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-President suck it in installments

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Campaña del terror, el último baluarte del modelo neoliberal

Parte 2 Desgobierno y campaña del terror

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. 

Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, 20 de Octubre 2019 

“Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general Director. Como lo demuestro: A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”.

Mario Rozas, general Director de Carabineros, Audio filtrado, 13 de Noviembre 2019

“Se le ha pedido en el plazo de 7 días al general Director un informe que dé cuenta de cómo la institución se hace cargo e incorpora los planteamientos y recomendaciones, así como también se hace cargo y se ha venido haciendo cargo de todas las denuncias, en materia de violaciones de Derechos Humanos, ese informe se lo pedimos en el plazo de 7 días al general Director”.

Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior, respecto al informe de Human Rights Watch, acerca de las violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante el Estallido Social, 26 de Noviembre 2019

“¿Te acuerdas cuando tenías 6 años? Hoy te están haciendo lo mismo. obligándote a que te tragues una nueva Constitución que no te va a hacer bien. Los mismos que te dijeron que venía la Alegría, 30 años después te contaron que llegaban tiempos mejores ¿Les vas a creer a los mismos que te mintieron toda la vida?”.

José Antonio Kast (PR), presidente Partido Republicano, Campaña del Rechazo, Twitter, 30 de Diciembre 2019

“Cualquier delito de tráfico de armas o de este nivel obviamente que al Gobierno le preocupa enormemente (…) Lamentablemente, en este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes, pero por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este la vamos a utilizar”.

Karla Rubilar, ex ministra vocera de Gobierno, Cooperativa, 20 de Febrero 2020

“Nos encontramos ante un hecho gravísimo, toda vez que estamos ante un delito con altas penas asignadas y que, indudablemente, afecta la seguridad pública, generando en la población, o en un sector importante de ella, el temor de ser víctima de un delito”.

Querella por Ley de Armas del Ministerio del interior, caso AK47, 25 de Febrero 2020

“Felicito a vanguardia, porque estos chicos no rompen, no destruyen, no queman, no agreden… ”

“Excepto la cara de Rafael Cavada, creo que eso está bien golpeada… ”

“No, pero sólo es cuando Uds… a nosotros nos tiraron piedras, yo tengo 2000 amenazas de muerte, me han llamado toda la semana para amenazarme de muerte, hice la denuncia en carabineros, pero todos saben como funciona la justicia en Chile, en Chile no hay justicia, así que obligado a andar con chaleco antibalas y le doy las gracias a sebastián y a todos los chicos de vanguardia y ATP, (...) porque en verdad que hoy día mi vida depende de ellos, gracias chicos, la marcha fue un éxito, voten rechazo, estamos de acuerdo con que suba el sueldo mínimo ahora, ahora, no en 10 años más, estamos de acuerdo con que suban las pensiones ahora, no en 10 años más, pero no queremos cambio de constitución, porque no queremos que Chile se vaya a la mierda”.

Loreto Letelier (UDI), ex candidata a diputada y organizadora marchas rechazo, interrumpida por Sebastián Izquierdo, Líder Capitalismo Revolucionario, tras marcha del rechazo, twitter, 8 de Marzo (8M) 2020

“Si, los vamos a matar a todos. Uds. empezaron una guerra, quemaron medio país, quemaron, no se porque tengo que repetirlo, quemaron 77 estaciones de metro, saquearon más de 2000 establecimientos, quemaron más de 150 supermercados, más de 300 establecimientos de comercios menores, teatros, etc… quemaron, quemaron, quemaron, rompieron, rompieron, rompieron, atacaron edificios del estado, atacaron edificios privados, atacaron nuestra institucionalidad legal, mandaron a 2000 carabineros al hospital, y esos son actos de guerra. Si Ud. quiere armar una guerra, Ud. tiene que estar preparado pa que le respondan la guerra y la respuesta, al menos de Capitalismo Revolucionario sigue siendo la misma. No fue un exabrupto no estaba, en el fragor de la marcha, de la pelea, es lo que pienso de antes y lo voy a seguir diciendo: los vamos a matar a todos, porque no merecen compartir planeta Tierra con el resto de los seres Humanos”.

Sebastián Izquierdo, Líder Capitalismo Revolucionario, twitter, 9 de Marzo 2020

“En el caso de la señora Campillay, de Gustavo Gatica, todos los antecedentes que hemos recopilado por iniciativa propia los hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público, pero no sabemos las circunstancias ¿por qué? Porque hay organismos de Derechos Humanos que le han sugerido a estas personas que no declaren frente a nosotros, entonces frente a eso créame que es muy complejo” (...) “Están identificados los que procedieron, no los que cometieron esa acción. En esos casos están todos identificados los que procedieron en el lugar, y están a disposición del Ministerio Público, son en algunos casos son 20 carabineros, 15 carabineros, todos están identificados y puestos a disposición del Ministerio Público”.

Mario Rozas, general Director de Carabineros, Comisión de DD.HH de la Cámara de Diputados, 12 de Marzo 2020

“Este sr. Sebastián Izquierdo ha hecho una apología de la violencia, ha hecho una defensa de la violencia, incluso ha hecho amenazas e incitación al odio, que nosotros creemos constituyen o podrían llegar a constituir delito. Por eso hemos venido acá, para hacer una muestra clara, de que la UDI, independientemente de donde la violencia se produzca, la está dispuesta a denunciarla y a pedir que se generen las investigaciones necesarias, para poder sancionar a los responsables que incitan al odio y que amenazan a los chilenos”.

Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Senadora y Presidenta UDI, presentación querella contra sebastián izquierdo por incitación al odio, 12 de  Marzo 2020

“Como ha ido quedando en evidencia, varias de las acusaciones formuladas contra nuestro personal, no fueron ciertas y, lamentablemente, contribuyeron a exacerbar los ánimos para construir un relato contrario a Carabineros. Como si de un día para otro, los Carabineros, formados para servir a la comunidad, nos hubiésemos transformado en opresores de la sociedad civil”.

Mario Rozas, general Director de Carabineros, 27 de Abril 2020

“Tengo autos con hombres armados, patrullando las calles de Santiago dispuestos a destruir a los que alumbran que viene el segundo estallido social… ¡Pura pera!”

Sebastián Izquierdo, Líder Capitalismo Revolucionario, youtube, 27 de Abril 2020

Campaña del terror, el autoritarismo disfrazado de cruzada democrática

El resultado de la afinidad programática de los sectores más reaccionarios de Chile, es la torpe y evidente campaña mediática del “rechazo” (o campaña del Sí 2.0), que busca empantanar el Proceso Constituyente en ciernes, sembrando el miedo y la confusión.

Sus partidarios, los mismos que por años se han opuesto a modificar la carta nefasta de guzmán y pinochet, hoy llaman a rechazar la creación de una Nueva Constitución pues, según han dicho, quieren “reformar la que ya existe”.

Aquellos que durante décadas han gozado con el autoritarismo patronal, que por medio de la represión estatal subyuga a los “rotos”, los peones descartables que viven en función de la economía, hoy nos llaman con todo descaro a no dejar que nos digan lo que tenemos que hacer.

A través de todos los medios, de los que además son dueños, nos han inundado con mensajes de caos e incertidumbre, amplificados por la crisis sanitaria actual, para justificar medidas dictatoriales de control social, tendientes hacia la tiranía tecno/biométrica, que muchos expertos ya señalan como el futuro postpandemia, y que más parecen aspiraciones pro autoritaristas.

En este ámbito, la propaganda del neoliberalismo, cuyo vehículo es el sistema establecido de comunicación social, juega un rol fundamental para “conducir” a la opinión pública, hacia el esquema mental que el poder promueve, implantando sus ideas en la masa irreflexiva,  ignorante y fácilmente manipulable, que según su desdeñoso concepto es la Ciudadanía.

El término “distanciamiento social”, fácilmente reemplazable por “distanciamiento físico”, constituye un claro ejemplo de cómo la “élite” busca encauzar comunicacionalmente nuestro pensamiento en pos de sus fines miserables, pues connota la disminución de las relaciones humanas, y por tanto el abandono de aquellos vínculos que implican el resurgimiento del entramado comunitario de antaño, que el Estallido Social de octubre resucitó con vigor implacable.

Comprendiendo las obvias necesidades sanitarias, la suspensión de aquellas actividades que nos permiten la socialización, en los escasos momentos de ocio con los que contamos, mientras las actividades económicas, incluso aquellas que no son esenciales siguen funcionando, reafirma esta interpretación.

Es decir, nos debemos alejar de nuestros familiares y amigos, pero no de los lugares en los que trabajamos. No podíamos, según nos decían de forma majadera, realizar el Plebiscito de octubre (que ya ha sido confirmado), pero sí viajar amontonados como ganado para ir a producir.

Debido, entre otras muchas cosas, a contradicciones como la anterior, la distancia que actualmente nos aleja del poder, profundizada tras 47 años de atropello e injusticia, a estas alturas ya no sólo es física, si no que también es política e ideológica.

Tanto el bajísimo nivel del debate de las instituciones del estado, como el pobre diseño y ejecución de las iniciativas públicas, tiene su origen en la retrógrada mentalidad de la élite, que además entra en conflicto con la realidad más cruda y descarnada, de lo que significa vivir en un país donde se comercializan incluso los Derechos Humanos más elementales. 

Sólo nos basta con el sentido común, que en Chile es el menos común de los sentidos, para descubrir sin mucho esfuerzo que los que pontifican en contra del cambio Constitucional, que según nos han dicho profusamente llevará al país a la ruina total, representan a quienes no quieren pagar impuestos, y creen que la carga fiscal es sólo para los pobres.

Quienes defienden a las AFP, un mecanismo criminal de control social que impone a los trabajadores un tributo forzoso, destinado a financiar a los grandes grupos económicos, a la vez que sume en abyecta miseria a quienes son sus contribuyentes. 

Los que abogan por el negocio de algunos, que a la manera de confundidos Robin Hood, al mismo tiempo que hacen gárgaras con la propiedad privada, desfalcan sin pudor los fondos de pensiones, robándose el dinero de los pobres (a través de diversos e intrincados medios) para dárselo a los ricos. 

Son los mismos que pregonan que Chile será como Venezuela o Cuba, y que buscan de forma majadera, distraer el foco de lo importante, en base a tonterías y mentiras, tal como ha sido la tónica del gobierno de cierto ex prófugo de la justicia.

La creación de un relato propio de guerra civil, no sólo sigue la misma línea, si no que es además una de las formas de atemorizar a las personas que la cleptómana élite neoliberal promueve más activamente.

Además es la justificación para la violencia institucional y civil, que se ejerce sin miramientos contra quienes se levantan en oposición al sistema socioeconómico cuantitativista, que a través de la fuerza pública y el matonaje callejero, oprime a una sociedad que ya no está dormida. 

Los ataques a sitios culturales, de memoria y DDHH y, la vandalización de símbolos del Alzamiento Social, son parte de esta misma estrategia en el ámbito simbólico, y por lo tanto constituyen un conjunto con las agresiones ejercidas contra las personas.

También lo es el planteamiento del disenso y la crítica en términos extremos, una discusión en blanco y negro, que excluye la argumentación, el diálogo y las nuevas formas de abordar los problemas de política pública, en favor de las maneras prepotentes del autoritarismo.

La declaración de guerra del presidente en contra de la Ciudadanía, consistentemente es una muestra de cómo el poder económico, que dirige a los gobernantes de Chile a la sombra de las leyes, desata la brutalidad cívico militar cuando ve amenazado el lucro que por años ha obtenido, a costa de abusar de quienes menos tienen, pero que financian las grandes fortunas con su dinero.

Acciones dignas de patria y libertad, perpetradas tanto por fuerzas especiales de carabineros como por los matones fascistas callejeros, entre otros los de capitalismo revolucionario, que la UDI acogió en su sede y contra los que  eventualmente se querellaría (como una forma de mantener las apariencias), han sido el complemento perfecto para la ridícula y apocalíptica alharaca de la “elite intelectual” de la derecha negacionista.

La violencia y el caos, muy convenientes para la mantención del statu quo y el establecimiento de una agenda represiva, son impulsados por medio de la llamada teoría de la “autodefensa”, según la cual quienes se sienten amenazados por las personas que reclaman sus Derechos, deben armarse para defender “lo suyo”, aún cuando esto implique disparar contra quienes marchan con las manos vacías.

Es en este contexto, que las diferencias clasistas de trato, tanto de los organismos de seguridad como del poder judicial, se agudizan, tornando cada vez más evidente, indignante e intolerable la ausencia de justicia e igualdad ante la ley, un principio básico de la democracia que no opera en Chile.

Mientras hoy, incluso en emergencia sanitaria, hay personas que siguen encarceladas por protestar, en toda regla presos políticos; los asesinos, violadores, mutiladores y torturadores de las ffaa y de orden (ejército, armada, fuerza aérea y carabineros), siguen libres y ejerciendo sus funciones habituales como si nada.

Mientras quienes desde la precariedad alzaron la voz contra este sistema cruel, fueron declarados un peligro para la sociedad, y permanecen en prisión preventiva, sin que haya condena en su contra, enfrentando querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado; los que desde el privilegio traficaron armamento de grado militar, sólo fueron procesados por la ley común, sin agravantes y con trato preferencial de parte de la institucionalidad.

