#alcalde de toa alta

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Ese es el progreso en la colonia de ladrones destruir las reservas naturales y regalarlas a los ricos. Destrucción de Reserva Agrícola del Valle de Bucarabones en Toa Alta. Maquinaria pesada escoltada por la policía municipal abre camino para la destrucción de más de 3km de la Reserva Agrícola del Valle Bucarabones impactando más de 4 fincas agrícolas.

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Betito Márquez "pondera'' desafiliarse del PNP. El alcalde de Toa Baja, Bernardo ‘’Betito’’ Márquez, dijo hoy sentirse frustrado con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) y no descarta la posibilidad de desafiliarse de la colectividad. Según indicó, de tomar esa decisión, no contempla afiliarse a algún otro partido, pero sí podría correr como candidato independiente en las próximas elecciones. ''No le puedo tirar todo el proceso a la institución, pero te tengo que ser honesto. He ponderado desafiliarme", aceptó el veterano alcalde en entrevista radial (NotiUno 630 AM). “No he considerado otro partido. He ponderado trabajarlo en forma independiente y que el pueblo decida”, agregó. El PNP, al igual que el Partido Popular Democrático (PPD) atraviesa por un momento difícil, luego que varios alcaldes han sido acusados en el foro federal por corrupción. Márquez dijo estar frustrado y no ocultó su descontento por la forma en que se ha manejado la situación. De igual forma, dejó saber su descontento con la manera en que la colectividad dirige sus esfuerzos en la búsqueda de la estadidad y con la situación en general que enfrenta el país. ''Con una planificación bien articulada, con la agenda de país, con una agenda de eliminar la colonia, tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo lo vamos a hacer. Y hay talento extraordinario en el Partido Nuevo Progresista. Lo que pasa es que, de nuevo, el elemento del poder también ciega y es ahí donde tenemos que trabajar”, sostuvo. Sin embargo, el veterano alcalde subrayó que todavía no ha tomado ninguna decisión final. “Estas cosas uno las ponderas cuando la marea está alta. Pero yo no tomo decisiones en marea alta, yo tomo decisiones en marea bajita”, apuntó. https://www.instagram.com/p/CdchGXOgLYr/?igshid=NGJjMDIxMWI=

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Alcalde de Toa Alta asegura que empleados empatarán la “pelea” https://t.co/MMN2FtKWmi https://t.co/FmeBYlS7I1

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San Juan, Puerto Rico — Tanto el Departamento de Educación como el Municipio de Jayuya, desconocen cualquier trámite ulterior que haya realizado el pasado Secretario de Educación para cumplir con el mandato de la Ley 22-2015, mediante la cual se facultó en el año 2015 al Departamento de Educación (DE), establecer la Escuela Vocacional Agrícola de Jayuya en la sede de la Escuela Carmen Salas de Torrado de ese ayuntamiento.

La información trascendió durante la primera vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 3, de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur, presidida por la representante Jaquieline Rodríguez Hernández, sobre la implantación de la Ley.

El secretario auxiliar de los programas vocacionales del DE, el agrónomo Héctor J. Sánchez Álvarez, informó que, dentro de las investigaciones que ha realizado el departamento en estos meses, no existe evidencia de alguna acción afirmativa que haya realizado el pasado secretario de educación con relación al establecimiento de esta escuela. Tampoco ha surgido evidencia de algún estudio demográfico o de viabilidad para ello.

Igual planteamiento hizo el administrador del municipio de Jayuya, Adrián Bennett Rodríguez, en cuanto a que nunca medió comunicación verbal o escrita de parte del DE con el ayuntamiento o el alcalde para orientarles que el DE había aprobado esa Ley; o de la elaboración de un currículo para una escuela agrícola. Enfatizó que para el establecimiento de una nueva Escuela Vocacional es imperativo saber si se va abrir y qué programa o programas agrícolas incluirá en el currículo.

El funcionario sostuvo que de todas maneras, a pesar de que el plantel no está en sus mejores condiciones en este momento, se está utilizando para ofrecer cursos, clases y diferentes actividades comunitarias, impactando a 550 personas.

A esos efectos, Rodríguez Hernández señaló que Puerto Rico solo cuenta con tres escuelas especializadas en agricultura ubicadas en Adjuntas, Camuy y Toa Alta; y que siendo Jayuya la meca de la agricultura que estadísticamente aporta el 60 % del desarrollo económico de Puerto Rico, debe estudiarse a fondo la viabilidad de establecer la escuela vocacional propuesta y qué se tendrá que hacer respecto a la Ley que ordena el establecimiento del plantel.

