#la Fiscalía General del Estado

[liviainforma]

Comunicado/ Xalapa, Ver., a 3 de julio de 2024.- La Fiscalía General del Estado FGE, informó  a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, en coordinación con el Instituto de Formación Profesional, llevó a cabo la jornada de capacitación “Perspectiva de Género con enfoque de Derechos…

[noticlick]

Elizabeth Jiménez Ayala bajo detención domiciliaria por caso de exalcalde de La Paz

El juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción dispuso la detención domiciliaria de Elizabeth Jiménez Ayala, suegra del ex alcalde de La Paz, Luis Revilla, con diversas restricciones. La Fiscalía escudriñó las cuentas de la acusada y según su tesis, no existía relación entre el ingreso que recibe y los montos que circularon en las tres entidades, por lo que la convierten en sospechosa. Sin…

[queretarotv]

Firma SESA convenio en materia de adicciones con la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Firma SESA convenio en materia de adicciones con la Fiscalía General del Estado de Querétaro

La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón, el  comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), Andrés Longoria Aguilar y el fiscal general del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, firmaron un convenio, mediante el cuál se llevará a cabo la organización y desarrollo de programas para realizar acciones de prevención y contra las adicciones…

[namorslutfanfiction]

I have a question for you. I'm not to familiar Elena my knowledge of her is that she is a feminist who survive an acid attack. However with this whole Tencho situation going on people are claiming she not what she claims to be. What do they mean by that? I'm fully aware with her history with Tencho however some are saying she shady past prior to the scandal?

If I'm wrong please correct me. I try to avoid Twitter since they provide the most unreliable source. This is where I found one link.

https://twitter.com/kaoryvsco/status/1669917269978234881?s=20

From what I understand she's currently involved in some litigation surrounding accusations of fraudulent documents and extortion regarding an indigenous group. Apparently has some government contacts and her family has some shady business practices that have her brother in jail. There are also unfounded claims that she may have staged the acid attack to some extent (unlikely but also shows how people already don't find her very credible)

She has threatened lawyers and other female activists. She has attempted to steal the credit for laws being passed that are pro women's rights, although she did not have the long standing connection to it as others did who deserved the credit.

I'm doing this from mobile so I can't look at the link you added but here we go.

Karina Velasco is a journalist and as far as I can tell a credible source for researched information. She has been adamant about looking at facts and evidence and has both denounced Elena and called out how machismo had a hand in how Tenoch deals with women in his personal life.

This tweet has attached documents from the lawyer herself denouncing Elena and describing her threats.

Here we see an example of Karina doubling down on her need for facts rather than blind belief. She also reiterates in her tweets that as much as she had met Tenoch and thinks the possibility of stealthing is horrible and definitely assault, Elena's ambiguous statement doesn't read as if she is directly accusing Tenoch of that.

Here is another article detailing some of Elena's questionable past.

Some other examples of Karina's ideology and research that I agree with

I hope that answered your question.

While there is no such thing as a "perfect victim" it is quite clear to see that Maria Elena is not someone you should believe based on her word alone.

[acapulcopress]

Asegura FGE armas largas, cartuchos, equipo táctico y vehículos robados en Teloloapan

CHILPANCINGO, Gro. * 15 de agosto 2024. ) FGE En operativos interinstitucionales coordinados, realizados entre el 13 y 14 de agosto del

año en curso, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, aseguraron diversas armas largas, equipo táctico, más de 2,000 cartuchos útiles y recuperaron vehículos con reporte de robo en el municipio de Teloloapan. Lo anterior como parte del trabajo para reducir e inhibir delitos en la región Norte del Estado. Estas acciones permitieron que el 13 de agosto de 2024, durante recorridos de seguridad en la localidad de Ahuehuetla, se asegurara sobre un camino de terracería una camioneta de la marca Chevrolet tipo Colorado con reporte vigente de robo, la cual fue inspeccionada, encontrando en su interior un arma larga tipo escopeta, así como 275 cartuchos útiles de distintos calibres y una playera con la leyenda “Policía Comunitaria Tecampanera”.

En seguimiento de las operaciones desplegadas, el 14 de agosto, en la cabecera municipal de Teloloapan, se logró la incautación de una ametralladora y seis armas largas. Además de 1,855 cartuchos útiles, dos cargadores calibre 5.56 mm y tres cargadores calibre 7.62. Así como tres radios portátiles de comunicación; dos gorras con la leyenda “BEBA” y una gorra con las siglas “CJNG”. También se logró la recuperación de un vehículo de la marca Honda tipo Civic negro y un vehículo más de la marca Mazda color blanco, ambos con reporte de robo. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. En tanto, se mantiene el despliegue coordinado de autoridades de las tres órdenes de gobierno.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de emprender acciones interinstitucionales en materia de procuración de justicia y coadyuvancia en la reconstrucción de la paz en la entidad y el bienestar de las familias en Guerrero. www.acapulcopress.com Read the full article

[fabioarturo1]

Jesus Ociel Baena Saucedo 😢🖤🏳️‍🌈

Localizan sin vida a Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

El magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, fue localizade sin vida en la entrada de su domicilio en el fraccionamiento Punta del Cielo, al poniente de la ciudad de Aguascalientes.

