucatán y Quintana Roo prevalecen los Mayas, cuya lengua madre es la maya, y el resto de los dialectos existentes en Chiapas y Campeche son derivados de la misma Lengua madre. Es importante subrayar que los mayas “pueblo escogido por dios” han mantenido sus tradiciones y costumbres ancestrales y sus principios cósmicos.

Queda entonces en el tintero, pendiente de ser analizado en la parte II de este artículo, sí la consulta popular realizada por la 4T cumplió con las características mínimas necesarias para concluir que esta consulta recibió realmente el consenso y aprobación de los estados afectados en el desarrollo del proyecto.

5.- Generalidades de la situación económica en los estados de influencia del Tren Maya.

A pesar de la diversidad y grandes recursos naturales con los que el Estado de Chiapas cuenta, desde siempre ha ocupado a nivel nacional uno de los primeros lugares de pobreza, éstos referidos a la relación de la población con respecto a los niveles de pobreza patrimonial y alimentaria que actualmente se encuentran en el 78% de la población del Estado; Situación que se ha ocasionado por los altos niveles de desigualdad social y económica, y aspectos de carácter discriminatorio hacia las poblaciones indígenas.

Sabido es que el estado de Chiapas cuenta con una gran cantidad de recursos obtenidos de la actividad primaria, dentro de los que destacan la producción, de café, miel, aceite de palma, cacao, mango, papaya, caña de azúcar, cacahuate, plátano, ganado, producción de ámbar, así como obtención de recursos de petróleo y afines como gas y azufre.

También tienen actividades altamente contaminantes como la minería a cielo abierto así mismo se realiza una explotación forestal de los bosques de Chiapas los cuales desgraciadamente sucede en forma desaforada provocando daños a la biosfera y marginación a la población indígena.

Por otro lado, se observa como principal actividad económica el sector terciario en donde economía inmobiliaria y turística aportan sensiblemente los mayores recursos al Estado. Por último, el estado de Chiapas cuenta con las centrales hidroeléctricas de Malpaso, Chicoasén y la Angostura, lo que refleja que es un gran generador de electricidad, pero actualmente por falta de mantenimiento en las últimas administraciones la capacidad instalada se vio impactada quedando muy deteriorada, por lo que estás centrales en la actualidad están siendo subutilizadas.

La principal actividad económica es la extracción de petróleo y gas asociado, siguiéndole otras actividades del sector primario como son la pesca de camarón y otras especies de pescados y mariscos, en el campo de la agricultura tienen una diversidad de frutas tropicales, siendo Campeche el primer productor nacional de chicozapote. También se produce arroz palay y semilla de calabaza. Aunque en declive sigue siendo importante fuente de ingresos la producción de madera, destacando que la sobre explotación y la tala ilegal vienen provocando una muy preocupante deforestación.

El turismo es la actividad principal, misma que en los últimos años ha recibido un gran impulso llegando turismo nacional y extranjero, además de la ciudad de Campeche el turismo va a destinos de ciudades mayas como Calakmul, Edzna, Becan, Xpuhil, Jaina y Hochob, entre otras.

En el sector primario se tiene producción de henequén, maíz, frijol y calabaza, también cítricos como limón, naranja y toronja, diversos frutos tropicales en los que destaca papaya para exportación, así como producción de horticultura diversa, producción de maderas finas especialmente el cedro. Yucatán es considerado el primer productor de miel en México, cuenta con una gran producción de ganado porcino en especial para exportación. Con relación a las aves, es un gran productor de carne de pollo y huevo, así como el primer productor de pavo, cuenta también con producción de carne ganado bovino el cual provee de recursos económicos al estado. Si bien su pesca no es comparable a otros estados del país cuenta con suficiente producción para satisfacer su mercado interno.

Si bien el desarrollo industrial es aparentemente bueno, debido al bajo costo de mano de obra, Yucatán cuenta con industria maquiladora textil, así también tiene una importante aportación en la industria de alimentos.

El turismo que principalmente se direcciona a las ciudades mayas,  así como el comercio, son unas de las mejores fuentes de ingresos, sin embargo, la mayoría de éstos se encuentra en manos de empresas extranjeras que utilizan los servicios de mano de obra barata que proporciona la población del estado.

Como se puede observar en la siguiente figura el sector terciario es preponderante en la generación de empleo en el estado de Yucatán.

En el sector primario dentro del área de agricultura se produce chile jalapeño, naranja, limón, arroz, sandia, hortalizas y diversos arboles frutales, en el caso del maíz se produce en todo el estado, pero el terreno no se presta para tener producción satisfactoria por lo que los rendimientos son muy bajos, también se produce caña de azúcar. En lo que se refiere a la ganadería produce satisfactoriamente ganado bobino y ganado porcino existiendo un gran potencial de terrenos para ganado bobino que no son utilizadas, también en el campo de la apicultura dispone en el orden de 110 mil colmenas que lo hacen un buen proveedor de miel. Produce maderas preciosas como el cedro y la caoba, pero desgraciadamente la sobre explotación y/o la tala ilegal de sus bosques han venido provocando una gran deforestación en diversas regiones del estado. Uno de sus productos que proporciona ingresos satisfactorios es la obtención de la resina del chicozapote materia prima para la producción de chicle. Si bien el estado cuenta con 860 km de litorales su producción de pesca es desalentadora ya que solo cuentan con embarcaciones pequeñas que les impiden alejarse de la costa y por otro lado a pesar de tener enormes recursos naturales en sus litorales para ser convertidos en centros de producción a partir de la acuacultura, el gobierno nada ha hecho por promover y apoyar el desarrollo de centros de producción de acuacultura. En lo que se refiere a la industria esta es muy deficiente ya que ésta solo cuenta con pequeñas industrias familiares u un ingenio. Salvo la industria de la construcción que reportan adecuados ingresos económicos y se estima existen 110 empresas que se dedican a la construcción de hoteles, infraestructura turístico comercial, desarrollos habitacionales y desarrollos urbanos, así como centros de esparcimiento.

Sin lugar a duda es el turismo, el comercio y los servicios que se derivan de ellos se pueden considerar como la más importante aportación de recursos económicos para el estado. En el caso de la hotelería, desgraciadamente la mayoría de los casos están en propiedad de empresas extranjeras y disponen de mano de obra barata que reciben salarios de hambre con respecto a los ingresos que existen en los hoteles que pertenecen a los grandes capitales. Los servicios de transporte y renta de autos de alquiler se encuentran muy estratificados, desde empresas trasnacionales por medio de franquicias hasta pequeños propietarios que manejan sus autos para dar servicios. En lo que se refiere al comercio, este por lo general se encuentra en manos de medianos y pequeños comerciantes de origen nacional.

En los cuatro Estados considerados, se puede observar que independientemente al gran potencial y diversidad de recursos naturales que éstos tienen, el aprovechamiento de estos recursos es desafortunadamente es ínfimo o mal utilizado, luego entonces pocas oportunidades de trabajo justamente remunerado se puede obtener de ellos. En el caso de las actividades secundarias, a excepción de Campeche, que considera la producción de petróleo como actividad importante, en este sector se eleva la proporción de nuestra investigación realizada en los cuatro estados, ya que ofrecen una baja producción industrial, la cual es incomprensible partiendo de la premisa de la gran disponibilidad de recursos naturales diversos. En los cuatro estados se observa también, que gracias al turismo se despliega una diversidad de actividades económicas que son las que proporcionan los mayores índices económicos derivados del mismo como hotelería, sector inmobiliario, comercio y otros servicios afines a la actividad turística la que desafortunadamente en la mayoría de los casos está en propiedad de consorcios extranjeros dejando al país escasos dividendos.

Otro aspecto muy importante de señalar es el despojo de sus tierras a indígenas de los pueblos originales donde son desplazados con engaños y promesas, a la fuerza o desaparecidos quienes a ello se oponen, para posteriormente deforestar con graves daños ecológicos regiones selváticas y bosques. Y ahí nace una pregunta: ¿Dónde estaban los ambientalistas para proteger los derechos de la tierra? Esos son los mismos que entonces no tuvieron acto de presencia, y hoy tanto se oponen al Tren Maya ¿Quién es la mano que mece su cuna para hoy presentar sus reclamos de aspectos ambientales?

Mención especial merecen los habitantes de Quintana Roo, a quienes les arrebataron sus tierras con engaños o a la fuerza para entregarlas a las grandes corporaciones hoteleras internacionales o a los desarrollos inmobiliarios de lujo. Hoy esos expropietarios de tierras y sus descendencias son discriminados y trabajan de meseros, de cocineros, en actividades de limpieza, de camareras, los mas preparados de recepcionistas y otros servicios recibiendo sueldos raquíticos de empresas explotadoras, pero “demos gracias al creador porque tienen trabajo”.

El estado de Chiapas es otro caso interesante debido a la deforestación en sus bosques y selvas y las concesiones de extracción de minerales por medio de minas a cielo abierto tan consumidoras y contaminadoras de agua, minas que están prohibidas en los países desarrollados ¿Una vez más dónde estaban esta vez los grupos de ecologistas que hoy atacan el Tren Maya? ¿Dónde estaba el comandante Marcos y el EZLN que nunca han realizado alguna movilización en contra, y observan complacientes los daños ecológicos infringidos a las regiones donde viven nuestros pueblos originales con su concepción cósmica? Y sin lugar a dudas los pueblos originales de Chiapas son los más sometidos a la marginación, la discriminación la explotación y el olvido.

El proyecto del Tren Maya fue una de las promesas durante su campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque desde su óptica el desarrollo del sureste ha sido olvidado en crecimiento económico de México. De acuerdo con los datos proporcionados por el CONEVAL los índices de pobreza en los cuatro estados que estarán en la zona de influencia del tren Maya son los siguientes:

Queda también en el tintero para la publicación 2 de 2 de este artículo, realizar un análisis de como este gobierno supuestamente progresista de la 4T, piensa crear las políticas publicas necesarias para proteger los derechos humanos y al trabajo de los ciudadanos de estas regiones, en especial para los pueblos indígenas, tampoco se observa que la 4T tenga preparadas estrategias para integrar el trabajo y/o la producción de los indígenas al supuesto desarrollo regional, se requieren otro tipo de inversiones y procesos de capacitación del gobierno para satisfacer facilidades de producción con aumento de valor agregado a los productos agropecuarios y artesanales de esta región aprovechando la nueva infraestructura ferroviaria a decir del presidente.

Con el objeto de tener referencias comparativas de otros estados, que desde la visión del presidente “crecieron en forma diferente al de nuestro país, se tomaron algunas referencias de los índices de pobreza de éstos.

En primer lugar, se consideraron los estados fronterizos y en el caso del estado de Nuevo León, como era de esperarse presentó el índice más bajo con el 14.5% de pobreza, siguiéndole el estado de Coahuila con el 21%, los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua reportan valores de 23.3 %, 28.2%, 26.3% que son equiparables al de Quintana Roo. Lo que si llama la atención es que en el caso de Tamaulipas se presente indicador del 35.1% sabiendo la diversidad y cantidad de recursos naturales con el que este Estado cuenta.

En los Estados aledaños a los fronterizos como son Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Encontramos respectivamente los siguientes indicadores de pobreza: 30.9%, 37.3%, 46.8%, 43.4%, en donde Zacatecas y San Luis Potosí tienen valores parecidos a Yucatán y Campeche.

En el siguiente grupo consideramos algunos Estados de la región del bajío: Jalisco, Guanajuato y Querétaro: Estos reportan los siguientes indicadores de pobreza respectivamente 28.4%, 43.4%, 27.6%. Llama la atención que el Estado Guanajuato que en los últimos sexenios ha sido gobernado por gobiernos panistas y teniendo ciudades industriosas y pujantes como León, Guanajuato, Celaya, Irapuato y turística como San Miguel Allende tenga el más alto indicador de pobreza del bajío.

Otro grupo de Estados considerados fueron Estado de México, Hidalgo y Puebla, encontrando indicadores de pobreza con los siguientes valores respectivamente 42.7%, 43.8%, 58.9%. Cómo se observa estos tres Estados tienen niveles de pobreza equiparables a los del sureste, pero llama la atención que tanto Hidalgo y el Estado de México, en toda su historia siempre han sido gobernados por el PRI y  el Estado de México con tantos recursos naturales e industrias, así como el bastión del Priismo donde, desde siempre poderosos políticos de este estado han participado con gran presencia en la vida pública nacional, nos sorprende los altos niveles de pobreza existentes ¿A qué se dedicaron estos políticos? ¿Dónde han estado cuando el pueblo los ha necesitado? Muy preocupante es el valor de casi el 60% de pobres en el Estado de Puebla. Estado con gran disponibilidad de recursos naturales y gran cantidad de industria; los últimos 8 años fue gobernado por el PAN que marginó más a la gente pobre y dio muchas facilidades y concesiones para explotar sus recursos naturales, y actualmente por desgracia, con el Gobernador Barbosa los poblanos no pueden esperar que las cosas mejoren, simplemente vamos a sufrir más de lo mismo y esperemos que no peor.

Por último, mencionaremos a los estados de Michoacán y Guerrero con 46% y 66.5% como indicadores de pobreza respectivamente. Ambos son muy altos, fácilmente quedan comprendidos en los indicadores de pobreza del sureste, pero sin lugar a duda, Guerrero ocupa el 2° lugar en niveles de pobreza. Este Estado salvo el sexenio anterior, que fue gobernado por un gobernador del PRD, pero de extracción priista, siempre ha sido gobernado por el PRI,

No soslayamos mencionar que hoy Chiapas está siendo gobernado también por un gobernador de extracción perredista. Ese es el pragmatismo de MORENA, la que prometió grandes cambios, pero solo vemos más de lo mismo.

Es simple observar que a lo largo y ancho de nuestro país los niveles de pobreza son alarmantes y en muchos casos equiparables a los del sureste.

De lo anteriormente expuesto nos hemos hecho una pregunta que nos preocupa. El presidente López Obrador reiteradamente ha mencionado “PRIMERO LOS POBRES”, pero pareciera que de acuerdo con sus decisiones los pobres que más merecen apoyo son los del sureste, pareciera que hay pobres de primera y pobres de segunda entonces ya que en esta región se están realizando tres de los cuatro proyectos con mayor grado de inversión. Los pobres del resto del país ¿serán pobres de segunda?