“Lo que pasa es que el pueblo de Jayuya tiene una particularidad de ser el pueblo de más difícil acceso que tiene Puerto Rico. Lo que hace un impedimento para los jóvenes de Jayuya que quieran integrarse a los cursos vocacionales agrícolas es la transportación”, dijo. A esos efectos, la representante informó a los deponentes que la Comisión celebrará una vista ocular en la escuela de Jayuya para observar las posibilidades de su desarrollo para estos fines y que serán citados para la misma.

A esos efectos, el agrónomo del DE, Sánchez Álvarez, solicitó a la representante un plazo de tiempo prudente para realizar un estudio de necesidad y poder identificar qué curso ocupacional el DE puede establecer en la escuela superior que existe en Jayuya, o qué oferta puede ampliar y definir. Asimismo, qué beneficios puede brindarle a esa comunidad.

La representante Rodriguez Hernández le concedió un plazo al funcionario de 10 días laborables para someter a la Comisión las recomendaciones y las consideraciones finales que entiendan pertinentes.

Cámara Investiga Establecimiento de Escuela Agrícola en Jayuya San Juan, Puerto Rico — Tanto el Departamento de Educación como el Municipio de Jayuya, desconocen cualquier trámite ulterior que haya realizado el pasado Secretario de Educación para cumplir con el mandato de la Ley 22-2015, mediante la cual se facultó en el año 2015 al Departamento de Educación (DE), establecer la Escuela Vocacional Agrícola de Jayuya en la sede de la Escuela Carmen Salas de Torrado de ese ayuntamiento.

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Prohibido olvidar de donde viene Gary Rodríguez

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Crimen ambiental en Bucarabones

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El desastre en Mucarabones en Toa Alta

Después tienen la desfachatez de echárselas de que vivimos en un país de respeto y orden. Necesitamos saber ¿Quiénes están a cargo? ¿Se hizo estudio de suelos y agua para esa remoción? ¿Quién firmó la autorización?

Porque sino aquí cualquier puede hacer lo que le da la gana.

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16 casos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico para no olvidar

En nuestra historia política han ocurrido sucesos que han sacudido la confianza en los políticos y han afectado enormemente el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

1) Miguel Ortiz Vélez: exalcalde de Sabana Grande, afiliado al PPD, fue separado de su puesto en 2018 por robo y mal manejo de fondos federales. Está en espera de juicio.

2) Fernando Tonos: exrepresentante PPD convicto en 1994 de apropiación ilegal agravada, tres cargos de soborno y tres de aprovechamiento de funcionarios y servicios. Condenado a cumplir 17 años de cárcel.

3) Ángel “Buzo” Rodríguez: ex-alcalde de Toa Alta, bajo el PNP, fue sentenciado en 1999 a cinco años de prisión por cargos de soborno por pretender obtener $2.5 millones de fondos federales asignados por FEMA luego del paso del huracán Georges.

4) Víctor Marrero “El Búho”: ex-senador por el PNP fue encarcelado en el 2000 por apropiarse de $600 del erario.

5) Víctor Fajardo: ex-secretario de Educación convicto en 2000 por desviar sobre $4 millones hacia su propio bolsillo y a las arcas del PNP.

6) Edison Misla Aldarondo: ex-representante PNP hallado culpable en 2004 por 15 cargos de corrupción por la venta fraudulenta del Hospital de Manatí. Se encontraba en prisión por por delitos sexuales, así como por corrupción gubernamental y luego, incluso, fue penalizado por violación a normas correccionales al implicársele en el uso de un teléfono celular en prisión.

7) José Granados Navedo: exvicepresidente de la Cámara por el PNP condenado en 2007 a 24 meses de cárcel por su participación en esquema de conspiración, extorsión y lavado de dinero del Superacueducto del Norte.

8) Jorge de Castro Font: exsenador arrestado en 2008 bajo cargos de fraude y conspiración. El año siguiente se declaró culpable de 21 cargos. Fue sentenciado en 2011.

9) Iván Rodríguez Traverzo: ex-representante del PNP sentenciado en 2013 a tres años de cárcel por utilizar a cuatro empleados de su oficina de distrito en Isabela para limpiar y pintar un potrero en Quebradillas de cara a un evento de recaudación de fondos.

10) Antonio Soto “El Chuchin”: ex-senador del PNP, se declaró culpable en 2015 de delitos de evasión contributiva y de enriquecimiento ilícito, por cobrar dietas legislativas de forma ilegal.

