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#Prontuario de Gabinete Textos por Eddy Whopper / caricaturas por Andrés Casciani
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Nicolás “Nicky” CAPUTO Nombre completo: Nicolás Martín Caputo Fecha de Nacimiento: 13 de octubre de 1958 Si el empleado de confianza para el éxito del giro fraudulento de Macri es Marcos Peña, sin dudas Nicolás “Nicky” Caputo constituye su apoyo moral y su “know-how” negocial indispensable. Ha permanecido par a par en cuanto proyecto, emprendimiento y acción haya emprendido Mauricio. Es, en propias palabras del líder del PRO, su “hermano de la vida”. Compañero de curso de Macri en el colegio Cardenal Newman, compartía con él la carencia de abolengo y la proveniencia de una familia de italianos enriquecidos. Su abuelo, un inmigrante del Sur de la península, fundó la empresa Nicolás Caputo Sociedad Anónima de Edificación en la década de 1930, piedra basal de la fortuna de la estirpe. El padre de Nicky, Jorge, se desempeñó como directivo de esa firma. El primer proyecto que llevó a cabo con Mauricio Macri fue el de formar un equipo de fútbol con el fin de eximirse de las prácticas obligatorias de rugby que les imponía el colegio. Con el tiempo, Caputo sería fundamental en el arribo del macrismo al club Boca Juniors, a pesar de ser hincha de Racing. Nicky logró la preponderancia de Boca en el fondo común de inversión que se había creado durante los años 90 para evitar la quiebra de todo el fútbol argentino: como testaferro de Mauricio Macri, que estaba impedido de operar precisamente por ser presidente del club, compró el 75 % de las cuotapartes y dominó así la voluntad del resto de los participantes. En virtud de la sólida amistad con Mauricio, Caputo integró todas las “mesas chicas” en las que su compañero tuvo un espacio de liderazgo, siempre como “asesor” con influencia “hacia dentro”. Si bien el vínculo se exteriorizó desde un primer momento como definitivo, en agosto de 1991 se produjo un punto siderúrgico de no retorno: Nicky fue quien se encargó de llevar los 6 millones de dólares de rescate en ocasión del controvertido secuestro de Mauricio, dinero que tomó directamente de manos de Franco y que entregó a los secuestradores luego de 12 horas de recepción de instrucciones y “paseos” distractivos. Para entonces, Nicolás ya era lo que en la ilusión aspiracional de la clase media argentina se reconoce como un “empresario exitoso”. A los 25 años y luego de haber abandonado la carrera de Ingeniería, fundó la empresa Mirgor S.A., que se dedicaría a la fabricación de equipos de aire acondicionado para automóviles: Mauricio Macri fue director de esa firma. La idea de montar el emprendimiento provino de Franco Macri -por entonces director de Sevel Argentina gracias a sus vínculos con empresarios italianos y franceses- quien aseguró a Mirgor la compra sostenida de equipos para los productos Fiat y Peugeot fabricados en el país. Los modelos Fiat 128 Europa y Súper Europa, Mirafiori, 147, Spazio, Regata, Duna, Uno y Fiorino, junto con las líneas de Peugeot 504, 505 y 405 constituyeron booms de venta entre la clase media en ascenso. Así, Mirgor logró no sólo robustecerse; sino, además, expandir con posterioridad su ámbito comercial hacia la producción de electrodomésticos. Mientras tanto, la constructora fundada por su abuelo (ya denominada Caputo S.A.I.C.yF.) había evolucionado hacia la constitución de un conglomerado empresario conocido como “Grupo Caputo”, que a la fecha incluye la participación en una veintena de “empresas madre” con intereses en los más variados rubros: construcción, mantenimiento de espacios verdes; producción, transporte y distribución de energía eléctrica, shoppings, venta de medicamentos, explotación de edificios en Puerto Madero, inversiones inmobiliarias, ensamble de material tecnológico y muchos otros. Al fundarse el partido Propuesta Republicana (PRO), comenzó su carrera política. Como hombre de plena confianza de Macri, fue designado vicepresidente primero de la agrupación. Antes de que Mauricio fuera elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad en 2007, el Grupo Caputo se había hecho de una gran cantidad de contratos como proveedor del Estado capitalino. La mayor parte de estas contrataciones comenzó a darse durante la Jefatura de Jorge Telerman, quien reemplazó a Aníbal Ibarra luego de las gestiones macristas para provocar su destitución. De este modo, Caputo logró hacerse cargo de la construcción del nuevo hospital de Villa Lugano a través de la firma SES S.A.; de la edificación de la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad por Caputo S.A.; la remodelación de pabellones en el Hospital Moyano (SES S.A.); el mantenimiento de los hospitales porteños Fernández, Ramos Mejía, Tornú y Pérez Galdós (Caputo S.A.); la remodelación del Centro Metropolitano de Diseño en el ex Mercado del Pescado y la construcción del Parque Mujeres Argentinas en Puerto Madero. No obstante estas vinculaciones, Macri lo nombró Asesor “ad honorem” del Gobierno de la Ciudad, cargo que ocupó tan sólo durante 39 días, luego de haber sido denunciado por incompatibilidad. Una de las acusadoras de este hecho en sede penal fue la hoy aliada al macrismo Elisa “Lilita” Carrió. A pesar de ello, Nicky siguió formando parte de las reuniones de gobierno que organizó Mauricio Macri durante sus dos períodos de funciones, sin que su presencia fuera cuestionada. Incluso, fue vocero y representante de hecho de la Ciudad en algunos conflictos gremiales, en especial los habidos con empleados municipales. Durante las Jefaturas de Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas del Grupo Caputo fueron las más beneficiadas por la celebración de contratos públicos que totalizaron, según las cifras oficiales, más de 100 millones de dólares. Muchos de ellos versaron sobre “contrataciones directas” (es decir, sin llamado a licitación) por “razones de urgencia” que a la postre se evidenciaron inexistentes, como el mantenimiento del Centro Cultural San Martín por más de 42 millones de pesos en 2014 (unos 4 millones de dólares de entonces), el mantenimiento de espacios verdes, y el mantenimiento integral del Microcentro, de hospitales públicos, del Teatro Colón y de los carriles y estaciones del Metrobús, entre otros. Todos ellos, a favor de empresas del Grupo Caputo o de Uniones Transitorias de Empresas, firmas subsidiarias o formas societarias de enmascaramiento. Otros trabajos también fueron realizados por firmas de Caputo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los gobiernos de su “hermano de la vida”: a modo de ejemplo, pueden citarse la readecuación del edificio del Parque Lezama, la construcción de los pasos bajo nivel de las calles Besares, Donado e Iberá; la reconstrucción del Cine 25 de Mayo en el barrio de Villa Urquiza y la realización de obras en la Villa Olímpica. El diario Página/12 da cuenta de que en la contabilidad oficial, incluso, figuran pagos que se le realizaron sin especificar “en concepto de qué, para qué, y bajo qué modalidad de contratación”. En casi todas estas obras, la Legislatura o el Poder Ejecutivo aprobaron ampliaciones de precios, por lo que se terminaron pagando abultadas sumas adicionales por encima de lo previsto en las licitaciones. Muchas de las empresas involucradas reconocen también participaciones accionarias de otras firmas de titularidad del Grupo Macri, por lo que es posible que todas estas contrataciones del período 2007-2015 también hayan sido concedidas a favor del propio Jefe de Gobierno. La legisladora opositora Gabriela Cerruti efectuó denuncias al respecto, pero las acciones penales no prosperaron. Nicky, además, figura en sus declaraciones juradas como deudor de Mauricio Macri, por préstamos millonarios en dólares. Una de estas deudas habría sido contraída durante el gobierno de Macri en la Ciudad, lo que resulta altamente llamativo, habida cuenta de la gravitación de Caputo como contratista de ese gobierno. Caputo fue también aportante de las campañas de su amigo, a pesar de ser proveedor de la jurisdicción, algo que la ley prohíbe. Durante los primeros meses de la presidencia de Macri en la Nación, Nicky no tomó intervención en actos de gobierno. Una vez organizado el nuevo “equipo”, reapareció cumpliendo su función asidua de asesor “extragrupo”. En abril de 2016 se dio a conocer su inclusión en la lista de los “Panama Papers”, como director de una firma denominada “MB 2014 LLC”, con sede en Miami. Si bien su grupo empresarial se continúa beneficiando con el producido de aquellos contratos públicos suscriptos al calor de la influencia de Macri como edil porteño, desde la renovación de las autoridades nacionales en diciembre de 2015 el sector que ha virtualmente disparado las ganancias de Nicky y su entorno ha sido el energético. En efecto: en su carácter de participante en la firma Central Puerto S.A., Caputo se vio altamente beneficiado por la dolarización de las tarifas eléctricas, ya que la sociedad es, junto con Pampa Energía del también amigo del presidente Marcelo Mindlin, una de las mayores empresas de generación de electricidad del país. Durante el período, la empresa suscribió, asimismo, otros contratos públicos cuestionados de ilegítimos, como el acuerdo con la estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. para abastecerla de energía eléctrica por 10 años, a un costo de más de 53 millones de dólares. Por lo demás, Central Puerto ha comprado en febrero de 2019 la central termoeléctrica Brigadier López de la provincia de Santa Fe, vendida por el Estado Nacional luego de que IECSA (firma del grupo Macri) incumpliera el contrato de construcción total de las instalaciones, a pesar de haber cobrado el dinero para hacerlo (en razón de este incumplimiento, el Estado rescindió la licitación; pero, una vez Macri en el gobierno, ordenó que se le abonara a IECSA una indemnización cercana a los 1.600 millones de pesos). La adquisición por parte de la empresa de Caputo (junto con su primo “Toto” y Eduardo Escasany) generó una denuncia por venta a precio vil, ya que fue adquirida al irrisorio valor de 362 millones de dólares, una cifra ínfima para una generadora de ese tamaño y alcance. La otra instalación termoeléctrica que en el acto se vendía, llamada Ensenada de Barragán (ubicada en las proximidades de La Plata, provincia de Buenos Aires), contó con ofertas de compra por parte de Pampa Energía. Caputo, también durante 2019, adquirió a través de esta empresa otra central ubicada en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. En su balance correspondiente al año 2018, Central Puerto S.A. exhibe una ganancia operativa que supera los 30.496 millones de pesos, un 631 % más que en 2017. Según el portal Integración Nacional, “entre las cinco empresas que más vieron crecer sus acciones en el país [durante el macrismo], cuatro son empresas energéticas; y de éstas, tres están relacionadas al trío Nicolás Caputo-Marcelo Midlin-Luis Caputo, todos cercanos a Macri”. En enero de 2018, Nicky vendió el 82 % de las acciones de la constructora Caputo S.A.I.C.yF. a la firma TGLT, llamativamente dueña de Genneia S.A., empresa que compró los parques eólicos pocos días después de que el gobierno nacional macrista se los vendiera sin licitación a Sideco Americana, empresa del Grupo Macri. En el “pase de manos”, la firma del presidente ganó más de 48 millones de dólares. Hoy, tanto Central Puerto como TGLT se ven beneficiadas por diversas normas recientes que amplían el “Régimen de Fomento de Energías No Renovables”, eximen de impuestos y otorgan subsidios y compensaciones las empresas del ramo. Mientras se escriben estas líneas, surge la noticia de que el presidente Mauricio Macri benefició a diversas sociedades del ámbito energético –entre las que se encuentra Central Puerto- con una suma de 120 millones de dólares, en concepto de compensaciones por diferencias entre los aumentos de tarifas y el incremento de la cotización de la divisa norteamericana. Nicky ha sido testigo del casamiento de su amigo Macri con Juliana Awada en noviembre de 2010. El periodista Esteban Rafele del Grupo Clarín y co-autor de una biografía de Caputo titulada EL OTRO YO, ha dicho de él: “Nicolás es el alter ego de Mauricio. Son lo mismo”.
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Patricia BULLRICH Fecha de Nacimiento: 11 de junio de 1956 Alias: “La Piba” – “Carolina Serrano” A contrapelo de origen patricio, (Bullrich-Luro Pueyrredón), desde adolescente formó parte de la resistencia armada peronista que derivó en la formación de Montoneros, donde tomó el nombre clandestino de Carolina Serrano y llegó al grado de segunda teniente. Su habilidad política le facilitó la generación de vínculos con expatriados del peronismo revolucionario. Debió, sin embargo, exiliarse en México y luego en España y Francia; no sólo en razón de ser perseguida por el aparato para-estatal de los años 70s, sino, además, en virtud de la acusación que le formulara un sector de sus pares de haber delatado y “entregado” a propios compañeros de lucha. Regresó clandestinamente en el año 1978. Se vinculó en Europa con Rodolfo Galimberti, pareja de su hermana Julieta Bullrich y comandante de la “Columna Norte” del ejército revolucionario. De la unión con el dirigente montonero Marcelo “Pancho” Langieri nació su único hijo, Francisco. Vuelta la democracia y blanqueado su pasado guerrillero, se sumó primero a la lista de Antonio Cafiero y, luego de que éste perdiera finalmente en las internas para ocupar la presidencia de la Nación, pasó a formar parte del plantel menemista. Logró así ser diputada desde 1993. Ocupó luego diversos cargos en la provincia de Buenos Aires; pero, desgastado el menemato, decidió integrarse a la llamada “Alianza”, una coalición de partidos en la que predominaba la influencia de la Unión Cívica Radical. Allí llegó a propuesta de Fernando de Santibáñez, quien a la sazón era ex titular de los Servicios de Inteligencia del Estado. Con el triunfo de Fernando de la Rúa en los comicios de 1999, Patricia Bullrich fue designada Secretaria de Políticas Criminales. La necesidad de endurecer las decisiones económicas y a la vez de blindar el descontento social en razón de la crisis de fin de siglo, motivó a de la Rúa a colocarla en el Ministerio de Trabajo y luego en el Ministerio de Seguridad Social. Desde allí, abandonando sus primeros principios libertarios, enfrentó al sindicalismo y dispuso una quita salarial del 13 % a trabajadores y jubilados, con el fin de hacerles soportar “proporcionalmente” el peso de la crisis y de contener el gasto público, medida que fuera sugerida por Domingo Felipe Cavallo, el nuevo Ministro de Economía, quien seguía las directivas del Fondo Monetario Internacional. Durante su gestión como ministra de la Alianza, el desempleo en la Argentina alcanzó el máximo histórico del 25 %. Extinguido el gobierno radical por la crisis del año 2001 –que la tuvo como protagonista de la generación de políticas de segregación económica- Bullrich formó un partido propio llamado “Unión por la Libertad”, que luego adhirió a la Coalición Cívica liderada por la radical disidente Elisa “Lilita” Carrió. Esta dirigente, no obstante, la había denunciado penalmente unos años antes por asociación ilícita y traición a la patria, con motivo de la suscripción de un decreto que privilegiaba el pago de bonos de deuda por sobre las jubilaciones y sueldos de los empleados públicos. El proceso quedó en agua de borrajas y el nuevo canal político le permitió a Bullrich, ahora aliada de su denunciante, obtener el cargo de diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2007 y 2015. En ejercicio de su mandato representativo, Patricia Bullrich pergeñó con Laura Alonso –en ese tiempo diputada del PRO- la citación al Congreso de la Nación del fiscal Alberto Nisman para que diera cuenta de una denuncia de traición a la patria, consensuada con el macrismo, en perjuicio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego del suicidio del funcionario, se constató que en su teléfono celular había decenas de llamados de Bullrich y Alonso: las comunicaciones habrían tenido por fin presionar a Nisman para que dijese ante los legisladores exactamente lo que desde la oposición y el poder real se había pautado. Para entonces, las alianzas políticas que Bullrich había generado desde su espacio en la Coalición Cívica, su fuerte impronta antikirchnerista, el nuevo rol de “Lilita” Carrió como referente del macrismo, su participación en el armado mediático que condujo al triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015 y su pasado en acciones de despliegue del uso de la fuerza, alimentaron la decisión del nuevo presidente de instituirla como Ministra de Seguridad. En dicha cartera, Patricia Bullrich encontró un espacio de liberación de sus tensiones agresivas y desplegó una de las políticas de ejercicio de la violencia por parte del Estado más intensas y violatorias de los principios democráticos de toda la historia argentina. Durante su ministerio, que aún no finaliza, las fuerzas de seguridad que comanda han asesinado desde el 10 de diciembre de 2015 a una persona cada 22 horas. Las muertes provocadas por el “entorno Bullrich” incluyen el homicidio del joven manifestante Santiago Maldonado que, de esclarecerse, podría constituir el delito de privación de la libertad seguida de muerte, calificada por su realización por un grupo de personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguido de la falta de información y negativa a reconocer dicha privación. Con el beneplácito de una mayoría profundamente arraigada en antivalores, y en palmario desconocimiento de principios elementales del derecho penal, Patricia Bullrich ideó un “Protocolo de Uso de Armas de Fuego” por parte de las fuerzas de seguridad, que otorga a sus agentes la posibilidad de disparar contra el cuerpo de quien genere lo que a criterio del represor configure un “peligro inminente”. La redacción y puesta en vigencia del Protocolo surgió como un modo de canalizar políticamente la aceptación mayoritaria de la llamada “Doctrina Chocobar”, tal el apellido de un policía que, en exceso de sus atribuciones, disparara y diera muerte a un delincuente que se encontraba en el piso, desarmado y herido de bala en una pierna. Tanto Bullrich como Macri felicitaron al agente, quien a la fecha se encuentra procesado. Una muerte que también se enmarcaría dentro de los actos de terrorismo de Estado, provocada por la Prefectura Naval a su cargo, es la del joven mapuche Rafael Nahuel, quien fuera asesinado por la espalda mientras escapaba de la agresión ilegítima de las fuerzas de seguridad. Bullrich declaró por entonces que los mapuches se encontraban en proceso de “tomar el territorio”, para conformar una Nación independiente. La ministra, asimismo, apoyó y justificó el accionar delictivo de funcionarios policiales que el 21 de mayo de 2019 asesinaron a cuatro adolescentes en la localidad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en ocasión en que los jóvenes paseaban en automóvil y, de pronto, comenzaron a ser perseguidos por los agentes. El conductor, asustado, tomó la decisión de acelerar y escapar del hostigamiento policial. Los uniformados, en aplicación de la “doctrina Chocobar” y del Protocolo de Uso de Armas de Fuego, dispararon directamente contra ellos: el automóvil finalizó estrellándose contra un camión y todos sus ocupantes murieron. Patricia Bullrich ha complementado la puesta en marcha de medidas económicas neoliberales con la dirección de acciones de represión contra trabajadores despedidos, jubilados víctimas de los recortes decididos en materia previsional y reclamantes en general, organizados o no. En dichos actos de violencia, las fuerzas lideradas por Bullrich han disparado con balas de goma y de plomo a mansalva, incluso contra niños, periodistas y meros transeúntes. Durante las protestas contra la Ley de Reforma Previsional, el personal a su cargo impidió la entrada al Congreso de legisladores de la oposición, rociándolos con gas lacrimógeno. Mandó apalear, también, a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, con el fin de que no ingresara a una reunión de líderes del Mercosur. En el año 2017, instruyó el envío de comunicaciones a través de la Cancillería a todas las embajadas y consulados argentinos en el mundo, para que denegaran las autorizaciones de ingreso al país a representantes de instituciones de derechos humanos y aun de pensadores reconocidos en el ámbito de la lucha por las libertades civiles. Además, organizó y ejecutó políticas de persecución a empleados y funcionarios públicos, a través de programas de espionaje y obligaciones ilegales de denunciar antecedentes partidarios de los trabajadores, su ideología política y su eventual participación en agrupaciones sindicales. Durante su gestión, el Estado Nacional batió records de compra de armamentos, pertrechos y maquinarias de violencia. Tal política incluyó la adquisición de cuatro lanchas israelíes equipadas con armas de guerra por un costo que superó los 48 millones de dólares, cinco veces más de lo que habrían costado si se hubieran fabricado en el país. En el año 2018 ordenó la tramitación de una licitación pública para la compra de 15 millones de municiones de goma. Sólo por la muerte de Santiago Maldonado y en virtud de la letra del artículo 142 ter del Código Penal, Patricia Bullrich podría ser condenada a la pena de prisión perpetua. Al tratarse de un delito de lesa humanidad, no existe plazo de prescripción para juzgarla.