Ociel Baena se encontraba acompañade de su pareja, también sin vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado habrían encontrado h3ridas producidas por arm@ blanca en ambas personas, según primeros reportes.

[lizcamp01]

la regularización de las redes sociales

El ciberespacio no deja de ser un cosmos en el que convivimos los seres humanos y que para muchas personas es, incluso, más importante que la “realidad” en cuestiones como la imagen pública, las relaciones personales y el suministro de información, por lo que la norma básica a la hora de interactuar en redes sociales es usar el sentido común, la empatía y la tolerancia, así como respetar las leyes de igual forma que se hace en el mundo off line.

libertad de expresión:, la Libertad de Expresión es uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo individual, la cual no sólo comprende informaciones e ideas aceptadas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, molestan o inquietan.

derechos a la intimidad y la imagen propia: 18 de la Constitución Española y la citada Ley Orgánica 1/1982 regulan los derechos a la Intimidad y la propia Imagen, que también limitan el contenido de lo que puede difundirse en el mundo virtual. A diferencia de lo que ocurre con el derecho al Honor, estos derechos no les están reconocidos a las personas jurídicas, sin perjuicio de que puedan contar con la protección legal que corresponda por la normativa marcaria, de patentes, competencia desleal, etc.

menores: a Instrucción de Fiscalía General del Estado 2/2006, sobre el Fiscal y la protección del derecho al Honor, Intimidad y propia Imagen de los menores, la tutela reforzada de sus derechos viene justificada por la mayor vulnerabilidad que tienen los menores por el hecho de que su personalidad se encuentra en pleno proceso de desarrollo y formación y, por tanto, se puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental y moral.

recomendaciones para la regularización de las redes sociales.

Protégelas con contraseñas robustas y no las compartas con nadie.

Acepta solicitudes solo de conocidos.

Configura la privacidad y decide quién puede ver tus publicaciones.

No compartas información personal con cualquiera.

Evita publicaciones que puedan dañar tu reputación.

[juanjoseojedadiaz]

Presentan al país nueva alianza de carácter político-electoral con miras a presidenciales 2024

Caracas 01/02/24. (PS).- Representantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Patria Para Todos (PPT/APR) y del Movimiento Popular Alternativo (MPA) anunciaron este jueves al país la conformación de una nueva alianza de carácter político-electoral a fin de participar en la elección presidencial 2024 y los procesos electorales previstos para 2025.

Oscar Figuera, secretario general del Comité central del Partido Comunista de Venezuela aseguró que debido a la coyuntura actual de las luchas de los trabajadores y frente a una “política neoliberal encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros, la cúpula del gobierno y del PSUV que afecta a las grandes mayorías, hemos decidido dar un paso en la dirección de construir una propuesta también en el terreno electoral”.

Explicó que se trata de la voluntad de las tres organizaciones de promover espacios de encuentro, de trabajo y de articulación con otros movimientos que coincidamos en la necesidad de construir una fuerza capaz de enfrentar a los dos grandes polos del desastre nacional o como decimos en el Partido Comunista de Venezuela, los dos polos burgueses del desastre nacional, un primer sector, que está en el gobierno quienes dicen ser una burguesía revolucionaria y está influida por la presencia de sectores mafiosos profundamente corrompidos”.

“El otro polo que consideramos debemos enfrentar también, es la fracción burguesa, también profundamente reaccionaria, aliada a los sectores del gran capital trasnacional norteamericano y europeo, que se expresa en la llamada Plataforma Unitaria Democrática cuyo programa también es neoliberal”, subrayó.

Entre tanto, Rafael Uzcátegui, coordinador nacional de Patria Para Todos (PPT/APR) señaló que tanto los partidos como las organizaciones políticas en el país “han sido aniquiladas, asaltadas usando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral, siendo el sector más agredido la izquierda venezolana”.

A su juicio, no hay una organización de izquierda que tenga registro electoral “porque lo que se pretende hacer no es otra cosa que partidos mercenarios u organizaciones bachaqueras hechas a la medida de un asalto patrocinado por el Presidente de la República con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, de su Sala Constitucional y con el silencio del Consejo Nacional Electoral y otras instituciones del Estado como la Fiscalía”.

Aseguro que el paso inicial que dan “es un esfuerzo de puertas abiertas, no hay nada cocinado o acordado en secreto, todo lo venimos haciendo de cara a los problemas que vive Venezuela así como también al empeño de salirle al paso a quienes quieren impedir que la izquierda venezolana y el movimiento popular venezolano tengan una expresión organizativa para participar y protagonizar como lo señala la Constitución”.

