Insignia de soles usados por los generales venezolanos
Von venezolanischen Generälen verwendete Sonnenabzeichen
El Cartel de los Soles es el término usado para describir los oscuros grupos dentro del ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y otros esquemas de corrupción, entre los que se destaca el narcotráfico.
No es un grupo jerárquico, sino más bien una red suelta de células dentro de las ramas castrenses principales: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la Guardia Nacional, de los rangos más bajos a los más altos, que funcionan básicamente como organizaciones narcotraficantes.
No es claro cómo funciona la relación entre dichas células, o si existe interacción de alguna naturaleza entre ellas.
Unter dem Begriff „Kartell der Sonnen“ werden undurchsichtige Gruppen innerhalb des venezolanischen Militärs bezeichnet, die an einer Vielzahl krimineller Aktivitäten beteiligt sind, darunter Benzinschmuggel, illegaler Bergbau und andere Korruptionspläne, insbesondere Drogenhandel.
Es handelt sich nicht um eine hierarchische Gruppe, sondern vielmehr um ein lockeres Netzwerk von Zellen innerhalb der wichtigsten militärischen Zweige: der Armee, der Marine, der Luftwaffe und der Nationalgarde, von den untersten bis zu den höchsten Rängen, die im Grunde als Organisationen fungieren. Drogenhändler.
Es ist nicht klar, wie die Beziehung zwischen diesen Zellen funktioniert und ob es irgendeine Wechselwirkung zwischen ihnen gibt.
Historia
En los noventa, se conocieron señalamientos de que soldados de la Guardia Nacional Bolivariana colaboraban con narcos, principalmente aceptando pagos para dejar pasar a los traficantes con sus mercancías.
Se dice que el término “Cartel de los Soles” se usó por primera vez en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que dio origen al nombre de “Cartel del Sol”. Más adelante, cuando se conocieron denuncias de la participación en narcotráfico de los comandantes de división —quienes tenían soles dobles por su rango—, el término se modificó para pasar a llamarse el “Cartel de los Soles”.
Geschichte
In den 1990er Jahren gab es Berichte, dass Soldaten der Bolivarischen Nationalgarde mit Drogenhändlern kollaborierten, vor allem indem sie Zahlungen akzeptierten, um die Drogenhändler mit ihren Waren passieren zu lassen.
Der Begriff „Kartell der Sonnen“ soll erstmals 1993 verwendet worden sein, als gegen zwei Generäle der Nationalgarde, den Chef der Drogenbekämpfungseinheit Ramón Guillén Dávila und seinen Nachfolger Orlando Hernández Villegas, wegen Drogenhandels und anderer damit zusammenhängender Verbrechen ermittelt wurde. Als Brigadekommandeure trug jeder eine Sonne als Abzeichen auf seinen Schulterklappen, woraus der Name „Sonnenkartell“ entstand. Als später Vorwürfe über die Beteiligung der Divisionskommandeure am Drogenhandel bekannt wurden – deren Dienstgrad doppelte Sonnen waren –, wurde der Begriff in „Kartell der Sonnen“ geändert.
A mediados de los años 2000, varios elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército asumieron roles mucho más activos en el tráfico de narcóticos. Varias células de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, trasegar y distribuir cocaína directamente, dejando atrás su función básica, que había sido la extorsión a narcos en el trasiego de cargamentos de cocaína. Una teoría de lo que pudo haber motivado este paso es que los narcos colombianos comenzaron a pagar a los militares con drogas en lugar de efectivo, lo que forzó a los venezolanos a buscar mercados propios.
Tres desarrollos importantes contribuyeron al surgimiento del crimen organizado en Venezuela en ese momento. En primer lugar, Colombia firmó el programa de seguridad Plan Colombia con Estados Unidos, por varios miles de millones de dólares, lo que permitió a las fuerzas de seguridad colombianas aumentar la presión de manera inédita sobre grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La presión militar llevó a la guerrilla a pasar más de sus operaciones a los estados fronterizos venezolanos, con poca vigilancia policial.
Mitte der 2000er Jahre übernahmen verschiedene Elemente der Nationalgarde und anderer Truppenteile des Militärs eine viel aktivere Rolle im Drogenhandel. Mehrere Zellen der Sicherheitskräfte begannen, Kokain direkt zu kaufen, zu lagern, zu transportieren und zu verteilen und ließen dabei ihre grundlegende Funktion, nämlich die Erpressung von Drogenhändlern durch den Transfer von Kokainlieferungen, hinter sich. Eine Theorie, die diesen Schritt motiviert haben könnte, ist, dass kolumbianische Drogenhändler begannen, das Militär mit Drogen statt mit Bargeld zu bezahlen, was die Venezolaner zwang, nach ihren eigenen Märkten zu suchen.
Drei wichtige Entwicklungen trugen damals zum Aufstieg der organisierten Kriminalität in Venezuela bei. Zunächst unterzeichnete Kolumbien mit den Vereinigten Staaten das Sicherheitsprogramm „Plan Colombia“ über mehrere Milliarden Dollar, das es den kolumbianischen Sicherheitskräften ermöglichte, den Druck auf Guerillagruppen wie die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) und die Nationale Befreiungsarmee in beispielloser Weise zu erhöhen (ELN). Der militärische Druck führte dazu, dass die Guerillas ihre Operationen stärker in venezolanische Grenzstaaten verlagerten, wo es kaum polizeiliche Kontrolle gab.
Luego en 2002 hubo dos hechos claves, uno seguido del otro. El primero fue la interrupción del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, lo que implicó que los insurgentes perdieron la gran extensión de territorio seguro al sur de Colombia y se vieron en la necesidad de buscar otro refugio. El segundo fue la tentativa de golpe de estado que llevó al derrocamiento temporal del presidente Hugo Chávez. Esto llevó a Chávez a concentrar mucha energía en la identificación y penalización de quienes apoyaron el golpe, a la par que libraba otras intensas batallas políticas, como el paro petrolero de 2002-2003.