Y a los demás pobres de otras regiones ¿Qué se los lleve el diablo? Sabido es que la obra pública es una gran generadora de empleo y la derrama económica que ésta propicia conlleva al crecimiento de otros sectores mejorando la economía. No vemos en la cartera de proyectos del gobierno federal, otros de gran envergadura para llevar beneficio a los pobres de otras regiones. Consideramos que nuestro país está lleno de necesidades y oportunidades para que nuestros gobernantes mejoren los niveles de vida de los habitantes en aras de la paz social.

Luego entonces queda en el tintero para desarrollar en la publicación 2 de 2 de este artículo, el respondernos si el gobierno de la 4T tiene considerados proyectos de obras públicas, ¿de que tipo, donde y de que grados de inversión que lleven derrama económica planeada en las regiones en las que se desarrollan, porque sabido es que las obras públicas son generadoras de empleo y bienestar social.

SEGUNDA PARTE

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con nuestra experiencia en el desarrollo y administración y proyectos públicos de inversión y/o de características sociales estos se llevan a cabo bajo los siguientes pasos.

1.     Detección de la necesidad del proyecto

2.     Formulación del proyecto

3.     Desarrollo del proyecto conceptual

4.     Evaluación de la inversión del proyecto

a.     Como proyecto de inversión en el desarrollo del Tren Maya b.     Como proyecto de impacto económico social en la mejora de la forma de vida de los habitantes de la región y el crecimiento económico del mismo.

5.     Desarrollo de la Ingeniería Básica

6.     Estudio de mercado para la detección de potenciales proveedores de ingeniería, suministros, de equipos, construcción y puesta en servicio.

7.     Integración de documentos (bases de licitación) para llevar a cabo los procedimientos de licitación de la ingeniería de detalle (proyecto ejecutivo) e incluyendo las etapas de suministro de equipo, suministro de materiales de instalación permanente, construcción, pruebas, puesta en servicio y pruebas de desempeño y aceptación para entrega a la contratante. Este tipo de contratos son muy complejos en su administración, aunque se dispone de distintas modalidades de contratos para sus mejores logros dentro del alcance contratado) sin embargo si la entidad contratante no es cuidadosa en la elaboración del proyecto, por lo general estos proyectos sufren desviaciones sustantivas en el tiempo, en el costo y en la calidad.

Desde nuestra experiencia después de dar seguimiento a los sucesos del desarrollo del proyecto del Tren Maya, consideramos que en lo hasta ahora realizado, existen muchas desatenciones desde la conceptualización del proyecto o quizás por falta de transparencia no dispongamos de los datos. Pero también en la ingeniería básica, en la modalidad de la contratación, en las bases de licitación, observamos mucho desaseo profesional que necesariamente llevará a la convocante a desviaciones sustantivas que comprometen el prestigio de la 4T. Todos los aspectos inherentes a lo aquí considerado quedan una vez más en el tintero para ser considerado en la parte II de este artículo en donde presentaremos a ustedes los problemas que a nuestro criterio desde la visión de administración de proyectos, los aspectos que se adolecen desde la ingeniería básica y los problemas que con esto serán potenciados. No soslayamos también analizar si este proyecto cumplirá con las condiciones de impacto ambiental y si es un proyecto de características sustentables.

Academia de Contratación Pública de México, A.C.  07|Julio|2020.

En #opinión de: Ing. Alvaro Urrutia Salgado. 

El autor es maestro normalista egresado del Mexe Hidalgo, Ingeniero Químico egresado de la BUAP, Jubilado de Petróleos Mexicanos, realizó estudios de postgrado en Financiamiento de Proyectos de Inversión, Finanzas Corporativas, Administración de Proyectos, Presupuestación de Obra Pública, Arbitraje Internacional, realiza actividades como Perito Petrolero, Consultor en Administración de Proyectos, Consultor en Arranque de Plantas, Testigo Social PF036, Miembro Fundador de la Academia de Contratación Pública de México A.C., Miembro Fundador del Colegio de Testigos Sociales A.C.

[contratacionpca]

Las compras por adjudicación directa para atender COVID-19, ¿resultan legales y legítimas?

En materia de contrataciones públicas, se hace evidente la abismal diferencia existente entre legalidad y legitimidad; con la primera, el objetivo es satisfacer los requerimientos enumerados en una norma -en el mejor de los casos-; en la legitimidad, la legalidad forma parte del conjunto de elementos a colmarse, expresados en el mandato constitucional al establecer que los recursos económicos  de  que  dispongan  la  Federación,  las  entidades  federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Lo anterior representa que las compras públicas, serán consideradas legales cuando se ajusten a los requisitos que las normas disponen, en tanto que una compra legítima no solo aborda la legalidad, sino satisface los otros elementos que han quedado enunciados y que incluso a nivel internacional, en la actualidad se complementan con la sustentabilidad, a la que se encuentra obligada el mundo entero. 

A través de las compras públicas el Estado adquiere los insumos necesarios para satisfacer los requerimientos de dependencias y entidades, para el cumplimiento de objetivos para los cuales fueron creadas.

 Es el caso que, para la atención de las necesidades de la pandemia que enfrenta la humanidad, el titular del Ejecutivo Federal, emitió el pasado 27 de marzo, el DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID -19), entre las medidas tomadas, se facultó a la Secretaria de Salud (SSA) para “adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla.”.[1]

 Aquí, resulta imperioso recordar que al inicio de la administración actual, se buscó que la adquisición de este tipo de materiales se realizara utilizando el mecanismo de compras consolidadas, retirando al Instituto Mexicano del Seguro Social, la directriz de tales procedimientos y concediéndolo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su entonces Oficial Mayor, Raquel Buenrostro. Tal determinación se enarboló como la representación del cambio de paradigma, a través del cual se llevaría a una transformación cultural en cuanto a compras públicas.

 Tal medida también se tomó como parte de la política de ahorro y austeridad del Gobierno de México, así como la política de combate a la corrupción, afirmándose que las mejores prácticas internacionales, para abatir la corrupción y lograr procesos de compra más eficientes, consideraban fundamental eliminar los números de compras realizadas por las unidades, siendo así como la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Sector Salud, implementó el sistema de contrataciones consolidadas, basándose justamente en las aludidas prácticas internacionales.

 En ese entonces se tuvo la oportunidad de prevenir la adquisición de insumos necesarios para la atención de las diversas necesidades médicas del país, pues muchas entidades se adhirieron a las compras consolidadas encabezadas por Hacienda, así como instituciones y hospitales de alta especialización; unidades médicas del IMSS, Issste, Pemex, Sedena y toda la red sanitaria.

El resultado obtenido distó mucho del objetivo perseguido, resultando, por decir lo menos, francamente desalentador, pues vimos manifestaciones de los padres de niños con cáncer, a los que no se les suministraba los medicamentos prescritos para el tratamiento de su padecimiento, así como un sin número de declaraciones de diversas instituciones de salud, en las que se reportó la falta del suministro de medicamentos para la atención de diversos padecimientos, vacunas, etc., y mucho más recientemente la denuncia de la falta de equipo médico apropiado para la atención de pacientes con COVID - 19, mostrándose así, la cruel e innegable realidad de la trascendencia e importancia de la eficacia en las contrataciones públicas. 

 Aún, previo a que se presentara la necesidad de atender requerimientos médicos para enfrentar la pandemia que puso al mundo contra la pared, pareciera que se abandonó el objetivo inicialmente planteado de compras consolidadas y se permitió que cada organismo actuara por sí mismo, cubriendo sus necesidades en el momento y no con una proyección anual, es decir, se podía adquirir aquello para lo que les alcanzase su presupuesto -el cual, dicho sea de paso, también se ha visto reducido-.

 Con este panorama, resulta oportuno preguntarse, las compras por adjudicación directa para atender COVID-19, ¿resultan legales y legítimas?

 El Instituto farmacéutico (INEFAM), ha confirmado, que el panorama que se observa actualmente son cuantiosas adjudicaciones directas. Sólo en dispositivos médicos -adquiridos de urgencia para atender Covid-19 se ha convocado a la industria proveedora: 4,260 veces en lo que va del año (la mitad han sido del IMSS). Y de ese total el 80% han terminado en adjudicaciones directas, es decir sin licitación, sin competencia y bajo condiciones poco claras, es decir, se hace evidente que las compras en su gran mayoría se están haciendo de manera discrecional.

 Muestra de tales formas de contratación, se ubica destacadamente la que fue expuesta por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)[2], asignada a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, a quien la delegación del IMSS en Hidalgo asignó un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios; en donde cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, considerado el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19.

Respecto a este contrato, posteriormente MCCI, también dio a conocer que el IMSS explicó en tarjeta informativa que el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo detectó, que los ventiladores no contaban con pantalla táctil, por lo que no cumplían con los requerimientos acordados.

 La polémica que derivó de la citada contratación, llevó a la Secretaría de la Función Pública a la intervenir iniciando una investigación por el sobreprecio de los ventiladores adquiridos y que no cumplían con los requerimientos acordados.

 Resulta interesante agregar que, entre las exposiciones otorgadas  justificando el precio de los ventiladores, se reto a verificar contratos del gobierno de la CDMX, asegurándose que el Gobierno Capitalino había celebrado contratos para adquirir ventiladores, pagando un precio de 2 millones 600 mil pesos por unidad, es decir, un precio superior al que fue expuesto por MCCI.

 El objetivo del presente no es una labor de investigación del contenido de tales contratos, sino evidenciar que las compras por adjudicación directa para atender COVID-19, si bien, concediendo el beneficio de la duda, podrían ser legales, evidentemente resultan ilegítimas cuando se observa que cada dependencia, entidad u organismo contratante, asigna los contratos a entera discrecionalidad, bajo reglas que se determinan a criterio propio en cada caso; por la desproporcionalidad de los precios que existe entre uno y otro caso, cuando se habla de prácticamente los mismos bienes  (diversos expertos se pronunciaron, señalando que el precio de los ventiladores adquiridos ronda a partir de los 500 mil pesos); por las participación de empresas que tienen claro vínculo por parentesco con servidores públicos de alto nivel en activo, circunstancia que hace presumir el acceso a información privilegiada y que no garantiza igualdad de condiciones entre los participantes;  y finalmente por la nula transparencia que se ha otorgado en este tipo actuaciones.Todo ello, confirma que no existe eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos económicos, y menos aún, se destinan para satisfacer los objetivos a los que están destinados

A pesar de que se está atendiendo una situación de contingencia, no debe dejar de implementarse la transparencia en la forma de llevarse a cabo tales contrataciones, pues resulta ser la única fórmula para erradicar mecanismos de corrupción, altamente arraigados en las prácticas de nuestro país.

La perenne corrupción en contrataciones públicas, queda evidenciada con lo aquí expuesto, pues hoy por hoy, no hemos visto satisfecha la necesidad de suministro de medicamentos a niños con cáncer, se continúa denunciando la escasez de medicamentos para la atención diversos padecimientos como las enfermedades crónico - degenerativas, al igual que la ausencia de vacunas como para el sarampión, y día con día, las denuncias de personal médico que labora en el sector público, al utilizar sus propios ingresos para adquirir el equipo de seguridad necesario que les permita continuar desempeñando su labor de enfrentar la epidemia.

El precio que la sociedad paga por enfrentar este tipo de actos corruptos, es altísimo. Corrupción también es la falta de conocimiento, así como la la omisión, o deficiencia en el servicio público, pues la acciones que se toman y más tratándose de la imperiosa atención de las necesidades motivadas para combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no solo se traduce en recursos mal destinados, ni la dilación en el suministro de tales recursos, ni en la ausencia de equipos, se traduce en vidas; vidas de los enfermos que tristemente tienen la necesidad de llegar a un hospital en búsqueda de una atención médica, pero que en el camino se enfrentan a diversas negativas para ser admitidos y que se les brinde atención; vidas de quienes llegando al área de emergencias de los nosocomios, no reciben atención por la falta de equipos médicos, y que sus condiciones o padecimientos personales los hacen más vulnerables; pero también, vidas del personal médico que en el sector público, enfrentan la pandemia, pero al igual que todos nosotros resultan vulnerables al virus y que han pagado con su vida un compromiso social y un deber de servicio en el ejercicio de su profesión.

Si bien hoy, las compras públicas se han asignado, en su mayoría, a través de adjudicaciones  directas, éstas hoy no pueden decirse legítimas, pues distan mucho de garantizar eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, ni satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Erradiquemos la corrupción, transparentando toda contratación pública.

 Academia de Contratación Pública de México, A.C.  19|Junio|2020.

Autor: Dr. Roberto Zavala Chavero. Doctor en Derecho, especialista en contrataciones públicas.

1. Consulta Junio 09.2020 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020

2. Consulta Junio 09. 2020 https://contralacorrupcion.mx/hijo-bartlett-ventilador-covid-19/

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DESDE LA VENTANA DE UN DEFENSOR Y VOTANTE DE LA 4T.

El 9 de julio del año en curso el gobierno de la 4T, nos sorprendió con la noticia relacionada con la renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público Carlos Urzua, quien sin lugar a duda fue uno de los mejores hombres del gabinete de AMLO y con su participación diera confianza tanto a los mercados financieros como a la frágil estabilidad económica, herencia de los latrocinios de los gobiernos anteriores. Con la dimisión de Urzua del encargo se cimbraron los mercados financieros y se observaron las ya evidentes y premonitorias fisuras en el gobierno de la 4T.

Si bien, con la designación inmediata como nuevo Secretario de Hacienda de Arturo Herrera, las voces de alarma de los mercados financieros fueron amortiguadas de inmediato evitando mayores daños colaterales, quedó en el umbral de la incertidumbre hacia el futuro de la estabilidad económica de México, “aunque el ejecutivo tenga otros datos”.

Habré de señalar que desde que dio inicio el proceso de implementación de las políticas neoliberales, al igual que AMLO, nunca estuve de acuerdo con las políticas públicas y acciones corruptas implementadas por los gobiernos desde Miguel de La Madrid hasta Enrique Peña Nieto, las cuales entre otras infortunadas acciones, que tanto dañaron a nuestro país, con lujo de impunidad esquilmaron el sector energético y convirtieron a este estratégico sector en un tambaleante y tímido dependiente de “nuestros buenos vecinos del norte”, dejando a PEMEX al borde de la quiebra. Aunado a eso, resulta lastimoso observar en nuestro país la alarmante mala distribución del ingreso, la marginación social, la falta de equidad en los servicios de salud, así como ver que el crimen y la violencia se instituyeron como sistema. Por eso, y solo por eso, desde hace más de treinta años comparto en mucho las ideas y el proyecto social igualitario de AMLO.