Por su parte, Manuel Isidro Molina, presidente del Movimiento Popular Alternativo (MPA) consideró que esta nueva alianza es una buena noticia para el pueblo venezolano, quienes están inconformes con la oferta política electoral actual y las condiciones de vida que atraviesa el país. “Para nosotros en el MPA esta alianza es clave para determinar el futuro inmediato del país, no nos resignamos a la muerte de los mecanismos estatuidos en la Constitución vigente”.

“Vemos con amplitud que el reclamo a un proceso electoral transparente y confiable es unánime en Venezuela, solamente hoy, los grupos estrechos y en decadencia del PSUV y del gobierno de Nicolás Maduro, tratan de amañar el proceso electoral”, puntualizó.

Molina destacó que la acción a la que dan inicio, “emerge para torcer el rumbo que el gobierno nos quiere imponer, un rumbo autoritario, antidemocrático que obstruye la real participación, que le niega el derecho a los jóvenes venezolanos a inscribirse en el Registro Electoral, pretendiendo teledirigir un resultado que ya el pueblo venezolano derrotó”.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

Twitter: @juanjoseojeda

Instagram: @juanjoseojedadiaz

[24scamnewsworld]

Joaquín Ramírez: así se estructura la organización criminal que incluye a Keiko Fujimori, según Fiscalía

Este martes 11, el Ministerio Público —acompañado por efectivos de la PNP - procedieron con la incautación de inmuebles vinculados al alcalde de Cajamarca por caso de lavado de activos. Según tesis fiscal, integraría una organización criminal.

En el marco de un gran despliegue de personal del Ministerio Público, en compañía de la Policía Nacional del Perú (PNP), este martes 11 de abril se ejecutó la incautación de 214 inmuebles —ubicados en 9 regiones del país— vinculados a la organización criminal liderada por Fidel Ramírez, tío del excongresista Joaquín Ramírez, y que también estaría integrada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se les atribuye la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

De acuerdo a la tesis fiscal, tras la investigación preliminar iniciada contra Joaquín Ramírez en el 2019, se le atribuye al actual alcalde de Cajamarca el delito de lavado de activos por haber participado en el financiamiento ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori, cuando se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular. Este movimiento irregular de dinero se realizó en agravio de la Universidad Alas peruanas (UAP) y del Estado.

De acuerdo a la tesis fiscal, tras la investigación preliminar iniciada contra Joaquín Ramírez en el 2019, se le atribuye al actual alcalde de Cajamarca el delito de lavado de activos por haber participado en el financiamiento ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori, cuando se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular. Este movimiento irregular de dinero se realizó en agravio de la Universidad Alas peruanas (UAP) y del Estado.

Primero, entre los 14 imputados por la Fiscalía en este caso se encuentran Joaquín Ramírez Gamarra, Nancy Ramírez Vela viuda de Ramírez, Rosa Castañeda Cubas, Luisa Gamarra de Ramírez, Edmon Jordan Montes, Keiko Fujimori Higuchi, Pier Figari Mendoza, Maribel Ramírez Gallegos, Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Marco Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Marcos Aponte Andrade, Harold Morales Rojas y Osías Ramírez Gamarra.

El Ministerio Público advierte que, durante el periodo de Fidel Ramírez al frente de la Universidad Alas peruanas se hicieron contratos millonarios simulados mediante empresas de fachada para la adquisición y reventa de inmuebles, además de otros negocios, con la finalidad de transferir fondos a la campaña presidencial de Keiko Fujimori

“Toda esta defectuosa organización y el conocimiento del riesgo con la realización de los delitos fue con la finalidad de cometer estos ilícitos que sirvan para desviar los fondos a los integrantes de la organización criminal para que una parte termine siendo transferida al Partido Político Fuerza Popular y Keiko Sofía Fujimori Higuchi a través de aportes de campaña”, se lee en el documento fiscal.

Cómo se estructuraba la organización criminal?

Según la estructura - detectada por el Ministerio Público - de la organización criminal dedicada a la presunta comisión del delito de lavado de activos, el brazo político estaría integrado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Pier Figari, exasesor de la hija de Alberto Fujimori. La función de ellos habría sido captar fondos ilícitos para obtener poder político y, con ello, blinda a la organización criminal.

En cuanto al brazo comercial, este está integrado por varios miembros de la familia Ramírez. Se encuentran Joaquín Ramírez, Osías Ramírez, Rosa Castañeda, Luisa Gamarra de Ramírez, Edmon Jordan Montes, Harold Morales, Marcos Aponte, Maribel Ramírez, Marco Antonio Urteaga, Nancy Gallegos de Vela, Nancy Ramírez Gallegos y Yohny Ramírez. Ellos se encargaban de instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas.