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Laura ALONSO Fecha de Nacimiento: 23 de diciembre de 1972 Licenciada en Ciencias Políticas y Magister en Administración Pública y Políticas Públicas. En el año 2009 fue elegida diputada nacional por el PRO, partido liderado por Mauricio Macri. Por entonces, Alonso se desempeñaba como Directora Ejecutiva de la fundación Poder Ciudadano, una organización amigable al macrismo que en su Código de Ética establece la conveniencia de que “ningún miembro se desempeñe en cargos públicos ni partidarios, ni se postule a cargos electivos”. Acérrima y explícita antikirchnerista emocional, fue una de las personalidades del PRO que más abogó por la vinculación de Cristina Fernández de Kirchner con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Junto con Patricia Bullrich pergeñó la celebración de una audiencia en el Congreso de la Nación, en la que el funcionario debería informar sobre la gravitación de la ex presidenta en un supuesto encubrimiento de los autores del atentado a la sede de la AMIA. El fiscal se suicidó un día antes del acto y en su teléfono celular se registraron decenas de llamados provenientes tanto de Patricia Bullrich como de Laura Alonso, quienes lo habrían presionado para montar la escena de incriminación. Desde entonces, Alonso brega por el reconocimiento de un homicidio y sindica a CFK como su autora. En el año 2015, Laura Alonso fue designada por Mauricio Macri como titular de la Oficina Anticorrupción, cargo para el que no podía siquiera postularse, debido a que la reglamentación entonces vigente exigía “tener no menos de seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial". El 23 de diciembre de 2015, fecha en que Laura cumplía 43 años, se publicó el Decreto Nº 226/2015, que eliminó el requisito del título y cambió el nombre del cargo al de “Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”. En el desempeño de esta función, Laura Alonso demostró no sólo una palmaria impericia; sino, además, el despliegue de una parcialidad manifiesta. Si bien se presentó como querellante en cuanta causa involucrara a personalidades del gobierno precedente y apeló todos los sobreseimientos dictados por los distintos tribunales, pasó por alto más de 22.000 omisiones de presentación de declaraciones juradas de funcionarios del macrismo. Entre sus errores técnicos más recordados, figura la recomendación de, ante la duda, “delegar hacia arriba” la firma de resoluciones en las que pudiera quedar comprometida la ética pública, lo que resulta imposible desde el punto de vista del derecho administrativo más elemental. Apenas iniciada su gestión, y frente a la evidencia de que Mauricio Macri se hallaba involucrado en decenas de organizaciones fraudulentas radicadas en Panamá, Laura declaró que “tener una empresa off shore en un paraíso fiscal no es en sí mismo un delito”. Encubrió el conflicto de intereses público-privados evidenciado en el nombramiento de Juan José Aranguren como Ministro de Energía de la Nación. Recomendó una suerte de “contrato de testaferro” a través de la venta a un tercero de las acciones de Shell de las que Aranguren era titular. Más adelante, cuando el ministro fue imputado por favorecer a una filial de la petrolera en la compra de gas licuado, Alonso decidió no efectuar ninguna presentación. Similar ejercicio de pasividad favoritista exhibió en oportunidad de que el Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere recibiera, en pleno ejercicio de sus funciones, una gratificación de $ 500.000 por parte de la Sociedad Rural Argentina, entidad que había presidido hasta su nombramiento. La Oficina Anticorrupción no investigó este hecho, a pesar de que la propia hermana de Etchevere presentara pruebas que corroboraban la dádiva, como así también una diferencia de más de 20 millones de pesos en las declaraciones juradas del ministro. Tampoco inició investigaciones en casos de resonancia en que se encuentran involucrados bienes y empleados del grupo empresario de la familia Macri, como la compra irregular de terrenos al Estado y su posterior venta como parques eólicos; y la negociación, con evidente perjuicio para la Nación y complicidad de funcionarios judiciales, de la deuda contraída por el Correo Argentino en manos de Mauricio Macri. Su propia hermana, Soledad Alonso, fue beneficiada “de hecho” con la excepción de renunciar a su cargo en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, deber que por decreto había impuesto Mauricio Macri a los parientes de sus ministros y secretarios. Laura Alonso no intervino a fin de pesquisar las eventuales irregularidades o quebrantamientos éticos en esta continuidad laboral, y hasta advirtió que accionaría judicialmente si la noticia se publicaba. En el año 2018, fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos públicos. Se le reprochó haber contratado por sumas millonarias a la consultora CONSUASOR, para que ejerciera las funciones de prensa de la Oficina Anticorrupción, algo que resultaba abiertamente innecesario en un organismo público. CONSUASOR posee vinculaciones políticas con Cambiemos y recibió también dinero por otras seis contrataciones superfluas en la Administración Pública Nacional. Ese mismo año, la diputada Graciela Camaño encabezó una denuncia contra Alonso que incluyó el asunto del Correo Argentino y su abstención total de investigar acciones y conductas delictivas que involucran a funcionarios del macrismo. Al resultar evidente esta postura de encubrimiento, en mayo de 2019 declaró que la Oficina Anticorrupción no centraba sus esfuerzos en la averiguación de delitos por parte del entorno presidencial “porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este Gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales". En esta orientación, tampoco ha cuestionado los casos conocidos de uso privado del helicóptero presidencial por parte tanto de Macri como de su esposa, tales el de haber recogido a la niña Antonia Macri del jardín de infantes (dejándolo en el enorme predio contiguo de la Agencia Nacional de Discapacidad) o la visita proselitista a un centro de jubilados en el barrio de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la cual “estacionó” la aeronave en la cancha del club Atlanta. Puesta en conocimiento público la eventual connivencia delictiva entre el fiscal Carlos Stornelli, el juez venal Claudio Bonadío y el usurpador de títulos Marcelo D’Alessio –una asociación ilícita que extorsionaba a falsos imputados para tramitar causas armadas contra funcionarios del kirchnerismo- Alonso adoptó la polémica postura de apoyar al fiscal que rehusó presentarse a las indagatorias y fabuló públicamente acerca de un posible plan de la oposición para matarlo. A pesar de encontrarse en funciones como “Secretaria de Ética”, en las redes sociales no ha dejado nunca de publicar mensajes de violencia y discriminación contra los partidos de la oposición, y de tildar de “banda de ladrones” al peronismo. Sindica de “corruptos” a ex funcionarios que no han sido condenados por corrupción. Desde el año 2013, ha declarado en varias oportunidades que “podría enamorarse” de Mauricio Macri. Sus libertades expresivas se extendieron, incluso, a la burla por el caso más sonante de terrorismo de Estado cometido por el macrismo. A una publicación de la “Dra. Pignata” (Hernán Lombardi) que mostraba una caja con huesos humanos y consignaba que “acá termina el camino de Santiago Maldonado”, Alonso contestó “Love U” (“Te Amo”). Hasta el mes de julio de 2017, los medios no hegemónicos informaban que Laura Alonso había aumentado su patrimonio un 160 % durante la gestión macrista. No existen noticias posteriores acerca de la evolución de su fortuna.
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Gabriela MICHETTI Nombre completo: Marta Gabriela Michetti Fecha de Nacimiento: 28 de mayo de 1965 Si bien algunas informaciones vinculan directamente sus inicios en la política con el partido “Compromiso para el Cambio”, liderado por Mauricio Macri, otras fuentes señalan que sus primeros pasos en la militancia corresponden a su adhesión al Partido Demócrata Cristiano, una fuerza que nació del antiperonismo de mediados de la década del 50. Michetti, por entonces, se enroló bajo el apadrinamiento de Carlos Auyero, representante del ala de centroizquierda dentro del movimiento y fuerte defensor de los Derechos Humanos. Pronto pasó a integrar el PRO y fue elegida, dentro de este espacio, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2003. Desde ese entorno, operó a favor de su jefe de partido Mauricio Macri para acentuar la degradación de la imagen pública del entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, luego de la llamada “Tragedia de Cromañón”. Fue miembro de una Comisión Investigadora de los hechos, desde la que se promovió la destitución del primer mandatario porteño, lograda en marzo de 2006. Sobre la base de esta victoria política y con promesas de restauración del orden, Mauricio Macri (que había perdido las elecciones de 2003 precisamente contra Ibarra) logró vencer en los comicios de 2007. Gabriela Michetti lo acompañó como Vicejefa. En ejercicio de este último cargo, Michetti debía presidir las sesiones del Cuerpo Legislativo porteño. Sin embargo, tan sólo concurrió a 3 de las 43 sesiones que se desarrollaron entre 2007 y 2008. En el año 2009, impulsada por la buena imagen lograda en el electorado porteño (que vio en Macri un representante cabal de sus metas aspiracionales y en Gabriela Michetti una “gestora progresista”) triunfó en las elecciones para diputada nacional, cargo que ocupó hasta el año 2013. Luego fue senadora nacional. Enfocado en la campaña presidencial, Mauricio Macri centró sus esfuerzos políticos tanto en el seguimiento de la campaña mediática de sugestión colectiva –diseñada y liderada por el ecuatoriano contratado Jaime Durán Barba- como en la formación de la estructura de poder que le permitiera extender las posibilidades de su partido vecinal a un movimiento de alcance nacional. Gabriela Michetti quedaría como reservorio de poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, perdió frente a Horacio Rodríguez Larreta la interna para Jefa de Gobierno durante el período 2015 – 2019. No obstante, su vigor como cuadro político local condujo a Mauricio Macri, luego de muchas dudas, a integrarla como vicepresidenta en la fórmula que interpelaría el poder del Frente para la Victoria. Sus primeros pasos presidiendo el Senado de la Nación estuvieron signados por la torpeza y el desconocimiento. Falta de práctica debido a sus constantes ausencias en la Legislatura porteña, no sólo omitió renunciar a la banca de senadora que ocupaba desde 2013 antes de jurar como vicepresidenta de la Nación; sino que, además, demostró una palmaria ignorancia del Reglamento interno de la Cámara. Debió ser asistida en todo momento por el vicepresidente primero; luego de la primera sesión, prometió “estudiar más”. Tiempo después, frente a una situación de empate en la votación artículo por artículo de una ley de “apoyo a emprendedores”, la vicepresidenta confesó: “El reglamento dice que hay que volver a votar y ahí, si hay empate, desempata el presidente. Me dicen acá, yo no sé. Yo no lo sé”. Ya por entonces, las informaciones vinculaban a Michetti con dos hechos de gravedad. El primero de ellos versa sobre el presunto cobro de dádivas con el fin de favorecer la actividad de trata de personas en el ámbito de la ciudad: fue nombrada en la declaración de Lorena Martins, hija de Raúl Martins, amigo de Macri y ex agente de los Servicios de Inteligencia del Estado, quien lideraría una red de prostitución forzada desde hace más de dos décadas, con conexiones en Argentina y en México. El segundo hecho tiene relación con la ocultación de un aparente robo sufrido en su casa el mismo día que Mauricio Macri fue elegido presidente de la Nación (22 de noviembre de 2015). En esa oportunidad, Michetti habría ocultado la sustracción de 245.000 pesos y 50.000 dólares, noticia que tomó estado público luego de las declaraciones de su empleada doméstica. Puesta a aclarar el asunto, la ya vicepresidenta emitió un comunicado en el que sostuvo que el dinero en pesos provenía de una donación en efectivo realizada a la Fundación SUMA que ella presidía, y que los dólares tenían por origen un préstamo solicitado a su entonces pareja, el “coach espiritual” Juan Tonelli. En su testimonio, la trabajadora manifestó que era “habitual” que en la casa de Michetti hubiera “bolsos con dinero”. El episodio del robo doméstico sacó a luz un cúmulo de presuntas irregularidades en el manejo de la mencionada Fundación, que fuera una de las principales herramientas de gestión de aportes para la campaña de Cambiemos a nivel local y nacional. Por empezar, resultó llamativo que el dinero se encontrara en una bolsa junto a la cama de la funcionaria y en efectivo, ya que la normativa vigente imponía que toda donación que superara los $ 50.000 se realizara por vía bancaria. Además, la reglamentación ordenaba efectuar dentro de los 30 días una declaración jurada de la ofrenda, manifestación legal que fuera omitida por SUMA, tanto respecto de ésa, como de otras donaciones. La averiguación de estas anomalías resultó la punta de un enrevesado historial de ingresos de dinero a la Fundación, exentos de todo sostén documental. La organización, además, no había presentado balances en la Inspección General de Justicia al momento de conocerse públicamente el hecho, coincidente con la aparición de Mauricio Macri en los Panama Papers. La Fundación SUMA presidida por Michetti, asimismo, exhibía en su página de Internet una nutrida lista de empleados, a pesar de no tener ninguno registrado ante la AFIP. Con todos estos antecedentes, SUMA –una persona jurídica cuyo objeto publicitado era “la cooperación, el trabajo en red y la suma de esfuerzos entre distintos actores de la sociedad para alcanzar un objetivo común y potenciar el impacto”- habría sido hacia el año 2015 una “cáscara societaria” destinada tan sólo a la recepción de sumas de dinero. Quizás este velado fin haya generado la necesidad de que diversas personalidades del PRO fiscalizaran de cerca su actuación, su dinámica patrimonial y todo cuanto hace a la real finalidad de su creación; y así, entre sus autoridades, es posible encontrar al Senador y ex presidente provisional Federico Pinedo (secretario de la fundación), a la ex legisladora Silvina Giudici (tesorera), a Hernán Lombardi (vocal), a Guillermo Montenegro (vocal), a Rogelio Frigerio (vocal) y hasta a la pareja de un conductor mediático fuertemente vinculado con el macrismo, Alfredo Leuco. En el año 2016 se denunció que esta última –Cecilia Ruth Brook- recibía un sueldo del Senado de la Nación, pero en verdad trabajaba para SUMA. Gabriela Michetti fue finalmente sobreseída por el juez federal Ariel Lijo, en el año 2017, de los cargos que se le imputaron en función de estas cuestiones. Otra de las acusaciones penales que sobre ella recayeron fue la relacionada con el reparto de avisos propagandísticos del Senado de la Nación en diversos medios. Según el portal El Disenso, Michetti habría repartido más de $ 3.000.000 en el lapso de un mes, sin control alguno, entre periodistas “amigos del macrismo”, bajo la etiqueta de “pauta publicitaria” y en violación a las normas aplicables. Su entonces novio, Juan Tonelli, también recibió contraprestaciones millonarias en concepto de servicios otorgados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como organizador de eventos a través de la empresa “TOUGH MATCH S.R.L.”, como así también remesas en calidad de “pauta publicitaria” para su revista de buen vivir titulada JOY. Durante su gestión en el Senado de la Nación, Michetti articuló los mecanismos que finalizaron en el despido paulatino y programado de miles de empleados. Se jactó de ello en una entrevista: “en el Senado hice muchas cosas: arreglamos el edificio y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había”. Para encubrir la persecución discriminatoria por razones de ideología o pensamiento, afirmó que se trataba de personas que tenían “puestos políticos” y que “no renunciaron después del cambio de gobierno”. Durante un encuentro en el Rotary Club de Palermo, justificó la violencia desplegada por el Estado macrista durante las manifestaciones en contra de la Ley de Reforma Previsional. En aquella oportunidad, dijo que “las fuerzas de seguridad actúan sacando a la gente como la tengan que sacar. Si no la pueden agarrar, viene el hidrante; o, si no, balas de goma en la pierna. Tenemos que dejarnos de embromar". Por lo demás, acaso en función de su menor vocación delictiva, Gabriela vez a vez despliega conductas lúdicas de trasfondo infantil que alcanzan alguna notoriedad, y que dan cuenta de cierta torpeza en la ejecución de las pautas que tiene asignadas en esta etapa de la evolución política del macrismo. Son de mención, al respecto, las forzadas caras de “seriedad severa” que se exige durante las alocuciones de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, las dificultades para hallar las palabras adecuadas frente a preguntas de cierta complejidad, su metáfora de “la luz en el fondo del túnel” que aparecería durante un “segundo semestre” de gestión y sus balbuceos informes al intentar hablar en francés o en italiano. No obstante ello, diversos medios dan cuenta de que, tan sólo entre 2014 y 2015, se patrimonio creció un 708 %. Esta modificación positiva de su riqueza llegaría al 1.271 % en 2017, con relación al mismo 2014. El denuedo puesto por Gabriela en el mantenimiento de la fidelidad prodigada a Mauricio Macri no fue, sin embargo, suficiente para sostener el peso de su influencia en Cambiemos. Con la aparición de María Eugenia Vidal –una joven ambiciosa con mayores dotes discursivas y sobre todo histriónicas- Michetti parece haber encontrado un límite tanto de popularidad como de gravitación en la toma de decisiones dentro del ámbito partidario. A fuerza de verdad, su vicepresidencia de la Nación responde a una mera cuestión coyuntural: el meteórico fervor emocional de los sectores de clase media aspiracional por el “tándem” Macri-Vidal, quien de este modo se constituyó antes de las elecciones de 2015 en la “vicepresidenta natural” de la fórmula macrista. La apuesta a María Eugenia para gobernar la provincia (un insólito “pase” de jurisdicción, ya que venía de ser vicejefa de la ciudad de Buenos Aires), hizo retroceder a Mauricio en la elección de su compañera de fórmula, que recayó en Michetti tan sólo por el favor residual que los votantes porteños y bonaerenses le prodigaban. Una suerte de ejercicio de una “memoria por los servicios prestados” aprendido de su padre que provocó, incluso, algún enojo en Gabriela durante las vacilaciones de Macri antes de definir las candidaturas. Es posible que, si triunfa en las elecciones presidenciales de octubre de 2019, Mauricio Macri le ofrezca a Gabriela un cargo de representación ante organismos internacionales, con sede en el extranjero.
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PRONTUARIO DE GABINETE *Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper Sección: "PARTÍCIPES NECESARIOS / MASCOTAS" _________________________________________ HOY: Luis MAJUL A rastras bajo el ala del que manda Arrástranse las caras mercenarias Para ganar dinero con las blandas Arrastradas morales monetarias. Arrastrando veladas propagandas Se arrastra el beneficio a la bancaria A cambio del arrastre que demandan Los sueños de una clase imaginaria. A la venta se arrastra el compromiso Que a las perdidas almas deshermana Y arrastra la decencia por el piso. Habiéndolo tentado la Manzana Arrastrado ante el líder ojiazul Rastrea, millonario, Luis Majul.
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Sección: PARTÍCIPES NECESARIOS Hoy: BALCARCE La Quántica Energía omnipresente en la fotografía con tu nombre ilumina el sentir del Presidente y hace que valgas mucho más que un pobre. Tu justiciero hocico habría encontrado el PBI que tanto nos agravia, mas los Seres de Luz te han reservado el insigne sillón de Rivadavia. Nuestros designios aspiracionados de apolítica honesta y fe de hierro bendicen la ilusión de ser tratados como Mauricio a ti, ¡Oh, eximio Perro! Igual de fieles somos, sin bemoles, las mamis y los papis de dos soles.
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Marcos PEÑA Fecha de Nacimiento: 15 de marzo de 1977 Hijo de un banquero, bisnieto del terrateniente y fundador en 1908 del grupo empresarial La Anónima, Mauricio Braun, es también primo del Secretario de Comercio macrista, Miguel Braun. Por línea materna, desciende de José Menéndez, uno de los primeros empresarios instalados en Punta Arenas, dedicados a la navegación mercantil a vapor por el Estrecho de Magallanes. La empresa llegó a tener una enorme flota, líneas de ferrocarril, muelles y puertos propios. Josefina, una de sus hijas, se casó con Mauricio Braun, quien por entonces era el principal competidor de Menéndez. Así nació el linaje Peña-Braun. Tanto los Menéndez como los Braun generaron la más grande fortuna de la Patagonia, a través de métodos de explotación obrera e inserciones en la política nacional y regional, con fuertes lazos con Gran Bretaña y EE. UU. Poseyeron más de 1.300.000 hectáreas y una cantidad incalculable de cabezas de ganado lanar, frigoríficos, ferrocarriles y hasta centros de explotación minera. Su pertenencia oligárquica facilitó la intervención del Ejército Argentino en la represión de obreros huelguistas que reclamaban por mejores condiciones de trabajo y suba de salarios a principios de la década de 1920, conocida como “los sucesos de la Patagonia Trágica”. Durante el episodio, la familia Menéndez-Braun provocó la muerte de más de 1.000 trabajadores, muchos de los cuales fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. El padre de Marcos Peña, Félix, fue también funcionario de la última dictadura militar: en 1982 se desempeñó como subsecretario del área económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Félix Peña conocía al canciller Nicanor Costa Méndez por su pertenencia al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, una institución que generaba acciones de sostén ideológico al gobierno militar. También fue funcionario durante los años 90. Dotado de una singular capacidad de trabajo, su formación primaria en EE. UU. y su posterior concurrencia a colegios de élite como el Champagnat y el San Tarsicio, además de su carrera como politólogo y los vínculos empresariales de su familia, motivaron que Marcos fuera destacado por Mauricio Macri como uno de los principales pilares del partido Propuesta Republicana (PRO). Presidió el grupo de jóvenes de esa fuerza entre 2005 y 2010. En el año 2003 fue elegido Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las dos Jefaturas de Gobierno de Mauricio Macri en la Capital Federal, Marcos Peña fue Secretario General de la Ciudad y virtualmente administró y ejecutó la totalidad de las políticas de implantación neoliberal en el distrito. Reemplazó a Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Campaña del PRO en el año 2015. Puso en ejecución las prácticas de penetración psicológica y estilo goebbeliano propiciadas por Jaime Durán Barba, un ecuatoriano contratado por el macrismo para generar canales de sugestión colectiva y así vencer al peronismo en aquellas elecciones. La más polémica de estas acciones fue la implementación de un “ejército de trolls”: operadores informáticos especialmente entrenados para insultar a opositores, propagar noticias falsas y emitir consignas discriminatorias en gran cantidad y durante todo el día. El programa de acción y objetivo inmediato de los “trolls”, que finalmente rindió frutos, fue el de excitar el contenido de antivalores que compone el criterio de las clases bajas y medias aspiracionales. Así, Peña y sus trabajadores del llamado "call center” lograron poner en un espacio de legitimación la vocación antiética de una porción mayoritaria del país. Su principal herramienta de inserción, amigable con la tendencia decadente de esa franja, fue el despliegue de un discurso xenófobo, racista, individualista, insolidario, de agresión política y de desprecio por la formación intelectual y por los pobres. Gracias a la implementación de esos métodos de influencia y fascinación inmoral, Mauricio Macri resultó vencedor en los comicios. Marcos Peña fue designado Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Tres años después de esta victoria, trascendió que Peña habría también organizado una acción delictiva de aportantes falsos y desvío de fondos públicos para garantizar el éxito de la campaña. La aceitada confianza con el nuevo presidente de la Nación lo condujo a revestir el Número Uno en el llamado “Círculo Rojo” macrista. Poco a poco, la Jefatura de Gabinete comenzó a abarcar una enorme cantidad de áreas; algunas de ellas, antiguos Ministerios, que pasaron a ser Secretarías de Gobierno bajo su dirección última. Entre los primeros Decretos ilegales que firmó junto con Mauricio Macri, se encuentran el que reforma inconstitucionalmente la Ley de Ministerios y el que designa a Carlos Rosenkrantz (ex abogado del Grupo Clarín) y a Horacio Daniel Rosatti (renunciante del gobierno de Néstor Kirchner) como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en abierta vulneración de preceptos legales y constitucionales. Como parte del pacto habido con los medios de comunicación hegemónicos, Peña participó en la articulación de las políticas ilícitas de eliminación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). De este modo, abrió el camino para que –en especial- el Grupo Clarín pudiera poseer tanto periódicos como estaciones de radio, servicios de telefonía, internet, transmisiones por streaming y canales de televisión abierta y por cable, acumulación que la Ley de Medios impedía. Dicha norma fue virtualmente derogada por un decreto contrario a derecho que él también suscribió, lo que le valió una imputación penal. Luego de dictada la Ley de Reparación Histórica, que prohibía que los familiares de las autoridades de la Nación “blanquearan” capitales refugiados en el exterior provenientes de la delincuencia tributaria y económica, Peña suscribió el decreto que, contra las disposiciones vigentes, precisamente permitió que dichos familiares pudieran repatriar legalmente ese dinero. Marcos Peña se caracterizó por apoyar y facilitar en todo momento las gestiones del Estado en beneficio de las firmas pertenecientes al entorno empresarial del presidente, de manera de operar “de los dos lados del mostrador”. Durante su gestión, a modo de ejemplo, se dictaron normas que obligaban al sector público a reemplazar las luminarias convencionales por lámparas “LED”; al mismo tiempo, las licitaciones de compra de esas lámparas por parte de provincias y municipios eran ganadas por empresas importadoras pertenecientes a las familias Braun y Macri. También favoreció al grupo “La Anónima” en el otorgamiento de un mayor cupo de exportación de carnes, en el marco de la llamada “Cuota Hilton”. “La Anónima” fue la única empresa que aumentó, durante el período, la cantidad de carne vendida al exterior bajo este régimen (más de 300 toneladas). Fue sindicado como co-autor de una maniobra que implicó la concesión de subsidios por parte del Estado Nacional a la producción de soja en las juirisdicciones comprendidas en el llamado “Plan Belgrano”. De este modo, habrían quedado beneficiadas diversas fincas pertenecientes a empresas de Macri, Nicolás Caputo y el propio Marcos Peña en la provincia de Salta, por un total de 42.000 hectáreas. Sus vinculaciones empresarias también han generado que, una vez en el poder formal, una gran cantidad de parientes pasaran a revestir como cuadros de la Administración Pública en sectores de decisión. Marcos Peña es el real administrador del gobierno de Mauricio Macri. Todas y cada una de las decisiones presidenciales pasan por la consulta del Jefe de Gabinete de Ministros, primer hombre de confianza del presidente. Peña marca los tiempos de puesta en marcha de las políticas macristas, destinadas a favorecer a los sectores más altos de la sociedad. Es célebre el acto fallido cometido en una de sus alocuciones: “Hay un consenso en la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen”. Su equipo de “trolls” ha continuado sembrando el odio y la provocación durante todo el gobierno macrista, incitando a la violencia colectiva y agitando la miseria espiritual de millones de personas pertenecientes, en su mayoría, a una de las clases medias con menor vocación de construcción social inclusiva que ha exhibido la historia del país. Fuertemente condicionado por esta impronta de pensamiento oligárquico, segregacionista y discriminatorio, afirmó en el Congreso que “No somos lo mismo, no somos iguales”. La frase fue utilizada luego por todo el arco de Cambiemos y produjo un efecto emotivo de diferenciación en las clases aspiracionales adictas.