Al igual que millones de mexicanos voté por AMLO y me llené de júbilo al saber que en forma democrática y contundente el día dos de julio del 2018, por fin ¡el pueblo de México había ganado las elecciones! Arrebatando el poder a gobiernos corruptos, insensibles, despóticos, que siempre estuvieron al servicio de las oligarquías nacionales e internacionales representadas por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.

Sin embargo después de siete meses del gobierno de la 4T, con los sucesos de la renuncia de Carlos Urzua, es necesario y conveniente hacer un impasse para qué cada uno de nosotros desde su óptica, haga un análisis de las acciones emprendidas por el ejecutivo, mismas que han cimbrado hasta las más recónditas entrañas de nuestro territorio y ponen en duda las acciones y propósitos aparentemente ocultos de esta confusa cuarta transformación.

Al día siguiente de la carta de renuncia de Urzua, en la mañanera del 10 de julio AMLO argumentó “Imagínense lo que es eso, que me presentan un Plan (Nacional) de Desarrollo, lo veo y desde mi punto de vista no reflejaba el cambio (con la política neoliberal), era como si lo hubiese hecho (Agustín) Carstens o (José Antonio) Meade, con todo respeto”. A estos comentarios es imprescindible señalar que mediante un video difundido el día primero de mayo del año en curso AMLO presentó con orgullo al “sonido de fanfarrias bombos y platillos” el Plan Nacional de Desarrollo, y entre otras cosas, ufano expresó las siguientes frases: “fue entregado en tiempo y forma al Congreso de la Unión, estamos inaugurando una nueva etapa, se trata de un modelo de desarrollo que va a funcionar muy bien en México y que va a ser un ejemplo a nivel internacional, es un nuevo camino”/ “por primera vez en 36 años de periodo neoliberal se presenta un Plan de Desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos internacionales ni de los gobiernos extranjeros” / ”Qué tenía bases en el plan de desarrollo de los hermanos Flores Magón quienes no fueron influenciados por el pensamiento neoliberal, que les trabajaron la mente, que les lavaron el cerebro, para decirlo coloquialmente"/ “Los invito a que lo lean, bájenle a la polémica”/ “con este documento se pinta la raya”. ¡Cuánto beneplácito me causó escuchar este mensaje, por fin México se dirige a la transformación que tanto necesita y que los gobiernos PRIANISTAS dejaron a la deriva!… Y ahora resulta que, según sus dichos ante la renuncia de Urzua, el Plan Nacional de Desarrollo en el que AMLO participó desde su campaña electoral y él mismo aprobó y anuncio en fechas reciente siendo Presidente… ¡¿resulta que es un plan neoliberal?!… “que no marche cuando no hay desfile”.

El diecisiete de marzo próximo pasado, en el cierre de los foros de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo AMLO señaló: “Declaramos formalmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal, aparejada esa política neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista, quedan abolidas las dos cosas, el modelo neoliberal y su política de pillaje, antipopular y entreguista”. En otras palabras, se decretó el fin del neoliberalismo en México. Sin embargo, es fácil concluir que existen y seguirán existiendo políticas públicas nacidas dentro del modelo neoliberal las cuales han sido adoptadas y al parecer recargadas por el gobierno de la 4T, entre otras, tres de ellas quedan a la vista:

La autonomía del Banco de México.

Los tratados internacionales de libre comercio.

La disciplina de las finanzas públicas.

Y si observamos otras acciones del gobierno de la 4T podríamos decir que el ejecutivo en sus señalamientos nos invitó a las exequias del neoliberalismo, pero nos preguntamos: y ¿dónde está el cadáver?

Al observar acciones que este gobierno ha implementado durante el transcurso de lo que va de su ejercicio, las cuales en lo personal las percibo aventuradas y escalofriantes por sus excesos en la implementación, ya que las mismas han provocado pérdidas del capital político del ejecutivo como se observa en las encuestas. Esta actitud a veces aparentemente irracional de parte del ejecutivo me hace recordar loa que decía el filósofo escoses David Hume “la razón es, y debe ser, sólo esclava de las pasiones y no puede aspirar a otro oficio que el de servirlas y obedecerlas”, de aquí es posible considerar que la esperanza es una fuente de gran fortaleza y también de debilidad para la humanidad, por lo que considerando los planteamientos de David Hume sobre la razón como esclava de las pasiones, resulta que nos lleva a veces a tomar acciones que rayan en la frontera de la lógica y la sin razón.  Al observar algunas acciones emprendidas por el gobierno de la 4T como la eliminación y/o reducción en los programas sociales, dejar sin empleo a miles de trabajadores del estado sin reconocimiento a su antigüedad (y de los cuales muchos seguramente votaron por MORENA), y otras acciones similares emprendidas que golpean con fuerza diversos sectores sociales, pareciera que sin lugar a duda con base en el pretexto y los reiterados señalamientos de las prácticas de corrupción de los gobiernos pasados, también sin olvidar las necesidades obligadas de austeridad republicana originada por el saqueo desmedido de administraciones anteriores, justifica la reducción y/o eliminación de programas sociales a capa y espada. Ante estas acciones emprendidas por la 4T que son cánones y orgulloso ejemplo del modelo neoliberal, desde la tribuna de Radio BUAP en el Programa RADIO M12 del cual soy colaborador, me permito hacer parodia al título de la película “MATRIX RECARGADA”, señalando que hoy estamos viviendo un NEOLIBERALISMO RECARGADO DE LA 4T.

La carta de renuncia de Urzua es lacónica, respetuosa, pero sobre todo es dura, muy dura, porque pone en evidencia la falta de objetividad en la planeación de proyectos vertebrales de infraestructura para el desarrollo económico, así como las fisuras y pleitos palaciegos del gobierno de la 4T y el influyentismo e imposición maquinado por los hoy poderosos incondicionales de AMLO, quienes ubican en puestos de dirección a personajes oscuros y poco calificados. En conclusión, la medicina es más de lo mismo que nos recetaron gobiernos anteriores.

Se le atribuye a Voltaire la frase de “No comparto tus ideas, pero moriría por el derecho que tienes de expresarlas”, basándonos en la frase, es de respetar que cualquier persona desde su propia perspectiva, considere que en las responsabilidades en las cuales participa, van en contra de sus principios y considere que está siendo violada su dignidad, tenga al menos el derecho de expresarse libremente y tomar las decisiones y acciones que considere conveniente. También se le atribuye a Voltaire la frase de “La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del ser humano”, pareciera que ésta enfermedad afloró en AMLO cuando vimos con tristeza las descalificaciones que dirigió a Carlos Urzua en donde el ejecutivo, inexplicablemente calificó de plan neoliberal, al Plan Nacional de Desarrollo que en forma conjunta concibieron. Lamentable fue que desde la investidura del poder presidencial AMLO mostrase una personalidad voluntariosa que derivó en una actitud perniciosa, ensañándose en desprestigiar a Urzua ante la opinión pública empática con el gobierno de la 4T. Recuerdo que en un desafortunado dislate retórico en “la mañanera” del día 29 de marzo, AMLO delineó una analogía entre los pobres y los animalitos; si a esas vamos y proyectamos ese pensamiento al ser humano entonces AMLO ¿considera que somos animalitos, o tenemos alguna tara mental que nos impide darnos cuenta de sus contradicciones y desaciertos? Mal, muy mal para su imagen, pero peor aún para México, ya que no sabemos en manos de quién o de que estamos.

Sabido y probado es que nuestros gobiernos anteriores llevaron al país a niveles vergonzosos de corrupción, donde nuestros gobernantes protegidos por la impunidad desde el estado saquearon onerosamente las arcas del gobierno dejando en su estela perversa un clima de violencia, mala distribución del ingreso, falta de oportunidades y seguridad social. En síntesis, se olvidaron de forma indolentes de satisfacer las necesidades, aspiraciones y esperanzas del pueblo mexicano. AMLO a lo largo de su lucha política para alcanzar la primera magistratura, reiteradamente y con valentía denunció la corrupción existente y el dispendio y mal uso de recursos en el ejercicio de presupuesto para la obra pública, prometió que estas prácticas terminarían. Es triste comprender que los problemas de corrupción en México datan désde la conquista, y a lo largo de casi ya quinientos años han permeado tanto en las estructuras de nuestro gobierno y en el devenir histórico del pueblo mexicano, por lo que sería ilusorio pensar que la corrupción finaliza por decreto.

A partir de muchos estudios se ha demostrado, que el mejor antídoto para el mal de la corrupción de los gobernantes y servidores públicos es la transparencia y la rendición de cuentas, en donde los gobernantes y servidores públicos demuestren que los recursos financieros de nuestro país fueron erogados apegados a las leyes y satisfaciendo siempre las mejores condiciones para el Estado. El pueblo a través de sus representantes calificados debe de dar seguimiento y vigilar que se cumplan los lineamientos establecidos en las leyes para el ejercicio de los recursos públicos, y para ello se dispone de las instituciones correspondientes, como son la Secretaria de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, los diversos órganos de Control  o Contralorías en todos los Estados y otras dependencias de gobierno, las Contralorías de las Empresas Productivas del Estado y los Testigos Sociales, los cuales son entes  independientes del gobierno y fungen como  representantes del pueblo mexicano.

Desde que se concibe la necesidad de una obra pública, por ejemplo los megaproyectos de infraestructura, se requiere realizar desde su planeación un protocolizado y minucioso proceso para que se justifiquen los recursos y parte de este proceso está  contemplado entre otras: en La ley de Planeación, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Obras Públicas, Ley de Adquisiciones, Leyes que rigen las Empresas productivas del estado Será acaso que Carlos Urzua observó la falta de atención a la normatividad y  desviaciones en las leyes cuando en su carta de renuncia  señala: "Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda la política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”.

Desde mis vivencias y experiencia en la ejecución de proyectos de inversión de obra pública, he venido observando los procesos de contratación realizados por la 4T. Y desde luego categóricamente afirmo, que las contrataciones públicas efectuadas por la presente administración no cumplen con los protocolos de transparencia equidad y legalidad exigidos por las leyes que exprofeso se han escrito para tales propósitos, pero pareciera que eso nadie lo observa, que no nos hemos dado cuenta de las deficiencias latentes en las convocatorias publicadas en los sitios de internet y en los periódicos oficiales, y las flagrantes faltas que contrarían lo ordenado en tales cuerpos legales ¿Nos consideran párvulos o estúpidos?

En este panorama me pregunto: ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos quedamos callados?, los servidores públicos de carrera que se atrevan a mencionarlo corren el riesgo de dejar de colaborar con la actual administración, las empresas licitantes que se pronuncien, corren el riesgo de ser vetadas sin un procedimiento administrativo de por medio. Sin embargo los comunicados de la 4T han provocado un daño efectivo ¿y nuestra sociedad? Las preguntas o las críticas que se formulan se ven desde el gobierno y de manera inmediata como un ataque al “nuevo sistema de la 4T”, y enseguida desde la 4T se revira con denostaciones del “supuesto ataque” con singular ahínco, sin tener información veraz y mucho menos tolerancia a la diversidad de ideas, pero se nos olvida que todos somos un solo país y un solo pueblo, y las críticas con sustento y con respeto al actual gobierno son lícitas y favorables para todos y así deben de ser tomadas, pues las políticas que se definen como estructurales en las contrataciones públicas, aunque no se vea en forma inmediata, tendrán una repercusión directa o indirecta en nuestra forma de vida futura.

No es posible cometer el error de olvidar que siendo presidente Miguel de la Madrid y el tristemente célebre Carlos Salinas de Gortari, con la suspensión de los proyectos en ejecución Huimanguillo I y II, destinados para tratar el gas asociado y los condensados provenientes de los yacimientos de tabasco y Sonda de Campeche, se dio inicio al proceso de entrega de PEMEX en beneficio de los intereses de las empresas mexicanas y/o extranjeras privadas. Con esto no solo se sacrificaba el crecimiento y desarrollo económico de PEMEX  y los miles de empleos que de ella dependían, al mismo tiempo se estaban sacrificando firmas se ingeniería, empresas contratistas de construcción en el sector de plantas industriales, empresas de servicios afines a las mismas, empresas productoras de bienes de capital, todas se encontraban en crecimiento, lo cual generaba una gran derrama económica que el desarrollo de proyectos petroleros significaba en diferentes regiones geográficas de nuestro país. Cuando de un plumazo se detuvieron estos planes, se perdieron cientos de miles de oportunidades de empleo en dichos sectores económicos, de esta manera en los gobiernos sucesivos al de Salinas de Gortari y en aras de implementar el proyecto neoliberal qué nos llevó a ser dependientes de un sector estratégico como el energético. Reitero que desde el Gobierno de Salinas hasta Peña Nieto, sistemáticamente se ha venido dañando a PEMEX hasta llevarla al punto de la quiebra en donde hoy ésta se encuentra. Ante este embate traidor a México muchos trabajadores petroleros clamábamos: ¡Salvemos a PEMEX! En otro artículo ahondaremos con evidencias los hechos de estas acciones de traición emprendidas desde el estado neoliberal iniciado por Salinas de Gortari.

De las pocas cosas que se decidieron hacer por Pemex Refinación, fue realizar las reconfiguraciones de las refinerías existentes con el objetivo de poder procesar los llamados crudos pesados que abundan en nuestros yacimientos, estos proyectos de reconfiguración aún no han sido concluidos en todas las refinerías. Sin entrar en antecedentes y cuestionamientos “aceptaremos sin convencernos”, que estas acciones fueron convenientes, sin dejar de observar que estas decisiones prácticamente no incrementaron la capacidad instalada de refinación. Por otro lado en el colmo de la actitud antipatriota se decidió realizar una asociación con la empresa Shell, para construir una refinería en el complejo industrial de Deer Parck, el cual está situado cercano a la ciudad de Houston, Texas.  Es manifiesto que las fuentes de trabajo que esta refinería generó durante el desarrollo del proyecto y su construcción no fueron para los mexicanos, como tampoco lo es actualmente la derrama económica y empleos que se requieren para la producción de refinados en Houston. 