El llamado “caso AK 47”, ocurrido a comienzos de 2020, en que un grupo organizado comercializaba estos fusiles de asalto, es uno de los ejemplos recientes más groseros de cómo en Chile, existe una justicia para ricos y otra para pobres. Aunque pareciera estar de sobra, es necesario señalar que si en Chile el porte y tráfico de armas comunes es ilegal, con mayor motivo lo es la compraventa de armamento de guerra.

Nos preguntamos, ¿Cuál podría ser el origen de dicho material bélico?

Sabemos, por supuesto, que no puede conseguirse en los supermercados, ni siquiera en aquellos que se ubican en el barrio alto.

No obstante, el vínculo del pinochetismo y la derecha más recalcitrante, con esta ilegal tendencia a armarse a la usanza militar, parece también relevante a considerar, sobre todo tomando en cuenta la afinidad de este sector con las instituciones armadas, que detentan la exclusividad en el uso de la fuerza pública.

Queda en duda si los beneficios procesales que favorecieron a estos delincuentes VIP, responden sólo al  estrato social del que provienen, o buscan también ocultar las conexiones que pudieran tener con las instituciones armadas, que han demostrado tener dificultades para comprender que los recursos públicos no les pertenecen.

Por el contrario, la relación entre los matones callejeros del “rechazo”, que nos recuerdan a los brigadistas de las campañas políticas, y una tienda como la UDI, no es una interrogante. 

Su  actuar violento y abiertamente delictual, no sólo ha sido contemplado en forma pasiva por fuerzas especiales (ffee) de carabineros, sino que además se ha permitido y alentado impunemente. 

“Efectivos”, cuyo proceder cuestionable y escandaloso no es el tema central en ningún matinal, escoltaron en múltiples ocasiones a este grupo de maleantes, mientras atacaban a las personas con sus bastones retráctiles. No es, sin embargo, la primera vez que carabineros resguarda a delincuentes.

Dicho comportamiento no es sorpresivo en absoluto, cuando su origen es una organización terrorista estatal como aquella, que cuenta con una serie de atentados incendiarios, montajes, golpizas, violaciones, torturas, mutilaciones, asesinatos, desfalcos y hurtos simples a su haber. 

Una institución que degrada y maltrata a nuestra Gente a diario, al mismo tiempo que vela celosamente por los intereses corporativos y lame con canino instinto la suela del poder, mientras realiza el equivalente institucional de mover la cola a su dueño, comiendo las míseras sobras que desde la abundante mesa, repleta con caviar y paté de jabalí, caen al indigno suelo del clasismo neoliberal. 

Una organización, cuyos crímenes de guerra en tiempos de paz constituyen un  conjunto detestable, vil, que nos sitúa en la cima de infames récords mundiales, a la vez que amplía el vergonzoso registro histórico del militariado en Chile, responsable de la muerte de más chilenos que cualquier potencia extranjera.

Crímenes irreparables de lesa Humanidad por los que exigimos justicia, por los que esperamos un castigo que vendrá, si no gracias a la justicia chilena, si al sistema penal internacional.

En un contexto tal, el notable abandono de deberes institucionales, consolidado como la manera preferente de manipular a la opinión pública, quiere crear la sensación de ingobernabilidad, para tener una excusa que autorice poderes extraordinarios y discrecionales, que finalmente son origen de los abusos de la autoridad, de manera similar a como lo es un machete en manos de un gorila. 

El caos navideño, la falta de medidas para encauzar el tránsito durante el Estallido Social, la nula reposición de semáforos, el caos del cambio de salas en la prueba de selección universitaria, y la filtración de las respuestas, cuya custodia además estaba en manos de la fuerza pública, son sólo algunos ejemplos de cómo la desidia oficial, ha derivado en la gestión deficiente del gobierno, cuya búsqueda mañosa y constante ha sido demostrar, valiéndose para ello de la propia incompetencia, que no contaba con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.

La meta era sin duda conseguir dichas facultades excepcionales, mientras continuaba llevando a cabo acciones totalitarias, perpetradas impunemente para, según se ha dicho, defender y cuidar la democracia, quebrantando para tal efecto el orden institucional y violando los Derechos Humanos.

Por supuesto el gobierno es responsable de dichos actos inaceptables, en que la represión tiránica de la disidencia, criminalizada de forma creciente y progresiva gracias al apoyo de la complaciente “oposición”, es sólo una faceta más.

Los personeros de derecha, que se proyectan en sus opositores, los califican de lo que en realidad los define a ellos, violentos, asesinos y golpistas. Cuidemos la democracia, dicen los que querían suspender el plebiscito, para perpetuar un sistema dictatorial.

Piñera, la Moneda a sueldo del mercado

No hay duda de que así como ocurre con los organismos vivos, cuando existe muerte cerebral, el cuerpo no funciona como debería. Tal es el caso del gobierno de Chile, que ha arrastrado al país al abismo, con tal de defender las utilidades de los grandes “capitalistas”.

Dicho comportamiento, ideológicamente normado por el “pensamiento” neoliberal, se hace evidente en tiempos de crisis, en que los conflictos de interés y la incestuosa relación entre política y negocios resultan mucho más visibles. 

Aquello se ha manifestado en la continuidad de la situación social, política y económica, que Chile arrastra tortuosamente desde la dictadura, hasta el presente. 

Repetida hasta la saciedad, como un mantra, la frase “hay que separar la economía de las violaciones a los Derechos Humanos”, es una constante, pese a que el establecimiento de las bases del llamado “milagro chileno”, no habría sido posible en un contexto democrático.

El gobierno, consistentemente, ha actuado con cada vez más descaro y alevosía, ya ni siquiera preocupado de mantener las apariencias.

La brutal represión del Movimiento Social, con métodos propios de los totalitarismos más nefastos, es una muestra más de que el experimento neoliberal chileno es antidemocrático y siempre lo fue, pese a que la propaganda de sus beneficiarios haya querido sostener lo contrario.

Aún peor, el sistema impuesto a nuestro país ni siquiera puede ser considerado capitalista, toda vez que para que así fuera tendría que existir libre competencia, equilibrio entre el poder económico y la sociedad (representada por trabajadores, consumidores y organizaciones sociales), libertad de información y de prensa, regulación de la economía y fiscalización de sus actores, además de redistribución de los ingresos públicos, todas condiciones que en definitiva requieren que el estado exista más allá de lo nominal.

El oficialismo al pretender sustentar el poder de la élite en la violencia, la crueldad y el terror, ha revelado de esta manera que estos representan los únicos recursos a los que la derecha puede acceder, carente de un nivel cultural, de civilidad y de sentido crítico, suficientes para sobrepasar la brutalidad, la visceralidad y la prepotencia.

Según parece, esta forma de actuar deriva de la interpretación literal de “El Príncipe” (tratado de Maquiavelo), que reafirma los valores feudales más absolutistas del latifundismo patronal contemporáneo, que no sólo están presentes en el gobierno, sino también en los círculos del poder económico.

Operando como complemento de esta visión, el conveniente ideal portaliano ha servido por largos años para justificar el autoritarismo de la élite, con la excusa de que el pueblo no está capacitado para ejercer los Derechos y deberes propios de la democracia, a causa de su “falta de virtud”.

Pese a ello, la ausencia de impersonalidad y probidad del oficialismo, sumados al nepotismo y los flagrantes conflictos de interés, han puesto en entredicho incluso esta monolítica y paternalista forma de entender el poder estatal.

Bruto, ciego y sordo, pero lamentablemente mudo no, la única respuesta del incompetente sebastián piñera, ha sido negarse a escuchar las legítimas demandas de la población, derivando el conflicto social hacia una agenda de seguridad, que criminaliza Derechos políticos elementales, como la manifestación y la reunión.

Su falta de voluntad para solucionar los “problemas reales de la gente”, en claro abandono de sus funciones, contrasta con la diligencia con la que ha impulsado reformas legales autoritarias y represivas, conjuntamente con la compra de nuevo material para reprimir a la población.

Considerado por la mayoría como el peor de la historia, su pésimo mandato, que en octubre contaba con una mísera aprobación de 6% (que probablemente ya haya alcanzado cifras negativas) y una estratosférica desaprobación (que se empina como la curva del covid), ha hecho gala de una impactante capacidad para indignar a todo el país.

Es en este contexto que el presidente, símbolo del corrupto modelo socioeconómico que nos rige, al ser puesto en evidencia respecto de su actuar reñido con la legalidad, por decirlo eufemísticamente, ha criminalizado como represalia a todos quienes se han manifestado en su contra, por ende en contra del modelo.

[lapizodioso]

Están haciendo una campaña del terror delirante y lo peor es que se lo creen ellos mismo. #campañadelmiedo #campañadelterror #izquierda #miedo #locura #exagerados #boric #kast2022 #terrorismo #araucania #zurdopobre #zorrones #elecciones2021 #chile #vivachile #chilezuela (en Santiago, Chile) https://www.instagram.com/p/CW4Rsn-tRxe/?utm_medium=tumblr

[perroberman]

Campaña del terror, el último baluarte del modelo neoliberal

Parte 1 Fundamentos del empleo del terror como herramienta política de la Derecha.

“El plebiscito del 25 de octubre se tiene que determinar si se hace o no se hace por razones estrictamente sanitarias. Lo que yo sí tengo una preocupación es que hoy cómo los distintos países están cambiando sus calendarios electorales. Es una cosa práctica, no ideológica. (......) todos saben que esta probabilidad existe, pero como que nadie se atreve a hablar del tema, porque se puede pensar que uno no quiere, y no. Lo que uno quiere es que ante la eventualidad cierta que sea imposible exista un Plan B conversado con anticipación. No a última hora”.

Andrés Chadwick (UDI), ex ministro del Interior (destituído), foro de Libertad y Desarrollo, 24 de Abril 2020

“El Congreso acordó un calendario constitucional que está vigente. Sin embargo, hoy día la prioridad es combatir la pandemia, que no sabemos cuánto tiempo se va a extender. Y, por lo tanto, en su minuto debemos evaluarlo, conversar republicanamente en función de la realidad sanitaria y lo primero, insisto, es cuidar la vida y la salud de las personas”.

Gonzalo Blumel (Evópoli), ministro del Interior, La Tercera, 25 de Abril 2020

“Yo pienso, estamos especulando, que quizás la recesión económica va a ser tan grande y va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, es un tema que quizás se va a volver a discutir, pero hoy día el calendario que tenemos es un plebiscito en el mes de octubre”.

Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, 26 de Abril 2020  

“No sé si vale la pena gastar esa cantidad de recursos si la crisis sanitaria se mantiene deslegitimando el proceso constituyente”.

Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Senadora y Presidenta UDI, T13.cl, 30 de Abril 2020

“Es muy importante que los ciudadanos sepan cuánto cuesta la democracia”.

María José Hoffman  (UDI), Diputada y Jefa de Bancada UDI, La Tercera, 6 de Mayo 2020 

“Es fundamental avanzar en un gran acuerdo. La incertidumbre que se ha instalado en el país requiere como nunca de generosidad. Sin estabilidad y señales claras de la clase política se profundizará más aún la crisis. La base de ese acuerdo debe ser eliminar el plebiscito de entrada, está absolutamente de más. Además, gastar una fortuna en el plebiscito, con la necesidad de recursos que tendremos que destinar para enfrentar la cesantía y otros gastos urgentes fruto de la pandemia, a estas alturas es una irresponsabilidad”.

Pablo Longueira (ex UDI), ex senador y ex ministro, Revista Capital, 10 de Junio 2020

Azotados por la pandemia global del corona virus, que ya ha cobrado la vida de muchos miles de chilenos, e intentando sostener una cuarentena de vital importancia para evitar que esta mortal enfermedad continúe su ritmo implacable de propagación, nos percatamos de que ha llegado el momento de enfrentar el virus también letal del neoliberalismo.

Hoy, a las puertas de un desastre sin precedentes, entendemos con mayor claridad que ayer, mientras somos testigos de la forma en que Chile ha enfrentado esta crisis, que para este sistema lo más importante es la economía de unos pocos, no la vida humana.

En el largo encierro, que muchos no han podido permitirse, porque de lo contrario hubieran muerto de hambre, comprendemos porqué el país que vio nacer este experimento siniestro, debe convertirse también en su tumba.

Este receso, en que observamos como el estado por su inacción ha abandonado a las personas a su suerte, mientras protege y fomenta el negocio de algunos, nos llama a reflexionar acerca de la relevancia capital que tiene crear una Nueva Constitución, para lograr los cambios que el país requiere.

Sabemos que los problemas en Chile no sólo son efecto de la pésima conducción del gobierno actual, sino también de las normas contenidas en la carta fundamental que nos rige, traje a medida del sistema neoliberal autoritario, cuya derogación es urgente desde hace más de 30 años.

El nuevo cuerpo normativo que eventualmente pueda surgir, debe cumplir el objetivo central de crear una política que tome decisiones a escala humana, que devuelva al Estado el rol que le corresponde como garante de los Derechos Humanos más elementales, y la fuerza necesaria para que no sea solamente un títere del mercado.

Comprender las amenazas que se ciernen sobre este proceso, las intervenciones extra electorales a las que pueda estar sujeto, es un deber ciudadano hoy cuando la resistencia consiste en no sucumbir a la pandemia.