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PRONTUARIO DE GABINETE *Texto: Eddy Whopper / Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) _____________________________ HOY: Rogelio FRIGERIO Nombre completo: Rogelio FRIGERIO Fecha de Nacimiento: 7 de enero de 1970 El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Mauricio Macri es nieto de Rogelio Julio Frigerio (1914 – 2006), un político de la vieja época hijo de inmigrantes y enriquecido en virtud de su enorme capacidad empática y acuerdista. Tanto, que fue mentor y posibilitador del histórico pacto Perón-Frondizi, de acuerdo con el cual el líder popular, cuyo partido se encontraba proscripto, apoyaría a este último en las elecciones de 1958. Con posterioridad, debió renunciar al cargo que ocupaba en el gobierno frondizista y, luego del golpe de Estado de 1962, exiliarse en Montevideo. Años después, al regresar al país, obró de vínculo e influencia entre Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble: así, desde su primer puesto en la Dirección del periódico de mayor venta en Argentina, el hoy dueño del Grupo Clarín comenzó su carrera de gran porte en el ámbito de los medios de comunicación. Su padre, Octavio Frigerio, también posee una fuerte vinculación con el peronismo y a la vez con el “desarrollismo” impulsado por Rogelio Julio. A los 50 años se afilió al Partido Justicialista y ocupó diversos cargos públicos durante la década de 1990. Alternó la actividad empresaria con cierta notoriedad pública como político. Es hoy, a los 81 años, el presidente de un movimiento llamado “Peronismo para el Desarrollo”. Rogelio (nieto), sin embargo, se inclinó desde siempre por la actividad empresarial y la formación intelectual, cuyas capacidades y dotes parece haber heredado de su abuelo. También ocupó cargos durante la última década del siglo pasado: entre 1996 y 1998, fue Subsecretario de Programación Regional y luego Secretario de Programación Económica y Regional hasta 1999. Se dedicó luego a la docencia universitaria en carreras de grado y posgrado relacionadas con su licenciatura en Economía. De profesión neoliberal, representó al país ante organismos centrales del capital internacional, con fuerte influencia en las economías de países “emergentes”, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional. Incursionó también en otros ámbitos de fogoneo de las desigualdades fundadas en la división internacional del trabajo: fue presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, Gobernador alterno ante el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata y Representante de la República Argentina en el Grupo de Alto Nivel de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del MERCOSUR. Desde allí, elaboró posturas, propuestas y proyectos relacionados con el espacio de relegamiento decidido para el país por las potencias centrales. Frigerio fundó, además, la consultora “Economía y Regiones”, una de las grandes críticas de la gestión kirchnerista, a quien acusó, desde una óptica de presunto cuestionamiento científico a favor de los intereses de los capitales líderes, de tergiversar datos oficiales para obtener réditos políticos. Estas altas aptitudes intelectuales y, en especial, su decisión de apartarse del andarivel de amigabilidad peronista que había caracterizado al desarrollismo fundado por su abuelo, fueron advertidas por los operadores macristas. En el año 2011, ya incorporado al PRO, fue elegido legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, origen geográfico del partido liderado por Mauricio Macri. La propia Legislatura dio su visto bueno para que Frigerio, dos años después, ocupara la presidencia del Banco Ciudad. Su predecesor fue Federico Sturzenegger, a quien el macrismo había relevado como realizador de políticas de favorecimiento a los sectores de mayor acumulación de riqueza. Durante los dos años que duró su gestión en la banca oficial porteña, Frigerio también contribuyó a construir la andanada emocional/irracional que depositaría a Mauricio Macri en el poder. Con la anuencia de los publicistas del PRO, lanzó una línea de créditos para “primera vivienda”, cuya propaganda instaba a tomarlos para “dejar de alquilar”. Lo cierto es que tales créditos ofrecían sumas insuficientes para adquirir una casa o un departamento en la ciudad de Buenos Aires, una de las plazas de mayor valor por metro cuadrado del país. Además, demandaban el cubrimiento de exigencias imposibles de afrontar por parte de los prestatarios, como el porcentaje máximo del salario afectado a la cuota. El programa fue intensamente expuesto como demostrativo del espíritu de progreso: en afiches y carteles ubicados principalmente en las estaciones de subterráneo, se mostraba a parejas jóvenes accediendo a su hogar, en un montaje estético que resultaba de eficaz penetración en el entendimiento de la clase media aspiracional, principal destinataria de los préstamos. Sin embargo, de los 11.000 créditos disponibles, la propia ciudad admitió haber asignado unos 2.000. Otros estudios, indican que éstos fueron menos de 1.000; en todo caso, hacia el año 2015, tales refutaciones no resultaban de atención para el público macrista, muy captado por aquellos días en su capacidad de intelección franca e informada. Es por ello que sus declaraciones de abril de ese año, referidas a que los créditos otorgados por el Ciudad eran “muy poquitos”, no interesaron a nadie. La entidad, bajo su dirección, se vio involucrada en acusaciones de contrataciones indebidas con la empresa “La Usina Producciones”, del periodista adicto Fernando Niembro. Es que el Banco había publicitado en un programa que Niembro producía en el canal Fox Sports, durante la celebración de la copa mundial de fútbol Brasil 2014. Este episodio se sumó a otros de similar corruptela que implicaron a diversas reparticiones del gobierno de la Ciudad en pagos a la firma de Fernando Niembro por prestaciones de servicios “periodísticos y/o publicitarios”. El total denunciado fue de 21 millones de pesos entre 2012 y 2015 (según las cotizaciones de aquellos períodos, unos dos a cinco millones de dólares). Durante el año 2015, a sabiendas de la falsedad de sus dichos, sostuvo que “Macri no va a devaluar. El Gobierno actual ya devaluó. Ha sido el que más devaluó en el mundo en los últimos 12 años". Ya ungido ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio se constituyó en una herramienta permanente de implementación de políticas neoliberales motorizadas por el Ejecutivo macrista, de generación de consensos forzados con los gobernadores de provincias afines y opositoras, y de justificación de las acciones pauperizantes de la nueva administración. En materia social, fomentó la transformación del Plan PROCREAR (que procuraba la compra de viviendas por parte de personas de recursos bajos y medios) en un sistema de créditos sumamente onerosos, actualizables a través de las llamadas “UVAs” (Unidades de Valor Adquisitivo), que siguen las cifras de la inflación. Gran parte de la población que había confiado en las promesas de estabilidad económica y financiera exteriorizadas por Mauricio Macri y sus adláteres durante la campaña presidencial, tomó estos créditos, en la certeza de que, como había asegurado el presidente, “la inflación es lo más fácil de bajar”. Con el transcurso de los semestres, el gobierno macrista generó que la República Argentina tuviera la tercera tasa de inflación más alta del mundo: a la fecha, existen asociaciones de titulares de “créditos UVA” a punto de ser rematados que no discuten las políticas económicas, sino que tan sólo solicitan, también en seguimiento de una moderación acorde con sus metas aspiracionales, “una tasa razonable”. Rogelio fue uno de los “puentes de enlace” tendidos entre el gobierno macrista y el Fondo Monetario Internacional, que en mayo de 2018 comenzó a incursionar en la economía argentina, luego de que Néstor Kirchner ordenara pagar las últimas sumas debidas, diez años atrás. Incluso, defendió en el Congreso de la Nación –que lo interpeló- los recortes presupuestarios que se generaron como consecuencia del empréstito de 57.000 millones de dólares pedido a la entidad. Ese mismo año, también se posicionó a favor de la desaparición del Fondo Sojero Solidario, que repartía el 30 % de lo recaudado en derechos de importación de la soja entre las provincias. Frente a los reclamos de algunos gobernadores, y echando mano de recursos oratorios de alto componente fascinador, mintió: “desde el gobierno estamos agregando ingresos a las provincias, a través de recursos automáticos de libre disponibilidad”. Al mismo tiempo, fue sindicado por la asignación discrecional de recursos nacionales a provincias y municipios, habiendo otorgado más dinero por habitante a territorios afines que a jurisdicciones opositoras. Durante el primer año de su gestión, la provincia de Santa Cruz vio reducidas fuertemente estas asignaciones, lo que le impidió abonar en término y cantidad los salarios de empleados públicos y continuar con la realización de obras y planes comunitarios. Luego de un período de negociaciones (y del envío de activistas que apedrearon la casa de gobierno en 2016, para generar una escena preconcertada de “indignación popular” en la única provincia gobernada por una mujer de apellido Kirchner) logró la asistencia económica que sostenidamente había venido recibiendo y que por motivos políticos, con la anuencia del ministro Frigerio, dejó de percibir. En cuanto a cuestiones electorales, Rogelio Frigerio se mostró sorprendido por la existencia de aportantes falsos a la campaña bonaerense de Cambiemos en el año 2017, dato que no podía escapar de su conocimiento en función de las competencias de su cartera. Adujo que en el asunto “debe actuar la Justicia”: más de dos años después, el caso no se halla resuelto. Para cerrar toda discusión, declaró que se fomentaría el dictado de una ley que impusiera la obligación de “bancarizar” todos los aportes, una iniciativa a la que se opuso el arco empresario, acostumbrado a la celebración de acuerdos más informales y menos expuestos con el poder político. Finalmente, en julio de 2019, un decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti permitió las donaciones de dinero a campañas políticas a través de transferencias bancarias, sin dejar de lado la posibilidad de contribuir en efectivo, con la sola condición de que esos aportes figuren en un balance anual. A pesar de haber sido acusado de utilizar aviones y helicópteros oficiales para traslados relacionados con la campaña de reelección de Mauricio Macri, y de las imputaciones de nepotismo (su padre, su esposa y uno de sus tíos ocuparon cargos públicos durante su gestión como ministro), Frigerio mantiene una impostación de extrema higiene estética que lo posiciona en un lugar de franca aceptación en los grupos de comportamiento aspiracional. Así también lo exhibe el propio Mauricio Macri en sus invectivas proselitistas, como elemento de diferenciación respecto de las poluciones corruptistas que emocionalmente asigna al kirchnerismo. Como parte de la agresión deplegada por el macrismo en los medios de comunicación desde fines de 2012 –que provocara uno de los fenómenos de sugestión colectiva más irracionales y masivos de la historia del país- Frigerio participó dolosamente en la construcción de discurso emocional, a sabiendas de las falsedades que propagaba. Consultado en 2014 sobre el nuevo valor del dólar a 8 pesos, dijo: “El ajuste ya está en marcha y de la peor manera posible, que es con inflación. Acá hay un feroz ajuste en la economía y no hay margen para seguir sin hacerse cargo de los problemas. Al gobierno se le acabó la cancha”. La clase media, intelectualmente desactivada, creía entonces que vivía una debacle y que su futuro estaba hipotecado por culpa de Cristina Fernández de Kirchner. https://prontuariodegabinete.blogspot.com/
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PRONTUARIO DE GABINETE *Texto: Eddy Whopper / Caricatura digital: Andrés Casciani HOY: Alfredo CORNEJO ________________________ Nombre completo: Alfredo Víctor CORNEJO NEILA Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1962 Como muchos de sus correligionarios, comenzó militando en la agrupación Franja Morada mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. A los 37 años ocupó su primer cargo político: secretario de gobierno de César Biffi, intendente del Departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Si bien logró ingresar en la Legislatura local durante el 2002 como senador, un año más tarde fue convocado por el gobernador Julio Cobos para ocupar el cargo de Ministro de Gobierno; en la misma administración fue también, por algunos meses, Ministro de Justicia y Seguridad. En 2005 fue elegido diputado nacional, pero dos años después decidió postularse para ocupar la intendencia de Godoy Cruz. En aquella oportunidad, en línea con la afinidad entre Cobos y el matrimonio Kirchner, Alfredo Cornejo apoyó la candidatura de Cristina Fernández para la Presidencia de la Nación. Los buenos resultados económicos de la gestión nacional traccionaron votos a favor de todos los candidatos con ella alineados, y así Alfredo logró ser ungido edil del distrito. Los acontecimientos políticos posteriores marcaron un distanciamiento entre Julio Cobos y la Presidenta Cristina Fernández: Cornejo cerró filas dentro del radicalismo y cortó, a partir de entonces, todo lazo político con cualquier lista del peronismo. Su encomiosa administración, centrada en la eficiencia del accionar municipal y en el realce estético de los espacios públicos, le abrió las puertas a la reelección en el año 2011. A tono con las tendencias “antikirchneristas” del momento, desplegó su talento para encauzar la invectiva mediática puesta en acto por el macrismo en la construcción, disputa y ejercicio del poder local. Así, logró ser elegido gobernador de la provincia en el año 2015. Fue mentor y parte, a ese fin, de la cesión de la estructura de la Unión Cívica Radical al PRO porteño, lo que le infundió argumentadas codicias de llegar al Poder Ejecutivo Nacional. Ya en la gobernación, Alfredo Cornejo desarrolló una fructuosa etapa de coordinación genuflexa con los arbitrios timocráticos de Mauricio Macri. Sus objetivos centrales fueron proscribir y estigmatizar al peronismo provincial para asegurar la hegemonía de su fuerza política, e integrar la fórmula de la reelección de Macri en 2019. A esos efectos, ofreció la provincia como campo de experimentación de prácticas antidemocráticas y de recorte de derechos conquistados. En este sentido, Cornejo aceptó participar activamente en el escenario de sugestión mediática propuesto por el macrismo, y valerse de él para dar impulso a su ideario brotado de absolutos. En una provincia cuyas interacciones sociales tienden mayoritariamente a asegurar un esquema naturalizado de desigualdad, el gobernador instaló un entramado de ideas-fuerza de índole totalitaria: “trabajo”, “orden”, “presencia policial”, “limpieza”, “conducta” y una decidida vocación de exhibir a Mendoza como “provincia modelo del Cambio” en el ámbito nacional. Contó, para ello, con la aquiescencia de un amplio sector afectado de afanes disciplinaristas. Una de las primeras medidas adoptadas, de intensa pretensión saneatoria, fue la de supeditar el cobro del 10 % de las remuneraciones docentes a la verificación del cumplimiento de una asistencia perfecta, con muy escasas excepciones de justificación. Con ello, a la vez de subordinar a un núcleo-testigo del movimiento obrero, comenzaba a validar la estigmatización del sindicalismo como garante de la “vagancia”: quien faltara por cualquier motivo, y especialmente quien se plegara a las huelgas, no cobraría el “ítem aula”. Su vocación autoritaria y el alineamiento con las políticas nacionales de desvalorización del trabajo lo condujeron a disponer incrementos salariales por decreto y en cuotas, en torno al 15 % anual (frente a una inflación real de más del 50 %), suprimiendo en los hechos las discusiones paritarias. Una población docente mayoritariamente adicta tomó de buen grado estas medidas despóticas y se opuso, inclusive, a los reclamos y protestas entablados por sus propios colegas. Impulsado por el afán punitivo de una sociedad conservadora y determinista de fuerte vocación discriminante, Cornejo elaboró un proyecto de Código Contravencional que pena conductas preparatorias y tiende a mantener la misma “tranquilidad jerárquica” que sus votantes procuran para la vida de la provincia. La norma, inspirada en los viejos edictos policiales largamente tachados de inconstitucionales, contiene un elenco de conductas reprimidas insuficientemente descriptas, de modo que resulten finalmente interpretables por el arbitrio de los agentes de seguridad y aun por el juez. Cornejo impulsó así la puesta en vigencia de los llamados “tipos penales judiciales” que impiden orientarse por la norma y dejan librado el patrimonio, la libertad y el honor de los habitantes a la unilateral apreciación de las autoridades, como medio directo de acoso social. En tal dirección, el digesto represivo prevé multas y prisión para quien “ofendiere a una autoridad pública” o “se hallare en estado de manifiesta embriaguez”; pune a los padres que se atrasen en ir a buscar a sus hijos a la escuela, castiga al que “adquiriere indumentaria de las fuerzas de seguridad, sin pertenecer a las mismas”, por el solo hecho de adquirirla y sanciona al que portare “llaves alteradas o contrahechas”, junto a otras conductas con único anclaje en preconceptos fundados en la apreciación moralmente desviada de las apariencias. Penaliza, además, a quien “evidenciare una conducta sospechosa”, a personas en situación de calle que utilicen “medios fraudulentos para suscitar la piedad ajena”, a quien “circulare en cualquier tipo de medio de transporte reiteradamente por los mismos sitios”, a quien “mostrare signos de haber escalado tapias o haber intentado hacerlo”, a quien “fingiere actividad a los efectos de observar bienes o personas”; al que “provocare humo, aun cuando no hubiere riesgo de propagación” y al que “encendiera fuego, sin causar incendio”. Incluso, pena a los padres de aquellos traviesos que “a través de mofas o señas”, “AGREDAN” a sus