Los efectos del golpe llevaron a la administración Chávez a limitar su círculo de seguidores de confianza. También supuso que muchos cargos de influencia en el gobierno u oportunidades de contratación lucrativas se entregaran a fieles al ejército. El gobierno adoptó el estilo de un régimen pretoriano, oficiales del ejército activos o retirados asumían cargos en varias instituciones del estado.
Chávez también creó zonas militares de operaciones a lo largo de la frontera oeste, aduciendo temores de una invasión estadounidense desde Colombia. Varios elementos del ejército, así como de la Guardia Nacional, fueron corrompidos por el narcotráfico.
Dann folgten im Jahr 2002 zwei Schlüsselereignisse, eines folgte dem anderen. Der erste Grund war die Unterbrechung des Friedensprozesses zwischen der FARC und der Regierung des damaligen kolumbianischen Präsidenten Andrés Pastrana, was dazu führte, dass die Aufständischen die große Fläche sicheren Territoriums im Süden Kolumbiens verloren und gezwungen waren, einen anderen Zufluchtsort zu suchen. Der zweite war der Putschversuch, der zum vorübergehenden Sturz von Präsident Hugo Chávez führte. Dies führte dazu, dass Chávez viel Energie darauf konzentrierte, diejenigen zu identifizieren und zu bestrafen, die den Putsch unterstützten, während er gleichzeitig andere intensive politische Kämpfe führte, wie etwa den Ölstreik 2002–2003.
Die Auswirkungen des Putsches führten dazu, dass die Chávez-Regierung den Kreis ihrer vertrauenswürdigen Anhänger einschränkte. Es bedeutete auch, dass viele einflussreiche Regierungspositionen oder lukrative Vertragsmöglichkeiten an Militärtreue vergeben wurden. Die Regierung übernahm den Stil eines Prätorianerregimes, bei dem aktive und pensionierte Armeeoffiziere Positionen in verschiedenen staatlichen Institutionen übernahmen.
Chávez richtete außerdem militärische Operationsgebiete entlang der Westgrenze ein und begründete dies mit der Furcht vor einer US-Invasion aus Kolumbien. Mehrere Teile der Armee sowie die Nationalgarde wurden durch Drogenhandel korrumpiert.
El término “Cartel de los Soles” volvió a ser objeto de la atención pública en 2004 gracias al periodista y concejal municipal Mauro Marcano. Antes de su asesinato ese mismo año, Marcano acusó al comandante de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana y director de inteligencia Alexis Maneiro, junto con otros miembros de la Guardia Nacional, de tener nexos con narcos. El caso Marcano sugería que había más corrupción sistématica en la Guardia Nacional, pero el gobierno solo hizo un tibio esfuerzo por investigar la denuncia. No se abrió ninguna investigación contra Maneiro, y fue transferido a un cargo menos notorio.
Por esa época, hubo otras señales de que el narcotráfico crecía en Venezuela. En 2004, la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas estimó que por el país pasaron alrededor de 50 toneladas de cocaína. Para 2007, ese número se estimaba en unas 250 toneladas, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense (US Government Accountability Office).
Der Begriff „Cartel de los Soles“ erlangte im Jahr 2004 dank des Journalisten und Stadtrats Mauro Marcano wieder öffentliche Aufmerksamkeit. Vor seiner Ermordung im selben Jahr beschuldigte Marcano den Brigadekommandeur und Geheimdienstdirektor der Bolivarischen Nationalgarde, Alexis Maneiro, sowie andere Mitglieder der Nationalgarde, Verbindungen zu Drogenhändlern zu haben. Der Fall Marcano deutete darauf hin, dass es in der Nationalgarde zu systematischerer Korruption kam, doch die Regierung unternahm nur halbherzige Anstrengungen, den Vorwurf zu untersuchen. Gegen Maneiro wurde keine Untersuchung eingeleitet und er wurde auf eine weniger berüchtigte Position versetzt.
Zu dieser Zeit gab es weitere Anzeichen dafür, dass der Drogenhandel in Venezuela zunahm. Im Jahr 2004 schätzte das Büro für nationale Drogenkontrollpolitik des Weißen Hauses, dass rund 50 Tonnen Kokain durch das Land gelangten. Einem Bericht des US Government Accountability Office zufolge lag diese Zahl im Jahr 2007 bei etwa 250 Tonnen.
En forma simultánea, la participación de militares en el favorecimiento del trasiego de cocaína fue objeto de mayor escrutinio. En agosto de 2004, varios miembros de la Guardia Nacional incriminaron a tres pasajeros de una aerolínea (incluido un ciudadano estadounidense) por tráfico de drogas pasando por el aeropuerto internacional de Caracas. Otros oficiales de la Guardia Nacional también fueron arrestados en un caso aparte luego de ser sorprendidos cargando cocaína a un avión privado en el aeropuerto de Maiquetía (hoy Aeropuerto Internacional Simón Bolívar). Esos hechos pusieron sacaron a relucir el rol del ejército en el tráfico de narcóticos, y la tendencia a decomisar cargamentos de drogas cuando no hubieran recibido las coimas solicitadas.
En 2005, las acusaciones de espionaje contra la DEA (la Administración para el Control de Narcóticos de Estados Unidos) por parte del entonces presidente Chávez también contribuyeron a reforzar las redes del crimen organizado en el país. Los señalamientos pusieron freno a los proyectos antinarcóticos respaldados por Estados Unidos, incluida una iniciativa que habría modernizado la tecnología de inspección en Puerto Cabello, uno de los puntos de salida más importantes del país para los cargamentos de drogas.