Enfatizo, que durante la implementación del proyecto neoliberal que culminó con la reforma energética, fue destruido prácticamente el complejo entramado económicos que generaba miles de empleos y que además de las grandes oportunidades para los mexicanos, estaba rindiendo frutos en el extranjero pues empresas mexicanas que construían plantas industriales más allá de nuestras fronteras. Para infortunio de México, los proyectos de reconfiguración de las refinerías existentes y algunas inversiones realizadas en petroquímica fueron otorgados a empresas extranjeras con el pretexto de lo acordado en los tratados de libre comercio, bajo los esquemas de financiamiento denominados PIDIREGAS y bajo el argumento que las empresas mexicanas no tenían ni la capacidad técnica y financiera para poderlos realizar. Sumado a esto no se le dio la importancia correspondiente al contenido nacional para la construcción de estos proyectos de inversión capitalizable. Los resultados de estas perversas acciones saltan a la vista, México perdió la oportunidad de insertarse en el plano mundial como un gran competidor en la construcción de plantas industriales, no solo con el desarrollo y crecimiento de nuestras capacidades en ingeniería y construcción, sino también con la capacidad de producir bienes de capital como se estaba logrando, hoy en día estas capacidades prácticamente fueron desmanteladas.

Siguiendo la crónica de estos sucesos, durante los últimos tres sexenios vimos como sistemáticamente se ha venido permitiendo la intromisión de capital privado extranjero en nuestro sector energético, tanto en CFE como en PEMEX, y cada vez más hemos quedado a expensas de las voluntades, intereses y suministros de grupos de apátridas y extranjeros; vimos como en los últimos tres sexenios paulatinamente se dejó caer  por falta de inversión y/o mantenimiento la producción de refinados, con el claro propósito de llevar a PEMEX al punto de quiebra que hoy se encuentra. Salta a la vista que siguiendo intereses de capital privado llevaron al “despeñadero” una de las principales fuentes de bienestar para los mexicanos.

A lo largo de los años de lucha política de AMLO, siempre abordó en su discurso desde una óptica nacionalista los problemas del sector estratégico energético, con su discurso provocó que en el pensamiento de muchos mexicanos, entre los cuales me incluyo, que uno de sus propósitos centrales sería la recuperación del sector energético, en donde para poder consolidar la recuperación energética habría que ser incluyente y formular planes para que ésta no solo  se enfocase a las empresas productivas del estado, sino que dejando atrás el modelo neoliberal actuar con acciones inmediatas para que como el ave Fénix, revivir a las firmas de ingeniería, las empresas contratistas de construcción, empresas de servicios afines a proyectos energéticos, empresas de mantenimiento de equipo industrial de plantas de proceso y las empresas productoras de bienes de capital. Para esto se requiere en forma inmediata una gran capacidad de convocatoria que conlleve a planes programas y acuerdos entre gobierno, empresarios, bancos, intermediarios financieros, sindicatos, obreros, asociaciones no gubernamentales, etc. 

Aplaudimos la decisión del gobierno de la 4T de recuperar el sector energético y entre estas acciones los planes de recuperar la capacidad instalada de las refinerías existentes, ya que sin lugar a duda debemos de dejar la dependencia en el suministro de combustibles, por lo cual se justifica desde cualquier punto de vista la construcción de más refinerías, en cualquier lugar de nuestro país, aunque sea en Dos Bocas, Tabasco,  aún a pesar de la pésima dirección del proyecto que desde mi punto de vista la Secretaría de Energía le está dando. Desde mi ventana y basado en mi experiencia, dejo para otro artículo mi opinión detallada sobre los descalabros y pronósticos sobre lo hasta ahora realizado en tan necesario proyecto de la Refinería de Dos Bocas, pero ante la renuncia de Carlos Urzua no puedo dejar de abordar algunos aspectos.

Según diversos medios, una de las personas causales de la renuncia de Urzua es la Ingeniera Rocío Nahle, quien tiene la titularidad de la Secretaría de Energía. La función de la SENER es conducir la política energética del país dentro del marco constitucional, pero de ninguna manera por más que le demos vuelta a las funciones, se diga que la SENER deba realizar proyectos energéticos, para eso están las empresas productivas del estado CFE y PEMEX, sin embargo, la titular de la SENER, Rocío Nahle, se está entrometiendo y desgraciadamente, ésta participación es para mal del proyecto de la Refinería de Dos Bocas. He de señalar que como política y diputada de oposición reconocí su valía, y le aplaudí y le respeté mucho su coraje y valentía, pero como “ingeniera” hoy le pediría que no se metiese en áreas que no entiende y mucho menos domina, pues con su obstinación insistente terminará dándole el golpe mortal a tan importante proyecto. Por el bien de México es conveniente que deje de ser protagonista y que se quite de seguir engañando al Presidente.

Desde mi perspectiva contemplo que la Secretaria Nahle en el origen del proyecto de Dos Bocas, siguió fielmente los cánones y lineamientos neoliberales realizados para los proyectos de reconfiguración de las refinerías en años recientes, ya que ella decidió en un principio invitar empresas internacionales cuya experiencia y “practicas anticorrupción estaban a toda prueba”, al igual que los más recalcitrantes neoliberales de otras épocas. Consideró y argumentó que en nuestro país no existen empresas calificadas para enfrentar estos retos. Los desatinos posteriores en sus dichos y hechos, me permiten visualizar su escaso conocimiento de la capacidad técnica y la determinación de los ingenieros mexicanos y la obtusa visión de la Secretaria sobre las grandes oportunidades de desarrollo nacional a partir de proyectos energéticos que nos dirijan exitosamente hacía el complejo entramado de la ingeniería, los servicios técnicos y la producción de bienes de capital que tantos beneficios producen. De continuar esta señora con sus pretensiones de novillero terminará, como indiqué, por darle el golpe mortal a este gran proyecto. Por eso afirmo que la Secretaria Nahle es una neoliberal super recargada.

Versa un dicho, “lo que mal inicia, mal acaba”, el proyecto de la refinería de Dos Bocas por falta de reflexión en su planeación está iniciando a la deriva. Se Cuenta con muy escasos argumentos técnicos y bases de concurso deficientes para pretender realizar un proyecto de esta envergadura, el cual justo por carecer de la información necesaria y suficiente, desde ahora se vislumbra a ser un desastre de la 4T; por el bien de México ojalá que se tomen un impasse, y con el mismo se realice una verdadera reflexión técnica, económica y programática, pues existe un principio básico en la administración de proyectos. Cuando estos inician el poder de los ejecutivos que lo dirigen el control es total sobre el proyecto y pueden tomar con un alto grado de libertad las decisiones del proyecto hacia donde ellos decidan y se justifique conveniente, pero conforme avance el proyecto y el presupuesto ejercido, entonces es el proyecto el que empuja a los ejecutivos a tomar decisiones costosas y sin retorno. Reitero como mexicano y jubilado de PEMEX, deseo con todas mis fuerzas que este proyecto sea exitoso, por eso invito al análisis cuidadoso y a la reflexión, para dar los tiempos necesarios que este proyecto requiere para su gestación. Dejo este documento como testimonio de que se les advirtió e invitó con oportunidad a reflexionar sobre la planeación del proyecto, ojalá  que en el futuro  no tengamos que reclamar la ineficiencia con la clásica frase: ¡Te lo dije!

Bajo la consideración del materialismo dialéctico, observamos que en la 4T se está dando una profunda y feroz lucha de contrarios, por un lado, una pequeña minoría todopoderosa que se aferra a su poder que tanto daño le ha causado a nuestro país y por otro lado el reclamo de millones y millones de mexicanos que han sido marginados de la educación, el trabajo, la vivienda digna, la seguridad social y la retribución justa a su esfuerzo en el trabajo. Las oligarquías con su poder económico y corruptor no escatimarán artilugios, ni recursos de todo tipo para para continuar con su hegemonía en el control del Estado. Los desprotegidos entusiasmados pero pasivos están a la expectativa de los resultados de este combate, en el que el ejecutivo, en su nombre, se ha enfrascado, sin embargo el terreno en el que se realiza la lucha es donde convivimos todos los mexicanos, y el presidente tiene la responsabilidad de gobernar y servir para el bien de nuestro país y todos sus habitantes logrando la unidad nacional para el bien de México, y para esto necesita de la participación convencida y decidida de todos los estratos económico sociales de nuestro país.

Entendemos que en esta pretendida 4T se deseen realizar cambios tan profundos, entendemos que dentro del proceso dialéctico sin concluir la lucha de contrarios, en la prisa del ejecutivo reiteradamente se suceda la negación de la negación, pero pareciera que el ejecutivo no quiere aceptar que no todo lo hecho es malo. El ejecutivo tiene que recapacitar que también existen muchas cosas buenas derivadas de la lucha de clases en la historia política en México, mismas que son parte de nuestras leyes, de nuestros programas sociales los cuales seguramente habrá que mejorar, pero no desechar de un tirón. El saber conjugar lo bueno del pasado con los propósitos de cambio y bienestar futuro es una de las buenas consecuencias de la aplicación consciente del método dialéctico.

No pongo en duda y comparto muchas de sus acciones y aciertos en lo que va de su gestión y es claro que es justo que primero los pobres eternamente marginados, respetar la cultura cósmica de nuestras etnias, exigimos ver en la cárcel a los corruptos, no queremos su perdón, queremos rendición de cuentas y castigo, queremos seguridad social, queremos seguridad en nuestra vejez, independencia alimentaria, educación, autosuficiencia energética, fin a la violencia, fin a la impunidad, fin a la corrupción, queremos transitar en nuestro país sin miedos, no queremos proyectos de muerte como el “fracking” o las minas a cielo abierto, queremos vivir felices y en paz social, queremos mejor distribución del ingreso, queremos un verdadero estado de derecho, justicia igualitaria para todos, pero no queremos un presidente beligerante, ni falto de asertividad. Queremos un presidente mediador no un polarizador que con su discurso lastime innecesariamente los estados emocionales de las personas.

Hace unos dos años tuve la oportunidad de leer un excelente y valiente libro escrito por el Dr. En Economía Eudoxio Morales Flores, docente de la BUAP, el título del libro es “La Democradura en Tiempos de Moreno Valle”. El concepto de Democradura es que la resultante de la personalidad de un político en el poder, sus caprichos y sus aduladores nos lleve a disfrazar las dictaduras vistiéndolas de democracia. Este excelente libro fue escrito por el francés Maurice Joly, quien vivió en tiempos de Napoleón III, es el marco de referencia para este concepto. De un resumen encontrado en sitios de internet consideré ilustrativo tomar esta descripción “… pues hoy aún vemos cómo el despotismo impera en la esfera política, la tendencia del hombre en el poder se ciñe por el camino de la corruptela como consecuencia del excesivo uso de la autoridad la cual le ha sido conferida, donde el gobernante creyéndose un semi – Dios, un todopoderoso terrenal, por lo que la invitación al diálogo se centra en la impetuosa necesidad de ponerle límites a la empresa del poder de Estado”.

Me pregunto, solo me pregunto ¿De continuar AMLO con su aparente personalidad voluntariosa, beligerante y autoritaria, en el futuro la 4T será acaso llamada: “La Democradura en los Tiempos de Andrés Manuel López Obrador”? 

Por mis conceptos sobre la 4T espero no ser descalificado como enemigo público del estado como he visto que han sido señalados luchadores sociales probados, quienes solo por no estar de acuerdo con algunas ideas del ejecutivo, son descalificados desde la investidura presidencial, a unos los llama Fifis, a otros burgueses conservadores, o radicales conservadores de izquierda. Solamente como ejercicio profiláctico he de mencionar que cuando AMLO militaba en el PRI, yo era un convencido seguidor y lo sigo siendo de los pensamientos de izquierda y nunca en mis más oníricos sueños, estuve de acuerdo con los latrocinios del PRI, por eso cuando AMLO mostró su perfil de izquierda, lo he defendido promovido y votado por él, espero no sentirme más desilusionado como hoy en el futuro cercano.

Finalizo diciendo ¿Un defensor y votante de la 4T le critica? Sí, definitivamente sí. Deseo reiterarles que yo voté por AMLO y aplaudo y confío en su proyecto y por el bien de México deseo que sea exitoso, al igual que muchos lo defiendo con ahínco aun a pesar de su obcecación polarizante, sin embargo, mal haremos en idolatrarlo en acciones aparentemente irracionales, pues existen muchas evidencias de que la psicología del poder se torna enfermiza cuando se les alaba y se les idolatra en demasía, “al pan, pan y al vino, vino”. Eventualmente los dislates de la 4T me llevan a concluir que vivimos tiempos de una esquizofrenia paranoide kafkiana.

Ing. Alvaro Urrutia Salgado.

El autor es maestro normalista egresado del Mexe Hidalgo, Ingeniero Químico egresado de la BUAP, Jubilado de Petróleos Mexicanos, realizó estudios de postgrado en Financiamiento de Proyectos de Inversión, Finanzas Corporativas, Administración de Proyectos, Presupuestación de Obra Pública, Arbitraje Internacional, realiza actividades como Perito Petrolero, Consultor en Administración de Proyectos, Consultor en Arranque de Plantas, Testigo Social PF036, Miembro Fundador de la Academia de Contratación Pública de México A.C., Miembro Fundador del Colegio de Testigos Sociales A.C.

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¿La consolidación de medicamentos, en Fast Tract y sin distribución, es una buena idea?

Las contrataciones públicas tienen un gran impacto en la operación de un país, por lo que se requiere sean llevadas con suficiente previsión y por especialistas en la materia, que busquen adquirir “en las mejores condiciones para el Estado”; disminuyendo así riesgos y contingencias para nuestra población.

Las compras consolidadas las podemos entender como la agrupación de bienes o insumos de características similares que son requeridos por varias dependencias o entidades de la administración pública, para un periodo determinado, que se adquieren a través de un solo lo concurso.

En resumen, las compras consolidadas se tratan de una estrategia de contratación mediante la cual se concentran diferentes requerimientos de bienes, con el objeto de tener un mayor poder de negociación buscando obtener precios competitivos dada la cantidad o volumen de aquello que se pretende adquirir y garantizar el abasto o suministro oportuno.