maestros. Su proyecto, sancionado por una Legislatura mayoritariamente afín, avanza también sobre la no punición de acciones privadas, prohibiendo la realización de eventos masivos “en locales cerrados, sin dar aviso a la autoridad competente”. Esta implementación le ha facilitado abrir el “frente económico” de su tarea de persecución política, a través de la aplicación de multas a manifestantes y organizaciones de corte opositor, criminalizando así la protesta a favor de la higiene del espacio público. Para la efectiva aplicación de este repertorio punitivo y también en armonía con las políticas de disuasión brutal echadas a andar por el gobierno nacional macrista, Cornejo se ha valido de una herramienta policial comprada a través de aumentos salariales, a la que dotó de elementos para el ejercicio abusivo de una violencia institucional mayormente aplaudida. Su consigna proselitista de 2017, en apoyo a los candidatos del “cambio” para las elecciones de medio término, fue “Mano Firme”. Siguiendo esta tónica, y con el fin de exhibir su severidad mercadotécnica entre los habitantes de una jurisdicción ávida de ensañamiento contra sectores relegados, la policía cornejista fue voluntariamente manipulada y ejerció durante toda su gobernación actos aberrantes de exceso. Por caso, en octubre de aquel año, detuvieron a una persona ciega que pedía limosna, en horario pico vespertino y bajo la excusa de encontrarse “drogado y haciendo disturbios”, lo que ciertamente no era verdad. Son también conocidas en Mendoza las “razzias” en el transporte público con el fin de encarcelar sin más a quienes no pudieran demostrar el pago del pasaje: se prohibió de facto, para facilitar las detenciones, que un tercero se hiciera cargo del boleto, aunque fuera familiar o amigo. Además, la policía local articuló en forma permanente acciones de hostigamiento contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, impidiendo su arribo a centros urbanos y solicitando selectivamente identificación, por simple “portación de rostro”. Durante los debates del Código Contravencional, Cornejo mandó apostar un gran número de efectivos en una sala de la Legislatura, hecho que fue denunciado por varios representantes de la oposición como intimidante y atentatorio de las libertades de expresión que atañen a la calidad de los miembros del congreso provincial. Para lograr la validación judicial de sus faltas democráticas, Cornejo introdujo en la Suprema Corte provincial jueces afines a sus aspiraciones y a la ideología macrista, del mismo modo que Gerardo Morales en Jujuy. Uno de ellos fue su propio ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. En materia persecutoria, el gobernador influyó sobre la actuación de una fiscal también adicta al régimen a fin de conseguir el encarcelamiento de Nélida Rojas, representante en Mendoza de la agrupación Tupac Amaru. En consonancia con el espíritu de la época, le mandó promover un conjunto de causas en la que se la sindicaba como autora de los delitos de asociación ilícita, extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta, en el marco de la ejecución de programas de viviendas sociales. Igual que Morales y también a través del apoyo de operadores macristas, Cornejo desactivó el fuerte poder local de la organización en sectores populares y criminalizó, de paso, la acción social no estatal. Luego de cuatro meses de prisión preventiva, Nélida Rojas y otros miembros fueron dejados libres en virtud de un fallo de la Octava Cámara del Crimen, que justipreció la situación procesal de los imputados de acuerdo con criterios de justicia ajenos a las tendencias aprioristas propiciadas desde el Ejecutivo. Como represalia, Cornejo mandó tramitar juicio político contra los magistrados que suscribieron esa sentencia. En el entorno sanitario, un inmediato convenio verbal con el intendente radical del Departamento de Guaymallén abrió las puertas al ensayo masivo de la llamada “Cobertura Única de Salud”, un plan que busca reemplazar el Sistema Nacional de Salud por otro de carácter más restrictivo. El programa incluye la generación de una masiva “big data”, recopilación de información sensible de los habitantes de la jurisdicción (más de 300.000) que, bajo la pretensión de garantía de efectividad, edifica una plataforma de herramientas para la puesta en marcha de acciones de control social. A pesar de que el agua es un recurso sumamente escaso en la provincia, Cornejo dispuso por decreto, aun sobre las reglamentaciones que protegen el recurso hídrico, la permisión de la técnica de “fracking” para extraer petróleo. Este procedimiento demanda la mezcla del fluido con unos 200 elementos contaminantes y genera pasivos ambientales de consideración, además de inutilizar definitivamente millones de litros diarios. Con ello, atendía las demandas del entorno empresarial presidencial, aun por en contra de la preservación ambiental de su propia provincia. Al mismo tiempo, rebajó las regalías que deben pagar al Estado las firmas explotadoras; entre ellas, la denominada “El Trébol”, del Grupo Vila-Manzano, dueño de varios medios afines a las directivas comunicacionales macristas. Los números de su gestión permiten relevar aquella impronta de “modelo terminado” procurado por el esquema neoliberal que diera nuevo inicio el 10 de diciembre de 2015: luego de cuatro años, Mendoza verifica más de 9.500 empleados públicos despedidos, una deuda pública cuadruplicada; 40.000 desocupados más en otros rubros, con tasas de desempleo que rondan el 10 %; decenas de fábricas y comercios cerrados, una inflación local que supera a la nacional y un aumento considerable de las cifras de indigencia. Su partido político impidió que se dictara por ley el congelamiento de tarifas de energía eléctrica, gas y transporte; también frustró, más tarde, una ley provincial de emergencia tarifaria que atenuara el rigor de los incrementos. Cornejo perpetró una reducción presupuestaria significativa, gradual y sostenida en áreas sensibles como salud y educación, a pesar de que el gasto en publicidad oficial superó, entre 2018 y 2019, los 1.000 MILLONES de pesos. No obstante estas notas de, al menos, ineficiencia en el logro del Bien Común, los mendocinos han elegido al candidato propuesto por Alfredo para gobernar el distrito en el período 2019-2023, con más del 51 % por ciento de los votos y picos del 63 % en la propia ciudad capital. A estos resultados llegó, nuevamente, gracias a su observación aguda, capacidad de predicción y encauce de voluntades para la construcción de poder; aptitudes a las que sumó, en tal coyuntura, los ímpetus de una ofensa personal. Es que luego de esforzadas tareas de cumplimiento cabal de directivas, Mauricio Macri, como comportamiento de clase, le negó la posibilidad de integrar la fórmula presidencial para el período 2019 – 2023. El PRO, que había comprado el armazón partidario de la UCR, echaba mano de los arbitrios propios del pagador y le impedía a Alfredo la continuidad de su ascenso. Así como se había distanciado de Cristina Fernández, los tiempos mandaban ahora recortar la relación con Macri. Para mal de males, la Constitución mendocina impide la reelección de gobernadores por períodos consecutivos: el “cambio” lo había dejado sin espacios significativos de influencia política. Lejos de amilanarse, Alfredo rearmó su proyecto: se postuló como primer candidato a diputado nacional , cargo más alto al que podría aspirar, ya que tampoco en 2019 Mendoza elegía senadores. Desde la presidencia del bloque radical en la Cámara Baja, intentará posicionarse para ocupar la Presidencia de la Nación en 2023. En el año 2016, Cornejo asistió a un encuentro con estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. Las crónicas periodísticas destacan la aparición de cierto tono intimista, direccionado hacia el montaje de un perfil de líder construido a fuerza de voluntad personal e íntegra tenacidad en el logro de los objetivos propuestos. A la hora de evocar a sus padres, destacó: “Sin dudas, son mis referentes morales”. https://prontuariodegabinete.blogspot.com
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: “Lilita” CARRIÓ Nombre completo: Elisa María Avelina Carrió Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1956 “Lilita” Carrió es oriunda de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Allí cursó la carrera de Abogacía y fue luego profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político. Durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (nombre que la última dictadura cívico-militar dio a su programa de cambio de paradigma económico y exterminio de minorías), fue funcionaria judicial: sin haberse aún recibido, el general Antonio Serrano, interventor de la provincia y amigo de Jorge Rafael Videla, la designó Fiscal de Estado. En 1980, durante la presidencia del genocida Roberto Eduardo Viola, fue nombrada Secretaria del Tribunal Superior de Justicia chaqueño. De este período, reiteradamente se ha reprochado a Carrió no haber intervenido con eficacia en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos por las autoridades de facto, como la desaparición forzada de personas en el ámbito de su jurisdicción y, en especial, la llamada “Masacre de Margarita Belén”, ocurrida en diciembre de 1976, que integró las acusaciones del Juicio a las Juntas en 1985. Otras noticias, nunca finalmente corroboradas, la vinculan con el tráfico de niños en la provincia: su primo, Alejandro Carrió, fue abogado de los hijos apropiados de Hernestina Herrera de Noble, que se oponían a la determinación judicial de su carácter de hijos de desaparecidos. Estas operaciones de secuestro y entrega de menores, según algunas versiones, la emparentan con el actual referente del Grupo Clarín Héctor Magnetto, cuyos hijos adoptivos habrían sido “conseguidos” por Lilita, según comentara en un programa radial José Pirillo, ex director del periódico La Razón. Quizás sus vínculos con el poder militar de entonces provinieran de su tía paterna, Nélida Avelina Carrió, casada con el teniente coronel Héctor Rodolfo Porma Ormaechea, jefe de Regimiento en el Chaco durante la dictadura. Lilita Carrió saltó a la escena política en el año 1994, cuando por gestiones de su padre –un conocido radical de su provincia- y del propio Raúl Alfonsín, logró ingresar en las listas para Convencional Constituyente. A partir de entonces, Carrió ocupó un espacio destacado en la vida institucional y, sobre todo, en el afecto de un sector a quien cuadraban sus participaciones y manifestaciones efusivas, siempre cruzadas por la idea de “honestidad” y de denuncia de actos vulneratorios de la virtud pública. Entre 1995 y 1999 fue diputada nacional por la Unión Cívica Radical; renovó este cargo hasta 2003, esta vez por la Alianza que llevaría a Fernando De la Rúa a la presidencia. Pronto, sin embargo, manifestó diferencias insalvables con la administración delarruista, lo que la condujo a generar una bancada propia que derivaría, en el año 2001, en la creación del partido ARI (Argentinos por una República de Iguales). Por esta lista, Carrió se postuló en las elecciones presidenciales de 2003 y obtuvo el quinto lugar, con el 14 % de los votos. El porcentaje creció a 23 puntos luego de los comicios del año 2007: la entonces Coalición Cívica ARI, que la llevaba como candidata a presidenta de la Nación, quedó en la segunda posición, con la mitad de votos respecto de Cristina Fernández de Kirchner. Continuó como Diputada hasta el año 2007 y luego fue electa para el período 2009-2013 por un espacio llamado “Acuerdo Cívico y Social”. Carrió se presentó como candidata a presidenta nuevamente en el año 2011: salió última, con poco menos del 2 % de los sufragios. Fue, sin embargo, otra vez diputada electa en el año 2013, dentro de una coalición de centroizquierda denominada “UNEN”. Durante los primeros años de su exhibición en el ámbito público, una clase media identificada simbólicamente con el desempeño de conductas por el camino de lo moralmente correcto le dispensó su simpatía. Es que Lilita, a la par de ostentar una impronta de firme conducción por la vida, denotaba un perfil de templanza en la lucha desigual contra las prácticas de corrupción enquistadas en el poder. Hacia principios de los años 2000, labró una fuerte imagen positiva a través de acciones que trasuntaban un apego incondicional a valores universales. En esta dirección, sus cada vez más adherentes la vieron promover audaces acciones de puesta en ejercicio de la legalidad profunda, como su trabajo para lograr la destitución de los jueces de la Corte Suprema de los años 90, sus denuncias contra Mauricio Macri por delitos y desfalcos cometidos contra el Estado, sus constantes renuncias a los espacios políticos que la incluían por discrepancias éticas con alguno de sus miembros, su actitud de renunciar a la banca en el año 2007 para ser sometida a un juicio por calumnias e injurias del que finalmente resultó victoriosa y el mantenimiento permanente de una postura que, con vinculaciones en el dogma católico apostólico romano y en la libre elección humana del camino del bien, sugería su rol de “azote de la corrupción”. Luego del pico de popularidad que la llevara a seriamente plantearse la eventualidad de ser elegida presidenta de la Nación en el año 2007, Carrió cayó en la estima de esa misma clase media que la había entronizado pocos años antes. Durante el llamado “conflicto del campo” de 2008, Lilita apoyó fuertemente a los sectores oligárquicos y desplegó su primera teoría conspirativa que involucraba al matrimonio Kirchner: según su versión, la necesidad de establecer las retenciones móviles provenía de la ejecución de un plan criminal kirchnerista, que incluía el robo de dinero de las arcas públicas y su extracción del país a través de “valijeros”. Desde esta marcada posición, Carrió se propuso reconquistar las posibilidades de poder que alguna vez había podido vislumbrar y, efectivamente, integrar espacios de concreta incidencia en la más alta política nacional. Si bien su futuro se había visto de alguna manera apagado por aquel magro resultado de 2011, tan sólo un año más tarde el poder real, fuertemente interpelado por el kirchnerismo a favor de la implementación de políticas de corte nacional y popular, decidió también hacerse nuevamente del poder formal. Para ello, implementó una campaña de penetración psicológica que exigía una enorme gravitación emocional: Lilita Carrió, por las excentricidades evidenciadas durante las puestas en tinglado de su fortaleza de carácter, resultaba un elemento sumamente aprovechable al fin de poner en marcha la maquinaria sugestiva que llevaría a Mauricio Macri a la presidencia. En sintonía con la propagación de una megalomanía mediática nunca antes vista, la diputada cumplió la función de dar fe de las imputaciones diarias que recibían Cristina Fernández de Kirchner y su entorno; como así también de avivar con fuego pasional e histriónico cada uno de los logros de persuasión que el macrismo iba consiguiendo a través del estímulo subjetivo comunicacional. Desde fines del año 2012, entonces, Carrió comenzó a desandar el camino hacia su participación efectiva en el escenario de la derecha. Como primer paso, abandonó la alianza progresista UNEN, en disidencia con una mayoría que no aceptaba su propuesta de unirse al macrismo. Durante este período, el despliegue de la andanada mediática -apartada de toda vocación ética- la tuvo como protagonista del desarrollo de un desvergonzado sendero de construcción de irrealidad, proyectos a los que Lilita Carrió aportó su apego por el dislate y una enorme capacidad de ejercicio de lo que sin dudas podría calificarse como un sucedáneo de la insania. En su carácter de herramienta de expansión de los métodos científicos de embelesamiento aportados por el duranbarbismo contratado, Carrió ha sido una de las voceras de la vulgarización de enormidades evidentes y hasta grotescas que, no obstante, terminaron calando la estructura de millones que venían esperando por décadas un espacio legitimante de su miseria espiritual. Lilita, por ejemplo, impulsó la idea de que, independientemente de lo que dijera el Código Penal, el gobierno de Cristina Fernández popularmente elegido conformaba una asociación ilícita que enterraba el producido de sus fechorías en enormes campos de la estepa patagónica, también previamente robados al Estado. Sostuvo que los hijos de la entonces presidenta integraban este concierto criminal desde el mismo momento en que Néstor Kirchner había asumido su mandato: sus partidarios no advirtieron –ni, captada su voluntad, quisieron advertir con posterioridad- que la niña menor del matrimonio tenía por entonces 13 años. Sin revelar el origen de sus informaciones, en programas de apariencia periodística afines al régimen Lilita aventuró que los Kirchner habían obtenido unos 14.000 millones de dólares durante sus años de gestión, producto de cobrar dádivas equivalentes al 15 % del monto de cada impuro negocio; que el empresario Lázaro Báez es un “perro leal” de Néstor Kirchner dueño de “un emporio en EE. UU.”; que todas las corridas cambiarias ocurridas desde el 2003 hasta el presente fueron producto de manipulaciones por parte de agentes kirchneristas, de temores del mercado por las decisiones que Cristina pudiera tomar cuando era presidenta o bien del pánico de los operadores por que volviera a instaurarse el “populismo”; que el kirchnerismo fraguaba golpes de Estado a la sombra y que el país saldría adelante “si la clase media y media alta dejara más propinas”. Elisa, además, instaló la idea de que el joven Santiago Maldonado, asesinado por acciones de terrorismo de Estado, se había en verdad suicidado. Dijo luego que existía “un 20 % de probabilidades de que se encuentre en Chile”. Cuando su cadáver finalmente apareció en un estado de descomposición que no se correspondía con la cantidad de días que estuvo desaparecido, aventuró que se había mantenido congelado en el río, “como Walt Disney”. En una entrevista con Jorge Lanata, minimizó el homicidio afirmando que “hay una aspiración a lo necrológico” y que “parece que tenés que tener muertos para ser argentino”. Entendió, en definitiva, que todo el Caso Maldonado era una invención kirchnerista, lo que constituía algo “perverso, infrahumano y delictivo”. Durante una declaración, alegó que a Santiago “lo mató el gobierno”; más tarde, pidió disculpas y aclaró que se estaba refiriendo al fiscal Nisman y al gobierno de Cristina Fernández. Defendió, también, la hipótesis de una mancomunión violenta entre pueblos originarios argentinos y chilenos. Sostuvo, por otra parte, que Cristina Fernández realizaba viajes a Cuba para ponerse en contacto en forma secreta con agentes rusos , ya que “Putin está trabajando para el kirchnerismo”. Los fines últimos perseguidos por la ex presidenta serían, según sus dichos, “sostener la dictadura de Maduro en Venezuela” e “instaurar una dictadura como la de Maduro en la Argentina”. Afirmó, en otra ocasión, que Argentina se encaminaba a tener los mismos niveles de narcotráfico que México y Colombia, como así también los de “Venezuela y Cuba”. Durante los debates por la institución del aborto legal, seguro y gratuito, se opuso a la sanción de la ley asegurando que, en épocas pasadas, "era un orgullo entregarle la virginidad a un obispo. Entonces, si después [la víctima] puede abortar, la verdad es que queda impune el delito". Al producirse la derrota electoral de Cambiemos en agosto de 2019, Lilita sostuvo que hubo fraude por alteraciones provocadas por “patotas kirchneristas” durante el escrutinio en los locales escolares. Sin embargo, el recuento definitivo realizado ante representantes de la Secretaría Electoral arrojó una diferencia aun mayor a favor de la oposición que la calculada en el escrutinio provisorio, el día de los comicios. Durante un acto en el que se encontraba el propio presidente de la Nación, dijo que las elecciones se habían perdido porque sus votantes se encontraban “esquiando” o “de vacaciones en el verano europeo”; y advirtió: “nos van a sacar muertos de Olivos”. Antes, cuando el candidato de Cambiemos fue vencido en las elecciones para gobernador de la provincia de Córdoba, Elisa invitó a pensar: “Lo que todo Córdoba tiene que plantearse es quién maneja la droga a partir de ahora”. Esta línea de terror toxicómano también apareció en sus opiniones respecto de las elecciones en Santa Fe: “Votar a Bonfatti es votar a Los Monos” (una conocida banda de narcotraficantes). Con doce años de retraso, denunció también fraude en las elecciones que perdió contra Cristina Fernández en 2007. La lista de desmesuras y barbaridades que la tuvieron por ejecutora es tan sumamente extensa, que su total compilación resulta prácticamente imposible. Promotora febril y compulsiva de acciones penales contra personas de todo signo, está convencida de que su misión es la de dar impulso inicial al proceso, aunque carezca de pruebas, pues es al órgano judicial a quien corresponde la averiguación de la verdad. Siguiendo este norte, ha denunciado a ministros, legisladores, empresarios, jueces, presidentes, concejales, fiscales, gobernadores, ex funcionarios y autoridades de todo rango, en ejercicio o no. Alguna de sus denuncias ha sido judicialmente rechazada por “evidente sinrazón”. Cree que en Argentina hay un peligro permanente de copamiento terrorista. Cree que sus acciones están guiadas por Dios. Muchas veces Carrió ha declarado que “no tiene ideología” y que su “única preocupación” es que la Argentina se enderece sobre la senda del bien y de la coherencia política y social. Sin embargo, su vida pública es un rosario extremista de alianzas y cismas, de lealtades y abandonos, de apoyo a las dictaduras y luchas por la vigencia de los Derechos Humanos, de silencios y verborragias, de amistades con aquellos a quienes antes había denunciado, de denuncias a quienes antes eran sus amigos, de lógicas e irracionalidades, de realidades palpables e irrealidades discursivas. Si atendiéramos a las centenas de contradicciones, desvaríos, excesos e hipótesis persecutorias que a lo largo de su vida política ha desgranado, probablemente no habría dificultad en encuadrar sus acciones como emergencias de una sintomatología delirante paranoide con marcados rasgos de misticismo y un cúmulo psiquiátricamente abordable de defensas histriónicas. Una suerte de “insana que representa peligro para sí y para terceros”, en términos del viejo Código Civil, habida cuenta de la violencia con que se manifiestan sus fantasías reivindicatorias y la ausencia de valoraciones frenopáticas de censura, síntomas que la disparan a la implementación de cientos de cursos de acción siempre desproporcionados y no pocas veces autoinjuriantes. No obstante estas graves notas de aparente patologización y segura vocación por el desenfreno y la superabundancia discursiva y conductual –casi siempre exentas de toda adecuación a tiempo y espacio- hay quienes la instituyen como cabal representante de su estar en el mundo. Y así, en su última candidatura a diputada, la clase media porteña le ha renovado el timón de Ajab con el 51 % de los votos. https://prontuariodegabinete.blogspot.com/
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Luis CAPUTO Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1965. Alias: “Toto”. Egresado del colegio Cardenal Newman, Luis Andrés Caputo es un economista de vasta trayectoria en el estudio y análisis de mercados. Desempeñó esa actividad (“trading de bonos y acciones”) para la JP Morgan Chase & Co., una de las empresas financieras más antiguas e importantes del mundo. Su tarea consistió en efectuar proyecciones sobre la materia en el sector de América Latina, con el fin de garantizar ganancias a la firma. La misma actividad ejerció en el Deutsche Bank respecto de Europa del Este y también de Latinoamérica. Con posterioridad, Caputo se desempeñó como presidente de la institución alemana en Argentina. Dirigió la empresa de electricidad Norte S.A. y creó el fondo de inversión “Axis”. Su primo Nicolás Caputo, 6 años mayor, fue compañero de estudios primarios y secundarios de Mauricio Macri, también en el colegio Newman. A través de él, “Toto” conoció a Mauricio, quien lo incorporó al gobierno nacional como uno de los “empresarios exitosos” que conformarían “el mejor equipo de los últimos 50 años”. En 2016, ya hombre de confianza del presidente, Caputo lideró la “negociación” con los llamados “fondos buitre”, antiguos tenedores de bonos argentinos en default. Con el pretexto de “abrir la Argentina al mundo” y “generar credibilidad”, Toto ofreció a los dueños de esos papeles un acuerdo mejor que el que ellos mismos habían propuesto. A este fin, impulsó una toma de deuda descomunal: más de 16.000 millones de dólares, que se aplicaron al cubrimiento de capital, intereses, comisiones y gastos de representación. Tiempo después, trascendió que Paul Singer, titular de uno de esos “fondos buitre”, había aportado cerca de dos millones y medio de dólares para la campaña presidencial de Mauricio Macri, a cambio de la promesa de asegurarse el pago de sus papeles incobrables con fondos públicos. Satisfecho con esta gestión, Macri entronizó a Luis Caputo como Ministro de Finanzas en el mes de enero de 2017. A partir de entonces, comenzó el período de mayor densidad de adquisición de deuda en la historia del país. Para facilitar la explosión de préstamos gestionados por su amigo Toto, el presidente suscribió un decreto que lo facultó a incluir, en los respectivos contratos, una cláusula que permitiera el juzgamiento de la República Argentina por tribunales de EE. UU. y Gran Bretaña. También lo habilitó a incorporar en ellos una estipulación de renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Con fundamento en que “el Gobierno demostró la capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo”, Luis Caputo ordenó la emisión del papel de deuda a mayor plazo de todos cuantos se hubieran suscripto en el país: los llamados “Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7,125 %”, con vencimiento en el año 2117. En la Resolución que los crea, se designa al CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC., a la firma HSBC SECURITIES (USA) INC., a NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. y al grupo SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. como colocadores a nivel internacional de los títulos, que significarán para el Estado Nacional una pérdida de más de 15.000 millones de dólares. A pesar de ello, en los considerandos de la norma se consigna que uno de los objetivos de su implementación es “reducir el costo financiero del Tesoro Nacional”. Luego de su paso por el Ministerio de Finanzas, Caputo fue designado Presidente del Banco Central de la República Argentina. En su reemplazo, el gobierno ubicó al periodista oficialista Nicolás Dujovne. En los poco más de 100 días que duró su cargo, el Banco perdió cerca de 5.200 millones de dólares de reservas y el riesgo país aumentó de 350 puntos a más de 700. Desde la aparición de “Toto” en la escena financiera argentina, el dólar pasó de cotizar a 15 pesos, a valer más de 38. Las tasas de referencia superaron el 60 %, las más altas en 15 años. Con posterioridad al acuerdo con los “fondos buitre”, el Banco Central se vio obligado a emitir un mayor volumen de las letras de deuda llamadas “LEBACs”, para así mantener su liquidez y cumplir cabalmente las funciones inscriptas en su Carta Orgánica. La suscripción indiscriminada de estos títulos, a los que se les reconocía una altísima tasa de interés, llegó a superar sólo en valor nominal a la cantidad de dinero circulante en todo el país. En poco tiempo, por aplicación de estas políticas, Argentina perdió gran parte de su credibilidad como deudor en el mercado de préstamos y ello tornó menos atractivos los activos financieros que ofrecía: para atender los compromisos asumidos, a falta de fuentes de financiamiento, debió recurrirse al último de los prestamistas globales, el Fondo Monetario Internacional. Un año después de este salvataje, trascendió que la mayor parte del dinero aportado por la entidad internacional fue “fugada” al exterior por los operadores del sector que, sin embargo, continuaron siendo acreedores del Estado Nacional y de varias provincias por cifras cada vez mayores. El propio FMI cuestionó la velocidad y los montos por los cuales Argentina se endeudó en virtud de los oficios de “Toto”. Por esta razón, el ejecutor macrista debió renunciar a la presidencia del Banco Central. Caputo ocultó en sus declaraciones juradas que fue accionista hasta 2015 de una firma off shore y de sus diversas sociedades controladas, con sede en las Islas Caimán, llamada Noctua Partners. Al iniciarse la presidencia de Mauricio Macri, traspasó la titularidad de esas acciones a varios testaferros. Notua Partners fue una de las compradoras del ya mencionado bono de deuda a 100 años, que él mismo creó. La Oficina Anticorrupción liderada por Laura Alonso no intervino significativamente en la investigación del caso. También tomó parte en la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a precio vil, beneficiando a la empresa Pampa Energía cuyo CEO, Marcelo Mindlin, guarda una estrecha relación de conocimiento, confianza y negocios con Mauricio Macri. El juez Claudio Bonadío lo sobreseyó pocos meses después de ser denunciado. Fue notoria la actitud risueña y despreocupada que adoptó durante una interpelación en el Congreso de la Nación, en la que se lo cuestionó por la emisión brutal de letras del tesoro y bonos contra el Estado Nacional, así como también por su participación en empresas off shore. Cansado por la duración de la sesión, decidió escribir un mensaje en tono de burla, que envió a la diputada opositora Gabriela Cerruti. La sesión terminó en un escándalo y Toto logró su propósito. Por su actuación principal en el favorecimiento impune a los grandes capitales nacionales y extranjeros en perjuicio de las arcas públicas, Luis “Toto” Caputo ha sido tildado de “endeudador serial”. Preguntado acerca de la eventual irresponsabilidad en la multiplicación de compromisos asumidos con acreedores de todo calibre, contestó: "La deuda no es una preocupación, hay espacio para financiar una convergencia al equilibrio fiscal". Operador en las sombras desde su partida del Banco Central, diversas fuentes periodísticas lo sindican como autor intelectual del default argentino de 2019, junto con autoridades de la J.P. Morgan y los fondos de inversión Templeton y BlackRock. Finalmente, se le atribuye haber planificado el cronograma de acontecimientos financieros para que las peores consecuencias de la debacle económica argentina “post – PASO” sean afrontadas por el gobierno que asumirá el 10 de diciembre de 2019.
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Hernán Santiago Lombardi Fecha de Nacimiento: 4 de mayo de 1960 Hijo de un empresario hotelero e inmobiliario, comenzó su carrera política como radical alfonsinista en la década de 1980, dentro de Franja Morada. Desde entonces, alternó la militancia con actividades empresarias desplegadas en el núcleo parental. Regenteó el complejo Torres de Manantiales en la ciudad de Mar del Plata y el Palacio San Miguel de la ciudad de Buenos Aires, de los que su familia es propietaria. Integró el llamado “Grupo Sushi” durante la presidencia de Fernando De la Rúa, una suerte de “círculo rojo” que aconsejó al mandatario la implementación de las políticas que terminarían en la debacle del año 2001. Fue Secretario de Turismo y luego interventor de la Administración de Parques Nacionales, cargo que le permitió multiplicar sus negocios como emprendedor turístico en el sur argentino. Su influencia en el gobierno del líder radical fue cada vez mayor y logró concentrar en sus manos las secretarías de Turismo, Cultura y Deportes. Luego de la ruptura democrática de diciembre de 2001, Hernán Lombardi se alió a la centroderecha bajo el ala de Ricardo López Murphy en el partido “Recrear para el Crecimiento”. Hacia fines de la década del 2000, toda la estructura de Recrear pasó a formar parte del frente macrista Compromiso para el Cambio. Sin embargo, formalmente, Lombardi continúa afiliado a la Unión Cívica Radical. Con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi orientó definitivamente su praxis política hacia el neoliberalismo, el recorte de derechos y el favorecimiento de las élites económicas. Fue Ministro de Cultura de la Ciudad: su gestión se caracterizó por el cierre de centros culturales barriales y el despido de trabajadores de los teatros dependientes de la ciudad, en especial el Teatro Colón y el Teatro General San Martín. En el año 2013 mandó a reprimir la toma de la Sala Alberdi de esta institución: durante las acciones de “desalojo”, la policía, a sus órdenes, disparó contra los ocupantes con balas de plomo. En el año 2009, cedió el ex edificio del Patronato de la Infancia al Centro Cultural de España en Buenos Aires, luego de otra feroz represión tendiente a quitar de allí a unas 40 familias que no tenían hogar. Ya con Macri como presidente de la Nación, fue designado Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2015. Desde ese cargo, Lombardi propició un programa de intensa censura, recorte de libertades sindicales, persecuciones políticas y despidos masivos de empleados de los medios de comunicación oficiales. Ordenó revisar la correspondencia electrónica y las redes sociales de los empleados a su cargo y cesanteó a todos aquellos considerados “kirchneristas”, “de izquierda” y aun a los “negativos” o “no proactivos”. Radio Nacional, Canal 7 y Télam (de donde echó a 357 personas) fueron los sectores donde más trabajadores fueron dejados sin empleo. Bajo su imperio, además, fueron eliminados contenidos culturales de las diversas plataformas de comunicación dependientes del Estado Nacional y se detuvo el crecimiento y expansión de la Televisión Digital Abierta. Fue uno de los mentores de la discontinuidad del programa “Fútbol para Todos”. Ejecutó la política de desaparición paulatina de las actividades gratuitas, culturales y formativas del parque “Tecnópolis”. Una de sus primeras medidas fue la de destruir los grandes muñecos de personajes del canal Paka-Paka instalados en el predio. Preguntado por la causa de esta destrucción, contestó que se los removía porque estaban “podridos por dentro”. Durante el año 2017 realizó una publicación en la red social Facebook, en la que propuso el desmantelamiento de las “capas geológicas” del Estado, locución con la que identificó a los trabajadores nombrados por las administraciones anteriores. Por la sangría de empleados que generó, se lo conoce con el mote de “El Vaciador”. Se lo ha sindicado como autor encubierto de un perfil falso de Twitter que, bajo el nombre “Dra. Alcira Pignata”, propaga mensajes xenófobos, racistas, discriminatorios y de odio hacia minorías, hacia los pobres y muy especialmente hacia el kirchnerismo y los sectores de izquierda. La identidad entre ambos se evidenció en el año 2014, cuando en la cuenta del personaje se publicó un mensaje idéntico al subido por Lombardi en su Instagram personal. El “tuit” fue inmediatamente borrado. Sin embargo, algunos usuarios alcanzaron a realizar capturas de pantalla y viralizarlas. El entonces ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires negó toda relación entre ambas cuentas. Lombardi arrastra varias causas judiciales como imputado, entre las que se destaca una por desembolsos irregulares en la frustrada compra de un terreno de más de 10.000 hectáreas en la provincia de San Luis, para la creación de un Parque Nacional en el año 2000. En otro expediente se le reprocha haber ordenado, como Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la realización de donaciones ilegales a la Fundación Pensar Argentina, conocida como la “usina de ideas del PRO”, partido encabezado por Mauricio Macri. Hernán Lombardi posee una verba inteligente, filosa y provocadora. Vez a vez, los medios no hegemónicos exhiben sus contradicciones, que tuvieron y tienen por único fin el despliegue de mentiras justificatorias de las ilegalidades y los atropellos institucionales perpetrados por la administración de Mauricio Macri. Luego de la derrota electoral de agosto de 2019, Lombardi sufrió un célebre acto fallido en medio de una entrevista televisiva. Preguntado acerca de las causas del desastre del macrismo en los comicios, contestó que el fracaso se debió a que “le metimos la mano en el bolsillo a la gente”.