Para lograrlo, y estar preparados cuando esta crisis de salud al fin llegue a su término, es de suma relevancia conocer la sarta de artimañas de la más abyecta naturaleza que ciertamente vendrán, con la finalidad inequívoca de distorsionar la voluntad democrática popular, fuente del poder constituyente originario.

La derecha y Maquiavelo, un amor imposible

Nicolás de Maquiavelo, quien nunca pronunció la famosa frase que se le atribuye, acerca de que “el fin justifica los medios”, señaló en su obra “El Príncipe”, que tanto la crueldad como el miedo y el terror, son herramientas políticas que pueden utilizarse para sustentar o permitir la llegada al poder de un gobernante.

Contrariamente a la forma en que la historia lo ha retratado, por muchos años fue un dedicado y comprometido funcionario de la república de Florencia, ciudad estado gobernada en ese entonces por medio de una democracia, que se caracterizaba por su alternancia en el poder, cautelosos límites a las potestades de los magistrados y una amplia participación por medio de asambleas populares.

No obstante, Todo cambió en 1512, cuando la poderosa e influyente familia Médici, uno de los poderes fácticos de la época, retornó al poder en la ciudad tras 18 años del gobierno popular que la había expulsado.

Acusado de conspirar en contra dicha dinastía, que adquirió su poderío a través del negocio de la banca y el comercio, y que ahora además contaba con el respaldo de las armas de la santa sede, Maquiavelo pagó con cárcel y tortura su convicción democrática.

“El Príncipe”, su tratado más famoso, que según se ha difundido ampliamente fue una forma de congraciarse con Lorenzo de Médici (el poder entrante), era en realidad una denuncia de los métodos malvados de los príncipes, quienes no tenían escrúpulos ni conciencia a la hora de consolidar su poder autocrático.

Considerado por muchos como un manual para tiranos, con “elogiosas” palabras para los gobernantes más retorcidos y brutales, buscaba en realidad educar al pueblo, advertirle de que no debe dejarse llevar por los caminos de la desidia política, ya que estos finalmente derivan en autoritarismo.

Para Maquiavelo, “Un pueblo capaz de hacer lo que quiere no es sabio, pero un príncipe capaz de hacer lo que quiere está loco”, refiriéndose a que una democracia en que los ciudadanos participan no será perfecta ni unánime, sin embargo siempre será mejor que una tiranía y un poder discrecional.

Habida cuenta de aquello que los hechos parecen revelar, la derecha chilena más recalcitrante no solamente tendría a “El Ladrillo” como libro de cabecera, sino también a este manuscrito del siglo XVI. Aún cuando en Chile no es solamente una familia la que dirige los destinos del país, esto no significa que quienes defienden los intereses de esta plutocracia, representen los de la mayoría.

Este sector, que históricamente ha despreciado tanto a los Derechos Humanos como a las humanidades, muy probablemente no tenga en cuenta el contexto en que la obra se escribió y publicó. Por esta razón, hay también una alta probabilidad de que muchos de sus personeros se sientan halagados por la irónica pluma del autor, como si de príncipes modernos se tratara. En Chile, Las evidencias que permiten apoyar esta interpretación, son en extremo abundantes.

Las poco agraciadas caras de la derecha ideológica chilena, un paseo por el inframundo de la reacción

Fiel a su básica, elemental, tosca y cavernaria forma de pensar, La derecha nunca ha comprendido el sentido figurado ni las ideas más elaboradas ni adelantadas. Este conglomerado, cuya prepotencia palidece frente a su ignorancia, no lee entre líneas ni interpreta adecuadamente los matices, sólo se queda en lo literal. Y no sólo nos referimos a las pobres y aspiracionales bases, que aún creen que la guerra fría no ha terminado, sino que también a la psicopática y narcisista élite, que pregona la guerra contra el marxismo internacional.

Dichos operadores políticos, que actúan para defender los intereses de los poderes fácticos, se presentan en tres variantes principales. Aquellos que integran núcleos más radicalizados, cercanos al pinochetismo, que por años se mostraron democráticos y “renovados”, los integrantes de la aristocracia más tradicional, cercanos al absolutismo feudal, y aquellos que representan al poder económico que surgió, tras el saqueo de la propiedad del estado y el empobrecimiento de la mayoría, gracias al modelo neoliberal.

En consecuencia, quienes abogan porque el sistema se mantenga, son delegados de partes interesadas.

Tanto de aquellos que se beneficiaron con el abaratamiento del precio del trabajo, el continuo y progresivo crecimiento de precios de bienes y servicios, y la cesión de derechos de uso de agua a título gratuito y perpetuo, como de quienes usufructuaron de la “compra” de empresas estatales a precios ridículos, oscuro proceso conocido como saqueo de la propiedad del estado.

También de los triunfadores del jaguar de latinoamérica, que se enriquecieron gracias al financiamiento, crecimiento y acumulación de capital, basados en la especulación bursátil, que se solventó con los fondos de pensiones de los trabajadores.

Por supuesto, de quienes hoy conforman el acaudalado 1% de la población, que no sólo concentra gran parte de la riqueza del país, sino que además recibe obscenas y escandalosas utilidades, gracias a la gestión de la élite política que emplea, lo que en definitiva sitúa a  este grupo minoritario, en la posición de quienes realmente gobiernan el país.

El mejor representante organizacional de tales cuadros, serviles y adeptos a dichos intereses,  que duda cabe (como decía longueira), es la ultraderecha ideológica clasista y fundamentalista, conformada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido Republicano (PR) y Evolución Política (Evópoli), junto a algunos de los integrantes más reaccionarios de Renovación Nacional (RN) y la Democracia Cristiana (DC).

Diversas estrategias, que nos conducen al mismo pantano, cuyas aguas estancadas e infectas, nos asfixian y oprimen. 

Mientras el partido republicano, se ha dedicado a incitar al odio, fomentar el negacionismo (en muchas de sus variantes), difundir falsedades por redes sociales (modelo Trump / Bolsonaro), y acercarse al conservadurismo religioso (a la manera de su símil estadounidense); Evópoli, la “nueva derecha moderna y liberal”, “defensora a todo evento de la democracia y los derechos humanos”, “que rechaza las formas represivas de la dictadura”, que por supuesto califica el periodo de pinochet como tal, y que llama a votar apruebo en el plebiscito, ha demostrado no ser nada de lo que pretendía, sino simplemente un grupo de fascistas “zorrones” y “onderos”.

De aquellos partidos, por supuesto el más relevante es la UDI, heredera de Jaime Guzmán, autor ideológico del adefesio constitucional ilegítimo que hoy nos rige, y cuyo cambio resulta apremiante, para construir un futuro mejor para todos.

La tienda, que corrió a firmar el llamado “acuerdo por la Paz”, al parecer como una forma de limitar el alcance del proceso constituyente, claramente no tenía dentro de sus cálculos que finalmente, gracias a la acción protagónica de la llamada "bancada femenina" (un grupo transversal de parlamentarias), se aprobara la paridad de género, la inclusión de pueblos originarios y la participación de independientes.

Consecuentemente, la UDI se opuso en todas sus etapas de tramitación, a que esta reforma se convirtiera en ley. Su férrea resistencia, precisamente a la democratización de la política por este medio, es sólo una muestra más de cómo este partido tiene lo demócrata sólo en el nombre.

A la vez que sus personeros se pronunciaban con ímpetu para señalar que el cambio sería un factor de intervencionismo electoral, que sería como “meter la mano a la urna”, nunca han dicho nada acerca del funcionamiento actual de las instituciones como el congreso, donde múltiples proyectos de ley han sido rechazados con 1/3 de la votación.

La razón para esta contradicción aparente, reside justamente en que es en su calidad de guardianes del cuerpo normativo autocrático del 80, que sus miembros conforman la élite del sistema político. Como tales, cuentan con impunidad en el ejercicio de sus funciones, pues en virtud de su amplio abanico de contactos de alto nivel y posibilidades de recaudación, son para la ley más iguales que los demás.

En consecuencia, el destino y futuro de la UDI está amarrado inevitablemente al de esta constitución, sin la cual está condenada a hundirse, pues es precisamente esta carta la que le otorga su poder de veto. 

La manera en que, a lo largo de este proceso de cambio, quienes quieren tener futuro en la eventual política post constitucional, han rehuido activamente a este partido (y al presidente) ha sido sumamente llamativa. En ese trance, sólo los integrantes de la derecha más retrógrada y reaccionaria, se han alineado con dicha tienda, que representa lo peor del infame sistema neoliberal (al igual que presidente). 

Sus motivos e intereses son afines, pues defienden y practican una forma de hacer política autoritaria, oligárquica y elitista, que en pos del usufructo propio, promueve comportamientos lejanos a la ética, como aquellos en los que la UDI ha incurrido profusamente.

Resulta evidente que quienes nunca han tenido escrúpulos, ni siquiera en las mejores situaciones (Quienes no tuvieron pudor, de pedir “el raspado de la olla”, pedir "asesorías" a integrantes de las industrias reguladas o de redactar leyes a pedido, impulsar perdonazos de impuestos desde el mundo privado y luego desde el público, o emitir boletas falsas, para recibir pagos de favores), no los tendrán ahora que ven en riesgo su cómoda y privilegiada forma de vida.

[perroberman]

Campaña del terror, el último baluarte del modelo neoliberal

Parte 4 Covid 19, un crimen silencioso

“No podemos seguir parando la economía y por lo tanto tenemos que tomar riesgos, y esos riesgos significan que va a morir gente”.

José Manuel Silva, socio y director de Inversiones LarrainVial, La Tercera, 8 de Abril 2020

“No podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre. Es muy complejo, y yo sé que nadie va a decir lo contrario: hay que poner la salud delante de la economía, pero la economía también trae salud, y una economía destruida también va a traer problemas de salud muy profundos”.

Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Emol.com, 16 de Abril 2020

“Vamos a hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto, hay varios componentes de él que son contrarios a lo que establece la Constitución. (...) Primero, porque afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho a propiedad; segundo, porque resulta inadmisible a nuestro juicio en atención que genera gasto para el Estado; y tercero, porque afecta el derecho a desarrollar actividades económicas”.

Juan Carlos Jobet, actual biministro de Energía y Minería, discusión proyecto de suspensión de pago servicios básicos en pandemia, Comisión de Energía del Senado, 16 de Abril 2020

“Esta nueva normalidad requiere de muchas medidas de parte de la autoridad, pero también de una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, con cuatro amigos, con distanciamiento social, con mascarillas, con lavado de manos y manteniendo esas medidas de cuidado personal y sobre todo de prevención”.

Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, 20 de Abril 2020

“En la medida en que más personas desarrollan inmunidad, la tasa reproductiva del virus cae violentamente: Porque el virus se encuentra con personas que, no, son capaces de defenderse y por lo tanto nosotros hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva”.

Jaime Mañalich, ex ministro de Salud y ex candidato a senador, 30 de Abril 2020

“Con la entrada en cuarentena de las 38 comunas, de las cerca de 427 mil empresas que operan en el sector, alrededor de 174 mil van a seguir funcionando, esto significa que poco más de 2,3 millones de trabajadores van a estar trabajando, de un total de un poco más de 5,6 millones de personas, es decir, va a haber mucha gente que va a seguir trabajando por el resto”.

Lucas Palacios (UDI, militancia congelada), ministro de Economía, 15 de Mayo 2020

“Hay una decisión país que debemos tomar, que debe ser con mucha transparencia, de cara a la ciudadanía (...) definir como país si es que vamos a concurrir con algún tipo de apoyo para facilitar el proceso de reestructuración de Latam, esa es la primera decisión, y eso es lo que como Gobierno hemos señalado de evaluar la conveniencia y la oportunidad para contribuir al proceso”.

Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Cooperativa, 26 de Mayo 2020

“Esto puede prestarse para malos usos, claro que sí, pero tenemos una combinación entre celeridad, para ir rápido en ayuda de las familias, con el riesgo de un eventual mal uso. Acá es fundamental apelar a la responsabilidad, pero tenemos todas las herramientas para verificar si una persona recibió ingresos y nos mintió, pero esperamos que nunca sea el caso y, de ser así, sancionar con toda la rigurosidad de la ley”.

Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Cooperativa, 15 de Junio 2020

“El protocolo fue absolutamente cumplido. El protocolo del ministerio de Salud dice que los ataúdes tienen que estar sellados, y ese... y los ataúd.... que tienen vidrio están sellados. Son, son ataúdes sellados, que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de contacto con las personas afuera, así que ahí quiero ser muy clara, se cumplió 100% el protocolo dado por el ministerio de salud”.

Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, refiriéndose al funeral de Bernardino Piñera, tío del presidente fallecido por COVID 19, en que se verificaron una serie de incumpimientos del protocolo sanitario, T13 AM (Canal 13), 22 de Junio 2020

“Entre las principales causas, que conducen a la destrucción o debilitamiento de las democracias, está el no respeto por la constitución y las leyes, o el pasar por encima de la institucionalidad vigente. Las instituciones y las reglas que rigen nuestro actuar, se debilitan paulatinamente si quienes ejercemos autoridad no asumimos con voluntad y sin ambigüedades el deber de respetar y hacer respetar la constitución. Por todas estas razones, además de utilizar todos los instrumentos que la propia constitución me otorga, para hacer cumplir esa constitución, en los próximos días convocaré un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con los que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones o proyectos de ley que debe considerar, de forma de evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra constitución”.

Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, 22 de Junio 2020

“Lo que estamos haciendo es definir cuáles son aquellos trabajos, aquellas funciones esenciales que van a estar incorporados dentro de las empresas que están habilitadas para trabajar durante este periodo, que básicamente son bienes y servicios de primera necesidad y toda su red de proveedores”. (...) “Estamos yendo en ese camino, no en definir un listado, un catálogo de aquello que implique bienes de primera necesidad o bienes esenciales, porque eso cambia en el tiempo. Las personas tienen distintas necesidades. Y lo que sí estamos trabajando, entonces, es a través de disminuir el número de trabajadores en la calle, el número de trabajadores que tengan que trasladarse a sus lugares de trabajo, (...) de tal forma de disminuir el número de trabajadores en situaciones de cuarentena”. (...) “Eso es lo que es realmente fiscalizable y controlable. No es controlable, fiscalizable y es difícil definir qué es lo que es un bien esencial. Hicimos ayer un levantamiento de política comparada en todas partes del mundo, y no hay ninguno que haya definido cuáles son los productos esenciales para despacho a domicilio”.

Lucas Palacios (UDI, militancia congelada), ministro de Economía, Mesa Central (T13 Radio), 24 de Junio 2020

“Vamos a enviar un proyecto de ley que establece en primer lugar, que las madres que estén en postnatal o que su periodo de postnatal se venza de aquí en adelante tengan acceso a la ley de protección del trabajo. Y en consecuencia, cuando se termine el periodo de postnatal, puedan acceder a los beneficios del seguro de cesantía. Y en este caso, el seguro de cesantía que les corresponde, más un adicional de un 5% y con un piso garantizado para todas las madres de 300 mil pesos mensuales”.

Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, 24 de Junio 2020

“Ayer visité el Hospital Luis Calvo Mackenna (...) y visitamos el laboratorio porque quisimos destacar que Chile ha hecho más de 1 millón de PCRs, es el país de latinoamérica que ha hecho más PCR por millón de habitantes, y además quiero destacar que la letalidad sigue baja”.

Enrique Paris, ministro de Salud, 25 de Junio 2020

“En una situación en que tenemos que ir en ayuda de la gente que lo necesita, voy a decirlo en forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no la necesitan”.

Andrés Allamand (RN), actual ministro de relaciones exteriores, respecto al retiro del 10% de los fondos cotizados (obligatoriamente) en AFP, Estado Nacional Prime (TVN), 28 de Junio 2020  

“Si bien el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados puede traducirse en una ayuda a quienes lo necesitan, tiene la distorsión de que los principales favorecidos serán precisamente quienes menos necesitan de la ayuda, haciéndolo claramente regresivo. Lo anterior deja en evidencia que el proyecto de retiro de fondos, a diferencia de lo que se ha intentado hacer creer a la opinión pública, no busca ayudar a las personas necesitadas, si no destruir el sistema previsional sin importar el costo que eso signifique para las personas y para el país”.

Comunicado AFP Habitat “Sobre el proyecto de ley del retiro del 10% de los ahorros previsionales”, distribuido a través de correos electrónicos de sus afiliados, 8 de Julio 2020

“Pero lamentablemente, la idea del retiro de fondos no es algo aislado en el último tiempo. Han surgido otras iniciativas que también atentan contra la institucionalidad, pasando a llevar nuestra propia Constitución y las reglas del juego que como país nos hemos dado. Ello no solo no ayudará a la ciudadanía a salir de esta crisis, sino que además pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país”. 

Carta “Aún es tiempo de rectificar el rumbo”, Firmada por presidentes de un amplio abanico de gremios empresariales, El Mercurio, 13 de Julio 2020

“Sería bueno entender además, y explicarle a la ciudadanía, cómo este proyecto, cómo esta moción, beneficia mayoritariamente más a quienes más tienen, eso que se llama una política regresiva, parece importante que quienes propician esta moción, sean capaces de aclarar este punto. Y es regresiva en dos dimensiones, la primera, es conocida, bien sabemos que quienes tienen mayores saldos en sus cuentas, y quienes van a poder hacer los mayores retiros, son también las personas de mayores ingresos, y que han tenido mayor estabilidad en su vida laboral, mayores empleos formales, etc. y esos son los trabajadores y trabajadoras que van a retirar los mayores montos en dinero, presidente. Eso es lo primero, pero lo segundo, y que parece realmente increíble, es que este proyecto contemple que esos retiros van a ser libres de impuesto presidente, libres de impuesto. Cuando hemos llevado años, debatiendo respecto a la progresividad del sistema tributario, parece increíble que sectores de la oposición, que han hecho de esto una bandera de lucha, propongan hoy día, una propuesta, una política que es de lo más regresivo que se haya conocido en los últimos años”.

Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, comisión de Constitución del Senado, 17 de Julio 2020

“La afirmación yo creo que se inscribe en el tenor de las caricaturas, que proliferan y que son tan abundantes en estos tiempos. Esta tentación de tratar de abordar un problema complejo, a través de una etiqueta. A través de los buenos, los malos, los que protegen a los poderosos, los que son protectores de los indefensos, me parece que no corresponden a la altura del debate, y respecto al proyecto mismo, (...) tiene mucho de etiqueta, pero tiene muy poco de bajada. Suena bien pero (...) propone una solución simplista a un problema que es complejo, (...) el impuesto a los súper ricos es una excepción al concepto internacional. De hecho los pocos países que lo han tratado, la gran mayoría de ellos lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque es difícil de fiscalizar, porque es caro de fiscalizar, porque recauda poco. Porque tiene una serie de definiciones que por lo pronto este proyecto no aborda ¿Va a gravar los activos o va a gravar el patrimonio? Porque es distinto, el patrimonio es el activo menos la deuda. Y bueno si va a ser el activo menos la deuda, como contabiliza el activo y como contabiliza la deuda. O sea es bien compleja esta discusión, afuera hay bastante evidencia que muestra que esta política pública no cumple con los objetivos que se plantean”. 

Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Mesa Central (T13 Radio), 4 de Agosto 2020

Una pandemia muy conveniente

Como resultado de perversos incentivos, el manejo de la crisis epidemiológica, así como las decisiones tomadas en tal contexto, se han basado sólo en el punto de vista de los economistas neoliberales, configurando un diseño inevitablemente destinado no sólo al fracaso, sino también a ser causa de una catástrofe social, sanitaria y económica total, un desastre tal, como el que “paso a paso”, vemos hacerse realidad a diario en nuestro país.

Es por esta razón, entre muchas otras, que en el mundo, chile ha sido uno de los mejores ejemplos de cómo hacer las cosas de la peor  manera posible, focalizando recursos en una crisis sanitaria, social y económica generalizada y sin precedentes, para obtener en retorno igualmente pésimos resultados.  

Comprendemos por lo tanto que no existe la “voluntad política” para proteger ni la salud ni la vida de los chilenos, pero sí para hacerle el negocio y cuidarle el bolsillo a los compadres y familiares, miembros también, así como el presidente, de la profundamente endogámica comunidad oficialista.

En contraste, al comprobar la realidad nacional, resulta evidente que, aún en tiempos de normalidad, la inversión social del estado ha sido absolutamente deficitaria, toda vez que en chile ni siquiera las necesidades básicas están garantizadas. 

Mientras las personas deben adquirir deudas incluso para comer, o tener una atención de salud de calidad, el impecable registro crediticio del estado se perpetúa en el tiempo, como consecuencia directa de la indolencia de los gobiernos de la república neoliberal binominal. 

El actual ejecutivo, a la vez que se niega con tozudez a usar el espacio que tiene para endeudarse responsablemente a fin de financiar la crisis, no tiene problemas en permitir el progresivo empobrecimiento de las familias, gracias a la ayuda insuficiente del estado que conduce, las medidas en pro de las grandes empresas y la falta de regulación de precios de bienes y servicios, facultad que tiene en estado de emergencia, pero de la cual no ha hecho uso.

En consecuencia, financiar por medio de diversos instrumentos fiscales, un ingreso de emergencia digno y suficiente para aliviar a las familias del peso de la crisis, es una medida sensata y necesaria, que el oficialismo una y otra vez ha rechazado con ímpetu, de manera miserable, indolente, mezquina y criminal, precisamente porque su objetivo era que las personas se pudieran quedar en sus hogares, a fin de protegerse mejor de la pandemia. 

No obstante, aquello no le resultaba conveniente a las grandes familias, controladoras de los grandes grupos económicos, las grandes fortunas y las grandes empresas, que bloquean los avances laborales, persiguen la sindicalización, y creen con fervoroso descaro que las personas son flojas y lo quieren todo gratis.

Nos preguntamos, si están tan convencidos de  que nadie debiera tener nada sin “pasar por caja”, como lo vociferan a los cuatro vientos, 

¿Por qué no devuelven sus exenciones tributarias?  

¿Por qué no devuelven los derechos de agua, 

las concesiones de explotación minera, de pesca y de recursos naturales, que el estado les entregó, a título perpetuo y gratuito?

¿Por qué no devuelven las empresas que el fisco, prácticamente les regaló, durante el saqueo de la propiedad estatal, ocurrido en dictadura? 

Es la desvergonzada inconsecuencia de los mismos que se oponen a implementar las disposiciones para apoyar con suficiencia y universalidad a las personas, porque, según ellos, se convertirán en mantenidas del estado y ya no querrán trabajar. 

No les importa la Vida Humana a aquellos “capitalistas”, que se oponen a los Derechos, y tienen la desfachatez de llenarse la boca hablando de deberes y patriotismo, aún cuando hacen hasta lo indecible para no pagar impuestos.

Sus grotescas utilidades, ya sea lícitas o no, están primero para el gobierno, que la salud de los pobres.

Como consecuencia, el oficialismo no tuvo pudor alguno en endeudarse para comprar armamento y material represivo, porque los patrones, los señores feudales, no quieren perder sus beneficios impositivos, ni las groseras ganancias que obtienen de saquear los territorios y comunidades. 

Como si abandonar a las personas a su suerte no fuese ya demasiado, se han escatimado miserablemente los dineros que según se nos ha dicho desde hace un tiempo, el estado por medio de la regla fiscal, se supone reserva para momentos de crisis como el actual.

Nos preguntamos 

Si así ha sido, ¿Que ocurrió con aquellos dineros ahorrados por el fisco desde hace años, para enfrentar los tiempos difíciles?

¿Por qué no están presentes en el debate público, si se originaron principalmente en nuestros impuestos?

¿Estarán pensando en apoyar a alguna gran empresa con esos fondos, si es que aún existen? ¿En financiar a alguna trasnacional, como latam, por ejemplo? 

¿O gastarlo en represión? ¿O en las vacaciones, casas, autos, matrimonios y bautizos de la oficialidad de las ramas del militariado?

¿O dilapidarlo en hotelería y centros de eventos, como espacio riesco?

¿O en apostarlo en algún casino, como los de enjoy?

¿O en comprar al por mayor la mercadería de sus cajas de “alimentos para chile”, y pagar sobreprecio a sus amigotes dueños de supermercados?

Como contraparte, las insuficientes y miserables ayudas oficiales, requerían de una compleja postulación y tramitación por la vía electrónica, a la cual muchas personas, en especial las de la tercera edad, no tenían acceso, tanto por motivos de conectividad como por deficiencias en la alfabetización digital.

Entre los términos que los postulantes a dicho “beneficio” debían aceptar, se incluían sendas amenazas jurídicas que auguraban penas infernales, a quienes intentaran “aprovecharse” del pobre gobierno.

La idea, aparentemente era que ni siquiera los potenciales beneficiarios, osaran solicitar y en consecuencia, recibir, la mísera ayuda que les correspondía. 

Parecía, como si por esta vía, y la ampliamente denunciada de modificar los ingresos de muchos hogares, se buscaba negarle a las familias, aquello a lo que tenían Derecho.

Incluso a aquellas familias que pasaban hambre, cuyos miembros fueron despedidos, o se encontraban con su trabajo suspendido sin goce de sueldo, aberración permitida por la dirección del trabajo (dt). 

Claramente, el objetivo de medidas tales no era incentivar las cuarentenas para disminuir los contagios, si no todo lo contrario. 

Es la expresión del insultante descaro, de un oficialismo y una derecha suspicaces acerca de las intenciones de las personas, pero incapaces, entre otras tantas cosas, de notar que aquello que ven en la ciudadanía, es una proyección de la forma en que ellos mismos se comportan respecto a los recursos públicos.

Muy probablemente, quienes se pasen la vida cometiendo fraudes, verán defraudadores en todas partes, tal vez incluso como lo que podría considerarse una forma de encontrar ideas frescas, nuevas “oportunidades de negocio”, de “emprendimiento”.  

En paralelo, la crisis económica creciente, que ya se venía incubando desde los tiempos de la gran pataleta de la élite económica empresarial, en contra de la reforma tributaria del gobierno de michelle bachelet, se fue agudizando a medida que se profundizaban las medidas que facilitaban los despidos y aumentaban los precios de bienes y servicios. 

Las consecuencias, amplificadas por el llamado “desempleo estructural”, término que por cierto buscaba justificar la artificial escasez de puestos de trabajo y la consiguiente mantención de los salarios baratos, recayeron una vez más sobre los trabajadores, que han sufrido la progresiva precarización y encarecimiento de la vida, para que unos pocos se enriquezcan más allá de lo razonable.