En México fue costumbre que las compras consolidadas de medicamentos estuvieran a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las cuales se buscó la satisfacción de los dos principales objetivos en este tipo de compras, relacionados con: i) mejores precios, dado el volumen que se adquiría y ii) garantizar que la entrega de los insumos tenían que realizarse directamente a las unidades de salud que lo requirieran por parte de las empresas ganadoras.

Actualmente el Gobierno Federal ha anunciado que se va a llevar una mega licitación para la compra de medicamentos, materiales de curación, radiológicos y de laboratorio, para abastecer a diferentes dependencias y entidades de la administración pública con un valor aproximado de 17 mil millones de pesos. Esta licitación será realizada por la Secretaría de Salud en “plazos recortados”, es decir, el plazo máximo para realizar la licitación en todas sus etapas es de hasta 15 días naturales.

Conforme a lo anunciado por el Gobierno Federal, éste se hará cargo de la distribución de los insumos, siendo la única obligación de las empresas ganadoras el entregar los insumos requeridos en diversos almacenes del IMSS, ISSSTE y BIRMEX.

Otro de los requisitos establecidos en las bases es que de las 3 mil 189 claves y/o partidas que se requieren, los licitantes deberán ser titulares del registro; partidas que tendrán un precio máximo de referencia sobre las cuales se podrán cotizar descuentos, existiendo algunos casos en que se podrá utilizar la subasta con ofertas subsecuentes.

En aras de lo expuesto, surge la pregunta: ¿La consolidación de medicamentos, en Fast Tract y sin distribución, es una buena idea?

Con el objeto de dar una respuesta técnicamente aceptada a dicha interrogante, desde un enfoque de contratación pública, resulta necesario reflexionar previamente sobre dos conceptos:

I. Complejidad de la consolidación de insumos. La consolidación requiere una planeación muy exacta que incluya la atención de las necesidades de todos y cada uno de los requirentes, y tratándose de medicamentos adquieren privilegiada relevancia los cuidados especiales para su conservación, evitar su caducidad, así como la oportuna distribución y entrega. El Just Time es la base para el éxito de este tipo de compras, fuera de ello, el resto es riesgo, costo y mortalidad.

Así pues, tratándose de medicamentos para que una licitación consolidada sea exitosa requiere forzosamente la entrega oportuna de los insumos adquiridos, en la actual licitación planteada, éste principio está en evidente riesgo, toda vez que el proceso de entrega de insumos se circunscribe a la entrega en almacenes pre establecidos, sin tener claro su logística de distribución y entrega final por el Gobierno Federal.

II. El proceso de selección de ganadores. En cualquier concurso existe dos etapas de relevancia absoluta, una es la etapa de preguntas y respuestas de los licitantes a efecto de perfeccionar cualquier error en las bases y otra es la de evaluación de propuestas, mediante la cual se selecciona al licitante ganador.

El caso es que los plazos y métodos definidos para la evaluación, no son acordes a lo que se acepta dentro de las buenas prácticas de contratación en las licitaciones consolidadas, esto por la gran cantidad de partidas que se pretenden adjudicar; lo cual hace perfecto caldo de cultivo para alargar la licitación, seleccionar a licitantes que durante la prestación del servicio darán problemas y privilegiar al precio sobre la calidad, lo que no necesariamente da cumplimiento al principio de “contratar en las mejores condiciones para el Estado”.

Con base en lo comentado y a efecto de dar respuesta a la interrogante planteada, se puede decir que el realizar una licitación con las características expuestas por el Gobierno Federal son de alto riesgo y que las consecuencias pueden ser poco agradables.

Para ejemplificar lo anterior, resulta conveniente enunciar aquí algunos de los posibles efectos que soportan lo señalado:

a) El no definir con exactitud la logística de distribución y entrega final, necesariamente implica un sobre costo adicional, por tenerse que contratar servicios de transportación y entrega final al centro o institución de salud que lo requiera.

b) Tratándose de medicamentos, materiales de curación, radiológicos y de laboratorio, evitar hasta donde sea posible su almacenamiento, con el objeto de que no caduquen, se inutilicen por falta de cuidado en su conservación y el robo hormiga. Tratándose de insumos que requieran cuidados especiales en cuanto a su refrigeración, embalaje y preservación, los almacenes y transportes deberán garantizar su efectividad.

c) El principio de toda consolidación de garantizar la entrega a su destino final, en esta licitación, no es claro.

d) El romper el principio de Just Time coloca al Gobierno Federal en una situación de riesgo, para el abasto oportuno en las instituciones de salud que lo requieran.

e) En licitaciones consolidadas de este tipo, el ocupar la figura de licitaciones en plazos recortados no es recomendable, pues de debe considerar la gran cantidad de partidas a analizarse, ya que si bien puede utilizarse el precio máximo de referencia, éste método, privilegia el precio más no la calidad, que en insumos tan delicados como los mencionados para esta licitación, puede ser de gran peligrosidad.

Como puede observarse, existen casos como son los medicamentes y los insumos que aquí se relatan, que su suministro es de gran trascendencia para la población y cuya contratación no puede estar sujeta a riesgos ni a improvisaciones, motivo por el cual sirva éste ejemplo para que en nuestro país se tome en serio el tema de las contrataciones públicas y que realmente las licitaciones sean llevadas por especialistas en la materia, que eviten los riesgos que aquí se enuncian y hasta donde sea posible, contingencias por desabasto de medicamentos e insumos que seguramente se ocasionarán.

Academia de Contratación Pública de México, A.C.  07|Junio|2019

Autor: Dr. Roberto Zavala Chavero. Doctor en Derecho especialista en contrataciones públicas.

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¿La “Muerte Civil” garantiza abatir la corrupción en las Contrataciones Públicas?

El incremento de sanciones, es una medida que por sí sola, resulta insuficiente para erradicar la acción u omisión que se observa, pero si además resulta desproporcional, asegura violaciones a derechos humanos.

Una de las sanciones administrativas previstas en la legislación vigente para casos de responsabilidades o faltas cometidas por servidores públicos y particulares, es la relativa a la inhabilitación temporal, entendiéndose está como la fracción de tiempo en la cual se impide desempeñar empleos, cargos o comisiones, así como participar en las adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas que lleva a cabo la Administración Pública.

Según lo dispuesto en los artículos 78 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la inhabilitación temporal es una de las sanciones que se pueden imponer por la comisión de faltas administrativas clasificadas como graves, efectuadas tanto por servidores públicos1 como por particulares2.

Dicha temporalidad actualmente se encuentra supeditaba al tenor de ciertos criterios, en el caso de servidores públicos la pena oscila entre 1 y 10 años si la conducta no ocasiono un daño mayor a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)3, o en caso contrario dicha sanción se recrudece alcanzando hasta los 20 años.

En lo que respecta a los particulares, tratándose de persona física, la sanción se fija en un rango de 3 meses a 8 años y para personas morales de 3 meses a 10 años, independientemente del daño causado a la Hacienda Pública.

Recientemente, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se han presentado iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos jurídicos, tal como lo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, buscando en ellas incrementar los parámetros de la inhabilitación para incluso llegar a que la misma sea una inhabilitación definitiva o permanente, hecho al que la jerga nacional le ha denominado “Muerte Civil”.

Los alcances pretendidos por estas iniciativas de reformas, las cuales obran en discusión en el Poder Legislativo, pretenden instituir a la “Muerte Civil” como una herramienta contundente para inhibir y llegar a erradicar toda conducta indebida, proveniente tanto de servidores públicos como de particulares, se le concibe así como un medio más para combatir la corrupción y la impunidad, en este contexto surge el cuestionamiento, ¿La “Muerte Civil” garantiza abatir la corrupción en las Contrataciones Públicas?,

Esta interrogante cobra relevancia si tomamos en consideración que ellas son el escenario principal donde proliferan las prácticas corruptas sumamente rentables, debido a que los recursos con los cuales se hace negocio, son ajenos a los actores y aparentemente ilimitados; mismas que son alentadas por la impunidad y complicidad arraigadas en los distintos niveles de gobierno.

La presencia de este tipo de conductas han sido una constante en el acontecer nacional, respecto del cual existe consenso social en cuanto a su reprobación y  el anhelo de que sean sancionadas, sin embargo, resulta imprescindible mencionar que estudios criminológicos aseveran que el incremento de las penas o sanciones, por sí sólo, no es un mecanismo eficiente para evitar la consumación de las conductas infractoras, por lo que optar por el sistema sancionador que pretende inaugurar la “Muerte Civil”, lejos de propiciar un estado de derecho, se equipararía con el de una inquisición.

No es factible argumentar la existencia de un eficiente combate a la corrupción si únicamente nos enfocamos en establecer medidas punitivas cada vez más severas, mientras que desatendemos elementos esenciales como la eficaz y efectiva aplicación de la ley, la prevención y detección oportuna de los actos de corrupción, así como la eficiente y sobre todo legal, integración de los elementos de convicción que permitan de forma contundente, la actualización de la hipótesis infractora, y en consecuencia, la imposición de la sanción correspondiente.

Otro aspecto que destaca por su trascendencia, es el de la transparencia, ya que su procuración en el ejercicio de los recursos públicos, resulta fundamental para el combate a la corrupción, elemento que la actual administración federal considera como pilar fundamental de su gestión, no obstante, el mismo resulta francamente cuestionable si consideramos tan solo dos factores:

(i) Que el gasto de inversión para el ejercicio fiscal 2019 aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación es de 715 mil 566 millones de pesos, monto equivalente al 2.9% del PIB, del cual se tiene previsto ejercer aproximadamente un 51.8% en infraestructura, es decir, que más de la mitad del presupuesto en inversión se gastara en obra pública.

(ii) Que los criterios y justificaciones bajo los cuales se están llevando a cabo procedimientos de contratación bajo una modalidad de excepción a la licitación pública, encuentran su principal sustento, no en consideraciones técnicas o de seguridad nacional, sino bajo el amparo de una autoridad moral que se vuelve más un dogma de fe que un hecho comprobable, ejemplo de ello, es la adjudicación directa para la adquisición de pipas para la transportación de hidrocarburos como medida alterna de distribución debido al combate al huachicol y la invitación restringida para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, extendida a empresas extranjeras que los medios han tachado de tener antecedentes de sanciones por actos de corrupción en otros países.

Para plantear la aplicación de la “Muerte Civil” como un funcional instrumento para evitar y combatir actos de corrupción, primeramente se debe observar si dicha sanción genera una mínima reflexión en el sujeto que pretenda realizar una práctica corrupta que le haga reconsiderar la comisión de dicha conducta antijuridica, ya que al funcionario público que ha hecho fortuna derivada de actos de corrupción en contrataciones públicas, poco le importa ser inhabilitado de forma temporal o definitiva, ya que las afectaciones al arca pública –se ha dicho, son millonarias– y el beneficio generado para este, le permitiría vivir en unión de su familia durante generaciones.

Para un particular –persona física o moral– con poder económico, la inhabilitación no le preocupa tanto como a un servidor público, ya que, si llegase a estar inhabilitado, tiene la opción de constituir una nueva empresa, con el mismo personal e incluso utilizar las credenciales de experiencia técnica de la empresa inhabilitada para participar en las contrataciones públicas que convoque la Administración Pública.

Así, al tenor del marco expuesto, se identifica fácilmente un enorme riesgo que los realmente afectados con la imposición de una sanción del tipo “Muerte Civil”, sean aquellos funcionarios públicos ejecutores de mandatos y particulares cuyos recursos económicos no les permita acceder a una defensa de calidad ante los embates de una autoridad que únicamente busca sacrificar al “peón” para salvar al “rey”, ejemplos de ello tenemos varios y aquí se citan algunos de ellos por ser asuntos de trascendencia nacional, tal como lo fue el socavón que ocurrió en el Paso Express en Cuernavaca, Morelos, donde en vez investigar la responsabilidad derivada de la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado que conllevo al taponamiento del mismo y consecuentemente la filtración de aguas residuales debido a la ruptura de tubería, se optó por sancionar a los servidores públicos encargados de llevar los actos de la licitación que dio origen a dicho proyecto; o que tal el del financiamiento ilícito de una empresa brasileña en la campaña electoral de un candidato a la presidencia de la República Mexicana con la finalidad de obtener beneficios una vez instaurado en el poder, en el cual en vez de investigar a las personas que intervinieron en las gestiones para que esto fuera posible, se opto por protegerlas reservando información y sancionando a funcionarios de bajo nivel que se encontraban a cargo de la supervisión de la ejecución de contratos que dicha brasileña tenía celebrados con PEMEX, no obstante en ambos casos se informó a la opinión pública que se había logrado justicia al haberse sancionado a los responsables.

Otra vertiente a considerar como riesgo, en la implementación de una medida permanente como la que se plantea, es la que deriva de la forma en que actualmente las autoridades administrativas competentes llevan a cabo la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos resarcitorios, de responsabilidad administrativa y de evolución patrimonial, mismos que se llevan a cabo de forma totalmente disímbola dependiendo del ente de gobierno del que se trate, ya que a pesar de estar a casi dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas –19 de julio de 2017–,existen autoridades que fundan un mismo procedimiento bajo una concomitante e ilegal aplicación de la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas y la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; otras más optan por fundamentar procedimientos bajo preceptos normativos derogados, tal como es el caso del procedimiento para sancionar a licitantes o contratistas establecido en el Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismo que se opone al nuevo marco jurídico administrativo sancionador y por ende se encuentra derogado en términos de lo establecido por el Artículo Tercero Transitorio de la normativa general vigente en cita.

Es menester puntualizar, que los ilícitos que se cometen en nuestro país son sancionados conforme a las penas establecidas en un Código Penal, las cuales se caracterizan por ser todas temporales y acordes a la falta cometida, por lo que aun cuando las leyes sean generales abstractas e impersonales, toda sanción debe ser proporcional a la acción u omisión que se atribuye, luego entonces, la propuesta de implementar la inhabilitación definitiva resulta ser contraria a los principios que rigen nuestro sistema jurídico mexicano, pues con ello se transgrede en forma flagrante el Principio de Proporcionalidad consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se reitera que toda pena deberá ser proporcional al delito cometido y al bien jurídico afectado.

En este contexto se hace evidente que las reformas aquí señaladas no se encuentran debidamente planeadas, pues aún y cuando se llegara a reformar nuestra Constitución, dicha sanción definitiva quedaría sujeta a un control de convencionalidad en términos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que se encuentra adscrito el Estado mexicano.