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andrescasciani · 5 years
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"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani.(2019) Hoy: Juan José Aranguren Fecha de Nacimiento: 31 de agosto de 1954 Comenzó su carrera empresarial como ejecutivo de Shell en 1977. Alcanzó la presidencia de la filial argentina de la institución en el año 2003, cargo que detentó hasta el año 2015. Bajo su mandato, la firma anglo-holandesa fue sancionada por aplicar aumentos abusivos en el precio de los combustibles líquidos, y se le iniciaron diversas causas civiles y penales por contaminación ambiental en la zona conocida como “Villa Inflamable” de la localidad de Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Allí, además, se descubrió que la refinería utilizaba clandestinamente en sus actividades una cifra cercana a los 20 millones de litros de agua por hora. Imposibilitado de subir los precios por aplicación de las políticas nacionales de aliento del consumo, Aranguren ordenó durante su gestión en Shell el “stockeo” de combustible para forzar la suba del valor de naftas y gasoil. Fue por ello también penalmente denunciado, conforme lo establece la Ley de Abastecimiento. También fue acusado de influir en el libre mercado del dólar a través de la compra por parte de la empresa de grandes cantidades de esta divisa, con el fin de generar, de forma indirecta, el aumento de los combustibles comercializados por Shell, atados a la moneda norteamericana. En el año 2015 renunció a la dirección de la firma petrolera, de la que también es accionista, para integrar el gabinete de Ministros de Mauricio Macri. Fue el primer Ministro de Energía. Una de sus primeras medidas fue la de discontinuar la compra de gas domiciliario a Bolivia y ordenar que se lo adquiriera de una filial de Shell con asiento en la República de Chile, a un precio 128 % más caro. Fue el encargado de ejecutar la política macrista de quita de subsidios y de llevar a valor dólar el precio de la energía en todas sus formas y en todas sus etapas: producción, transporte y distribución. De esta manera, con el correr de los años, en algunas zonas del país el gas domiciliario registró aumentos que superaron el 2.000 %. Durante su cargo, Aranguren promovió la reducción a un 50 % de las actividades de cateo de la petrolera estatal YPF, competidora de Shell en el mercado. Dispuso un programa de incrementos en los precios de los combustibles que condujo a la República Argentina a tener la segunda nafta más cara de toda la región. En materia de electricidad, intercedió para que se condonaran deudas que las empresas Edenor y Edesur mantenían con el Estado Nacional por más de 19.000 millones de pesos. Paralelamente, y con el argumento de que se otorgaría un mejor servicio, aumentó el precio del consumo eléctrico domiciliario e industrial en más del 1.000 %. Benefició a la empresa Shell otorgándole 7 licitaciones de un total de 8 durante su gestión. Descubierto por el periodismo no hegemónico, simuló la venta de sus acciones de la empresa a manos de un testaferro, a fin de librarse de responsabilidad. Juan José Aranguren está vinculado a dos empresas “offshore” en los “Panama Papers”: Shell Western Supply and Trading Limited (con sede en Barbados) y Sol Antilles y Guianas Limited, con oficinas en Londres. Ambas realizaron negocios con Shell Argentina desde que fue nombrado presidente de la empresa en 2003. En medio del proceso de aumento brutal de tarifas fue interpelado en el Congreso de la Nación. A fin de evaluar la razonabilidad de los incrementos, el diputado José Luis Gioja lo invitó a que revelara el precio del millón de BTU de gas (aprox. 27,8 m3) en boca de pozo. Aranguren respondió que “hay distintos casos”. Gioja le reformuló la pregunta y Aranguren contestó que no podía dar un valor cierto. El diputado le hizo notar que una persona que había ejercido cargos de importancia durante 40 años en una de las petroleras más importantes del mundo no podía ignorar un dato de conocimiento tan cotidiano y habitual en el mundo de la explotación gasífera, por lo que insistió con el requerimiento: “Ministro”, dijo, “díganos cuánto cuesta el millón de BTU en boca de pozo”. Aranguren, visiblemente molesto, admitió de viva voz: “Me resisto a contestar”. En junio de 2018 fue relevado de su cargo y se le agradecieron formalmente los valiosos servicios prestados a la Nación. Su cartera es hoy una secretaría de gobierno que depende del Ministerio de Hacienda. A pesar de aquellas manifestaciones de desconocimiento acerca de temas centrales en el ámbito de la explotación petrolífera, hoy es dueño de la principal consultora en materia de servicios energéticos del país. No existen datos certeros acerca de su real fortuna, la que se cree asciende a más de 100 millones de dólares. En sus declaraciones juradas como funcionario público manifiesta que más de las tres cuartas partes de su patrimonio en dinero se encuentra en el exterior (al menos, 88 millones de dólares en depósitos colocados en diferentes bancos extranjeros). Preguntado por la causa de esta fuga de dinero perpetrada incluso mientras era funcionario público contestó: “tiene que ver con la confianza que hemos perdido en Argentina”.
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andrescasciani · 5 years
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PRONTUARIO DE GABINETE *Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper Sección "PARTÍCIPES NECESARIOS" HOY: Los TROLLS Al igual que la policía y las llamadas “fuerzas de seguridad”, los trolls fueron ejecutores –antes, durante y después de la presidencia de Mauricio Macri- de órdenes inmorales que coadyuvaron a la conformación de un Estado de Violencia necesario para imponer la dinámica neoliberal de exclusión. Si a los agentes armados se les ordenó vulnerar todo apego por la dignidad y quitar de cauce la vocación por la agresión que edifica el psiquismo de sus miembros -contenida y legitimada por la estructura institucional- a los trolls se les encomendó la tarea de mantener en plano de vigencia y resalte la coacción discursiva y la violación de todo criterio de paz. Conocedores de su público, los integrantes del equipo de difusión de los antiprincipios macristas –quizás con el dinero proveniente de los sectores del poder real, afectados por las políticas de redistribución implementadas desde el año 2003- organizaron y entrenaron grupos de “operadores informáticos” con especiales tendencias conductuales a la desintegración relacional, a fin de que instalaran en las redes sociales espacios de naturalización de contenidos que habían permanecido reprimidos durante décadas en un sector mayoritario de la población y que la impronta del “cambio” ubicaba en un plano de legitimación. Encaramados a este proyecto de puesta en valor de las miserias espirituales que conforman la esencia de millones, mantenidas en reserva a favor de ciertos estándares de convivencia ya estresados, los trolls se escudaron en una idea distorsionada de la libertad de expresión para reflotar aquellos residuos éticos con que la clase media mayoritaria venía intoxicándose por generaciones. Sabedora de que esta sequedad de honra cruzaba al total del público al que se dirigía, la voluntad presidencial –impregnada de las transgresiones ilegales propias del ser empresarial admirado por sus adherentes- aceptó y promovió la formulación de cientos de miles de manifestaciones racistas, xenófobas, de desprecio hacia los marginados, de muerte a los excluidos, de aplicación de pena capital a niños en estado de exposición al sistema penal, de multiplicación obscena de los favorecimientos injustos a los que más tienen, de demolición a través del insulto; pero también de apoyo, puesta en bien y aliento a cada una de las infracciones a la ley material cometidas por los funcionarios y autoridades del macrismo. El grupo de trabajadores en redes, rentado también con el aporte de fondos públicos, fue permanentemente sometido a un “coacheo” idóneo fundado en lineamientos de la llamada “neurociencia”, una especie de disciplina relevada por el mercadeo que genera enunciados tendientes a la determinación de conductas. Su trabajo, junto con el del resto de los operadores actuantes en los medios masivos de comunicación, aportó una enorme influencia en la generación de “posverdad”: expresiones, descripciones, noticias, justificaciones o explicaciones todas teñidas de falsedad, pero que finalmente resultan percibidas como ciertas por los destinatarios, dado el seguimiento de una coherencia interna del discurso que dota a las enormidades transmitidas de rasgos de verosimilitud. Los principios que sustentan la tarea de los trolls reconocen, además de las formulaciones médicas-psiquiátricas, una experiencia histórica exitosa: la acción propagandística hitleriana, liderada por el genio publicitario de Joseph Goebbels. En esta dirección, la red Twitter resultó la más idónea para concretar el propósito de difusión de odio y acentuación de la grieta bajo la forma de emisión de mensajes cortos, de fácil lectura y de gran poder de penetración. Las “campañas” desplegadas por quienes tuvieron a su cargo la toma de decisiones en la “máquina troll” aprovecharon el servicio permanente de exhibición de las expresiones o palabras más utilizadas en el entorno “tuitero” (llamadas "trending topics") para instalar supuestas ideas-fuerza de un aparente consenso intencionalmente creado y distorsionado. La complicidad de la empresa llegó, además, al extremo de silenciar las voces disidentes o cerrar sus cuentas, brindar datos acerca de quienes se manifestaron en contra de las acciones del macrismo –con el fin de que sean policial, institucional, laboral o físicamente perseguidos- y aun vender al ámbito del poder real servicios amigables con los objetivos de generación de un estado de sugestión emocional colectivo. Entre estos últimos, se encuentran la invisibilización de hashtags que expresaban algún contradiscurso, la provisión de íconos de impacto visual para facilitar la explosión masiva de “tweets” y la manipulación de frases frecuentes, al fin de forzar la llegada al "Top 10" de esa lista de locuciones o palabras que convenían al gobierno-cliente, sin contar con la cantidad suficiente de mensajes en los que se las incluyera. Así pasó con “#DevuelvanloRobado”, “#LaQueremosPresa”, "YoVotoMM" y muchísimos otros. La repetición de mentiras y la desviación emocional de los destinatarios no pudieron realizarse, sin embargo, sin que en el ejercicio de su labor los operadores informáticos cometieran delitos, cuya impunidad vino garantizada por los propios estamentos del poder formal. Algunos de los quiebres a la ley penal perpetrados por estos empleados públicos emergieron como calumnias (art. 109 del Cód. Pen.), injurias (art. 110), calumnias o injurias cometidas por medio de la prensa (art. 114), calumnias o injurias cometidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones (art. 117 bis, inc. 4º), amenazas simples (art. 149 bis, primer párrafo), amenazas agravadas por anonimato (art. 149 bis, primer párrafo in fine), amenazas coactivas (art. 149 bis, último párrafo), amenazas coactivas agravadas por anonimato (art. 149 ter, inc. 1) o por el propósito de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo (art. 149 ter, inc. 2, subinc. b); violación de secretos o de la privacidad (art. 153) agravada por tratarse de “carta, escrito, despacho o comunicación electrónica” (art. 153, tercer párrafo) o por su comisión por funcionario público (art. 153, último párrafo); violación de correspondencia (art. 154), acceso indebido a bancos de datos personales (art. 157 bis, inc. 1) agravados por su comisión por empleado público (art. 157 bis, último párrafo), turbación amenazante de la libertad de reunión (art. 160); instigación a cometer delitos (art. 209), asociación ilícita (art. 210), asociación ilícita agravada por poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional (art. 210 bis) o recibir apoyo de funcionario público (art. 210 bis, inciso h); intimidación pública (art. 211), incitación a la violencia colectiva (art. 212), apología del crimen (art. 213), coerción ideológica (art. 213 bis), atentado contra el orden constitucional y la vida democrática a través de amenazas (art. 226 bis), participación en organización o realización de propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tienen por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma (art. 3º de la Ley 23.592, primer párrafo), acciones de persecución u odio por causa de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas (art. 3º de la Ley 23.592, último párrafo) y muchos otros, además de contravenciones como el hostigamiento o la discriminación simple. Estas figuras penales (sólo enumeradas a título enunciativo) han sido cubiertas por los trolls bajo toda forma de participación criminal, sea como autores, partícipes primarios, partícipes secundarios (arts. 45 y 46 del Cód. Pen.) o en su carácter de autores de instigación (como ya se advirtiera) o de tentativa (art. 42). Su acción contribuyó, además, a la fractura del principio de realidad en una apabullante cantidad de votantes del cambio, muy fuertemente condicionados en sus posibilidades de intelección por la intensidad de las invectivas de sugestión desplegadas por el marco operacional del macrismo. Esta escisión esquizoide se vio vigorosamente manifestada hacia el final de la campaña de reelección de 2019, momento en el cual, a nivel experimental y quizás como si se tratara de una subestimación lúdica degenerativa, el gobierno macrista probó la implementación de una audaz vuelta de tuerca del sistema de manipulación de criterios: inundó la red Twitter con mensajes absolutamente dislocados desde lo semántico, en la plena seguridad de que sus seguidores, de todos modos, los incorporarían desde lo emocional. Así, usuarios inexistentes creados por robots virtuales pagados a centrales quizás norteamericanas para emitir renglonadas breves, elaboraron en forma automática locuciones gramaticalmente insanas, pero de enorme influencia entre los afectados a quienes iban dirigidas, tales como “¡Siéntete libre de Mauricio, no te relajes!”, “Caricias significativas provenientes de Hurlingham!” o alguna pretensión de dato duro psiquiátricamente condicionado, como el texto de la falsa “tuitera” Lavonne Smithorsmith, quien puso en conocimiento de una audiencia desquiciada que “Macri tomó posesión de una nueva victoria política por el momento. A medida que el acuerdo entra en una fase burocrática en el comercio UE”. Los trolls configuran, además, otra de las instancias que pusieron a prueba la capacidad de hipocresía del macrista doloso, en especial el perteneciente a la clase media que había logrado “informatizarse” durante los años de administración de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y ello así, porque las evidencias de comportamiento parecieran indicar que esa clase media “del cambio” –a salvo, quizás, de la más racionalmente deteriorada- sabía perfectamente que cada intervención de los trolls importaba una mentira, un delito, un apoyo a la delincuencia oficial o un intento consagrado de instalación emocional. La “pata troll”, sufrida o consensuada, fue una de las principales armas de control social, generación de terror y ejecución efectiva de penetración frenopática durante el gobierno de Mauricio Macri. Si preguntáramos a cualquier macrista usuario de redes sociales qué cosa es un troll, quizás su ignorancia le imponga reconocer que no tiene la menor idea. No obstante, también es posible que realmente sepa –y en virtud de la miseria de su condición se rehúse a confesarlo- que se trata de delincuentes pagados por el Estado amarillo, reunidos en oficinas públicas al mando nada menos que de Marcos Peña, el otrora Jefe de Gabinete del ex presidente de Boca, y cuya función es la de imponer la mentira, el miedo, la violencia y la desintegración del tejido social a través de una acción incesante de exposición penalmente relevante. En cualquier caso, pareciera que la impronta contaminante de los trolls se ha instalado de una vez y para siempre y forma parte ya de las deficiencias constitutivas que nos instauran como Nación. Encontrándose el poder real del lado tóxico del debate social, es dable esperar que estos intoxicadores no sean removidos. Al contrario: muy probablemente, si nadie los identifica, juzga y condena, este ejército de psicópatas contratados por perversos continúe manipulando el criterio exterminado de quienes han elegido voluntariamente patologizarse; y alguna decisiva influencia ejercerán, también, en la horadación racional de miles de internautas desprevenidos o que no saben que son venales. Ahora bien: aunque pese a cualquier persona realmente honesta, es cierto que los trolls han efectuado un aporte de fundamental valor para las generaciones venideras. La concienzuda labor de estos vejadores dejó para siempre un legado de indudable apreciación que permitirá el estudio veraz, científico y definitivo del Período de los Globos. Es que en el Boletín Oficial y en los trolls el macrismo ha mostrado su verdad más desnuda, hablando allí sin la menor vocación de maquillaje. Abrevando de esas decadencias documentadas, la Historia tendrá de dónde obtener los datos que permitan reconstruir y narrar, libre de toda influencia mórbida, las influencias, disparates, violencias, mentiras y sugestiones que provocaron esta urgente necesidad de reeducación generacional. *Galería completa: https://prontuariodegabinete.blogspot.com/
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andrescasciani · 5 years