Gleichzeitig wurde die Beteiligung des Militärs an der Förderung des Kokainhandels genauer unter die Lupe genommen. Im August 2004 beschuldigten mehrere Mitglieder der Nationalgarde drei Flugpassagiere (darunter einen US-Bürger) des Drogenhandels auf dem internationalen Flughafen von Caracas. In einem separaten Fall wurden auch andere Beamte der Nationalgarde festgenommen, nachdem sie beim Verladen von Kokain in ein Privatflugzeug am Flughafen Maiquetía (heute Internationaler Flughafen Simón Bolívar) erwischt worden waren. Diese Ereignisse brachten die Rolle der Armee beim Drogenhandel und die Tendenz ans Licht, Drogenlieferungen zu beschlagnahmen, wenn sie die geforderten Bestechungsgelder nicht erhalten hatten.
Im Jahr 2005 trugen Spionagevorwürfe des damaligen Präsidenten Chávez gegen die DEA (die United States Narcotics Enforcement Administration) ebenfalls zur Stärkung der Netzwerke der organisierten Kriminalität im Land bei. Die Vorwürfe setzten den von den USA unterstützten Anti-Drogen-Projekten ein Ende, darunter einer Initiative zur Modernisierung der Inspektionstechnologie in Puerto Cabello, einem der wichtigsten Ausgangspunkte des Landes für Drogenlieferungen.
En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense señaló al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios por “asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia. Carvajal posteriormente fue aprehendido por las fuerzas de seguridad en Aruba a pedido de las autoridades estadounidenses, pero fue liberado rápidamente luego de la mediación del gobierno holandés.
Otros hechos, como el caso de la “narcoavioneta” en 2011, también alimentaron la idea de cierta complicidad con el crimen organizado en las más altas esferas del gobierno y el ejército. En agosto de 2011, se descubrió que una avioneta capturada en el estado de Falcón, norte del país, con cerca de 1.400 kilos de cocaína había despegado de la base militar La Carlota, de Caracas. Voceros del ejército, la fuerza aérea y el gobierno dieron diferentes explicaciones sobre lo sucedido.
Im Jahr 2008 zeichnete das dem US-Finanzministerium unterstellte Office of Foreign Assets Control (OFAC) den ehemaligen Geheimdienstchef Hugo Armando Carvajal Barrios für „materielle Unterstützung der Drogenhandelsaktivitäten der kolumbianischen FARC-Aufständischen“ aus. Carvajal wurde anschließend auf Ersuchen der US-Behörden von Sicherheitskräften in Aruba festgenommen, aber nach Vermittlung der niederländischen Regierung schnell wieder freigelassen.
Auch andere Ereignisse, wie der „Narcoplanet“-Fall im Jahr 2011, nährten die Vorstellung einer gewissen Komplizenschaft mit der organisierten Kriminalität in den höchsten Ebenen der Regierung und der Armee. Im August 2011 wurde entdeckt, dass ein im Bundesstaat Falcón im Norden des Landes erbeutetes Kleinflugzeug mit fast 1.400 Kilo Kokain vom Militärstützpunkt La Carlota in Caracas gestartet war. Sprecher von Armee, Luftwaffe und Regierung erklärten den Vorfall unterschiedlich.
Otro caso que inició en septiembre de 2013, esta vez con una aerolínea comercial, llevó al arresto de 28 personas, entre ellas un teniente coronel y otros miembros de la Guardia Nacional. El 10 de septiembre, un avión de Air France aterrizó en París con 1,3 toneladas de cocaína empacadas en 31 maletas a bordo. El avión había salido del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, que está bajo estricto control de la Guardia Nacional. Aunque se hicieron una serie de capturas en las filas de la Guardia Nacional en conexión con el caso, todas ellas fueron de oficiales de bajo rango.
A esto siguieron aún más escándalos en 2015. Leamsy Salazar, exjefe de seguridad presidencial de Chávez, acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser uno de los jefes del Cartel de los Soles. Ese mismo año, Estados Unidos imputó a dos altos exoficiales de la Policía por narcotráfico. En agosto de 2016, Estados Unidos abrió pliegos de cargos federales contra el exdirector general de la agencia antinarcóticos de Venezuela, Nestor Luis Reverol Torres, y contra el exsubdirector del mismo organismo, Edylberto José Molina Molina. El día después de que se hicieran públicas las imputaciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro designó a Reverol como su nuevo ministro de interior.
Ein weiterer Fall, der im September 2013 begann, diesmal bei einer kommerziellen Fluggesellschaft, führte zur Festnahme von 28 Personen, darunter ein Oberstleutnant und andere Mitglieder der Nationalgarde. Am 10. September landete eine Maschine der Air France in Paris mit 1,3 Tonnen Kokain in 31 Koffern an Bord. Das Flugzeug hatte den Flughafen Maiquetía in Caracas verlassen, der unter strenger Kontrolle der Nationalgarde steht. Obwohl es im Zusammenhang mit dem Fall zu einer Reihe von Festnahmen in den Reihen der Nationalgarde kam, handelte es sich bei allen um niederrangige Offiziere.
Im Jahr 2015 folgten noch weitere Skandale. Leamsy Salazar, Chávez‘ ehemaliger Sicherheitschef des Präsidenten, beschuldigte den Präsidenten der Nationalversammlung, Diosdado Cabello, einer der Anführer des Sonnenkartells zu sein. Im selben Jahr erhob die USA Anklage gegen zwei ehemalige hochrangige Polizisten wegen Drogenhandels. Im August 2016 erhoben die Vereinigten Staaten Bundesklagen gegen den ehemaligen Generaldirektor der venezolanischen Drogenbekämpfungsbehörde, Nestor Luis Reverol Torres, und gegen den ehemaligen stellvertretenden Direktor derselben Behörde, Edylberto José Molina Molina. Einen Tag nach der Veröffentlichung der Vorwürfe ernannte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro Reverol zu seinem neuen Innenminister.
El largo historial de acusaciones de participación oficial en narcotráfico llegó a su culmen en marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al presidente Maduro, a varios funcionarios de su administración y exfuncionarios, así como a miembros de la cúpula de las FARC, por “cargos de narcoterrorismo”. Maduro y otros “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela —incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, el legislativo y la rama judicial— para favorecer la importación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”.