Así, si tomamos en consideración, el cuestionable desempeño de los órganos que se encargan en primera instancia de la investigación e imposición de las sanciones administrativas y por el otro, la desproporcionalidad de la pena que representa la “Muerte Civil”, podemos colegir, que existe un enorme riesgo que al determinarse procedentes dichas reformas –en la manera en que están hasta ahora planteadas–, se perpetren flagrantes violaciones a derechos humanos y aberraciones en materia de impartición de justicia, así como se ocasione una disfuncional actividad en el combate a la corrupción, que más allá de ser una “medida ejemplar” para que los involucrados en contrataciones públicas se abstengan de cometer actos de corrupción, solo se ocasionaría una “cacería”, cuyas “presas” tendrán elementos suficientes para poder combatir mediante instrumentos jurídicos, los alcances de la anunciada “Muerte Civil”, entonces ¿no valdría la pena, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo recordaran que la medida más eficiente es la prevención?, optando por permear de transparencia toda actuación en el servicio público, por una verdadera y tangible aplicación de la normatividad vigente que integra el marco jurídico nacional, por realizar un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario en la investigación y acreditación de conductas ilícitas de los verdaderos responsables de actos contrarios a la ley, asegurando como mínimo la recuperación de los activos del Estado.

En resumen, dadas las consideraciones vertidas en el presente, no son necesarias nuevas figuras sancionadoras ni el incremento en la magnitud o severidad de las existentes, toda vez que eso implicaría ir más allá de lo previsto en el derecho punitivo, sino únicamente se requiere que las contrataciones públicas se lleven a cabo mediante los esquemas legales establecidos, al amparo de una integra justificación técnica, ambiental y presupuestal, cuyos actos previos, de ejecución y post conclusión, se desarrollen y se les dé seguimiento, con total transparencia acompañada de una rendición de cuentas debidamente justificada.

Academia de Contratación Pública de México, A.C.  06|Mayo|2019

Autor: Lic. Gustavo Sánchez Jiménez. Licenciado en Derecho por la Universidad ETAC. 

1. Cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información privilegiada, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.

2.  Soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de ex servidores públicos y los relacionados con beneficiar a candidatos de elección popular a cambio de una ventaja indebida a futuro.

3. $16,898.00 M.N., considerando el valor actualizado de UMA, para el ejercicio fiscal 2019, $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.). Consulta Abril 9, 2019. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

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¿Los testigos sociales son “figuras decorativas” o “alcahuetes”?

Calificar la figura y reputación de Testigos Sociales, con “dichos”, son expresiones de vituperio.

La figura del Testigo Social es un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se involucra a la sociedad civil en los procedimientos de contratación pública, cuya principal finalidad es minimizar riesgos de opacidad y corrupción. Esto se consigue mediante el seguimiento personalizado de los procedimientos de contratación de gran alcance económico o social y la emisión del testimonio que transparenta el actuar gubernamental.

Los Testigos Sociales, tienen una regulación específica en diversas leyes y reglamentos que norman las obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios públicos y las asociaciones público-privadas. En esta regulación se establecen los requisitos y procedimientos para su nombramiento, funciones y designación en cada procedimiento en que se requiere su intervención, así como las obligaciones y sanciones a que se encuentra sujeto.

El origen de las funciones del Testigo Social data del año 2004, fecha en que la Secretaría de la Función Pública emitió los lineamientos que le dieron origen a esta figura. Desde ese entonces ha sido una figura referente de transparencia en las contrataciones públicas, ya que fácilmente se puede documentar un sin número de casos donde el Testigo Social ha sido un referente de transparencia e inclusive de ahorros económicos a través de su participación, basta leer los diversos testimonios que se emiten por cada participación, llegando el caso que por su trascendencia y prestigio fue necesario elevar su función a rango legislativo.

El pasado 26 de marzo de 2019, el Presidente de la República, en una de sus conferencias matutinas, anunció que revisará la figura de los Testigos Sociales, pues a su decir, ha servido como “alcahuete” para legitimar contratos leoninos. En dicha conferencia señaló que por medio de la figura del Testigo Social ha habido mucha simulación, que se trata de ciudadanos expertos, aparentemente autónomos e independientes que avalan o legitiman contratos leoninos.

Agregó que son “figuras decorativas por decir lo menos, porque si decimos lo más, son alcahuetes y firman que está muy bien el contrato, que se ajusta a la política de desarrollo y que es bueno para el país, se cumple con ése requisito y adelante”. Así mismo aseveró que a los Testigos Sociales se les paga y cobran “es una especie de soborno, lo digo con todo respeto, no quiero generalizar, pero ya es tiempo de hablar con claridad las cosas”.

En este contexto, surge la pregunta ¿Los testigos sociales son “figuras decorativas” o “alcahuetes”?

Sin un afán de descalificar o generar una controversia en el tema, considero que para realizar una afirmación de la envergadura de la realizada por el Presidente de la República, debió conocer lo expuesto, por todos y cada uno de los testigos sociales registrados en el padrón**1 ** a través de los testimonios públicos que tienen la obligación de emitir en cada procedimiento de contratación.

Así pues, utilizando la frase “con todo respeto”, nadie puede afirmar que un Testigo Social es “figura decorativa” ni “alcahuete”, sin primero haber constatado lo expuesto en los testimonios sociales que se emiten, toda vez que de la lectura a estos documentos, que son públicos, cualquier lector puede corroborar que existen muchos testimonios críticos del actuar gubernamental, en los que no hay cabida para una manifestación como la vertida, y mucho menos, que lleven a presumir “simulaciones” o “sobornos”; por el contrario, fácilmente se puede identificar que la participación de los Testigos Sociales implicó mejoras en los procedimientos, ahorros considerables, y sobre todo se transparentaron los procedimientos en que se contó con su designación.

Con base en lo expuesto y para dar una respuesta concreta a la pregunta que nos ocupa, consideramos que los Testigos Sociales no son “figuras decorativas” ni “alcahuetes”, lo que podrá corroborar cualquier lector que se dé a la tarea de realizar un análisis concienzudo de los testimonios emitidos por dichos entes; sin dejar de considerar que pudiesen existir casos en que a juicio de un Testigo Social los procedimientos de contratación hayan sido correctamente desarrollados.

El Testigo Social es la única figura legalmente reconocida de participación ciudadana en los procedimientos de contratación pública, salvo en los casos de adjudicaciones directas, que no consideran su intervención y que en la mayoría de los casos existe una presunción de opacidad. Como ya se mencionó su función principal es transparentar los procedimientos de contratación, lo cual como una práctica internacional reconocida, es el mejor mecanismo para evitar la corrupción, ya que a mayor transparencia, menor opacidad.

En este contexto, la afirmación hecha por el Titular del Ejecutivo Federal, es una afirmación generalizada soportada en dichos abiertos, que tergiversan los hechos y otorga atribuciones que no son propias del Testigo Social. Esta generalización no deja de ser un vituperio a una figura que durante 16 años ha sido un referente de transparencia y de un efectivo ejemplo de participación ciudadana.

A manera de conclusión, consideramos que la figura del Testigo Social ha forjado un respecto y prestigio, de tal forma que la sociedad hoy conoce su función y le dan credibilidad a su actuar, por lo que se considera inviable, que se trate con semejante desprecio, a tal figura y se descalifique con palabras y afirmaciones tan pobres.

Acatando el postulado del Ejecutivo Federal, en el sentido de “hablar con claridad de las cosas”, sería interesante que la revisión que propone realizar a la figura del Testigo Social sea permitiendo su intervención en todos los procedimientos de adjudicación directa y de contrataciones públicas que actualmente se están realizando, y que tanto se le cuestionan, de tal forma que valore en situaciones reales, el actuar de los Testigos Sociales, esto si realmente busca consolidar que las contrataciones públicas se ventilen bajo rigurosa transparencia.

Autor. Dr. Roberto Zavala Chavero. 04 | 04 | 2019 Doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, A.C.

1. El Padrón de Testigos Sociales registrado en la Secretaría de la Función Pública, consta de 7 personas morales y 38 personas físicas. Adicionalmente cada Estado de la República Mexicana, tiene su propio padrón para sus propios procedimientos de contratación.

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La adjudicación directa ¿es violatoria de la Ley?

El problema de las adjudicaciones directas.

Su legalidad resulta incuestionable, sin embargo, la satisfacción de los requisitos de procedencia, constituyen la parte medular para su lícita y transparente utilización.

La contratación pública es una actividad económica y un instrumento de gasto público, que está previsto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen en la Administración Pública, se llevarán a cabo, preferentemente a través de licitaciones públicas, o bien, por medio de procedimientos excepcionales, entre los que se encuentra la adjudicación directa.

La adjudicación directa está reglamentada a nivel federal en los artículos 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.

La adjudicación directa se define como el procedimiento a través del cual, las dependencias y entidades de la Administración Pública, otorgan directamente un contrato para la adjudicación de bienes o servicios, o la ejecución de una obra pública a un proveedor o contratista, sin que exista un proceso de competencia con otras empresas.

En este sentido, la adjudicación directa, es un esquema de asignación de contratos contemplado en nuestra Carta Magna y la cual se encuentra regulada en las leyes secundarias, que debe cumplir de manera general los siguientes requisitos: i.- Que las empresas cuenten con capacidad de respuesta inmediata; ii.- Que cuenten con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios suficientes para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los bienes, servicios o trabajos que se le encomienden, y iii.- La adjudicación directa debe estar fundada y motivada en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó el análisis de 700 mil procedimientos de compras públicas del gobierno federal de 2012 a 2017, señalando en el "Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas", que siete de cada diez contratos firmados, fueron asignados mediante adjudicación directa, lo cual asegura dicho Instituto, es un indicativo de que las dependencias abusan de la utilización de dicha excepción y la usan como una regla general versus la licitación pública.

En este sentido, la Auditoria Superior de la Federación, en sus reportes anuales de las cuentas públicas, comúnmente realiza observaciones respecto del uso de adjudicaciones directas sin que se cuente con el expediente correspondiente en el que se acrediten los requisitos que las leyes marcan para su procedencia.

Actualmente, es frecuente en los diversos medios de comunicación, observar noticias u opiniones editoriales que cuestionan y critican fuertemente las adjudicaciones directas que el actual gobierno está utilizando, como medidas emergentes para solucionar las problemáticas que está enfrentando, a manera de ejemplo podemos señalar los casos de las adjudicaciones directas de medicamentos, de pipas para transporte de gasolinas, de bancos para los programas de asistencia, entre otros.

En este sentido, surge la interrogante que motiva el presente: la adjudicación directa ¿es violatoria de la Ley?

Con base en lo expuesto hasta aquí, resulta claro y evidente que la adjudicación directa es un procedimiento que está previsto en la normatividad, por ende no puede ser cuestionada su legitimidad, resultando obvio que el uso de estos esquemas por parte de las dependencias y entidades no contraviene ninguna disposición; sin embargo, ésta afirmación no es tan simple si consideramos que la propia normatividad establece requisitos que se deben de cumplir para su procedencia, porque la ausencia de su conocimiento genera suspicacia respecto de su utilización.

Así pues, si bien la adjudicación directa es un procedimiento válido y reconocido por la normatividad, este procedimiento está condicionado a cumplir con diversos requisitos sin los cuales no puede considerarse válido, a saber son los siguientes: i.- Acreditar que las empresas a quien se les adjudicó un contrato directamente cuentan con la capacidad de respuesta inmediata; ii.- Acreditar que las empresas seleccionadas cuentan con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios suficientes para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los bienes, servicios a realizar, y iii.- Soportar en un dictamen o escrito, por parte del responsable correspondiente, las razones fundadas y motivadas que se tuvieron para la adjudicación directa, apoyado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. La ausencia de cualquiera de estos requisitos hace cuestionable la procedencia del procedimiento de adjudicación directa.

La historia nos ha enseñado que existe un uso excesivo de las adjudicaciones directas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como que dichas adjudicaciones incumplen los requisitos legales necesarios para su debida procedencia; bien sea porque no se encuentran los documentos que acrediten tales requisitos, o bien encontrándolos, adolecen de la debida fundamentación y motivación que soporten su validez, tales son los casos recientes de la adjudicación del contrato para la adquisición de las pipas de transporte de gasolinas y de los paquetes de infraestructura marina en sonda de Campeche, que no cuentan con la dictaminacion para su procedencia. Esta situación opaca los actos de la contratación y por lo mismo, válidamente hace presumir posibles actos de corrupción, favoritismo o tráfico de influencias.

Si consideramos que la regla general para la adjudicación de contratos públicos es la licitación pública, el uso del procedimiento de adjudicación directa, al romper la regla lo hace cuestionable, si a ello agregamos el hecho de que no se cumplan debidamente los requisitos legales que se exigen en su utilización, doblemente será sujeto a un escrutinio, toda vez que necesariamente nos llevará a cuestionar la falta de transparencia. Es por ello que resulta altamente recomendable sugerir que cuando se utilice este procedimiento de excepción se tenga un verdadero cuidado en el cumplimiento de la ley, de tal forma que se evite la opacidad y se permita el acceso libre y oportuno a la información, aspecto que sin duda fortalecerá la rendición de cuentas de los recursos públicos a que todo gobierno está obligado. 

En opinión de la Academia de Contratación Pública de México, A.C.

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¿Cuáles son los riesgos inherentes al conflicto de intereses en las Contrataciones Públicas?

Situaciones que se persiguen salvaguardar 

Ademas de constituir una posible falta o ilícito, contribuye a la realización prácticas desleales de competencia, que pueden llevar a la monopolización de ciertos sectores; pero tampoco un estigma debe coartar el libre ejercicio de una profesión lícita.

Hablar del conflicto de intereses implica la necesidad de abordar diversos conceptos, sin embargo, el enfoque que nos interesa comentar aquí es en el ámbito referente a las contrataciones públicas. Con esta vertiente, el conflicto de intereses ha sido considerado desde un estricto interés personal y desde un ámbito institucional; el primero entendido como: “aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal”.1 

El conflicto de intereses  desde el ámbito institucional, lo define actualmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas como se indica a continuación:

“Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Luego entonces, conociéndose  que los procedimientos para llevar a cabo contrataciones públicas, al igual que su formalización y ejecución, se efectúan mediante la necesaria participación de servidores públicos, quienes actúan en el desempeño de las facultades y atribuciones conferidas en diversos ordenamientos normativos, se hace imprescindible que dicha intervención se lleve a cabo libre de toda filia o fobia.