Finalmente, el brazo dirigencial tenía como trabajo instrumentalizar a la Universidad Alas peruanas (UAP) para la comisión de actos fraudulentos. Aquí también son ubicadas Nancy Ramírez Gallegos y Maribel Ramírez Gallegos, ambas antes mencionadas en el brazo comercial.

[godsaveforum]

INFORMACIÓN: Presentación de grupos

En esta publicación van a encontrar toda la información detallada de la división de grupos. Existen, actualmente, cinco grupos. Si tu personaje encaja en más de un grupo, está en tu elección seleccionar cuál tiene mayor prioridad.

Aquellas personas reconocidas y famosas en el ámbito del entretenimiento, el deporte, la música, el cine, la televisión o cualquier otra área de relevancia mediática. Son individuos que han logrado un alto nivel de visibilidad y notoriedad en la sociedad londinense, generalmente debido a sus talentos, logros o habilidades excepcionales en su campo de trabajo. 

Es importante tener en cuenta que el estatus de celebridad puede variar en términos de alcance y reconocimiento. Por ende, algunas personas destacan por su trabajo en una industria específica, mientras otras trascienden fronteras y su rango de reconocimiento es amplio. 

En este grupo se incluyen: actrices y actores, cantantes y músicos, directores y productores, atletas, modelos, escritores célebres, bailarines, celebridades del internet, entre otros. 

El sector criminal lo componen individuos que han cometido actos delictivos o ilegales, violando las leyes establecidas por una sociedad. Estos actos pueden incluir robos, asesinatos, fraudes, agresiones, tráfico de drogas, delitos financieros, entre otros. 

Es importante tener en cuenta que las motivaciones y circunstancias que llevan a una persona a convertirse en criminal pueden ser complejas y variadas. Factores como la desigualdad social, la falta de oportunidades, problemas de salud mental, adicciones o influencias del entorno pueden desempeñar un papel en la toma de decisiones que conducen a la comisión de delitos. 

En este grupo se incluyen: delincuentes, ladrones especializados, traficantes de drogas, estafadores, sicarios o asesinos a sueldo, hackers o ciberdelincuentes, narcotraficantes, criminales financieros, entre otros. 

Individuos que trabajan para mantener la seguridad, hacer cumplir las leyes y preservar el orden público. Este sector se destaca por desempeñar roles y responsabilidades específicas en el sistema de justicia penal y la aplicación de la ley. 

En este grupo se incluyen: miembros de la Policía Metropolitana de Londres, agentes de policías, detectives, fiscalía, jueces y magistrados, abogados de la defensa, personal de apoyo administrativo, entre otros. 

Todas aquellas personas que realizan actividades bajo la responsabilidad, el control y la regulación  de los organismos del Estado. Su objetivo es satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad de Londres garantizando la igualdad entre los ciudadanos.  

En este grupo se incluyen: Directores y subdirectores de hospitales, médicos y pasantes, enfermeras, psicólogas, psiquiatras, instrumentadores quirúrgicos, paramédicos, camilleros, ambulancia,  personal de funeraria, bomberos, etc. 

Residentes y ciudadanos londinenses en general. Miembros de la sociedad que tienen derechos y responsabilidades legales y civiles. Poseen derechos como el derecho al voto, a la libertad de expresión, a la participación política y a la protección legal. Son aquellos que no entran en las demás categorías, pero que contribuyen activamente a la vida de la ciudad. 

En este grupo se incluyen: personal de educación, estudiantes, empresarios, freelancer, asistentes y recepcionistas, cajeros, conserjes, cuidadores, personal de turismo, personal de periodismo, desempleados, etc. 

Miembros de la administración del foro. El buen funcionamiento de las labores administrativas estará a cargo de dichas personas que componen el grupo.

Si bien estaremos disponibles constantemente para garantizar un espacio ameno, les recordamos que las dudas y/o sugerencias serán debatidas por todo el staff. Es así que puede transcurrir tiempo hasta la respuesta definitiva.

[diario-vespertino]