Actividades criminales
El rol más frecuente del ejército venezolano en narcotráfico es permitir el paso seguro de los cargamentos de cocaína, así como aprobar el arribo y salida de las aeronaves que transportan la droga hacia otros países. Dado que las Fuerzas Armadas están a cargo de la protección del territorio nacional y sus fronteras y de liderar la guerra contra el narcotráfico, entre otras funciones, están en la mejor posición para detectar movimientos ilícitos y denunciarlos o dejarlos pasar.
Die lange Geschichte der Anschuldigungen wegen offizieller Beteiligung am Drogenhandel erreichte im März 2020 ihren Höhepunkt, als das US-Justizministerium Präsident Maduro, mehrere Beamte seiner Regierung und ehemalige Beamte sowie Mitglieder der Führung der FARC beschuldigte „Vorwürfe wegen Drogenterrorismus.“ Maduro und andere „missbrauchten das venezolanische Volk und korrumpierten die legitimen Institutionen Venezuelas – darunter Teile des Militärs, des Geheimdienstapparats, der Legislative und der Justiz –, um den Import von Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten zu erleichtern.“
Kriminelle Aktivitäten
Die häufigste Rolle der venezolanischen Armee im Drogenhandel besteht darin, den sicheren Durchgang von Kokainlieferungen zu ermöglichen und die Ankunft und den Abflug von Flugzeugen zu genehmigen, die Drogen in andere Länder transportieren. Da es den Streitkräften unter anderem obliegt, das Staatsgebiet und seine Grenzen zu schützen und den Kampf gegen den Drogenhandel zu führen, sind sie am besten in der Lage, illegale Bewegungen aufzudecken und sie zu melden oder passieren zu lassen.
Aunque es casi imposible mantener completamente vigilada la extensa y porosa frontera colombo-venezolana, varios informes indican que los oficiales del ejército venezolano apostados en la región fronteriza pueden determinar si permiten el paso de cargamentos de drogas por tierra, y muchas veces los protegen en el trayecto. Esto es especialmente cierto con las pistas de aterrizaje clandestinas en los estados fronterizos de Zulia, Apure y Táchira, puntos de partida de los aviones cargados de cocaína hacia Centroamérica y el Caribe.
El ejército venezolano también permite el arribo y la salida ilegales de aviones, principalmente mediante el manejo de los radares aéreos. Las denuncias sobre narcotráfico y los expedientes a los que tuvo acceso muestran que muchas veces los oficiales exigen pagos a los narcotraficantes para apagar los radares en el momento precidos para evitar que el vuelo quede registrado, o para expedir códigos especiales para que el vuelo quede registrado como legal y así garantizar que las autoridades no persigan dicha aeronave en el futuro.
Los agentes del gobierno también están involucrados la autorización de salida y despegue de carga de terminales oficiales portuarias y aéreas. Aunque no hay evidencia concluyente de esto, existen fuertes indicios de su participación. Esas instalaciones por lo general son manejadas por el ejército y este vigila fuertemente estos lugares.
Obwohl es fast unmöglich ist, die lange und durchlässige kolumbianisch-venezolanische Grenze vollständig zu überwachen, deuten mehrere Berichte darauf hin, dass in der Grenzregion stationierte venezolanische Armeeoffiziere entscheiden können, ob Drogenlieferungen über Land passieren dürfen, und sie auf der Reise häufig schützen. Dies gilt insbesondere für die geheimen Landebahnen in den Grenzstaaten Zulia, Apure und Táchira, Abflugorte für mit Kokain beladene Flugzeuge nach Mittelamerika und in die Karibik.
Das venezolanische Militär erlaubt auch die illegale Ankunft und Abreise von Flugzeugen, hauptsächlich durch den Einsatz von Luftradaren. Aus den Beschwerden über den Drogenhandel und den Akten, zu denen er Zugang hatte, geht hervor, dass die Beamten von den Drogenhändlern häufig Zahlungen verlangen, um die Radargeräte zum angegebenen Zeitpunkt auszuschalten, um die Registrierung des Fluges zu verhindern, oder um spezielle Codes zu vergeben, damit der Flug registriert wird . als legal und stellen so sicher, dass die Behörden diese Flugzeuge in Zukunft nicht mehr verfolgen.
Regierungsbeamte sind auch an der Genehmigung des Abflugs und Starts von Fracht von offiziellen Häfen und Flugterminals beteiligt. Obwohl es dafür keine schlüssigen Beweise gibt, gibt es starke Hinweise auf seine Beteiligung. Diese Einrichtungen werden im Allgemeinen von der Armee verwaltet und diese Orte werden streng überwacht.
Liderazgo
El Cartel de los Soles no tiene una estructura de mando definida. En lugar de eso, no hay más que una lista de nombres de personas que trabajan en las ramas principales de las fuerzas armadas de Venezuela, a quienes los agentes estadounidenses han identificado por su participación en la actividad criminal del gobierno. tiene su lista de 123 altos funcionarios, activos y en retiro, que han estado involucrados en tráfico de cocaína.
Algunos de los primeros indicios de fuentes del gobierno sobre una honda implicación de los más altos niveles de las fuerzas de seguridad del país en el crimen organizado se conocieron en 2008. En septiembre de ese año, la OFAC sancionó a tres personas que supuestamente servían de contactos para las FARC en un esquema de intercambio de drogas por armas.
Hugo Armando Carvajal Barrios, que en esa época era director de inteligencia militar; Henry de Jesús Rangel Silva, a quien Chávez nombró general en jefe y luego ministro de defensa en enero de 2012, y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro de interior y de justicia, fueron todos señalados.
Führung
Das Kartell der Sonnen hat keine definierte Befehlsstruktur. Stattdessen gibt es nichts weiter als eine Liste mit Namen von Personen, die in den Hauptzweigen der venezolanischen Streitkräfte arbeiten und die US-Agenten wegen ihrer Beteiligung an kriminellen Aktivitäten der Regierung identifiziert haben. verfügt über eine Liste mit 123 hochrangigen Beamten, aktiven und pensionierten Beamten, die in den Kokainhandel verwickelt waren.