Es la materialización de la estrategia neoliberal, que sustenta el poder en el abuso, concibe y trata a las personas como recursos, y hace extractivismo de sus vidas, de su salud, de su educación, de su infancia, de sus pensiones, y de sus muertes, al tiempo que margina como parias de la “nueva normalidad”, a quienes cultivan los sentidos común y crítico. 

Como símil del modelo romano antiguo, busca distraer nuestra atención de lo importante, en  base al espectáculo más burdo, no obstante ese circo no tiene cabida, cuando el pueblo no tiene un pan que comer.

A la denigrante situación de los trabajadores, se suma la también precaria situación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), mayores generadoras de empleo en el país, que culminó con la quiebra de más de 1000 de estas compañías hacia agosto de 2019.

La crisis se agudizó a un mes del Estallido Social, provocando la bancarrota de más Pymes, cuya salud financiera a esa fecha era realmente cuestionable. A pesar de la entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días en mayo de ese mismo año, el periodo de adecuación permitió que las grandes empresas siguieran pagando a 60 días hasta inicios de 2020, lo que impidió a muchas pymes obtener el efectivo que las podía salvar de la desaparición total. 

La razón nos lleva a pensar que una empresa no quiebra de un día para otro, no obstante fue lo que el gobierno nos dijo, responsabilizando al levantamiento popular de algo que venía ocurriendo desde antes, y excusándose de esta forma por su pésima conducción. 

La posterior situación pandémica, por supuesto agravó la crisis de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, en contraste con las millonarias utilidades de las grandes empresas, que recibieron suculentas contrataciones del estado, y se beneficiaron de las suspensiones de empleos y altos precios sin regulación estatal, mientras las pymes seguían a la espera de una medida pública que cada mes se hacía más urgente, pero que nunca llegaba. 

La tardía respuesta del gobierno, fue el Fondo de Garantía para Pequeñas Empresas (FOGAPE), un nuevo crédito con aval del estado (CAE), que supuestamente, sería entregado por medio de la banca, a las Pequeñas y Medianas Empresas.

Dicho aporte incluía a las “pequeñas” empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de U.F. (Unidades de Fomento), equivalentes a 30.108.400.000 de pesos chilenos (al 5 de octubre de 2021), que son identificadas como grandes empresas por el servicio de impuestos internos (SII).

Eso sin contar las falsas agrupaciones de microempresarios, que se beneficiaron ampliamente de dineros que no les correspondían, según lo denunciado por Gianina Figueroa, ex candidata a constituyente y dirigenta gremial de Unapyme. 

Entonces, nos preguntamos, ¿Qué empresas lo recibieron finalmente?

Ciertamente las Pymes no, ya que para la banca la garantía del estado era insuficiente, y por tanto se condicionó la entrega de esta “ayuda” imprescindible, a la regularización de deudas con intereses abusivos.

Es decir, en base al uso de los recursos del estado, se crea un nuevo negocio redondo para los bancos, gracias a un nuevo CAE. 

Una gestión tan miserable como la de hacienda, y su entonces titular ignacio briones, ex precandidato presidencial, no obstante, no es exclusiva de dicha cartera, si no que se repite en ámbitos como la salud, en que se privilegia a las grandes empresas y las actividades productivas, por sobre la seguridad, salud y vida de los trabajadores y sus familias, con un enfoque de “control pandémico” acorde al de una sociedad feudal o esclavista. 

La utilización de la llamada estrategia de rebaño, que pareciera originarse en el mundo de la medicina veterinaria, como sugiere el concepto que la define, representa una muestra más de cómo el gobierno trata a los ciudadanos como ganado.

Un modo de enfrentar la pandemia que, no obstante el curioso respaldo que su delegado en chile entregó a la gestión del gobierno, 

ha sido ética y científicamente cuestionado por la organización mundial de la salud, pues asume un gravísimo costo en pérdidas humanas. 

Un costo que, según parece a la presente administración, le da lo mismo, toda vez que pese al cambio de ministro de salud, la citada estrategia siempre ha estado vigente, en contra incluso de lo que sugiere la evidencia internacional, que tanto le gusta citar al oficialismo.

Abundante evidencia, que demuestra que implementarla sin inmunizar a la mayoría de la población, es fuente de inusitada mortalidad, efecto que padecieron los gobiernos del mundo que en algún momento la aplicaron sin contar con dichas condiciones, y que posteriormente debieron abandonarla y pedir perdón a sus ciudadanos. 

Más aún, la situación de colapso sanitario que  desde hace meses se arrastra como consecuencia del mal manejo de la crisis, ha impedido que la exitosa campaña de vacunación, resultara suficiente en los momentos más álgidos de la pandemia para disminuir la mortalidad, lo que sumado a la fatiga y estrés del personal de salud, así como al ingreso de nuevas variantes más contagiosas del virus, auguran una catástrofe humanitaria mayor a la que ya enfrentamos, producto de la criminal gestión del gobierno actual. 

Una gestión construida a medida del mediocre gran empresariado extractivista, la élite económica a la que sólo le importa el dinero, y a la que le da lo mismo si la gente muere a causa del contagio de covid 19, contagio que por cierto ha tenido una estrecha vinculación con la gran movilidad y aglomeraciones, relacionadas con los distintos sectores productivos, que siguieron funcionando fuesen esenciales o no.  

Pudiéramos concluir que el gobierno, pese a contar con todas las advertencias habidas y por haber, no quiso escuchar simplemente porque no lo quería hacer, y en base al engaño, en base a simular una absoluta incompetencia, desidia, y negligencia, muy creíbles por cierto tomando en cuenta la deficiente conducción que padecemos, intentó disfrazar de incapacidad, lo que en realidad parece ser una acción alevosa y malvada.

La acción propia de un ministro como mañalich, para quien los decesos iniciales fueron ocasionados por “preexistencias”, un concepto muy propio de la jerga de la salud privada, y que pretendía esconder las cifras reales de contagio y muerte. No habría sido la única artimaña de dudosa ética y legalidad de la que se valió el exministro, a fin de lograr a toda costa que el gobierno “se viera bien”, y aparentara algo que nunca fue en realidad.

El mismo “modus operandi”, del mismo exministro y ex candidato a senador, que en su periodo anterior había “terminado” con las listas de espera hospitalarias, eliminando para ello el correspondiente registro.

A este respecto, cabe preguntarse, ¿Cuántas de las personas que formaban parte de esas listas, murieron sin ser atendidas, a causa de este otro fraude del llamado “Big Boss”?

Un proceder acorde al de un ministro como paris, que se negaba a entregar los correos del exministro, con el aparente fin de encubrirlo y ganar tiempo, pues siempre supo que su gestión desde un principio buscó continuar la de su predecesor, y por lo tanto, no sería extraño que pudiera ser el próximo acusado. 

Qué decir de evitarle un nuevo flanco a un presidente criminal, cuya inexistente legitimidad está cada vez más en cuestionamiento. 

Piñera, un peligro para la Sociedad

Al entender que el lenguaje no es neutral, y en consecuencia, tampoco imparcial, resulta evidente que las palabras insultantes de quienes nos gobiernan, son una muestra clara del desprecio que sienten por nosotros.

En esa situación de constante denostación, denigración, y por supuesto, de brutalidad comunicacional, el término “guerra”, utilizado reiterada y profusamente por el primer mandatario, es el que reviste la mayor gravedad.

Su significado es la verbalización de la atrocidad, pues implica la búsqueda de aniquilar a un enemigo, como resultado de un enfrentamiento armado. 

Nos preguntamos 

¿Qué sucede cuando en realidad no existe tal confrontación, sino sólo la asimetría entre quienes tienen el monopolio legal del uso de la fuerza y las armas, y quienes no?

¿Qué concepto puede tener el militariado de la guerra, si tenemos en cuenta que denominan “pacificación de la araucanía”, al genocidio ocurrido en Wallmapu, y “batalla de Iquique”, a la masacre de la escuela Santa María?

¿Qué ocurre cuando el enemigo es interno, y se considera como tales a las organizaciones de la sociedad civil y al periodismo independiente? 

Así parecen indicar las operaciones de “inteligencia” y la represión, llevadas a cabo por las fuerzas armadas y de orden, antes, durante y después del estallido social de 2019. 

En un contexto tal, la fraseología del oficialismo, a la vez que busca deslegitimar las demandas sociales de fondo, para de esta forma tan burda ignorarlas, quiere además atribuir un carácter delictual a aquellos que se manifiestan en contra del sistema. 

Es el rol que adquieren términos como “Los violentistas”, “Los delincuentes”, “Los marginales”, o “el lumpen”, que deshumanizan al supuesto adversario, para justificar y santificar su destrucción, pues en  definitiva, tal como reza el dicho, “en el amor y la guerra todo se vale”. 

Dada la criminal mentalidad de la tosca élite nacional, se configura un psicopático y siniestro escenario, en que la muerte por hambre y enfermedad, incluso el uso de la pandemia como arma, son alternativas que se suman a las que históricamente ha esgrimido este sector, al que nunca le ha dado asco matar, en pos de alcanzar sus fines perversos.

Parece ser el objetivo de la tiránica gestión actual, que a través de diversos  métodos de violencia económica / sanitaria, busca escarmentar a quienes han osado rebelarse en el pasado. A la cabeza de este pésimo gobierno, tenemos a un pésimo presidente que busca castigar una afrenta, que hierve de furia por su incipiente “carrera y liderazgo internacional”, perdidos al mostrarse tan despótico como en efecto es. 

Castigos ejemplares como los del personal de salud pública en su más amplio sentido, los de los trabajadores a honorarios, y los de los estudiantes, sin las condiciones mínimas para garantizar su aprendizaje en pandemia.

Como los de las Mujeres, que vieron rechazado el postnatal de emergencia y, los de los Presos políticos de la revuelta, que siguen encarcelados, mientras los violadores de DDHH caminan libres. 

Como los de todos los trabajadores, incluso adultos mayores, que a riesgo de enfermarse, siguieron trabajando y desplazándose por las ciudades de forma masiva, para sustentar viles utilidades millonarias ajenas, atrapados en una trampa mortal, que los obligaba a decidir, entre muerte por enfermedad o por hambre. 

Los mismos trabajadores, que según juan sutil, presidente de la confederación de la producción y el comercio (cpc), y ricardo ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (sna), entre otros grandes empresarios, no quieren volver a trabajar, porque de lo contrario perderían los “beneficios” que está entregando el estado.

La realidad, por el contrario, es que la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, ha sostenido la economía de unos pocos, pagando el costo en vidas humanas, vidas que no son las de ellos.

Los que pierden en esta “guerra”, ya sea ésta la que se libra en contra de la ciudadanía, o la que busca “vencer” al covid, son los mismos que siempre han perdido. Como decía Jean-Paul Sartre, “Cuando los ricos se embarcan en una guerra, son los pobres los que mueren”.

En dicho escenario dantesco, la falsa sensación de seguridad, promovida por la errática comunicación de riesgo de salud, en conjunto con el irresponsable triunfalismo oficial, constituye un efecto secundario de este gobierno nefasto, que reviste mayor gravedad que la de una simple negligencia. 

No obstante, las consecuencias han sido atribuídas a las personas, al tiempo que se las culpa por el desastre sanitario que en realidad es el resultado de una pésima gestión, configurando así una grosera maniobra para desligar al oficialismo de la absoluta responsabilidad que le compete en este ámbito. 

En definitiva, la culpa siempre es de las personas, tanto en el ámbito económico como en el sanitario.

Sobre todo cuando reclaman mejores condiciones de vida, y promueven el cambio de un modelo económico perverso que beneficia sólo a los más ricos, rebelándose en contra de los sucios intereses que abogan por la mantención de la estructura económica de poder. La señal es que si te atreves a protestar, aumentarán  nuevamente los despidos, abaratando aún más el trabajo, precarizando más aún la vida de lo que ya está. 

En este orden económico social, la crisis, tal como ocurre siempre en chile, la pagan los pobres con sus ahorros, tanto los que provienen del seguro de cesantía como de los fondos previsionales.

Mientras los Trabajadores se “salvaban sólos” con los retiros de fondos desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP), llegando a aportar incluso siete veces más que el gobierno para enfrentar la crisis en 2020, según las estimaciones que la Fundación Sol realizó en noviembre, el ministro de hacienda estaba preocupado de quienes “no necesitaban el retiro” y de que el tramo inferior del 10% de mayores ingresos, aquellos que tienen ingresos desde 1.500.001, pagara impuestos por retirar su dinero.

Briones muy preocupado por la “regresividad” tributaria (es decir que los que más pagan impuestos son los que menos tienen) de los proyectos de retiro, nada dijo respecto a cómo los sustanciosos perdonazos a ponce lerou y al grupo penta, entre otros grandes empresarios, han significado un alto perjuicio para el estado.

Más aún, el ex ministro se opuso tajantemente a establecer impuestos a los altos patrimonios, lo que en conjunto con la feble normativa antielusión de grandes contribuyentes y la escasa capacidad de fiscalización del servicio de impuestos internos (SII), ha consolidado a los trabajadores y pymes, como los que más aportan al tesoro fiscal. 

El servicio, que además depende de hacienda, ha demostrado un extremo celo cuando se trata de los pequeños contribuyentes, a la vez que mantiene una inconcebible delicadeza y flexibilidad, cuando se trata de los grandes. 