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PRONTUARIO DE GABINETE *Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper Sección "PARTÍCIPES NECESARIOS" HOY: Baby ETCHECOPAR Nombre completo: Ángel Pedro Etchecopar Alias: Baby Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1953 No importa de dónde vino. Abyecto en todas las formas que no generen deber de pagar con prisión, Etchecopar compendia la resaca espiritual de todos y cada uno de sus seguidores, aun de aquellos que sólo aprecian su perfil de bufón o la mera ostentación de su silueta de gondolero venal entre las múltiples variantes de la miseria. Al plan fronterizo con la criminalidad de su discurso de execración, Baby aporta un talento singular de empatía con lo negro, lo infame, la ruindad de las aspiraciones totalitarias y de exterminio que todo mediocre significativo comulga. Juega, como los infelices de descarte, con la adopción pretendidamente sabia de una neutralidad que por motivos de calle vincula con la razón, y que le habilita el ejercicio de una crítica tan sólo ilustrada con los desperdicios del día a día. Por eso, sus adictos más frecuentes son también los más iletrados. Baby Etchecopar despliega una profesión de desprecio discriminatorio por causa de todas las categorías aludidas en cualquier tratado de derechos humanos elementales: nacionalidad, raza, color, sexo, orientación sexual, profesión, nivel educativo, patrimonio, religión, idea o militancia política. En el desempeño de su misión lamentable de agitación emocional relajante, cree encontrarse amparado por el principio de libre de expresión, única garantía constitucional que en su ideario desmadrado entiende vigente, aunque sólo respecto de él y de sus adláteres y cómplices. La parte más cultural y éticamente deteriorada de la población lo admira porque, alguna vez, se ha tiroteado con tres delincuentes dentro de su propia casa. Para mayores glorias carcelarias, en ese episodio mató a uno de sus atacantes e hirió gravemente a otro. Desde entonces, el lumpen intelectual le ha asignado la cucarda simbólica y patronal de su ideal repulsivo de sociedad policíaca, fuertemente asociada a la idea de violencia institucional y de aplicación irrestricta de la pena capital, incluso a niños expuestos al sistema penal y por delitos de cualquier índole. Si bien en dos o tres episodios de sus deyecciones televisivas y radiales Etchecopar ha jugado a denostar algún aspecto del gobierno de Mauricio Macri –apelando con histrionismo rentado a aquella medianía imparcial de corte vulgar- en general ha sido contratado para acentuar la grieta a través de la comisión de diversos delitos por medio de la prensa, a cuya perpetración no presta el menor reparo represivo ni la más mínima formulación moral. En este sentido, les ha llenado la cabeza a aquellos que previamente se la vaciaron de libre voluntad, con estándares penitenciarios cada vez más descendentes, postulando modelos que –la historia lo enseña- sólo conducen a la devastación material y subjetiva de cualquier estructura de relaciones. Como un vendedor de porquerías entronizado en las falsedades de un prestigio autopercibido, lucra con las derivaciones y las posibilidades de una podredumbre ancestral que vive entre nosotros, enquistada en el decálogo de distorsión migratoria y comulgada por un residuo de desventura cultural que le aplaude y valida sus delirios injuriantes. En otros contextos, estos desquicios guionados eran seguidos por siete locos que se creyeron iniciados; algún tiempo después, se sumaron otros que gozaban burlándose de sus imprecaciones de insania comunicacional. Más adelante, la clase media dolosamente degradada, enfermado su criterio por los manejos efectivos del packaging mediático y emotivo, comenzó a incorporarlo como a aquellos insalubres pintorescos que tienen algo de razón. Con el correr del tiempo, se hizo de toda evidencia que el aparato difusor de Mauricio Macri debía considerarlo como elemento útil a sus pretensiones de envenenamiento: Baby, cada vez más, fue dejando fuera toda posibilidad de censura y actuó onerosamente con la simpleza ponzoñosa de los animales más rudimentarios, y también con su mismo umbral desatado de agresión. Escudado por la venia espuria de las estructuras corporativas, se enoja cuando alguna crítica vincula su elaboración discursiva con el neonazismo, único molde en el que parecieran encuadrarse sus invectivas desvergonzadas, puestas en acto contra todo aquello que importe un disenso con el ideal impracticable de base racial que sus influenciados festejan. Diez renglones textuales de los diarios dislates de exclusión por los que cobra bastarían para sospechar la saña con que su enfermedad se manifiesta, las derivaciones dañosas de su accionar irresponsable. Sin embargo, cualquier directiva decente impide constituirse en vía de reproducción y difusión de ninguno de sus excrementos, verdaderos cantos de sirena hábiles para desviar cualquier paso poco convencido por la senda del bien. Con que Macri los haya pagado, tenemos el tenor de su contenido. Baste saber que, recostado en el halago interesado y en la ignominia ignorante de sus seguidores, quizás Baby Etchecopar haya tenido pereza de conocer la suerte de Julius Streicher, director del periódico de odio El Asaltante durante el período hitleriano y condenado en Nüremberg a la horca. A Streicher, juzgado por la Dignidad, tampoco le bastaron sus protestas de libre expresión: el Tribunal justipreció que la diseminación distorsiva de sus tentaciones de exterminio llevaban dentro de sí la misma reprochabilidad que la que cabía a los ejecutores mismos. Probablemente Baby, El Ángel de la Basura, reciba de la posteridad el desprecio que corresponde a su decisión voluntaria y plenamente consciente de difundir, sea por el precio que le abonara la degeneración institucional, sea por el impulso hospitalario de sus convicciones envilecidas, el ideal de supremacía prohibido por la virtud más rudimentaria. *Galería completa: https://prontuariodegabinete.blogspot.com/
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andrescasciani · 5 years
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PRONTUARIO DE GABINETE *Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper HOY: El Rabino BERGMAN Nombre completo: Sergio Alejandro BERGMAN Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1962 El Rabino Sergio Bergman, farmacéutico e intelectual del judaísmo, comenzó a ser favorablemente apreciado por la clase media aspiracional durante los picos de vociferación punitivista posteriores a su recuperación económica, acaecida a partir del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. En aquellas oportunidades, se plegó al pedido de “mayor seguridad” de los barrios altos del conurbano bonaerense, junto al falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien por entonces, luego del secuestro y muerte de su hijo, había conseguido una reforma inconstitucional del Código Penal. A tal punto se exhibió Bergman con el usurpador de títulos en la cruzada de aliento al asesinato privado de delincuentes, que no faltaron quienes lo calificaron como “el rabino de Blumberg”. Este ritmo de exposición -en sintonía con los antivalores comulgados por amplios sectores- se constituyó en faro de atención para la búsqueda de cuadros por parte del macrismo. Fuertemente decidido a recuperarse del traspié electoral de 2003, Mauricio Macri envió emisarios a negociar alguna postulación para incorporar el capital humano que había recogido el religioso con su discurso de castigo. Sin embargo, el rabino decidió testear su real impronta de influencia formando una agrupación llamada “Partido Blanco de la Ciudad”, un espacio decididamente antikirchnerista organizado para captar votos que, en un escenario de balotaje, se inclinaran a favor de lo que ya por entonces se propiciaba como un “cambio”. Bergman, no obstante, terminó aceptando la propuesta de Macri de liderar la lista para legisladores porteños durante ese mismo 2011. Junto con la reelección de Mauricio en la Jefatura de Gobierno de la ciudad, el religioso fue escogido como primer sacerdote que integraría el cuerpo legislativo de la jurisdicción. Allí formó parte de la Comisión de Ecología, desde donde propició proyectos de “movilidad sustentable” y tratamiento oneroso de escombros y residuos. Dos años más tarde, su pertenencia ya inseparable al partido amarillo y la continuidad de las propuestas mediáticas a favor de un Estado de Seguridad reforzaron la idea del macrismo de incorporarlo definitivamente a sus filas –en carácter de adalid de la represión- y fue, entonces, listado en primer lugar para diputado nacional por el PRO. El rabino asumió su nuevo cargo en diciembre de 2013. Desde entonces, como parte del plan de futuro gobierno de Mauricio Macri, se encargó de hacer elaborar y presentar diversos proyectos relacionados con la naturaleza, tales como el aumento de “multas ambientales”, la promoción del uso de la bicicleta, la protección de diversas áreas marinas, un proyecto de “tenencia responsable de animales” (que incluía la creación de un registro y la posibilidad del secuestro municipal de mascotas sin dueño) y, muy especialmente –como conducta orgánica- el rechazo al Memorándum de Entendimiento con Irán fomentado por Cristina Fernández para el esclarecimiento de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la AMIA. Durante este trayecto, Bergman procuró no “entregar” el cúmulo de seguidores a favor de la construcción política de Cambiemos, cuidando su impronta de personalidad “invitada” con predicamento propio, aunque coincidente con los lineamientos macristas. Esta característica le procuró las facilidades de concreción de una misión pour la galerie consistente en beneficiar (incluso, desde la ocultación) las aspiraciones y la codicia de los sectores de producción primaria, que veían en la preservación de espacios naturales un obstáculo para el desarrollo de su plan económico y su tradición de asentamiento. En efecto: con el advenimiento de Macri a la presidencia de la Nación, el rabino fue ungido Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el encargo exhibido de, precisamente, cumplir uno de los objetivos mercadotécnicos voceados durante la campaña de sugestión colectiva: “cuidar” la naturaleza y “el medio ambiente”. Sin embargo, durante sus cuatro años de ejercicio, Bergman ostentó una inhabilidad ostensible para desempeñar su cargo. Prueba de ello es su impericia notoria en la evitación o sofocamiento de los enormes incendios que se produjeron, desde el inicio mismo de su ministerio, en diversos puntos del país. Las Sierras Cordobesas, extensos sectores de Catamarca, el Parque Nacional Los Alerces, las proximidades del Lago Puelo y otros focos fueron devastados por el fuego y, a la vez, ganados para el campo. Pero fue en La Pampa, un ámbito de tradición peronista, donde más se pudo apreciar la dejadez de Bergman evidenciada al afrontar su responsabilidad liminar de preservación. Entre 2017 y enero de 2018, la provincia perdió por incendios naturales más de 1.100.000 hectáreas, cifra que representa, aproximadamente, el 10 % de su territorio. El fuego alcanzó a cruzar las fronteras con Río Negro y Buenos Aires y afectó, allí, otras 300.000 hectáreas. Bergman sólo viajó a la provincia al regresar de sus vacaciones, un mes después de iniciado el siniestro, con el único fin de “dar aliento a los brigadistas”. Consultado por el periodismo, el rabino ofreció un perfil de resignación, difundiendo la idea de “aceptar el cambio climático”, en fuerte alineamiento con la política anti-ambientalista norteamericana. Esgrimiendo las armas emocionales que le habilitaba el uso neurocientífico del discurso propiciado por Cambiemos, afirmó que los incendios se habían producido en cumplimiento de “una especie de profecía apocalíptica”, como hilo de coherencia de un discurso que, meses antes, había convocado a que “para el verano, lo más útil que podemos hacer es rezar”. El “apoyo” a las autoridades y equipos de trabajo en el sofocamiento de la tragedia natural más destructiva de la historia de La Pampa fue tan sólo verbal. Siguiendo las directivas del propio Mauricio Macri –quien frente a las inundaciones acaecidas durante su jefatura de gobierno aseguró que no habría solución inmediata para el problema- el sacerdote manifestó que “estamos en un camino donde no veo en el corto plazo que tengamos la envergadura de lo que necesitamos en el próximo verano”. A su regreso a Buenos Aires, prometió “un plan de infraestructura muy importante que va a ser inédito en el país”, y que jamás se llevó a cabo. Finalmente, tampoco gestionó el envío de ayuda a la provincia para paliar el desastre ni recuperarse de sus consecuencias. Con posterioridad, y hasta enero de 2019, el territorio sufrió la quema de otras 55.000 hectáreas. Bergman también desactivó su ministerio durante las inundaciones que afectaron diversas partes del país los cuatro años de gobierno macrista. Los fenómenos más notables ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires; en Concordia, Entre Ríos (adonde se dirigió la vicepresidenta Michetti durante diciembre de 2015, por haberse tomado Macri sus primeras vacaciones), en el Chaco, en la provincia de Buenos Aires, en las márgenes de los ríos Iguazú y Paraná y, en general, en todas las zonas de cultivo intensivo e indiscriminado de soja, que genera alteraciones en las condiciones de permeabilidad de los suelos. El tratamiento televisivo de esas catástrofes desplazó al religioso e interpeló en escenarios pautados al presidente, quien revistió de componentes emocionales la descripción de lo que en verdad emergía como un cúmulo de complicidades con el establishment patricio agropecuario en conexión con el mil-millonario negocio de la producción agroquímica. Así, el primer mandatario explicó que “en este caso [se refería a la provincia de Entre Ríos, a inicios de 2016] hay lugares donde falta el agua y lugares donde sobra el agua”. Al desarrollarse una de las “Marchas del Millón” de su campaña de reelección en 2019, Macri elogió a quienes allí se congregaban a la voz de “encima llueve, esta lluvia es bendición, que nos moje bien. Es Dios que nos está acompañando", al mismo tiempo que esa misma precipitación anegaba enormes sectores del sur y del norte de la Capital Federal. Hacia el final de su mandato, en el Chaco, el presidente hubo de reconocer: “Tendremos que acostumbrarnos a que esto [inundarse] va a pasar en distintas zonas, en distintos lugares del país". Los medios de comunicación, mientras tanto, nada preguntaban a Bergman. La propia Auditoría General de la Nación ha reconocido que, durante su gestión, en Argentina se ha puesto en riesgo la eco-diversidad, por la reducción del hábitat de las especies naturales. Los factores responsables de este fenómeno son, según la entidad, “la expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación, las malas prácticas de manejo ganadero, la introducción de especies exóticas invasoras, el tráfico ilegal y el cambio climático”. Como se viene diciendo, la propuesta ministerial de Bergman ha consistido, respecto de todos estos ocasionantes, en la relajación de índole celestial. Sea por su ineptitud (entre otras omisiones dolosas, tampoco promovió una política de eliminación de agrotóxicos o de reemplazo o prohibición de cultivos transgénicos), sea al fin de cumplir una directiva de concentración de fuerza para fines represivos, el poder real tomó la decisión de quitar al rabino el control del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que pasó a la cartera de Seguridad liderada por Patricia Bullrich. A ello se sumó la reducción jerárquica de su espacio de actuación, que por sugerencia del Fondo Monetario Internacional se degradó a una Secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. A pesar de la gravedad de estas notas que palmariamente muestran la ausencia de límites del neoliberalismo para hacer cumplir su plan, la gestión del rabino Bergman ha quedado marcada por dos hechos de impacto sensible que lo ubican en un plano de intensa entidad prescindible, como así también de responsabilidad actoral en la construcción de imágenes aptas para la penetración psicológica. La primera está relacionada con el sentir de los sectores aspiracionales egoístas durante el período de afirmación electoral del macrismo: en septiembre de 2017, el ministro fue filmado “pasando” dos televisores de gran tamaño por la Aduana, proveniente de Santiago de Chile, por entonces paraíso de compras de la cada vez menos pudiente clase media argentina. Luego de la andanada de críticas vertida por canales no hegemónicos, uno de sus allegados informó que los aparatos se donarían a una institución judía, “para proyectos educativos y teleconferencias en la formación de líderes”. La declaración produjo la calma y la aceptación de la base adicta de votantes, que rápidamente olvidó el asunto y dio su apoyo electoral a Cambiemos un mes más tarde. El segundo episodio de afianzamiento emocional dio la vuelta al mundo. Se trata de una intención de simbolizar la mimetización del Hombre, en sentido responsable, con el medio ambiente. Para la consecución de ese fin, el rabino se presentó durante una de las funciones del Séptimo Festival Internacional de Cine Ambiental, celebrado en Buenos Aires, ataviado con un cobertor plagado de hojas de enredadera. Incluso ingresó al follaje de una enredadera real ubicada en el predio, bajo un cartel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que rezaba: “Lo mejor que le puede pasar al ambiente, es que pasemos inadvertidos”. La frase se constituyó, con el tiempo, en un símbolo de su gestión y en una metáfora de la incidencia de la “cortina mediática” en la invisibilización de los desvaríos, corrupciones, enriquecimientos, quebrantamientos republicanos y perpetraciones delictivas del gobierno de Mauricio Macri. No obstante estas nulidades y desempeños titiritescos a favor de la consagración de las ilegalidades del entorno Cambiemos, en algunas indicaciones biográficas se señala a Sergio Bergman como “heredero” de la doctrina de Marshall Meyer, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos y miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Así lo informó el diario La Nación a mediados de 2007, época en que Bergman se instalaba en el imaginario justiciero de los ámbitos urbanos más o menos escolarizados del país. La mención motivó el envío de un Correo de Lectores a la sazón proveniente de la viuda de Meyer, quien desde su residencia en Estados Unidos se quejó del elogio intencional expuesto en el periódico de los Mitre. Dijo en aquella oportunidad: “Su diario ha presentado al rabino Sergio Bergman como discípulo de mi difunto esposo, el rabino Marshall Meyer: nada más alejado de la verdad. Le puedo asegurar que los actos y posiciones políticas del rabino Bergman están en las antípodas del pensamiento de Marshall Meyer. A mi esposo le daría vergüenza saber que un rabino como Bergman propuso cambiar la palabra ‘libertad’ por ‘seguridad’ en el himno argentino. Tampoco hubiese aceptado compartir un estrado con Juan Carlos Blumberg mientras anuncia su intención de coartar las libertades individuales. Quienes conocimos a Marshall sabemos que, como parte de su fe religiosa, estuvo en la Plaza de Mayo junto con las Madres durante la dictadura y visitó cárceles donde recluyeron a Jacobo Timerman y a tantos prisioneros políticos. Le ruego que deje de utilizar la figura de mi esposo sin conocer ni su obra ni sus verdaderos discípulos. Naomi Meyer. 209 West 86 St./ New York, EE. UU.” Hasta su definitiva incursión en el ámbito político, Sergio Bergman había recibido varios premios de importancia. Entre ellos, el Laurel de Plata entregado por el Rotary Club de Buenos Aires y el Konex de Platino al Dirigente Comunitario, compartido con el monseñor Jorge Casaretto, alguna vez sindicado como “presente” en sesiones de tortura durante la última dictadura cívico-militar. *Galería completa: https://prontuariodegabinete.blogspot.com/
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