Los pueblos originarios de Argentina en busca de la reparación del genocidio

Los juicios de lesa humanidad por los crímenes perpetrados durante la última dictadura militar Argentina, crearon un precedente a nivel mundial, pero también han sentado las bases para que los pueblos originarios promuevan causas judiciales contra el Estado argentino por prácticas genocidas. Alentados por los procesos que han tenido lugar en los últimos 40 años, distintas comunidades indígenas han emprendido sus propios procesos de memoria, verdad y justicia, con los que han conseguido ya dos sentencias a su favor. De momento, la Masacre de Rincón Bomba (1947) y la Masacre de Napalpí (1924), obtuvieron sentencias favorables y se investigan las masacres de San Antonio de Obligado (1887) y de San Javier (1904). Además, se han presentado denuncias judiciales para que se investigue y se lleve a juicio la Campaña del Desierto (1878-1990).  PRIMERAS CONDENAS AL ESTADO ARGENTINO En julio de 2019, una sentencia condenó al Estado argentino por la Masacre de Rincón Bomba (Formosa), consideró crímenes de lesa humanidad los cometidos por la Gendarmería Nacional contra el pueblo indígena Pilagá y ordenó reparaciones. Entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 las fuerzas de seguridad nacional fusilaron a más de 400 pilagás en las localidades de Las Lomitas y Pozo del Tigre. La Masacre contó con el apoyo de la Fuerza Aérea, y Carlos Smachetti, el comandante del avión que ametralló a decenas de personas desde el aire, fue procesado. En el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, celebrado en mayo de 2022, un juzgado federal responsabilizó al Estado argentino por la matanza y reclamó una serie de medidas reparatorias. “La masacre fue un delito de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso genocida de los pueblos indígenas”, estableció la jueza Zunilda Niremperger en la sentencia. En Napalpí murieron entre 200 y 300 personas de las comunidades qom y moqoit, tras una balacera con la que 130 policías, gendarmes y paramilitares, reprimieron una protesta de la comunidad. Sus cuerpos fueron calcinados y enterrados en fosas comunes. Su historia negada o tergiversada. Y en septiembre de 2020, los caciques Luis Pereyra y Rosa Pereyra, de las comunidades qom presentaron una denuncia ante un fiscal federal por la Masacre de San Antonio de Obligado (1887) calificándola como delito de lesa humanidad y genocidio. De salir adelante este proceso, sería el primer juicio por la verdad sobre un hecho del siglo XIX. Hasta ahora, la versión oficial de la masacre señalaba que los indígenas habían matado al cura Ermete Constanzi y fueron asesinados en represalia, pero recientes investigaciones demuestran que la historia fue otra. En 1887, Rudecindo Roca, por entonces gobernador de Misiones, mandó a pedir una “china” de una comunidad por lo que una niña fue llevada a la fuerza, lo que provocó una indignación general. Los indígenas emboscaron a los soldados cuando volvían a la comunidad, lo que hizo que el hermano de Roca, propietario de un ingenio azucarero, enviase un grupo de caballería a la reducción (concentración forzada de poblaciones indígenas) de Santa Ana, que acabó provocando la carnicería. Lo que los investigadores encontraron en las actas de fray Ermete Constanzi -un sacerdote italiano que había sido convocado para “cristianizar” a los indígenas-, es lo contrario de lo que se contaba hasta entonces y que había servido para justificar la matanza.  En las actas que detallan los acontecimientos, el fraile defiende “la inocencia” de “sus” indios ante el Ministerio del Interior y la prensa. Diez años después, es asesinado por seguir defendiendo a las comunidades. Exactamente al revés de la versión oficial, según las investigaciones realizadas, que sirvieron para armar la causa. En diciembre del pasado año, las comunidades indígenas de San Javier y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fé presentaron una denuncia ante la fiscalía federal solicitando la apertura de una investigación por el Derecho a la Verdad sobre los hechos del 21 de abril de 1904, en esa localidad. “Venimos por este acto a formular DENUNCIA PENAL, por la persecución, represión y matanza a integrantes del pueblo Moqoit, todos crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio contra los pueblos originarios, llevado adelante en distintos puntos de nuestro país durante la conformación del Estado Nacional Argentino”, argumenta la denuncia. Y agrega que consideran esa investigación, a más de cien años de ocurridos los hechos, “imprescindible para que la verdad jurídica refleje la verdad histórica, la que se viene transmitiendo oralmente en nuestras comunidades, de generación en generación”. En San Javier murieron a comienzos del siglo XX un centenar de personas moqoit y otras tantas resultaron heridas. Según la versión oficial, se trató de un malón (ataque sorpresivo de indígenas) que fue repelido. La historia oral de los indígenas habla de fosas comunes y enterramientos de personas con vida. En agosto del año pasado, la referente mapuche-tehuelche Ivana Huenelaf, presentó una denuncia ante los tribunales para que se investigue como genocidio la persecución y matanza de pueblos originarios de la Patagonia durante las expediciones militares conocidas como “Campaña del Desierto” (1878-1890). La configuración del Estado-Nación, con el fin de la colonia, planteó la necesidad de  imponer su soberanía sobre las regiones indígenas autónomas. Se calcula que en la llamada “Conquista del Desierto” cerca de 14 mil mapuches fueron asesinados o hechos prisioneros. La Reforma de la Constitución Nacional en 1994, reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. EL PRECEDENTE DE LOS JUICIOS POR LA VERDAD Los Juicios por la Verdad fueron un procedimiento judicial, sin efectos penales, que se llevaron a cabo durante 18 años en Argentina, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, frente a la impunidad que les garantizaban las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto. Son fruto de la lucha de los organismos de derechos humanos, que buscaron estrategias alternativas para hacer frente a la impunidad, a través de la búsqueda judicial de la verdad. Al pasar de los años, anuladas las leyes de impunidad, surgieron causas penales que imputaron a responsables de terrorismo de Estado, para las que se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas en los Juicios por la Verdad.  