Einige der ersten Hinweise aus Regierungsquellen auf eine starke Verstrickung der höchsten Sicherheitskräfte des Landes in die organisierte Kriminalität stammten aus dem Jahr 2008. Im September desselben Jahres verhängte das OFAC Sanktionen gegen drei Personen, die angeblich als Kontakte der FARC in einem Drogendelikt gedient hatten. Austauschprogramm für Waffen.
Hugo Armando Carvajal Barrios, der damals Direktor des militärischen Geheimdienstes war; Genannt wurden Henry de Jesús Rangel Silva, den Chávez im Januar 2012 zum General-in-Chief und dann Verteidigungsminister ernannte, und Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ehemaliger Innen- und Justizminister.
Entre otros, los funcionarios supuestamente entregaron a las FARC “documentos de identificación oficiales del gobierno venezolano que permiten a los miembros de las FARC viajar con facilidad hacia y desde Venezuela”, además de supuestamente haber “proporcionado asistencia material” a las FARC en sus actividades de narcotráfico.
Esos no fueron los únicos funcionarios señalados por la OFAC. En septiembre de 2011, esa oficina sancionó a otros cuatro funcionarios venezolanos por presunto “suministro de armas y seguridad a las FARC”.
Entre los señalados se contaban Cliver Antonio Alcalá Cordones, más adelante nombrado jefe del ejército para la Defensa Estratégica Integral para la Región de Guayana (REDI Guayana); el diputado Freddy Alirio Bernal Rosales, exalcalde de Caracas; el agente de inteligencia Ramón Isidro Madriz Moreno, y Amílcar Jesús Figueroa Salazar, político a quien se describió como “principal proveedor de armas para las FARC y… canal principal de los mandos de las FARC asentados en Venezuela”.
Unter anderem sollen die Beamten der FARC „offizielle Ausweisdokumente der venezolanischen Regierung zur Verfügung gestellt haben, die es FARC-Mitgliedern ermöglichen, problemlos nach und aus Venezuela zu reisen“ und außerdem angeblich „materielle Unterstützung“ für die FARC bei ihren Aktivitäten im Bereich des Drogenhandels geleistet haben.
Dies waren nicht die einzigen Beamten, die das OFAC ins Visier nahm. Im September 2011 verhängte dieses Büro Sanktionen gegen vier weitere venezolanische Beamte wegen angeblicher „Lieferung von Waffen und Sicherheitsmaßnahmen an die FARC“.
Zu den Genannten gehörten Cliver Antonio Alcalá Cordones, der später zum Chef der Armee für die umfassende strategische Verteidigung der Region Guayana (REDI Guayana) ernannt wurde; Stellvertretender Freddy Alirio Bernal Rosales, ehemaliger Bürgermeister von Caracas; Geheimdienstagent Ramón Isidro Madriz Moreno und Amílcar Jesús Figueroa Salazar, ein Politiker, der als „Hauptwaffenlieferant der FARC und… Hauptkanal für die in Venezuela stationierten FARC-Kommandeure“ beschrieben wurde.
Los defensores de la administración Chávez sostuvieron que la lista de la OFAC se basó en evidencia no corroborada de documentos de un computador incautado en el campamento bombardeado del comandante de las FARC “Raúl Reyes”, y que no existía evidencia concreta de dicho “Cartel de los Soles”, que en realidad realiza las operaciones criminales. Otros han criticado la lista OFAC como un instrumento político para difamar las administraciones de Chávez y de su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro.
Dicho esto, vale la pena señalar que las fuerzas de seguridad no adelantaron investigaciones totalmente transparentes sobre la presunta mala conducta de Maneiro, Alcalá y otros oficiales cuando tuvieron la oportunidad. Más aún, aunque las autoridades venezolanas acusaron de delitos de drogas a algunos miembros de bajo rango de las fuerzas armadas, no se ha perseguido con el mismo interés a los miembros de mayor rango acusados de participación en tráfico.
Además de las iniciativas de la OFAC, otros organismos gubernamentales estadounidenses y otros exfuncionarios venezolanos han apuntado su dedo hacia varias importantes figuras con nexos con los más altos escalones del gobierno venezolano por contribuir a favorecer la actividad delictiva.
Verteidiger der Chávez-Regierung behaupteten, dass die OFAC-Liste auf unbestätigten Beweisen von Dokumenten aus einem Computer beruhte, der im bombardierten Lager des FARC-Kommandanten „Raúl Reyes“ beschlagnahmt wurde, und dass es keine konkreten Beweise für das „Kartell von los Soles“ gab tatsächlich die kriminellen Machenschaften durchführt. Andere kritisierten die OFAC-Liste als politisches Instrument zur Verunglimpfung der Regierungen von Chávez und seinem Nachfolger, dem derzeitigen Präsidenten Nicolás Maduro.
Dennoch ist anzumerken, dass die Sicherheitskräfte bei Gelegenheit keine völlig transparenten Untersuchungen zum mutmaßlichen Fehlverhalten von Maneiro, Alcalá und anderen Beamten durchgeführt haben. Darüber hinaus haben die venezolanischen Behörden zwar einige niederrangige Angehörige der Streitkräfte wegen Drogenverbrechen angeklagt, höherrangige Angehörige, denen die Beteiligung am Drogenhandel vorgeworfen wird, wurden jedoch nicht mit dem gleichen Interesse verfolgt.
Zusätzlich zu den Bemühungen des OFAC haben andere US-Regierungsbehörden und andere ehemalige venezolanische Beamte mit dem Finger auf mehrere wichtige Persönlichkeiten mit Verbindungen zu den höchsten Rängen der venezolanischen Regierung gezeigt, weil sie zur Förderung krimineller Aktivitäten beigetragen haben.