Laborar en el ámbito de las contrataciones públicas implica poseer un conocimiento experto en diversos aspectos y prácticas comunes utilizadas en el mismo. Quienes ya desempeñaron un cargo público vinculado a dichas contrataciones, se entiende que robustecieron sus conocimientos previos pues, al participar al interior de una institución, empresa u organismo, conocieron, no sólo conceptos teóricos, sino la forma concreta de operación del sector al que se perteneció, así como las contingencias cotidianas que se presentan, los alcances de las revisiones que realizan y los criterios de operación que les rigen, resoluciones procedentes o improcedentes, etc., en resumen fortalezas y debilidades de dicho sector; riquezas todas que son inherentes a la persona física y que al cerrarse el ciclo laboral del servicio, se llevan consigo.

El conflicto de intereses en el ejercicio del servicio público y particularmente la participación de quienes se desempeñan en contrataciones públicas realizadas bajo los esquemas tradicionales, o bien, siguiendo los esquemas particulares diseñados por los sectores correspondientes a energía e hidrocarburos, ha sido duramente criticado a últimas fechas, tachándose dichas conductas desde “corruptas” o al menos “inmorales”, lo que se puede constatar con las declaraciones realizadas a medios de comunicación, entre ellas, el caso de Pedro Aspe Armella, el cual se desempeñó como Secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien mediante una carta contestó los señalamientos que lo hicieron ver como alguien que una vez concluida su función en el servicio público federal, comenzó a trabajar en el Consejo Directivo de empresas nacionales y transnacionales en el sector energético, creándose así un supuesto conflicto de interés, dado que su asesoramiento en tales empresas les privilegiaba para la obtención de mejores resultados en los concursos en que participaban. (Entre los medios que difundieron estas noticias se encuentran: El Universal, El Heraldo, ADN Político, etc.).

Otro caso es el de las declaraciones realizadas por el Comisionado Presidente de la CRE -Comisión Reguladora de Energía-, Guillermo García Alcocer, quien el pasado viernes 15 de febrero, salió a dar explicaciones que contradicen el señalamiento hecho por el titular del Ejecutivo Federal, referente a que su actuación en dicho órgano autónomo se realiza pese a la existencia de conflicto de intereses. (Entre los medios que difundieron estas noticias se encuentran: El Universal, Animal Político, Aristegui Noticias, etc.). Las actuaciones posteriores y la intervención de instituciones públicas como la Secretaría de la Función Pública y Hacienda, además de resultar lamentables, ha dado un tinte político al tratamiento del presunto conflicto de interés, motivo por el cual no resulta de nuestro interés ahondar en tal vertiente.

Fuera de la certeza de la información difundida, o incluso de la comprobación de hechos que pudieran resultar motivo para la imposición de sanciones por las autoridades competentes en los casos citados, es importante identificar ¿cuáles son los riesgos inherentes al conflicto de intereses en las Contrataciones Públicas? Innegablemente como se ha mencionado ya, el conocimiento que se adquiere en el ejercicio del encargo que se desempeñe en el servicio público, convierte a esa persona en su individualidad, en un experto conocedor en los temas que tenía bajo su mando en el ejercicio de las funciones desempeñadas. 

En este contexto, los riesgos que se observan en conflictos de intereses en las Contrataciones Públicas, es que justamente los conocimientos pormenorizados, adquiridos con motivo de las funciones desempeñadas en el servicio público, sean transmitidos o puedan darse a conocer a unos cuantos interesados en participar en alguna contratación, por motivos de amistad, por la obtención de una remuneración, por la materialización de algún beneficio para familiares o conocidos, y eso coloque a los receptores de dicha información en participantes de contrataciones con ventaja manifiesta en relación al resto de los concursantes que no tienen acceso a tal información, siendo evidente que al ser conocedores de un sin fin de particularidades internas, el resultado más probable es verse favorecidos en el procedimiento de contratación en que participen, sin que necesariamente el contrato se adjudique a aquél que represente la mejor opción para el Estado, sino aquél que mediante la manipulación de información obtuvo inmerecidamente la asignación de un contrato público.

Yendo más allá, además de ser prácticas desleales de competencia, se puede llegar a la monopolización de los sectores, e incluso a una nula competencia, lo que les brinda a los contratistas la clara posibilidad de tener en su poder el control de los precios y condiciones en que ofertan los bienes o servicios al Estado, traduciéndose en un severo riesgo de que los recursos económicos que se dispongan sean insuficientes para la atención de las necesidades requeridas.

Es importante referir que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, prevé mecanismos que pretenden establecer mayor control y vigilancia en el desempeño de las funciones de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas, entre ellos está la creación de un protocolo de actuación en contrataciones a implementarse por las Secretarías de Estado y los Órganos Internos de Control, así como la supervisión de la ejecución de tales procedimientos de contratación para descubrir anomalías. El protocolo ya se encuentra operando 2  y las supervisiones, se deduce que se están realizando por el contenido de las declaraciones realizadas a medios de comunicación; la eficacia de sus resultados, desde luego será motivo de una futura evaluación.

Finalmente, se debe hacer mención que nuestra Constitución salvaguarda el derecho al libre ejercicio de desempeñar la profesión, industria, comercio o trabajo que nos acomode, siendo lícitos -Artículo 5o.-; entonces, respetando el Estado de Derecho que toda administración pública debe pugnar porque prevalezca, se deben crear herramientas más eficaces que prevengan o permitan identificar oportunamente cuando el desempeño de las funciones de un servidor público se encuentren viciadas por un conflicto de intereses, a efecto de denunciarlo oportunamente y previa acreditación plena de que dicha conducta fue inapropiada o ilícita, sancionarla en términos de ley; pero también se debe permitir, el libre ejercicio de actividades sin estigmatizar o desprestigiar a aquellos servidores que han tenido un desempeño acertado y libre de corrupción y que por el sólo hecho de emitir opiniones contrarias a una ideología son atacados con la fuerza del Estado, a través de mecanismos burdos de acusación. 

1. Criterio emitido en una Tesis Aislada de la SCJN, identificada bajo el rubro  INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA, localizable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=conflicto%2520de%2520inter%25C3%25A9s&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=196&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2007385&Hit=60&IDs=2012320,2012024,2011894,2011653,2011365,2011176,2011191,2011206,2011271,2011050,2010408,2009861,2009674,2009283,2008333,2008253,2007709,2007456,2007479,2007385&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

2.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196367/Protocolo_versi_n_integrada_28-feb-17_v2.pdf

En opinión de la Academia de Contratación Pública de México, A.C.

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¿En dónde está el Principio de Presunción de Inocencia en el Servicio Público?

El peligro de la ausencia del principio de la Presunción de Inocencia.

La presunción de inocencia depara un derecho irrenunciable para los ciudadanos, incluidos los servidores públicos, que debe ser respetado por cualquier Estado Democrático.

El “Principio de Presunción de Inocencia” garantiza que toda persona acusada de una falta o un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

De acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un principio contenido de manera implícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica que el acusado no está́ obligado a probar la licitud de su conducta y no tiene la carga de probar su inocencia, ya que es a la autoridad acusadora a quien incumbe probar los elementos del delito y de la culpabilidad; principio que resulta aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores dada su naturaleza.

Por otra parte, se denomina “Servicio Público” a la parte de la actividad de la administración pública encargada de llevar a cabo las actividades de carácter general, con el fin de satisfacer necesidades de interés general; este concepto, se encuentra asociado con otros, como es el caso de los “Servidores Públicos”, los cuales se definen como:

“El Servidor Público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la naturaleza de la reacción laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.”

En este tenor, los servidores públicos encargados de prestar el “Servicio Público”, son sujetos que al igual que cualquier ciudadano mexicano, gozan del “Principio de Presunción de Inocencia”, por lo que para el ejercicio de su función gozan de las garantías que otorga nuestra Constitución  y en consecuencia cualquier autoridad está imposibilitada de afectarlos en su libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, incluyendo los Derechos Laborales.

El “Principio de Presunción de Inocencia” por su parte, impone  a la autoridad obligación de considerar a cualquier sujeto “Inocente” por la falta o delito que se le impute, así como llevar un Juicio en el que se acredite, mediante pruebas fehacientes, su culpabilidad, sin que se le pueda exigir a este último una actividad probatoria encaminada a hacer prueba de su inocencia.

En días recientes hemos escuchado una y otra vez, en diversos medios de comunicación, que existe un gran número de servidores públicos corruptos, que han llevado a cabo acciones en perjuicio del Estado, por lo que la sociedad exige la implementación de acciones para que sean sancionados. 

A manera de ejemplo, tenemos el caso de la denominada “Estafa Maestra”, en la que presuntamente altos funcionarios de Petróleos Mexicanos formalizaron 25 convenios irregulares con universidades y empresas fantasmas durante el periodo del 2012 al 2018, donde el Gobierno Federal es cuestionado sobre las sanciones que se han aplicado. Razón por la cual el presidente declaró que tres servidores de esa empresa productiva del estado, fueron separados de sus cargos, ya que no se va a tolerar ningún acto de corrupción:

“El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y con la impunidad, y es cero corrupción y cero impunidad. No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”

Tal decisión nos hace preguntar si basta con una sola declaración presidencial para extinguir derechos laborales, o más aún, si es suficiente una exigencia periodística o social para privar a un funcionario público de su trabajo; ¿qué no se debe de seguir un proceso judicial para afectarle en su esfera jurídica? así pues ¿En dónde está el principio de presunción de inocencia en el Servicio Público?.

 Evidentemente, en el ejemplo que exponemos, existe una completa ausencia de Principio de presunción de inocencia en el Servicio Público y en el caso particular para los servidores públicos de Petróleos Mexicanos que fueron separados de sus cargos, ya que la simple declaración, aunque sea presidencial, no basta para que opere la separación ordenada, es decir, el Ejecutivo Federal no puede prejuzgar, en atención al principio que comentamos, la culpabilidad de dichos servidores públicos, hasta en tanto demuestre a través de las pruebas correspondientes, fuera de toda duda razonable y dentro un juicio o procedimiento, tal culpabilidad.

 El no respetar el “Principio de Presunción de Inocencia” del cual goza todo ciudadano mexicano, incluidos los Servidores Públicos, implica una transgresión al “Estado de Derecho”, aspecto que nos puede llevar a un autoritarismo por parte del Gobierno, sacrificando la sana deliberación, el debate racional y la autocrítica de las políticas públicas a las liviandades, ligerezas y caprichos de quien eventualmente ocupa la cima de su ejercicio, contrarias a cualquier democracia.

 Actualmente pareciera que cualquier servidor público, por el solo hecho de serlo, goza de un estigma de corrupción y de “Presunción de Culpabilidad”, por lo que ante cualquier acusación que se le impute, por absurda que parezca (inclusive anónima), este debe acreditar mediante pruebas fehacientes su inocencia. Esta situación no puede ser permitida en cualquier Estado Democrático, ya que por sí misma lleva a la desconfianza, la falta de prestigio y al deterioro del propio Gobierno y, más allá, al repudio social de las personas que en principio están para servirle; este razonamiento soporta la necesidad de que el “Principio de Presunción de Inocencia” exista en nuestra Constitución, cuidado en no respetarlo.

En opinión de la Academia de Contratación Pública de México, A.C.

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¿Qué pasa con las subastas eléctricas?

Inconvenientes que se propician con su cancelación.

Es sabido que previo a la Reforma Energética y a la modificación del régimen de la Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado, CFE era el exclusivo vendedor de  energía eléctrica; posterior a la citada reforma, se implementaron las licitaciones de subastas eléctricas como mecanismos que permiten la participación de empresas privadas, para competir con CFE, presentando ofertas de venta para satisfacer la demanda de compra. Es necesario mencionar que tales procedimientos no se desarrollaron conforme a los canales de contratación ordinarios, sino conforme a los parámetros determinados en las llamadas “Bases de Licitación” emitidas por el Centro Nacional de Control de Energía – CENACE – , que atendieron lo señalado por la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento. 

Luego entonces, las subastas eléctricas las podemos identificar como un mecanismo diseñado para comprar energía eléctrica a precios altamente competitivos en el mercado nacional e internacional, sin la participación de recursos gubernamentales; teniendo como propósito paralelo que, a través de energías limpias, la generación de energía eléctrica dependiera cada vez en menor medida de combustibles fósiles. 

La realización de dichas subastas (a partir del año 2015), detonó la inversión de las empresas que resultaron adjudicadas, para el desarrollo y construcción de las Centrales Eléctricas comprometidas para el cumplimiento del contrato, que en cada caso les fue asignado. 

El incremento en la nueva capacidad de generación de energías limpias, contribuiría a dar cumplimiento a las metas adquiridas por el país en materia ambiental, relativa a llegar a contar en el año 2024 con el 35% de la generación de energía proveniente de fuentes energéticas verdes. 

Tan solo con los resultados obtenidos en la Subasta 2017 (que fue la última concluida con la asignación de contratos), se cubrió el 90.2% de la oferta de compra de Energía, el 97.8% de la oferta de compra de Certificados de Energías Limpias (CEL) y el 41.9% de la oferta de compra de Potencia, siendo estos los tres rubros que se adquieren con la realización de las Subastas Eléctricas. 

En este contexto, las noticias recientemente divulgadas acerca de la cancelación de las subastas eléctricas, dada a conocer por CENACE, en cumplimiento de la instrucción emitida por la actual titular de la Secretaría de Energía, así como la cancelación de las megalíneas de transmisión de corriente directa en alta tensión (HVDC), refiriéndonos a la proyectada para el Istmo de Tehuantepec – Ixtepec, Oaxaca, a Yautepec-Morelos –    y la de interconexión entre el Sistema Eléctrico de Baja California y el Sistema Interconectado Nacional, coloca en tela de juicio la forma en que la presente administración dará satisfacción a los requerimientos de energía de nuestro país.