En definitiva, en chile, los pobres pagan más impuestos que los ricos. Para briones sin embargo esto no era un problema, muy por el contrario, es parte de su convicción dogmática neoliberal, ya lo había manifestado al principio de su gestión, cuando propuso reducir la carga tributaria de sus amigotes millonarios. ¿Existirá alguna política pública más regresiva?

Tanto aproblemaba a hacienda, y por supuesto al gobierno, que hubieran personas que no pagaran impuestos por su Segundo retiro, que el oficialismo incluso presentó su propio proyecto, cerrando este “forado” tributario que “podía llevar al país al desastre”, según los agoreros de la confederación de la producción y el comercio (cpc).

De esta manera tan poco elegante, el gobierno, gracias al apoyo del tribunal constitucional (tc), la tercera cámara legislativa designada por cuoteo político, que declaró inconstitucional el proyecto parlamentario de reforma constitucional, logró impedir, a través de este cuestionable método, el ejercicio de una facultad del legislativo, poder del estado electo por sufragio. 

Acusada había sido ya la derrota del ejecutivo en el congreso, tras la aprobación del primer retiro del 10% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que exacerbó las posturas autoritarias del gobierno, y motivó que con el fin de poder “ordenar la casa”, se buscara integrar a las voces más “progresistas” de su sector, con aquellas más duras.

El indulto a presos de punta peuco, en plena pandemia, es claramente, un gesto hacia el pinochetismo, que a través de víctor pérez, pasó a integrar por un breve tiempo

las filas del gobierno, recuperando una figura que podía entenderse como un símil a la de chadwick. 

La pinochetización del gobierno, derivó nuevamente en una epidemia incendiaria, que nos recordó lo ocurrido en el caso huracán, entre otros muchos de burda confección.

Una epidemia incendiaria muy similar a las ocurridas, luego del 18 de octubre, previas a la firma del acuerdo por la paz, para una Nueva Constitución y las que han fundamentado el actual estado de excepción en Wallmapu. La escasez de pruebas tras los incendios de aquellas fechas, y los que han seguido después, camiones, maquinaria forestal, trenes, y casas incluídas, hace surgir la pregunta de quiénes realmente son los que queman, y qué agenda es la que se beneficia de estos atentados. 

Junto con ello, la violencia criminal ejercida en la Araucanía en contra de los pueblos ancestrales, en el contexto de la creciente militarización y acoso a las comunidades, nos hace dudar de los agentes del estado perpetradores de aquellos abusos. 

Agentes de dudosa credibilidad, que además son los encargados de entregar las pruebas, que por defecto han culpado y condenado con la ley de seguridad interior del estado a los Mapuche, pero que no tocaron un solo pelo a los latifundistas con arsenales de guerra, ni a los camioneros que amenazaron la seguridad del abastecimiento del país, en plena pandemia, usando el terror para imponer la antidemocrática agenda represiva del gobierno, es decir, terroristas en toda regla. 

En unas y otras ocasiones, principios como la igualdad ante la ley, fundamentales para la democracia en todos los países mínimamente civilizados, en chile brillan por su ausencia, toda vez que no se aplican. 

Remedos de movimientos sociales, que agreden a quienes no están de acuerdo con sus posturas extremas, y que desestabilizan al país, para defender los privilegios de la élite, prueban luego de un corto tramo, ser diseños criminales artificiosos, cuyo fin es fundamentar la agenda totalitaria de un gobierno sin legitimidad.

Un ejecutivo que defiende los sucios intereses de forestales y latifundistas, que ven como una amenaza el proceso constituyente, toda vez que son beneficiarios de impresentables facilidades tributarias y, usurpadores de la tierra y las aguas de las primeras naciones.

Resulta evidente, que no serán partidarios de devolver aquello de lo que se apropiaron de forma ilegítima, y que nunca les perteneció, pero de lo cual son dueños gracias al ordenamiento socioeconómico vigente.

A estas alturas pensar que tanta violencia sistémica, se origina sólo en la torpeza e incompetencia irremediables del gobierno, parece una completa ingenuidad, habida cuenta de la mentalidad autoritaria que es parte de la esencia del conglomerado oficial. 

Parece como si por medio de la victimización derivada de la pandemia, en conjunto con una serie de medidas represivas, que incluso pudieran considerarse constitutivas de terrorismo estatal, se buscara intervenir de forma “externa” el proceso político actualmente en desarrollo.

La historia nos ha demostrado que es la manera de actuar de quienes se han enriquecido, despojando para ello al conjunto social. 

No obstante, a la luz del resultado aplastante del primer plebiscito constitucional, fuimos testigos de cómo muchos quisieron subirse tardíamente al carro de la victoria, para de esta forma capitalizar políticamente, lo que en realidad era una humillante derrota. 

Un verdadero apocalipsis zombie, que se adelantó incluso al propio halloween, nos aterrorizó con hordas de muertos vivientes, que salieron de sus sarcófagos para postularse a constituyentes.

Qué mejor ejemplo de tan terrorífica horda, que pablo longueira, baluarte de la política vetusta y opaca que detestamos, un no muerto, que además de encontrarse actualmente procesado judicialmente por cohecho, tiene un vínculo paranormal con el más allá. 

Un lazo que lo liga con el propio jaime guzmán, quien habla y aconseja a este médium del privilegio, que por medio de tal fenómeno sobrenatural, podría inclusive haber llevado la palabra de aquel profeta neoliberal, a la Convención. 

No fue el único, sin embargo. 

Es el caso también del primer mandatario, que con un descaro sin igual, pretendía no sólo apropiarse de un proceso al que siempre se ha opuesto de forma encarnizada, si no que además firmar la Nueva Constitución, como si la iniciativa de cambiarla hubiese sido suya, para posicionarse como un “defensor de la democracia”.

No obstante, su legado, que la derecha está tan preocupada de proteger, es uno muy distinto al que nos quieren imponer por “osmosis”, como si no fuésemos capaces de contemplar la cruda y totalitaria realidad.

Es precisamente a lo que apunta este gobierno, que por medio de contradicciones, mentiras y copamiento informativo, busca mantenernos confundidos, para que no seamos capaces de reaccionar, ni de pensar. 

El “gobierno de los tiempos mejores”, que nos trata como si fuéramos estúpidos o incapaces, a los que debe decirles qué creer y qué no.

El gobierno de un presidente con prontuario, que pese a constituir un peligro para la sociedad, sigue libre cometiendo fechorías. 

A un oficialismo como el presente, tan enamorado de los números, pero que tanto desprecia a la ciudadanía, es preciso definirlo en términos que incluso sus personeros podrían comprender, aunque la probabilidad de no les importe lo más mínimo sea muy alta.

En Chile, las caras sin nombre, de los esclavos que construyen la pirámide socioeconómica, cuya base son los pobres que viven y mueren en la miseria neoliberal, son las que pasan inadvertidas, son aquellas que resultan invisibles e irrelevantes para el poder.

Son las de los 460 heridos oculares, por armas antidisturbios, de los cuales, hasta febrero de 2020, 34 sufrieron la pérdida o estallido de uno de sus ojos, con la consiguiente disminución del sentido de la vista a la mitad. 

Son las de Gustavo Gatica, quien perdió para siempre la vista, y Fabiola Campillai, quien además de este sentido, perdió olfato y gusto, debido al traumatismo que le provocó el impacto de una bomba lacrimógena, disparada por fuerzas especiales (ffee), de forma criminal, directo a su rostro, cuando esperaba locomoción para ir a su trabajo.

Sus vidas cambiadas por la marca indeleble del terrorismo estatal, son parte de una estadística del espanto, un infame récord, que no tiene precedentes a nivel mundial, ni siquiera en zonas de guerra o de ocupación militar.

Son las de las 257 personas que denunciaron violencia sexual, las de las 617 que lo hicieron por torturas y tratos crueles, y las de las 1272 que acusaron violencia excesiva policial, según lo recabado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su informe de marzo de 2020.

Son las de los 34 muertos durante el estallido social, 8 de los cuales lo fueron comprobadamente por acción dolosa u omisión culposa de las fuerzas públicas.

Son las de las 48725 personas que perecieron por Covid 19, 37841 de las cuales son casos confirmados y 10884 probables, según el reporte N° 73 de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Es el verdadero legado del gobierno de sebastián piñera, uno que nunca debemos olvidar, y que ha de perdurar en nuestra memoria, imperdonable e imprescriptible, un crimen que no podemos volver a permitir. 

El legado de un presidente que tiene las manos manchadas, que según las mismas cifras oficiales, es responsable de más muertes que la propia dictadura militar.

[perroberman]

Campaña del terror, el último baluarte del modelo neoliberal

Parte 3 Manejo de crisis, el neoliberalismo en evidencia

“... en el caso del Metro, que hay más flexibilidad, esa alza de costos se distribuye de manera distinta en los distintos horarios y, por ejemplo, se está rebajando fuertemente en horario valle, de manera que alguien que sale más temprano y toma el Metro a las 7:00 de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. De manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. La realidad, Matilde, es que cuando los costos suben, no hay muchas opciones, o suben los precios o tiene que el estado ponerse con un subsidio mayor”.

Juan Andrés Fontaine, ex ministro de Economía, CNN Chile, 7 de Octubre 2019

“baja inflación, porque estamos protegiendo el bolsillo de los chilenos. Y algunas, tal vez, sorpresas, la caída en el transporte aéreo, es importante, la caída en la carne de vacuno, claro por ahí hay un aumento en la carne de pollo, y también destacar, pa los románticos, que han caído las flores, el precio de las flores, así es que los que quieran regalar flores en este, en este mes, las flores han caído un 3,7%”.

Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, 8 de Octubre 2019

“la ley y el registro de evasores también valen para la evasión en Metro.  De manera que nosotros vamos a activar todos los mecanismos que tengamos a disposición, entre ellos los sistemas de control y cámaras de la propia empresa para identificar a los evasores y van a quedar sujetos a las mismas restricciones que establece el registro de evasores, que actualmente tiene más de 8000 personas en su lista. En este caso, si alguien es detectado como evasor, de manera que no fue notificado, será notificado. Identificado y notificado. La persona notificada tiene un plazo, a través del juzgado de policía local, para pagar la tarifa que no pagó. Y si no paga, dentro de un plazo de 30 días, el juez de policía local lo remite para ingresar al Registro de evasores. Una persona que está dentro del registro de evasores pierde una serie de Derechos, entre ellos certificados que tienen que ver con transporte, como obtención de licencia de conducir, y si tiene vehículo un permiso de circulación. También se restringe el acceso a cualquier beneficio de tarifa, al que pueda estar acogido, y en la medida que existan, por ejemplo pagos de impuestos, y potenciales devoluciones, la Tesorería general de la República retiene esos montos. Hay consecuencias administrativas en el hecho de evadir. Si además de eso la evasión, se realiza con actos vandálicos y violentos, como ha sido el caso, en que se ha afectado a trabajadores de Metro ya teníamos uno de los casos, vamos a relatar otro reciente, entonces se agrega a la falta administrativa, delito. y ese delito tienen un tratamiento distinto”.

Gloria Hutt (Evópoli), ministra de Transportes y Telecomunicaciones, 24 Horas, 16 de Octubre 2019

“¿En Usted recae la responsabilidad política?...”

“¿ministro va a renunciar?”

“¿Qué responsabilidad siente de las muertes que se han dado? ¿Va a renunciar en este momento?”

“¿va a renunciar ministro?”

“No, no tengo… no tengo ni siento ninguna..., yo asumo mis responsabilidades, pero no obviamente, no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación”. 

Andrés Chadwick (UDI), ex ministro del Interior (destituído), al ser consultado por su responsabilidad política en violaciones a los Derechos Humanos y las primeras muertes, ocurridas luego de la represión del Estallido Social, 23 de Octubre 2019

“En este momento en que tenemos 250 casos afuera de China confirmados en 25 países, se considera que de ingresar, ingresaría una poca cantidad de casos importados a Chile. Lo que vimos es que las autoridades están tomando las medidas como para prepararse para recibir una gran cantidad de casos”.

Luis Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, Cooperativa, 8 de Febrero 2020

“El 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del Metro, que fueron 136 en total, hablamos con el general Rozas y dijimos que se necesitarían mínimo 10 carabineros en cada una para protegerlas. O sea, 1.360 efectivos policiales, y no los teníamos”.

Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, Mega, 12 de Marzo 2020

Atentados extraños, preguntas sin respuesta

El análisis del discurso, destinado a dilucidar el origen de las ideas que lo componen, en base a determinar quien resulta favorecido por las consecuencias de sus argumentaciones, complementado por la simple lógica y el sentido común, puede ser aplicado de igual manera para ayudarnos a establecer vínculos probables entre los acontecimientos, quienes los podrían haber ejecutado y para beneficio de quién.

Las posibilidades que emergen de este ejercicio racional, derivan en una serie conclusiones, que nos conducen a poner en tela de juicio las versiones oficiales, cuya alta ideologización y funcionalidad a los objetivos del poder económico, en conjunto con una serie de inconsistencias fundamentales, nos llevan a ser en extremo mal pensados. 

Obtener respuestas adecuadas, que estén a la altura del cuestionamiento, de la interpelación ciudadana, constituye un imperativo para cualquier sociedad verdaderamente democrática, más aún cuando el poder del estado está en las manos manchadas de un gobierno autoritario como el chileno. 