Los hijos de la primera dama de Venezuela Cilia Adela Flores de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal— son señalados de participación en actividades criminales, específicamente en un esquema de corrupción orquestado por el empresario colombiano Álex Saab, uno de los financias de mayor confianza de Maduro antes de su detención en junio de 2020. La red de Saab envió paquetes de alimentos en mal estado a precios inflados hacia Venezuela y empleó firmas de papel para sustraer millones de dólares de contratos de importación de alimentos. Presuntamente “desvió dinero a cambio de acceso a contratos con el gobierno de Venezuela” para los hijastros d de Maduro”, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
Tareck El Aissami, ministro de industrias y producción nacional de Venezuela, también se destaca en las actividades criminales del gobierno. En 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a El Aissami por “su rol capital en el tráfico internacional de narcóticos”.
Específicamente, el Departamento del Tesoro alega que El Aissami “recibió pagos por facilitar el paso de cargamentos de drogas del capo venezolano Walid Makled”, además de “brindar protección al narco colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”, entre otra actividad criminal.
Den Kindern der First Lady Venezuelas Cilia Adela Flores de Maduro – Walter, Yosser und Yoswal – wird die Beteiligung an kriminellen Aktivitäten vorgeworfen, insbesondere an einem Korruptionsplan, der vom kolumbianischen Geschäftsmann Álex Saab, einem der vertrauenswürdigsten Finanziers Venezuelas, inszeniert wurde. Maduro vor seiner Verhaftung im Juni 2020. Saabs Netzwerk schickte verdorbene Lebensmittelpakete zu überhöhten Preisen nach Venezuela und nutzte Papierunterschriften, um Millionen von Dollar aus Lebensmittelimportverträgen zu stehlen. Nach Angaben des US-Finanzministeriums soll er „Geld umgeleitet haben, um Zugang zu Verträgen mit der venezolanischen Regierung“ für Maduros Stiefkinder zu erhalten.
Tareck El Aissami, Venezuelas Minister für Industrie und nationale Produktion, ist ebenfalls an den kriminellen Aktivitäten der Regierung beteiligt. Im Jahr 2017 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen El Aissami wegen „seiner wichtigen Rolle im internationalen Drogenhandel“.
Konkret behauptet das Finanzministerium, dass El Aissami „Zahlungen für die Erleichterung der Durchfahrt von Drogenlieferungen vom venezolanischen Anführer Walid Makled erhalten“ habe und außerdem unter anderem „den kolumbianischen Drogenhändler Daniel Barrera Barrera und den venezolanischen Drogenhändler Hermágoras González Polanco geschützt habe“. Dinge. Kriminelle Aktivitäten.
En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procedió a acusarlo de violación de su señalamiento por el Departamento del Tesoro por el presunto uso de empresas estadounidenses para fletar vuelos privados, según reza la imputación.
El ex-zar antidrogas Néstor Reverol también es señalado de facilitador directo de la participación del gobierno en narcotráfico. Un pliego de cargos de 2015 afirmaba que este usó su cargo de autoridad entre enero de 2008 y diciembre de 2010 para poner sobre aviso a los traficantes sobre operativos sorpresa próximos, asegurar la liberación de personas y propiedades vinculadas al narcotráfico, obstruir investigaciones y operativos antinarcóticos, y aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de ayudarlos a adelantar sus actividades ilícitas.
“El narcotráfico y la corrupción eran comunes, lideradas por importantes figuras como Néstor Reverol”, señaló Hugo Carvajal, exjefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela en 2019.
En resumen, la actividad delictiva del Cartel de los Soles está tan arraigada en el gobierno venezolano que se extiende a todo, desde el narcotráfico hasta la minería ilegal de oro y la corrupción total.
Im Jahr 2019 beschuldigte ihn das US-Justizministerium, gegen seine Vorwürfe des Finanzministeriums verstoßen zu haben, weil er angeblich amerikanische Unternehmen für das Chartern von Privatflügen genutzt habe, heißt es in der Anklageschrift.
Auch dem ehemaligen Anti-Drogen-Zaren Néstor Reverol wird vorgeworfen, die Beteiligung der Regierung am Drogenhandel direkt gefördert zu haben. In einer Anklageschrift aus dem Jahr 2015 wurde behauptet, er habe seine Autorität zwischen Januar 2008 und Dezember 2010 genutzt, um Drogenhändler vor bevorstehenden Überraschungsoperationen zu warnen, die Freilassung von Personen und Eigentum im Zusammenhang mit dem Drogenhandel sicherzustellen und Ermittlungen und Operationen zur Drogenbekämpfung zu behindern Bestechungsgelder von Drogenhändlern als Gegenleistung dafür, dass sie ihnen bei der Durchführung ihrer illegalen Aktivitäten helfen.
„Drogenhandel und Korruption waren weit verbreitet und wurden von wichtigen Persönlichkeiten wie Néstor Reverol angeführt“, sagte Hugo Carvajal, ehemaliger Chef des venezolanischen Militärgeheimdienstes im Jahr 2019.
Kurz gesagt, die kriminellen Aktivitäten des Sonnenkartells sind in der venezolanischen Regierung so tief verwurzelt, dass sie sich auf alles Mögliche erstrecken, vom Drogenhandel über illegalen Goldabbau bis hin zu offener Korruption.
Geografía
No sorprende que los elementos del ejército que se cree tienen mayor participación en el tráfico de narcóticos en Venezuela se concentren a lo largo de la frontera oeste con Colombia, en especial en los estados de Apure, Zulia y Táchira. El poder de estas células proviene de su acceso a los principales aeropuertos del país, a retenes de carreteras y puertos, incluido Puerto Cabello, en el estado de Carabobo.