En el caso de los indígenas, los Juicios por la Verdad buscan llevar “reparación histórica y simbólica” a los pueblos originarios argentinos que fueron reprimidos, perseguidos, cazados, asesinados y negados. A falta de responsables con vida, estos juicios se erigen en el medio adecuado para garantizar los derechos a la verdad, a una reparación integral y a la no repetición. Así lo entiende, entre otros, Diego Vigay, fiscal federal ad hoc, que encabezó la investigación preliminar y participó en el juicio de la Masacre de Napalpí en representación del Ministerio Público Fiscal. Vigay explicó al DiarioAR que tomaron como precedentes tanto “el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar, que tiene más de 1.100 condenados y que es considerado de vanguardia a nivel mundial”, como los juicios por la verdad celebrados en los ‘90 en distintas jurisdicciones del país. “Entendimos que, más allá de las demandas civiles donde no intervienen las fiscalías federales, era imprescindible la realización de un juicio oral y público, porque el compromiso asumido en juzgar los crímenes de lesa humanidad debe abarcar todos los que ocurrieron en el transcurso de la historia nacional, no solo los de la última dictadura”, dijo Vigay. A su juicio, la importancia de estos juicios es que permiten subrayar que las prácticas genocidas no terminaron con la conformación del Estado nacional “sino que continuaron en matanzas del siglo XX como la masacre de Napalpí y de La Bomba, dos casos que se dieron en gobiernos democráticos”. Para el sociólogo Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y testigo en el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, pensar que estos juicios son deudores de los procesos posdictadura acarrea riesgos. “Habría que tener cuidado con que decir esto no implique sacar toda la agenda indígena, y la potencia que hay por parte de las comunidades al haber sostenido las demandas, sobre todo la memoria oral contando las masacres de generación en generación. Acá lo central es la palabra genocidio, que permite pensar en un proceso a largo plazo, planificado, sistematizado”, indica.   “GENOCIDIOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA” Paula Alvarado Mamani es abogada de la Federación Pilagá y una activista kolla que participó en la querella en el juicio por la Masacre de Rincón Bomba.  “Nosotros, los indígenas, creemos que existen ciudadanos de primera y de segunda generación. Las personas excluidas de ciertos sistemas, o sea, los indígenas y las personas en condiciones de vulnerabilidad, pertenecemos a otro tipo de clase social, económica y cultural, pensada desde lo inferior”, asegura. Y destaca que de ahí viene la tesis “de que existen genocidios de primera y de segunda, los genocidios de segunda no son reivindicados, no son contados y, peor aún, son invisibilizados. Entonces, estos juicios tienen que ver con una reparación histórica estatal, pero todavía falta mucho. Muchos organismos de derechos humanos tampoco abrazan la cuestión indígena, porque hay otros factores en juego, el factor clasista o el factor racista, sin ir más lejos.” Alvarado Mamani sostiene que esto se vio muy claramente con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos jóvenes que fueron asesinados por defender la causa mapuche. Mientras las movilizaciones y las protestas, en el caso de Maldonado -un joven de clase media-, fueron masivas, las de Nahuel -un joven mapuche- no lo fueron en la misma medida.   La primera causa de pueblos originarios contra el Estado nacional fue la de la Masacre de Rincón Bomba en junio de 2005, para cuya sentencia hubo que esperar 14 años. “Estamos hablando de causas que el Estado tuvo guardadas en un cajón (retrasando su resolución) durante 15 años”, afirma Musante y señala que tampoco se puede hablar del Estado “como algo monolítico”, ya que estos casos implican no sólo al poder Ejecutivo de turno sino también al Judicial. “Las primeras respuestas que da la Procuración del Tesoro respecto a las Masacres de Rincón Bomba y Napalpí, es negar a las comunidades en tanto etnias, aseguraron que ni los pilagá ni los qom son etnias argentinas. Entonces, si los qom no son una etnia, no pueden hacerle un juicio al Estado por genocidio. Además, argumentaron que la masacre no fue tal y que ‘solamente’ murieron cuatro personas en un enfrentamiento. O sea, aparece la palabra enfrentamiento que sí tiene que ver con la última dictadura. Pero acá lo que hay es una negación de la identidad étnica, por eso creo que es muy importante este proceso de 15 años por el cual se llegó a lograr esto, y lo valioso de todas estás sentencias positivas que se están dando”, destaca el sociólogo. EL VALOR DE LA HISTORIA ORAL INDÍGENA Melitona Enrique fue una de las últimas supervivientes de la Masacre de Napalpí. Tenía 107 años cuando murió en 2008 sin saber que, 14 años más tarde, algo de esa reparación histórica por la que luchó toda su vida iba a hacerse realidad. Melitona no llegó a declarar personalmente ante los fiscales los hechos que vivió cuando apenas era una niña, pero los mantuvo vivos en la memoria (la suya y la de los otros integrantes de la comunidad) a través de la tradición oral. Sabino es el menor de los 12 hijos de Melitona, el único que queda con vida y que aportó las vivencias de su madre ante la Fiscalía. “Ella siempre contaba que ellos (la comunidad), ya estaban en ese lugar antes de que se hiciera una reducción de indios Napalpí, que sus padres trabajaban duro, pero les pagaban muy poco y empezaron a reclamar”, dice Sabino, que recuerda que su madre hablaba poco porque le daba mucha tristeza: “Lo contaba en qom porque no hablaba castellano y yo le traducía”. “No hay que olvidar que los sobrevivientes, y los integrantes de las comunidades viven muy lejos de donde suceden los juicios, justamente porque fueron corridos en las matanzas”, advierte Musante y señala que los juicios, además, “no están pensados interculturalmente, con lo cual, no sólo tienen que acercarse a declarar, sino que lo tienen que hacer en un lenguaje como el jurídico, que les resulta sumamente ajeno”. La reconstrucción de lo sucedido en las matanzas se consiguió, fundamentalmente, con el testimonio de las y los sobrevivientes, y sus descendientes, pero también fue fundamental el trabajo de archivistas, sociólogos, historiadores y antropólogos, que aportaron pruebas. “Esto sirvió para fundamentar o para avalar esa historia oral que las comunidades venían sosteniendo. De alguna manera, se trata de un reconocimiento porque pareciera que esa memoria oral valiese menos que los documentos, y queda siempre como solapada, como de segunda categoría”, resalta Musante.  Alvarado Mamani confía en que con el tiempo esto sirva para demostrar una verdad histórica que pueda afectar a la sociedad en su conjunto, no sólo a las comunidades, y para prevenir cosas que todavía suceden. Para Musante, “lo de la transmisión oral de generación en generación también implicó un costo, o sea, permitió que ahora se pueda llegar a un juicio, y que se haya mantenido esa memoria, pero tuvo un costo altísimo que fue el terror que generó”. El abogado polaco Raphael Lemkin, que acuñó el concepto de genocidio, argumentó que se trata de un proceso de destrucción que busca transformar la identidad de un pueblo a través del aniquilamiento de parte de la población. Otro de los objetivos de las masacres es instalar el miedo, que funciona como disciplinador. “Se trata de mostrarle a las otras comunidades lo que te puede pasar si protestas”, en palabras del sociólogo argentino.  Fuente: https://globalter.com/los-pueblos-originarios-de-argentina-en-busca-de-la-reparacion-del-genocidio/ Read the full article