Un oficialismo con antecedentes muy desfavorables, no sólo respecto a su falta de honestidad, sino también en relación con el atropello sostenido y generalizado de los Derechos Humanos (DDHH), puesto en marcha durante la presente administración, y perpetrado reiteradamente por agentes del estado. 

Ante la discusión legal aún vigente, acerca de si dichas vulneraciones han sido sistemáticas, nos preguntamos si es posible sostener lo contrario, tomando en cuenta que desde octubre de 2019 hemos visto pasar 4 ministros del interior y 2 generales directores de carabineros, y sin embargo las agresiones y la violencia estatal y policial continúan. 

A la cuestionable actuación del personal uniformado, involucrado en múltiples hechos ilegales de diversa calaña, cuya amplitud va desde desfalcos y montajes hasta golpizas y asesinatos, suma y sigue la brutalidad, promovida por la facistoide agenda de “seguridad” del gobierno, que implica tanto a los mandos como a los subalternos.

En un sistema político, que se destaca por el hiperpresidencialismo, como ocurre en el caso de Chile, cabe preguntarse cuál es la influencia que tiene la personalidad individualista y avariciosa de sebastián piñera, en una serie de decisiones erráticas y desastrosas por decir poco, que de golpe, tras el Levantamiento Social de Octubre, se transformaron de Errores a Horrores.

¿Qué sucede en la mente de ese presidente narcisista, con un poder filo monárquico, cuando la ciudadanía lo repudia tan abiertamente, enrostrándole su pésima conducción?

¿Qué ocurre con su ego patológico, cuando ya prácticamente nadie reconoce su legitimidad, aún habiendo intentado imponer su autoridad, por medio del uso de la fuerza estatal y la criminalización de la protesta?

¿Qué pasa con su anhelo compulsivo de alcanzar reconocimiento, cuando ya no hay duda de que la historia lo recordará como un gobernante incompetente y mentiroso, además de indolente, poco empático, tiránico y asesino? 

Como señalaba Maquiavelo, en su obra El Príncipe, si quienes están bajo tu administración no te quieren, es mejor que te tengan miedo. Su pésimo gobierno no ha alcanzado ni lo uno ni lo otro, pese a sus desesperadas tentativas por lograr ser querido, pese a las payasadas para caer simpático, y pese a las torturas, las violaciones, las desapariciones, las mutilaciones, los encarcelamientos y las muertes, para aterrorizar a la población.

Las personas ya no sólo no le tienen miedo, sino que además perdieron el poco respeto que en algún momento pudieron tener por su persona, y que sólo se entiende como un residuo del tiempo en que se hacía pasar por “renovado” o demócrata. Por supuesto, a estas alturas, ya nadie le cree que votó por el NO a la dictadura de pinochet. 

Nos gobierna un presidente con prontuario, que se ha quitado la máscara para mostrar quién es en realidad, y que ya ni siquiera intenta disimularlo. Un primer mandatario al que no le importa lo que piensa la ciudadanía de su gestión, a cuya larga hoja de antecedentes se han añadido justamente aquellos delitos que, de forma ilusa, muchos pensamos que nunca cometería de forma tan abierta y descarada. 

Los crímenes de Lesa Humanidad, llegaron a ennegrecer un ya manchado registro de vida, de la mano de la penalización progresiva de los Derechos políticos de Protesta, Manifestación y Reunión, que su autoritario mandato ha impulsado activamente por medio de las urgencias legislativas, prerrogativa correspondiente a las facultades del ejecutivo. 

Representa una muestra más de esas oscuras intenciones, el interés, que según manifestó en una alocución hernán larraín, actual ministro de Justicia, tendría el gobierno de “regular” el ejercicio de dichas Garantías constitucionales.

De acuerdo con lo que parecen comprobar los hechos, la idea es que ser opositor al gobierno y tener el atrevimiento de ejercerlas, sea un delito.

Los Presos de la revuelta, son el vivo ejemplo de cómo incluso aquellos Derechos que están en la base de lo que define el quehacer de las sociedades democráticas, se cuestionan y ponen en entredicho cuando la tiranía es también el oficialismo. 

Para piñera, la necesidad urgente de detener las manifestaciones en su contra, hasta el 18 de octubre de 2019 circunscritas a Santiago, requería de una mayor fuerza, pues ya ni las amenazas, ni la represión eran efectivas. 

Un vaso que se colmó tras el alza del pasaje del metro, fue el inicio de una protesta nacional espontánea y multitudinaria, que no sólo exigía Dignidad y el fin de los múltiples abusos del sistema, sino también la renuncia del presidente y una Asamblea Constituyente, para escribir una Nueva Constitución. 

La noche de ese viernes, mientras 20 estaciones del metro de santiago (muchas de las cuales eran custodiadas por la fuerza pública) se incendiaban; el presidente comía pizza con su nieto ya que, en ese entonces, la infraestructura crítica claramente no era una de sus prioridades.  

Aún cuando en un primer momento se acusó a los manifestantes de la destrucción, no se pudo recabar pruebas de dicha tesis, pese a que incluso se buscó vincular a las compañías telefónicas en la vulneración de la privacidad de sus usuarios, a la usanza china o estadounidense. 

La posterior teoría de una intervención extranjera, cuyos ridículos postulados apuntaban principalmente a venezuela, e incluso a rusia, probó ser por completo falsa, recordándonos los fundamentos de los atentados ecoterroristas de la disparatada  agrupación “individualistas tendiendo a lo salvaje”. 

Pese a la profusa evidencia en contra, el gobierno intentó respaldar la fallida hipótesis del presidente, por medio de un absurdo informe conocido como “big data”, que incluso vinculaba a bandas de kei pop, artistas y medios independientes como “instigadores” del estallido social y, en consecuencia, de estos ataques.

Sí incluso a pesar del empecinamiento de la moneda, no se ha podido hasta la fecha comprobar ni la participación de los manifestantes, ni la de los cubanos, ni la de los venezolanos, ni la de los rusos, ni la de los surcoreanos intérpretes de kei pop, ni la de visitantes interestelares, entonces,

¿Quiénes perpetraron estos atentados? 

¿Qué se necesita para paralizar una ciudad de las características de Santiago?

¿Que se necesita para quemar, en algunos casos por completo y en forma simultánea, infraestructuras con situaciones tan diversas, como las estaciones de las múltiples líneas de metro, de las cuales, parte son subterráneas, parte superficiales y parte elevadas?

¿Que se necesita para comprometer tan significativamente una red de transporte, distribuida en tan amplio emplazamiento? 

¿Cuántas personas, cuánto material incendiario y en general, cuál es la capacidad operativa necesaria para llevar a cabo una acción de tal magnitud?

El análisis, hace tambalear la feble e irresponsable versión oficial, desnudando un relato que no resiste la lógica. 

Pese a que en ningún caso es posible minimizar la indignación, que un gobierno como el actual es capaz de producir en el país completo, ciertamente no es comparable una barricada con un atentado mayor, como lo es el incendio múltiple y sincronizado de grandes infraestructuras. 

Una operación que además de altamente compleja, habría requerido en algunos casos, como señalaron desde fiscalía, de un acceso mayor a las instalaciones. 

Nos preguntamos si es un acceso similar al que es requisito para establecer centros de tortura y detención, que según se denunció, es lo que habría ocurrido en la estación baquedano, la misma que conduce a Plaza Dignidad. 

Delitos de alto impacto, que no tienen culpables, pese al empeño del oficialismo en encontrar chivos expiatorios, buscando de forma mañosa herramientas que le permitan procesar a alguien, a quien sea, mientras no se trate de un gran empresario, en el menor tiempo, y con el menor rigor probatorio posible. 

Un comportamiento característico de esta administración, reflejo de quién la conduce, un mandatario que no tiene irreprochable conducta anterior. Su actuar reciente nos recuerda otros eventos previos de similar factura, como los casos “bombas” y “huracán”. 

Mientras en el primero se intentó presentar un poster de guns n' roses y un ejemplar de “El arte de la guerra” de Sun Tzu como pruebas para lograr condenas, en el segundo derechamente se falsificaron para inculpar a comuneros mapuche.

Con antecedentes de esa calaña en mente, podemos concluir como mínimo, que resulta difícil confiar en que las pruebas que pueda presentar el gobierno, carabineros o sus representantes en el sistema judicial, sean realmente relevantes para respaldar las acusaciones oficiales.

Más aún, ante tanta actuación cuestionable en el ámbito de la criminalización de Derechos y la arbitrariedad estatal, ¿Es posible todavía, creer que los argumentos presentados para acusar a las personas de delitos terroristas, son verdaderos y no están adulterados? 

En todas estas materias, ciertamente de muy difícil especialización, es posible que el gobierno no tuviera muchos problemas para encontrar “efectivos” de la policía uniformada, que pudieran tener las calificaciones y la experiencia de campo necesarias, para llevar a cabo este tipo de tareas de “inteligencia” proactiva. 

Sin embargo, ante la ausencia aparente de registros de los acontecimientos mentados, nos preguntamos: 

¿Qué fue de las cámaras con las que la ministra hutt amenazó a los manifestantes que evadieron el metro? 

¿De verdad no se salvó ninguna de la acción de las llamas (que por cierto no destruyeron por completo todas las estaciones)? 

¿Dónde están los registros de los perpetradores, en una ciudad llena de dispositivos de vigilancia, como Santiago?

Si, como el presidente dijo, prácticamente todas las estaciones estaban bajo ataque, ¿serían suficientes 10 efectivos por estación para su resguardo?

Por la boca muere el pez, versa el tradicional dicho, y por supuesto, la piraña no es una excepción a esta regla universal.

Más aún hoy, en que la codicia, el dinero y las formas abusivas e inmorales de obtenerlo, de las cuales piñera es un cultor más, están en entredicho. 

A la cuestionable ética del presidente, se suman la mentira y el descaro patológicos que lo caracterizan, y forman parte central de la esencia de su cortoplacista manera de ser. 

Dichos rasgos fundamentales, que para espanto de sus asesores, sólo son equiparables a su incontinencia verbal, tienen un paralelo en su convulsiva forma de gesticular. 

Una verborrea incontrolable, que le juega malas pasadas al primer mandatario, que lo lleva muchas veces a decir cosas que sólo debiera “pensar”, por contradictorio que parezca asociar este verbo a su oportunista persona.

Nos da la impresión de que, para alguien que miente de forma tan abundante y reiterada como él, esto significa que muchas veces deja escapar la verdad.

Cada uno de estos deslices comunicacionales presidenciales, debe acompañarse posteriormente de sendas aclaratorias, que una y otra vez ponen a prueba y tensionan al máximo la capacidad del aparato de comunicaciones oficial, para extinguir los focos de “incendio”, cuya frecuencia es cada vez mayor.  

La  declaración en que el presidente señaló “cuando supimos que iban a quemar las estaciones del metro”, parece otro más de esos ataques de sinceridad, que por supuesto tuvo como correspondía su consecuente explicación poco convincente.

Suponiendo que, dada la manera en que se sucedieron los acontecimientos, pudiéramos concluir que el presidente decía la verdad, y sabía que atacarían el metro, entonces, 

¿Podríamos también concluir que sabía quienes llevarían a cabo este ataque? 

Más allá de apuntar a los posibles autores materiales, y no obstante el conocimiento que tenemos de la existencia de una institución policial militarizada con experiencia en hechos de esta naturaleza, resulta más importante aún comprender quién resultó beneficiado con las consecuencias de estos actos.

Ciertamente no fueron los ciudadanos muertos por la acción represiva de la fuerza estatal, ni quienes habitan en las comunas más periféricas, conectadas más ágilmente gracias a este medio de transporte, que aún sin ser ideal, es en muchos casos una mejor opción, considerando la denigrante oferta disponible.

Al respecto, muy llamativa resulta la circunstancia, de que cada vez que se ha buscado mejorar la calidad del transporte hacia los sectores populares, la reacción de los habitantes de comunas acomodadas ha sido de histeria, rechazo y desprecio; además de discriminatoria, prejuiciosa, racista y clasista.

Baste recordar cómo el éxodo de la clase alta, que escapaba no sabemos de qué ni de quién, en dirección a nuevos baluartes dominadores del territorio desde las alturas, generó el surgimiento y crecimiento de polos comerciales, inmobiliarios y de servicios.

Natural sería concluir que aquellos privilegiados que se quejan por tener que compartir el espacio con los pobres, y que se oponen incluso a la libertad de desplazamiento que tanto dicen defender en otras ocasiones, estarían muy contentos de poder limitar la capacidad conectiva del sector poniente de la capital.

Dada la amplitud de este ámbito territorial, resulta llamativa la diferencia, con lo ocurrido en las llamadas tres comunas del rechazo, que pese a contar con prácticamente un tercio de la superficie de Santiago, no sufrieron de este tipo de hechos. 

Dicha localización geográfica, no es exclusiva de los atentados ocurridos en el metro, sino que además se repite en los saqueos y posteriores incendios a supermercados y otras dependencias, con resultados de muerte.  

La forma en que se desarrollaron estos acontecimientos, fue también sumamente vistosa, principalmente porque ocurrieron a vista y paciencia del personal armado del ejército cuyo rol, según se dijo, era detenerlos.