Los cargamentos de cocaína se adquieren en los estados limítrofes de Apure y Zulia, o en los departamentos fronterizos colombianos. Dado que hay escasez de dólares en Venezuela y a que el bolívar local se devalúa continuamente en el mercado negro, es raro que las compras involucren dinero. Con frecuencia se intercambia la cocaína por armas, especialmente en transacciones anteriores con las antiguas FARC. De lo contrario, los venezolanos actúan como socios de los traficantes establecidos en Colombia, y acceden a partir las ganancias de la venta de la cocaína en el exterior.
Erdkunde
Es überrascht nicht, dass Teile der Armee, von denen man annimmt, dass sie am stärksten in den Drogenhandel in Venezuela verwickelt sind, sich entlang der Westgrenze zu Kolumbien konzentrieren, insbesondere in den Bundesstaaten Apure, Zulia und Táchira. Die Leistung dieser Zellen beruht auf ihrem Zugang zu den wichtigsten Flughäfen, Straßensperren und Häfen des Landes, einschließlich Puerto Cabello im Bundesstaat Carabobo.
Kokainlieferungen werden in den angrenzenden Bundesstaaten Apure und Zulia oder in den kolumbianischen Grenzdepartements erworben. Da es in Venezuela an Dollars mangelt und der dortige Bolívar auf dem Schwarzmarkt ständig abgewertet wird, kommt es selten vor, dass es sich bei Käufen um Geld handelt. Kokain wird häufig gegen Waffen getauscht, insbesondere bei früheren Transaktionen mit der ehemaligen FARC. Andernfalls fungieren die Venezolaner als Partner von in Kolumbien ansässigen Drogenhändlern und verschaffen sich Zugang zu den Gewinnen aus dem Kokainverkauf im Ausland.
Las rutas de tráfico más usadas son por aire, hacia República Dominicana y Honduras. Otra ruta es el trasiego de la cocaína por tierra hasta Surinam, luego por aire o mar hasta África Occidental y de allí a Europa. Cuando se transporta por vía terrestre, la cocaína se almacena generalmente en ranchos y fincas locales de propiedad de contactos civiles.
Aliados y enemigos
En el pasado, se creía que estas organizaciones militares se abastecían de cocaína de la exguerrila de las FARC en Colombia, en especial de los Bloques Oriental y del Magdalena Medio. Pero desde la desmovilización de los insurgentes en 2016, son las disidencias, que se negaron a deponer las armas —conocidas en conjunto como ex-FARC Mafia— las que tienen un control firme de las riendas del narcotráfico transnacional y la minería ilegal en Venezuela.
La Guardia Nacional también trabajó con el narcotraficante civil Walid Makled para sacar los cargamentos de narcóticos de Venezuela. Makled afirmó haber trabajado con docenas de altos mandos del ejército. Tanto la Guardia Nacional como el ejército lo usaban como “intermediario” para organizar el trasiego de cargamentos de cocaína afuera del país.
Die am häufigsten genutzten Handelsrouten sind der Luftweg in die Dominikanische Republik und nach Honduras. Ein anderer Weg ist der Transport von Kokain auf dem Landweg nach Suriname, dann auf dem Luft- oder Seeweg nach Westafrika und von dort nach Europa. Beim Transport auf dem Landweg wird Kokain im Allgemeinen auf örtlichen Ranches und Farmen gelagert, die zivilen Kontaktpersonen gehören.
Verbündete und Feinde
In der Vergangenheit wurde angenommen, dass diese Militärorganisationen Kokain von der ehemaligen FARC-Guerillagruppe in Kolumbien lieferten, insbesondere aus den Ost- und Mittel-Magdalena-Blöcken. Doch seit der Demobilisierung der Aufständischen im Jahr 2016 sind es die Dissidenten, die sich weigerten, ihre Waffen niederzulegen – gemeinsam bekannt als die ehemalige FARC-Mafia –, die die Zügel des grenzüberschreitenden Drogenhandels und des illegalen Bergbaus in Venezuela fest im Griff haben.
Die Nationalgarde arbeitete auch mit dem zivilen Drogenhändler Walid Makled zusammen, um Drogenlieferungen aus Venezuela zu entfernen. Makled behauptete, mit Dutzenden hochrangiger Armeeoffiziere zusammengearbeitet zu haben. Sowohl die Nationalgarde als auch die Armee nutzten ihn als „Vermittler“, um den Transfer von Kokainlieferungen außer Landes zu organisieren.
Después de la captura de Makled en Colombia en 2010 y de su extradición a Venezuela en 2011, parece que elementos corruptos del ejército han cooptado con mayor o menor éxito sus redes de tráfico en el estado de Zulia. Entretanto, la Guardia Nacional es más fuerte en otras regiones del oeste de Venezuela, incluida la zona que limita con los departamentos de Arauca y Norte de Santander en Colombia.
También hay evidencia que indica que miembros del Cartel de los Soles cuentan con la complicidad, e incluso con la participación activa, de altos mandos del gobierno civil de Venezuela. En 2016, por ejemplo, dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores comparecieron ante un juez para responder por cargos de drogas en una corte federal estadounidense. Un agente de la DEA testificó que el negocio con drogas planeado por los sobrinos fue facilitado por el hermano de Cilia Flores, Bladimir. Durante el juicio, se presentó evidencia que indica que los sobrinos podrían haber actuado como fachada política para el Cartel de los Soles.
Pero en agosto de 2020, uno de los sobrinos de la primera dama, Francisco, presentó una apelación ante la Suprema Corte de Estados Unidos para que se revirtiera la pena de 18 años de prisión que recibió en 2016 por conspirar para introducir ilegalmente 800 kilos de cocaína al país del norte. Su abogado “sostuvo que el jurado fue engañado cuando se les dijo… que los hombres debían haber sabido que la cocaína tenía como destino Estados Unidos, un requerimiento para emitir la sentencia según la ley estadounidense”, como informó Associated Press. Esta solicitud fue finalmente invalidada
Nach Makleds Gefangennahme in Kolumbien im Jahr 2010 und seiner Auslieferung an Venezuela im Jahr 2011 scheint es, dass korrupte Elemente des Militärs seine Menschenhändlernetzwerke im Bundesstaat Zulia mehr oder weniger erfolgreich kooptiert haben. Mittlerweile ist die Nationalgarde in anderen Regionen im Westen Venezuelas stärker, darunter auch im Grenzgebiet zu den kolumbianischen Departements Arauca und Norte de Santander.