Al hacerse del conocimiento público la cancelación de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018, todos nos preguntamos ¿Qué pasa con las subastas eléctricas?, ¿cuáles fueron las razones o los resultados que se observaron para determinar su cancelación?, ¿cuál será el papel en el que quedarán las empresas que han detonado inversión en nuestro México, para el desarrollo y construcción de las Centrales Eléctricas?, ¿cuál será el destino de la energía que se obtenga en dichas Centrales Eléctricas?, ¿se continuará permitiendo a los particulares la venta de energía?,  ¿cuál será el costo en que se llevará a cabo la venta y adquisición de energía?, ¿qué procedimientos se instrumentarán para su adquisición?, ¿se encuentra en investigación y comprobación actos de corrupción relacionados con estas subastas eléctricas?, ¿se han denunciado ilícitos cometidos en el desarrollo de dichas subastas? e inclusive si aún se considera implementar mecanismos para cumplir el compromiso de generación de energías provenientes de fuentes limpias; sin embargo, entre las pocas respuestas proporcionadas es la referente al cambio de administración, justificando la suspensión con el argumento siguiente: 

“en tanto se lleva a cabo la revisión de los objetivos y alcance de la subasta por los entes involucrados”, y posteriormente simplemente vino la instrucción de su cancelación. 

Volviendo entonces a la interrogante planteada ¿Qué pasa con las subastas eléctricas?, la interpretación que damos, es que como en otros rubros, se está descalificando lo realizado en administraciones anteriores por este sólo hecho, interrumpiendo así la continuidad de los desaciertos, lo que es plausible, pero también la continuidad de aquello que ya se está ejecutando, lo que resulta lamentable; que se está viviendo una curva de aprendizaje que evidencia los pormenores y sin sabores que conllevan las atribuciones conferidas a cada área de gobierno; que no se tenía dimensionada la envergadura de las decisiones a tomarse; sin embargo, de todas y cada una de estas circunstancias no es culpable el pueblo de México y los poderes en turno – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – tienen la obligación de dar atención a todas y cada una de las problemáticas que se enfrentan en forma oportuna, eficaz y efectiva, mediante la toma de decisiones de un gobierno incluyente, que considere las necesidades de personas de escasos recursos, de obreros o empleados, de profesionales altamente capacitados y especializados que en el desempeño de sus funciones cotidianas tienen en sus manos el conocimiento y la solución de muchas problemáticas, por la experiencia adquirida en los cargos desempeñados; pero también las de los empresarios e inversionistas, sin los cuales no será posible consolidar una economía estable y una mejor calidad de vida, para cada uno de quienes conformamos esta nación.

Las afectaciones que a corto plazo se visualizan con la cancelación de las subastas, es que en algún momento existirá desabasto de energía; que de impedirse la competencia, los costos de la energía necesariamente se incrementarán, impactando a todas las clases económicas y sociales de nuestro país, pero con mayor severidad a los que menos tienen; que por supuesto se seguirá dependiendo en gran medida de energías provenientes de combustibles fósiles; que México incumplirá los compromisos de generación de energía provenientes de fuentes limpias; que se desincentivará la inversión  para el desarrollo y construcción de las Centrales Eléctricas; que el desarrollo que se fomentó en diversos Estados de la República con tales inversiones se verá cuando menos disminuido en gran medida y que la derrama económica por todas las implicaciones de estos desarrollos desaparecerá. Se hace evidente entonces, que la mayor afectación no la tendrán los empresarios o inversionistas extranjeros, pues ellos enfrentarán pérdidas que los harán desconfiar de invertir nuevamente en nuestro país, pero buscarán la oportunidad de invertir sus capitales en otros rubros y países, la mayor afectación se aprecia para los nacionales, quienes adquirieron empleo de las empresas que resultaron adjudicadas en las subastas eléctricas, los propietarios de terrenos que dejarán de recibir el costo del arrendamiento de sus predios, los habitantes de las comunidades que proveían bienes y servicios, y por supuesto los consumidores de energía (una gran parte del país) que tendremos que pagar la energía en las condiciones en que provea la CFE. 

La atención de las necesidades de nuestro país en rubros prioritarios como el de la energía, debe planificarse, observando los errores cometidos en administraciones anteriores u otros países, implementándose estrategias que busquen hacer más eficiente el mercado eléctrico con base en este aprendizaje, pero primordialmente debe hacerse del conocimiento público el programa y las estrategias determinadas que se seguirán para su cabal cumplimiento, ante lo cual el mercado involucrado, las empresas, inversionistas y sociedad en general, podremos estar o no de acuerdo, hacer críticas, augurar futuros prometedores o catastróficos, pero todos tendremos conocimiento cierto del camino y fin que se persigue, lo que no es permisible, es detener acciones que se están ejecutando actualmente, cuando aún no se conoce el qué y el cómo se pretende transformar la realidad de este aspecto prioritario en la vida del país y de sus habitantes. El desarrollo energético no se debe frenar, pues su inercia implica la satisfacción de objetivos nacionales. 

En opinión de la Academia de Contratación Pública de México, A.C.

1. Centro Nacional de Control de Energía (2017) “Anuncian SENER y CENACE resultados preliminares de la Tercera Subasta de Largo Plazo”

2. CENACE (2019) [Comunicado]

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¿Cuál es la importancia de la transparencia en las contrataciones públicas?

                                  Importancia de la transparencia.

Etimológicamente la palabra transparencia proviene del latín transparentia, y este de transparentem, del participio presente de transparere, del prefijo trans (de un lado a otro) y de la raíz del verbo parere (que quiere decir “aparecer, comparecer”). En un sentido amplio representa la cualidad de claridad en una cosa u objeto y, cuando es referida a una persona su connotación denota honestidad.

La transparencia en las contrataciones públicas expresa que su gestión se caracteriza por la honestidad, la ausencia de cualquier mentira y que se encuentra libre de todo acto de corrupción, convirtiéndose por tal motivo, en el máximo principio a cumplir por parte de los gobiernos que las realizan.

En este sentido, la transparencia en las contrataciones públicas, se convierte en una de las principales herramientas del gobierno, para el combate de la corrupción, toda vez que es la manera más efectiva que se tiene para acreditar el destino final del dinero público y la correcta rendición de cuentas a los ciudadanos.

En nuestro país escuchamos día a día con más ahínco, voces que exigen al actual gobierno mayor transparencia en sus actos, sin que se encuentre respuesta satisfactoria ante tal clamor.

Para ilustrar tal hecho tenemos el caso de la compra de “pipas”, que el gobierno ha adquirido como parte de una “estrategia” para atacar el robo de combustible, sin conocerse la dependencia que las contrató, los importes erogados, la suficiencia presupuestal de los recursos utilizados y las razones que justifican las adjudicaciones directas y no mediante una licitación.

Así mismo tenemos el caso de las asignaciones a una institución bancaria como parte de una estrategia para el suministro de recursos de programas de asistencia social, sin conocerse tampoco, los montos erogados, las razones que se estimaron para su adjudicación, ni la legislación que se utilizó para su contratación.

En este sentido, surge el cuestionamiento de ¿cuál es la importancia de la transparencia en las contrataciones públicas?, para entender el porqué del clamor de la sociedad de exigirle al gobierno se rija con transparencia en las contrataciones que realice.

Con el objeto de brindar una respuesta, baste decir, que la importancia de la transparencia radica en hacer translúcida la actuación del gobierno en las contrataciones públicas, lo que conlleva a una clara rendición de cuentas del dinero público que se utiliza y la exposición pulcra en la toma de las decisiones. Contrario a lo anterior, la ausencia de transparencia implica opacidad en el uso de los recursos públicos y en la toma de decisiones, en consecuencia la actuación de los entes gubernamentales, necesariamente estará estigmatizada con la sombra de la corrupción.

Desafortunadamente la historia nos ha enseñado que cualquier gobierno que no actúa con transparencia fomenta la presencia de corrupción, y por ende, la falta de credibilidad a su gobierno, cuyas consecuencias son fatales para una sociedad que pretende ser democrática.

Cualquier país que pretenda establecer un efectivo sistema de combate a la corrupción en las contrataciones públicas, debe fomentar como principio máximo la transparencia en todos los niveles de gobierno, al ser ésta la forma más eficaz para erradicar la corrupción. 

En opinión de la Academia de Contratación Pública de México, A.C.

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¿Por qué es importante planear obras públicas?

Inconvenientes de falta de Planeación de Obras Públicas.

La planeación de las obras publicas no puede ser parcial, fragmentaria ni subjetiva, siempre debe buscar la justa dosis de detalle, pero sin perder de vista el conjunto de elementos que las conforman; una buena planeación, requiere de una serie tridimensional de equilibrios: i. Balance entre lo general y lo particular, ii. Balance entre lo cuidadoso y lo expedito y iii. Balance entre tradición e innovación. Estos equilibrios evitan los extremos, no por peligrosos sino por ineficientes, ello implica una constante revisión crítica de lo realizado en el proceso, contra lo faltante, de manera sistemática y concienzuda, siguiendo normas rigurosas pero aplicándolas con criterio práctico.

La planeación de obras públicas es un modelo de administración de la sociedad, una herramienta que debe tener el consenso público y voluntad política de adoptarlo y de respaldarlo, y con base en esto se decidirán los modelos parciales de entorno físico, de servicios, de infraestructura, ajustados en el tiempo y en el espacio.

Actualmente en nuestro país, se habla del desarrollo de obras públicas o proyectos de infraestructura que en el consenso están siendo muy cuestionables, ya que se dice obedecen a decisiones políticas y no a necesidades lógicas o razonamientos técnicos.

Estos cuestionamientos se traducen en preguntarnos de qué nos sirve una refinería cuando no tenemos el crudo que le abastezca, o bien, contar en el país con otras seis, con trenes de producción sub utilizados, amén de contradecir a todos los especialistas que manifiestan su desacuerdo.

Así mismo, es cuestionable que actualmente en el país se habla de la “necesidad” de construir un Tren Maya, que hoy por hoy no tiene identificado claramente su concepto a satisfacer, bien sea turístico, de carga o de pasajeros, y cuyos proyectos de inversión son equidistantes.

Estos ejemplos sirven para soportar justamente la interrogante de ¿por qué es importante planear obras públicas?

El no planear las obras públicas implica defender una necesidad incorrectamente identificada; autentificada por la sociedad a la cual debe de servir; perfectamente ubicada para satisfacer requerimientos específicos del tiempo y espacio propios, y dimensionada adecuadamente en el ámbito social, ambiental y económico.

Dada la trascendencia social, económica y ambiental que implica el desarrollo de una obra pública, cualquier decisión para su ejecución debe referirse al conocimiento preciso de las necesidades del pueblo, su prioridad, la conveniencia y oportunidad de atenderlas en ese momento, la modalidad exacta en que deben ser atendidas, con qué amplitud conceptual en el servicio y con qué escala, dimensión o alcance.

En la medida en que seamos capaces de entender y conocer esas necesidades, de ser sensibles a sus componentes sociales, realistas en su priorización y honestos en su calificación, tendremos un sano principio en el proceso de creación de una obra pública y en la elaboración del plan correspondiente.

En caso contrario y el no contar con una correcta planeación necesariamente, así lo dice la historia, nos llevará a tener obras públicas innecesarias o inadecuadas, inversiones improductivas, con costos hundidos y posibles desastres ambientales.

La mentalidad de improvisación sólo revela un gusto excesivo por lo cómodo, lo fácil; lo que se da rápidamente o ya no se consigue por el uso de la razón; mentalidad que en el desarrollo de las obras públicas nos llevará irremediablemente al fracaso o a tener infraestructura con un sin número de patologías que han sido evidentes en infraestructura sub utilizadas, con costos de mantenimiento impagables o simplemente abandonadas, para ejemplo, recordemos nuestra Estela de Luz.

En opinión de la Academia de Contratación de Pública de México, A.C.

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¿Qué pasa cuando se cancela una licitación?

El problema de cancelar licitaciones.

Últimamente a través de diferentes medios de comunicación se ha dado a conocer la cancelación de licitaciones de diversos proyectos u obras públicas, sin embargo, más allá de lo espectacular que puede ser la nota, o de las críticas que en su momento pudieran hacerse en pro o en contra, la pregunta necesaria es ¿qué pasa cuando se cancela una licitación?

Parecería que la respuesta es fácil, ya que simplemente puede entenderse que el Gobierno no va a realizar inversión en los proyectos u obras canceladas, sin embargo, el tema va más allá, sobre todo si pensamos que cada licitación en sí misma implica un proyecto de inversión, en el cual se requiere personal, materiales y maquinaria para su concepción, además de recursos económicos que funcionan como un motor en las diversas industrias de la construcción. Visto así, el primer efecto es la interrupción de inversión y por lo tanto la inmovilización económica de recursos.

Otro de los efectos, es la falta de desarrollo de la sociedad en aquél lugar donde se tenía planeado o prevista la ejecución del proyecto, esto en función de que el posible desarrollo que en su caso se podría brindar con motivo de la concepción de la obra, desaparece, truncando la expectativa de crecimiento planeada.

Finalmente el no tener esa infraestructura u obra, nos guste o no, tendrá un efecto dentro de los indicadores que marcan el grado de competitividad y desarrollo del país, ya que el no contar con dichos proyectos, con motivo de la cancelación de las licitaciones, imposibilitarán al país el cumplir con uno de los objetivos primarios para los cuales fue conceptualizado, que es la prestación adecuada de los servicios públicos.

Para estar en contexto imaginemos el caso de la cancelación de las líneas de transmisión de Baja California y de Tehuantepec, que se tenían programadas para interconectar la península de Baja California y de Yucatán, con el Sistema Eléctrico Nacional; ahora que se cancelaron tales licitaciones, se truncaron inversiones por casi tres mil millones de dólares, se imposibilitó el desarrollo de zonas que históricamente han permanecido aisladas, así como el arranque de un motor económico de inversión para el país y sobre todo se pone en riesgo el suministro de energía eléctrica en dichas zonas, así que en el futuro no nos sorprendamos por “apagones” que en su momento se sufrirán, principalmente en ésas áreas. Estos ejemplos los podemos reproducir en carreteras, en presas, hospitales, telecomunicaciones.

Así pues, antes de pensar en la cancelación de una licitación, es necesario recordar que el desarrollo de un país y el bienestar de su pueblo, depende del grado de desarrollo que se tenga en su infraestructura, por ello, tal decisión no puede ser producto del desconocimiento o de los vaivenes políticos, sino de un razonamiento bien planeado de cuáles fueron las razones que dieron origen a dicha licitación y cuáles las consecuencias de tal decisión.

En opinión de la Academia de Contratación de Pública de México, A.C.