Lo que presenciamos en cambio, fue como dicha fuerza de ocupación se dedicó a permitirlos, organizarlos e incluso, en algunos casos, participar de ellos. 

Hasta el día de hoy, sin embargo, persisten las dudas acerca de cuáles fueron las reales causas de aquellos desenlaces fatales y, si hubo fusiles de asalto o armamentos de otra naturaleza involucrados. 

En tal contexto, la reunión que en ese entonces sostuvo el gobierno con los representantes de los supermercados y la sociedad de fomento fabril (sofofa), que de acuerdo con lo que se comunicó, tenía como objetivo establecer una mesa de coordinación, es un hecho que atrae poderosamente el interés. 

Nos preguntamos,

¿Qué era lo que tenían que coordinar? 

¿Pudieron haber seguros comprometidos en el respaldo de los bienes siniestrados?

¿Había ventas proyectadas de algunos de los terrenos involucrados? (¿a grupos inmobiliarios?)

¿Cumplió el gobierno algún rol en facilitar dichas gestiones comerciales, o en entregar alguna garantía pública, a estas organizaciones privadas? 

Importantes de considerar también, son los efectos que estos siniestros, en apariencia voluntariosos, han tenido en el establecimiento de una agenda autoritaria de seguridad que, de la misma forma en que ocurrió con el sistema económico neoliberal en dictadura, ha sido favorecida por medio de una estrategia de shock, que además de eliminar la posibilidad de disenso, es el camino para generar una regresión tiránica y despótica.

Reformas legales que no sólo son impopulares y arbitrarias, sino que además van en contra del bien común, de lo razonable, y de aquello que nos dignifica como Seres Humanos.

Medidas que en definitiva son Antihumanas, que contravienen la legalidad Internacional, y que no son factibles en los lugares en que existe de verdad el Estado de Derecho.

Políticas que se implementan aprovechando los momentos de crisis y conmoción social, que además son groseramente aplicadas, justificadas e impulsadas a partir de sucesos de alto impacto, para así distraer la atención pública del ejercicio abusivo del poder. 

Políticas que en el caso chileno, posibilitaron no sólo la pronta militarización del país, y un toque de queda de casi dos años de duración, sino que también la criminalización progresiva de la disidencia.

Incluso con la opinión pública indignada y conmocionada por los crímenes de lesa humanidad, que agentes del estado perpetraron de forma generalizada a nivel nacional, la agenda represiva vió su camino allanado gracias al favor presidencial. 

La brutalidad policial cumplió además el rol de amedrentar, atemorizar y retraumatizar a la población, al traer a la memoria colectiva, el recuerdo de años de terror, oscuridad y muerte.

Situación que, a la vez que resulta imperdonable, configura un escenario favorable para un presidente como el actual, al que el pueblo soberano rechaza de manera tal, que de no mediar la militarización, no hubiera podido mantenerse en su cargo.

En base a lo que parecen sugerir las apariencias, surge la sospecha de que en la búsqueda de consolidar, por medio de las armas y la violencia, el liderazgo de un cadáver político como el del presidente sebastián piñera, el gobierno pudiera haber cometido atentados de falsa bandera, destinados a respaldar la estrategia oficial, configurando un escenario que se asemeja al de una tentativa de autogolpe.

Testimonios como los de karla rubilar, actualmente ministra de desarrollo social y familia, y mario desbordes (RN), ex  precandidato presidencial y exministro de defensa, respecto a la antesala que dio paso al llamado “acuerdo por la paz”, parecen avalar esta tesis. 

También los múltiples hechos en que se ha revelado la implicación  de “efectivos” de la fuerza pública, en infiltraciones ilegales de agrupaciones sociales, incitación a cometer delitos de connotación terrorista, acusaciones falsas basadas en montajes, e incendios. 

Chile neoliberal, el antihumano edén de la indolencia

En una sociedad como la chilena, en que lo cuantitativo es la norma oficial, en que la humanidad es lo menos importante, y lo material está más protegido por la ley que las personas, tanto los muertos como los vivos son sólo números, y no tienen cara ni nombre. 

Sujetos a un conteo que nos arrebata la dignidad, somos progresivamente deshumanizados y cosificados, lo que permite al poder construir una realidad diluida y sesgada, escondida tras las cifras que nos equiparan con los objetos inanimados.

Invisibilizados como los Presos de la Revuelta, que permanecen encarcelados en base al testimonio de la cuestionada fuerza pública, pese a que muchos de ellos ni siquiera han tenido un juicio, mucho menos una condena. 

Acallados por la acción criminal de agentes del estado, como los Mapuche asesinados, en su lucha ancestral contra la usurpación de sus tierras; como los Chilenos que fueron muertos, por medio de balazos, golpizas, atropellos, encerronas y denegación de auxilio, durante el Estallido Social de Octubre, entendemos que la pelea por un país mejor también nos pertenece. 

Tenemos la certeza de que, mientras la injusticia sea la norma, no habrá paz para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, tanto para los autores materiales como para los “intelectuales”, tanto para los asesinos de las fuerzas policiales y militares, como para sus respectivas cadenas de mando, tanto para aquellos que hoy siguen libres caminando por nuestras calles con sus manos manchadas, como para sus cómplices y encubridores.

Estamos a la deriva, abandonados a nuestra suerte, como los miles de fallecidos por covid-19, que vivieron y murieron hacinados en las poblaciones. Quienes en busca del sustento familiar, que le evitase a los suyos el hambre, se levantaban todos los días de madrugada, para ir al trabajo en transportes atochados, enfrentados cotidianamente a una encrucijada mortal. 

Comprendemos con claridad que no le importamos al indolente gobierno, ni al Antihumano modelo económico que la moneda, vocera y delegada de pérfidos intereses, tan encarnizadamente defiende.

Sin voz, como las mujeres de todas las edades, que han sido violentadas sexualmente por su jefe, amigo cercano, tío o padre.

Como las víctimas de violencia machista que, además de agredidas y vulneradas, se encuentran absolutamente desprotegidas y con su integridad en riesgo permanente, a causa de la ausencia inexcusable del estado. 

Es lo que ocurre en el mismo país en que quemar un camión tiene una pena mayor que la violación, los mall son resguardados con fuerza pública, y la infraestructura y los bienes, tanto muebles como inmuebles, están más protegidos que la soberanía personal.

El oasis de los crímenes de género, un sitio en el cual el destino de las asesinadas, por su pareja, expareja, pololo, andante, marido, amigo, o “por encargo”, se reitera cual “déjà vu”, en una historia y otra, y parece ser ineludible, cuando la justicia o llega tarde (la mayor parte de las veces de manera póstuma), o simplemente no llega.

El resultado es cada vez un nuevo femicidio, otro asesinato más, que se suma a diario a una cifra negra interminable, que pasa a engrosar una lista sin fin, una más de las estadísticas infames de este sistema cruel. 

El paraíso del suicidio y la discriminación, en que algunos padres abandonaron los cuerpos de sus Hijes muertos en el atentado de la disco Divine, en razón de su intolerancia. Donde a les Asesinades a causa del odio lesbofóbico, homofóbico o transfóbico, se les negó el Derecho de ser, de expresarse libremente, y de alcanzar la felicidad con su existencia, como la eligieron o como les tocó. 

El lugar en que a muches les quitaron la vida, por atreverse a buscar el amor, tan sólo porque a ciertas personas ajenas, les molestó su mera existencia. El lugar en que algunos, por una inaceptable pretensión paternalista de superioridad moral, han querido atribuirse el derecho de decidir por las vidas y los cuerpos de los demás, como si por mandato divino, los hubiesen nominado como tales, arrogándose de esa indecente manera, una potestad que nunca les correspondió y que nadie les entregó. 

Sucede en el mismo país en que, a causa del fundamentalismo religioso, las vidas de las Mujeres son desechadas, enmudecidas porque no se les practicó un aborto por inviabilidad fetal a tiempo, pues antes de que las pudieran operar, debían estar en riesgo vital inminente. 

Un lugar, en que el estado le niega a quienes  no quieren ser madres, el Derecho a decidir sobre su propia persona, y en el que miles han perecido en procedimientos clandestinos, porque no contaban con el dinero necesario para “operarse de apendicitis” en el extrajero, o en una clínica privada, una clase de edificio que en chile puede tener consciencia y, por supuesto también, ánimo de lucro. 

La copia infeliz del tártaro, en que los niños, niñas y adolescentes (NNA) del servicio nacional de menores (sename), en vez de ser protegidos por el estado, fueron vulnerados una y otra vez, abusados, denigrados, traumatizados e incluso en algunos casos prostituídos por los privados a quienes se les delegó esta función, haciéndoles receptores de cuantiosos ingresos, pagados con fondos públicos.

Un infierno que a diario, sufrieron en silencio los miles de Niñas y Niños muertos por funcionarios de esa repartición y sus organismos colaboradores (OCAs), hasta el desenlace fatal, que se ocultó en la maraña institucional del estado subsidiario, que disfraza de protección social, lo que en realidad es un lucrativo negocio, que se alimenta de la vida de nuestra Infancia, en el olvido y el desamparo. 

Pese al reciente cambio de nombre del sename, obrado con la creación del “servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia, mejor niñez”, la persistencia de la lógica de interacción público privada, y el hecho de que los organismos colaboradores cuestionados siguen siendo elegibles para integrar la red de centros, configura una modificación meramente cosmética. 

Consistentemente, el veto presidencial, que bloqueó el proyecto que buscaba garantizar los Derechos de la Niñez, reafirma esta realidad y prueba una vez más que el eslogan “los Niños primero”, se refiere sólo al fatídico e indignante regreso a clases pandémico, tozudamente impulsado sin las condiciones sanitarias y de infraestructura mínimas, que como consecuencia registró la muerte de un niño por electrocución. 

Nos preguntamos, ¿Cómo raúl figueroa, ministro de educación, podría explicarle a sus padres, la criminal obcecación que les quitó a su Hijo?

La desidia estatal, que precisamente se debe al interés privado en prestar los “servicios”, es en definitiva, en este caso como en tantos otros, el origen de las vulneraciones, una muestra más de que para la autoridad, los beneficios económicos de algunos, son más importantes que las vidas de los NNA. 

Es justamente aquello que callan los llamados “defensores de la vida”, sin duda porque muchos de ellos también son partes interesadas, en una operación vil y deleznable, y que resulta equiparable a la trata de personas, en todas sus nefastas y perversas variedades. 

Tan deleznable, como los crímenes que truncaron la existencia de las Niñas de Alto Hospicio, Las Reinas de la Pampa, que perecieron bajo el sol abrasador del Norte Grande. 

Víctimas de violación y femicidio, sus memorias fueron manchadas, denigradas y estigmatizadas en cadena nacional, en pos de un rentable espectáculo televisivo, que se basó en el prejuicio asociado a su origen social humilde.

La búsqueda, repulsiva, cruel, inmoral del morbo, que tan lucrativo resulta para los grandes medios de comunicación, se reveló aún más inhumana y criminal, en contraste con la de las Madres, que recorrían incansables el desierto, queriendo encontrar a las Hijas que ya no regresarían a casa.

¿Es posible no sentir indignación ante tanta injusticia, horror y muerte?

¿Es posible no sentir que los pulmones se encogen y el corazón se atrofia, como decía Gladys Marín?

Ensimismados de forma forzosa en el egocentrismo neoliberal, debemos luchar con fuerza y convicción en contra de la indolencia que el sistema promueve, y no permitir que nos quiten la capacidad de sentir espanto, porque de lo contrario perderemos aquello que nos hace Humanos. Para que el mañana que vendrá, el “Nunca Más” se convierta en una realidad, no debemos olvidar a nuestros muertos, ni tampoco a quienes los asesinaron.

Por eso recordaremos para siempre, a los esbirros del poder económico, que condujeron el estado para cumplir sus fines perversos, pero que abandonaron el deber de garantizar la integridad de los habitantes del país.

Partícipes y cómplices del nefasto gobierno actual, defienden con uñas y dientes a una institución corrupta y asesina como carabineros, a la vez que avalan su actuar criminal. 

El actuar de una policía que claramente no es defensora de promover el bien común, ni de proteger a la ciudadanía, pero sí a los grandes “empresarios”, aquellos que pagan las campañas políticas sin mirar a quien, los que financian los últimos metros de carrera o los “raspados de olla”. 

Es lo que sucede cuando el país es gobernado por los intereses económicos y el fundamentalismo neoliberal, que busca mantener el individualismo narcisista como la norma, y que además disminuye el ámbito de acción del estado, transformándolo en un anexo, un apéndice del poder del dinero, un títere de la plutocrática oligarquía. 

Ésto, por supuesto, es la consecuencia de delegar las funciones y labores estatales en el mercado, que convierte los Derechos Humanos en bienes de consumo, a las empresas que los proveen en un remedo insuficiente del Estado, y al Bien Común en beneficio privado. Cuando las “libertades” reemplazan a los Derechos, no tenemos garantizada una jubilación digna, pero podemos elegir la administradora de fondos de pensiones (afp) y el fondo en que estará “invertido”, en definitiva apostado, nuestro dinero.

Cuando la élite económica es la que gobierna en todas las esferas de la vida Humana, velando sin pudor por sus propios intereses, y buscando de forma incesante obtener utilidades instantáneas, a costa de lo que sea necesario, ¿Por qué no podría gobernar también en la salud pública, con lineamientos de la misma naturaleza?