Es gibt auch Beweise dafür, dass Mitglieder des Sonnenkartells die Komplizenschaft und sogar die aktive Beteiligung hochrangiger Beamter der Zivilregierung Venezuelas haben. Im Jahr 2016 erschienen beispielsweise zwei Neffen der venezolanischen First Lady Cilia Flores vor einem Richter, um vor einem US-Bundesgericht wegen Drogendelikten zu antworten. Ein DEA-Agent sagte aus, dass der von den Neffen geplante Drogendeal von Cilia Flores‘ Bruder Bladimir erleichtert worden sei. Während des Prozesses wurden Beweise vorgelegt, die darauf hindeuten, dass die Neffen möglicherweise als politische Frontperson für das Suns-Kartell fungiert haben.
Doch im August 2020 reichte einer der Neffen der First Lady, Francisco, beim Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten Berufung ein, um die 18-jährige Haftstrafe aufzuheben, die er 2016 wegen Verschwörung zur illegalen Einfuhr von 800 Kilo Kokain in das nördliche Land erhalten hatte. Ihr Anwalt „behauptete, dass die Geschworenen in die Irre geführt wurden, als ihnen mitgeteilt wurde, dass die Männer gewusst haben müssen, dass das Kokain für die Vereinigten Staaten bestimmt war, was nach US-amerikanischem Recht eine Voraussetzung für die Verurteilung ist“, wie Associated Press berichtete. Dieser Antrag wurde letztlich für ungültig erklärt.
El Cartel de los Soles también ha encontrado aliados cercanos en el ELN, cuya presencia en Venezuela ha sido tolerada por el gobierno desde el periodo de Chávez. El grupo ha hallado un refugio absoluto en Venezuela aún más en los últimos años.
En sus Informes sobre terrorismo por países de 2019, el gobierno estadounidense señaló que “Maduro y sus cómplices usan las actividades criminales para ayudarse a mantener el dominio ilegítimo en el poder, lo que fomenta un entorno permisivo para […] el ELN”. Se ha dicho que el grupo guerrilero paga a miembros de las fuerzas armadas venezolanas para que protejan sus intereses, entre ellos la minería ilegal y el contrabando de gasolina.
Por otro lado, Los Rastrojos, que habían impuesto el control en una variedad de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, no han tenido tanta suerte. Aparte de librar una batalla contra el ELN en Venezuela, donde llevan las de perder, varios funcionarios del gobierno han atacado al grupo en varias ocasiones mediante operativos dirigidos y los han comparado con “terroristas”.
En particular, la evidencia indica que Freddy Bernal, el supuesto “protector” del estado fronterizo de Táchira, se ha aliado con las fuerzas de seguridad venezolanas y con el ELN para declarar enemigo común a Los Rastrojos.
Auch das Sonnenkartell hat enge Verbündete in der ELN gefunden, deren Präsenz in Venezuela seit der Chávez-Zeit von der Regierung geduldet wird. In den letzten Jahren hat die Gruppe in Venezuela noch mehr absolute Zuflucht gefunden.
In ihren Country Terrorism Reports 2019 stellte die US-Regierung fest, dass „Maduro und seine Komplizen kriminelle Aktivitäten nutzen, um ihre illegitime Machtposition aufrechtzuerhalten und ein freizügiges Umfeld für […] die ELN zu schaffen.“ Die Guerillagruppe soll Angehörige der venezolanischen Streitkräfte dafür bezahlt haben, ihre Interessen zu schützen, darunter illegalen Bergbau und Benzinschmuggel.
Auf der anderen Seite hatten die Los Rastrojos, die entlang der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela die Kontrolle über eine Vielzahl krimineller Wirtschaftszweige ausgeübt hatten, nicht so viel Glück. Abgesehen vom Kampf gegen die ELN in Venezuela, wo sie die Oberhand hat, haben mehrere Regierungsbeamte die Gruppe mehrfach durch gezielte Operationen angegriffen und sie mit „Terroristen“ verglichen.
Insbesondere deuten die Beweise darauf hin, dass Freddy Bernal, der angebliche „Beschützer“ des Grenzstaats Táchira, sich mit venezolanischen Sicherheitskräften und der ELN verbündet hat, um Los Rastrojos zum gemeinsamen Feind zu erklären.
Perspectivas
Aunque Estados Unidos ha hecho esfuerzos por poner en evidencia las actividades del Cartel de los Soles en los últimos años, e incluso ha sancionado e imputado a algunos de sus presuntos integrantes, el gobierno venezolano no ha abierto investigaciones rigurosas ni procesos judiciales contra esos sospechosos. De hecho, en ciertos casos ha ascendido a los oficiales del ejército acusados de participar en narcotráfico.
Frente a esta situación y ante el deterioro de las crisis política y económica en Venezuela, es plausible que las operaciones del Cartel de los Soles continúen sin obstáculos, y es posible que mantengan su expansión.
Perspektiven
Obwohl die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen haben, um die Aktivitäten des Sonnenkartells aufzudecken, und sogar einige seiner mutmaßlichen Mitglieder sanktioniert und angeklagt haben, hat die venezolanische Regierung keine strengen Ermittlungen oder Gerichtsverfahren gegen diese Verdächtigen eingeleitet. Tatsächlich hat er in bestimmten Fällen Armeeoffiziere befördert, denen die Beteiligung am Drogenhandel vorgeworfen wird.
Angesichts dieser Situation und der Verschärfung der politischen und wirtschaftlichen Krise in Venezuela ist es plausibel, dass die Operationen des Sonnenkartells ungehindert fortgesetzt werden, und es ist möglich, dass es seine Expansion fortsetzt.
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