[tvnveracruz]

Piden la intervención del gobernador para que la FGE avance en las investigaciones de Chava Blues

Xalapa, Veracruz a 24 de septiembre de 2024.- Piden la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que la Fiscalía General del Estado avance en las investigaciones y ejerza acción penal contra el presunto responsable que atropello a “Chava Blues” ya que hasta ahora no han recibido la reparación del daño. En coferencia de prensa los familiares y amigos del músico Salvador Ramírez…

[transportemx]

Acuerdan dencuncias virtuales para robos al autotransporte en Baja California

Continúa la presencia de personas armadas y asaltos en carreteras del país, lo cual sigue afectando al sector transportista en Baja California, señaló Luciano Jimenez Laveaga, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Mexicali. El pasado 26 de agosto Jimenez Laveaga sostuvo una reunión con la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC),…

[dominiopublco]

Peritos encuentran esquirlas en zona de explosión en el estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas

Las fuentes señalan que la hipótesis de la que habla el secretario de Gobierno de Zacatecas, Ricardo Reyes Mugüerza, es débil y puede caerse conforme avancen las investigaciones. Mientras que el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, insiste en que la explosión afuera del estadio Carlos Vega Villalba, se debió a un tanque de gas en mal estado; peritos de la Fiscalía General…

[sociedadnoticias]

Detienen a regidor de Metepec por presunta violación en San Mateo Atenco

La Fiscalía General de Justicia mexiquense capturó a Óscar “N”, regidor de Metepec, acusado de violación. Por Mireya Estrada | Corresponsal La detención se realizó en el Estado de Durango, donde Óscar “N” fue ubicado gracias a la cooperación entre la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Durango. El acusado será procesado por su…

[acapulcopress]

Perdimos al Presidente

» RAYMUNDO | RIVA PALACIO ] Twitter ) @rivapa En defensa de sí mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer contra sí mismo. Ayer en la mañanera, el único espacio de gobierno verificable de su trabajo, siempre salpicado de folclor y amenazas, de ocurrencias e información, de propaganda y realidades alternas, realizó un control de daños bizarro ante múltiples críticas y observaciones que cuestionan su gestión política. Uno fue por el reconocimiento que le hicieron en el Colegio Militar al ex secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y otro fue por la inminente liberación de Mario Aburto, asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, defendido por abogados de la cuatroté. El general Cienfuegos recibió un diploma de manos del Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como ex director del Colegio Militar, que este miércoles cumplió 200 años de existencia. El evento protocolar desató numerosas críticas, algunas muy severas que sintetizó el respetado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, que lo responsabilizó, como cabeza de la Defensa Nacional, de “atroces violaciones a los derechos humanos que continúan impunes”, como en el Caso Ayotzinapa, y de “asuntos no resueltos en Estados Unidos”. El Presidente, como suele hacerlo, divagó, se fue a la estratósfera y regresó. Enfocó su defensa en las acusaciones de la DEA en contra del general, a quien detuvieron en Los Ángeles en 2020 con pruebas inverosímiles, y retomó su retórica de siempre, que las críticas tienen como origen la manipulación de los conservadores. Esto es irrelevante; siempre lo mismo, siempre hueco. Lo relevante fue cuando para atajar las imputaciones de que el Ejército era responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente atropelló, como también suele hacerlo, a la Comisión de la Verdad que él creó, y desmintió su acusación que el Ejército obstruía y destruía documentos del período de la Guerra Sucia, y soltó una frase inaudita: “Yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda que hay injerencia de… grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo”. En el bloque de “grupos conservadores”, como lo ha dicho antes, incluye al ex fiscal para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a las organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos, los abogados de las víctimas, la prensa, la oposición y toda aquella persona o ente que haya dicho algo distinto a lo que piensa López Obrador. La verborrea, en todo caso, es lo de menos. Lo de más es que informó en Palacio Nacional que estaba usurpando funciones. López Obrador no puede conducir una investigación, porque es una invasión de esferas y atribuciones. La responsabilidad de investigar le corresponde al Ministerio Público, no al Presidente. El Ministerio Público, en este caso federal, depende de la Fiscalía General de la República, que se ha cansado de repetir que es autónoma. Al afirmar que él dirige la investigación de manera directa está violando la ley y pisoteando el estado de Derecho. Para efectos de argumentación, si fuera exitoso en llegar a la verdad verdadera de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus conclusiones no podrían ser judicializadas porque carece de representatividad, y por tanto, serían desechadas por un juez. Cuando queda tan clara la intromisión en asuntos que no le competen, como en tantos a lo largo de su sexenio, se puede entender que el colapso de los casos y los amparos en contra de sus políticas, no tienen que ver con ese enfoque conspiracionista patológico que sostiene, sino con la incompetencia de su gestión. La declaración sobre el Caso Ayotzinapa es la rúbrica de su desaseo. Lo que dijo ayer forma parte de una serie de declaraciones extrañas que ha hecho en las últimas semanas, donde no parece entender los temas ni ver la dimensión de las galimatías políticas y legales en las que incurre. Varias de ellas son contradictorias, que es lo que sucedió ayer sobre el Caso Colosio. Comenzó aludiendo una columna en este espacio sobre lo que debería ser la inminente liberación de Mario Aburto -jurídicamente justificada, como se planteó en un segundo texto aquí-, donde se argumentó con información que ello formaba parte de una estrategia que eventualmente pudiera ser utilizado el asesino de Colosio para acusar al ex presidente Carlos Salinas de tortura y que fuera parte de su narrativa de campaña el próximo año. López Obrador apoyó su crítica a quien esto escribe, diciendo que él no era perverso, ni actuaba de esa manera. Pero momentos después, dijo que cuando asesinaron a Colosio “llegué a la conclusión de que fue un crimen de Estado, y en esos casos, si no hay voluntad, lleva mucho para esclarecerse”. Un crimen de Estado es cuando lo cometen las autoridades de un Estado o por particulares que actúan en complicidad con ellas, por lo que, agregó, deberían de ampliarse las investigaciones porque “ese tipo de casos no prescriben”. Vaya desorden en la cabeza del Presidente. Aburto recuperará su libertad porque fue juzgado indebidamente en un tribunal federal, pese a que Colosio no era funcionario en el momento del asesinato, que lo condenó bajo el Código Penal Federal. Su defensa alegó que era un homicidio del fuero común que debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima concluye el próximo 24 de marzo. Ignorando lo que dice la ley, dijo que cuando se trata del asesinato de un candidato presidencial, no puede tratarse como un delito del fuero común, dejando abierto el camino de la persecución de Salinas. El sabor de boca que deja la mañanera de ayer es que hemos perdido al Presidente, al enseñar una brújula desorientada, asumiendo funciones y decisiones que no le competen, donde viola la ley pero, sobre todo, estableciendo una cadena de mando sobre ilegalidades que terminan en él, lo que en un momento futuro, le podrían traer serios problemas de orden penal. ] Síguenos en Facebook.com/acapulcopress ] Síguenos en Facebook.com/angelblanco.press ] Síguenos en ) acapulcopress.com Read the full article