11) Anaudi Hernández: recaudador de dinero del PPD, se declaró culpable en 2016 de 14 cargos de corrupción gubernamental a cambio de un acuerdo de sentencia.

12) Instituto del Sida: el médico cubano Yamil Kourí (foto), la empresaria Jeannette Sotomayor y el también empresario Armando Borel fueron acusados en 1999 de conspiración contra el gobierno estadounidense por dirigir un fraude de $2.2 millones al Instituto.

13) Freddy Valentín Acevedo: ex-senador PNP, declaró culpable en 2004 de extorsión a contratistas del Gobierno y de conspirar para lavar dinero. Fue sentenciado a 33 meses de cárcel, pero su pena fue rebajada a 18 meses de encierro por su cooperación con las autoridades.

14) Sol Luis Fontanes: en 2013, el xalcalde de Barceloneta bajo el PPD se declaró culpable en la esfera federal por corrupción, con dos cargos de soborno.

15) Ramón Orta: exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes bajo el PPD, fue arrestado en 2017 por el FBI por un alegado esquema millonario de enriquecimiento ilícito a través de propuestas con fondos federales.

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Sentencian a otro corrupto, Nelson del Valle a casi 57 meses de prisión

Esta es la basura que llega a la legislatura, gente que nunca debió ser legislador.

El exrepresentante se había declarado culpable por sobornos y comisiones ilegales

El exrepesentante Nelson del Valle, de 57 años de edad, fue sentenciado hoy, miércoles, a cumplir 57 meses de prisión por cargos de corrupción a nivel federal.

La condena de casi cinco años fue fijada por la jueza Silvia Carreño Coll en el Tribunal Federal de Hato Rey, donde compareció de forma presencial el exlegislador, junto con sus abogados José Vélez Goveo y Lester Arroyo Crespo.

Al culminar el tiempo tras las rejas, Del Valle también tendrá que completar un periodo de tres años de libertad condicionada.  

Mientras, tendrá que entregarse dentro de 60 días, pero la jueza dijo que podría extender la fecha si la defensa del exlegislador convicto evidencia que necesita tiempo adicional, por lo menos hasta enero, para atender condiciones médicas.

“Cometí un error del cual estoy totalmente arrepentido”, expresó Del Valle, durante la vista.

En torno lloroso y nervioso, manifestó: “A mi familia, que esto le ha afectado enormemente, una vez más, les pido perdón”. También mostró su arrepentimiento a los constituyentes del Distrito representativo #9 de Toa Alta y partes de Bayamón, por “haberles fallado”.

“Me caí y sé que con la ayuda de Dios me levantaré”, dijo Del Valle.

“No será lo mismo de aquel orgulloso representante Nelson del Valle. Ahora, un convicto exrepresentante, por el resto de mi vida”, agregó el exlegislador, después de que la defensa intentara maniobrar con argumentos a favor de una sentencia reducida pero sin usar palabras que rompieran el acuerdo de culpabilidad.

El abogado Vélez Goveo pidió a la juez que ejerciera su discreción porque no estaba obligada a usar las guías de sentencia y aludió a casos de corrupción en los que las sentencias a los oficiales gubernamentales han sido de dos años o incluso de probatoria.

Por su parte, el fiscal Jonathan Jacobson contestó indicando que no se podía comparar con los casos mencionados debido a que la gravedad fue distinta y a que algunos se trataron de funcionarios que buscaron acuerdos con el Ministerio Público antes de que las autoridades comenzaran a investigarlos, “como en los casos de los alcaldes de Aguas Buenas y Guayama”.

Previamente, en la vista, la hija del exrepresenante, Lizsmarie del Valle, abogó ante la juez por su padre, asegurando que “en la vida todos cometemos errores y de la misma manera podemos arrepentirnos y nos ayuda a crecer. Mi padre es todo para mí”.

Agregó que “toda la familia ha sufrido el proceso ya que mi padre no está en las mejores condiciones de salud” y sostuvo que “es una persona noble, sin malicia ni representa peligro para nadie”.

Como parte del acuerdo, Del Valle Colón también aceptó pagar una restitución de $190,000. De ese total, debía pagar $60,000 antes de que se dictara sentencia y los restantes $130,000 serán a plazos.

La juez Carreño Coll reconoció el momento difícil por el que pasa una familia en ese tipo de proceso y que Del Valle “entiende la posición en la que está este momento. Sin embargo, le tomó tiempo aceptar y buscar en su interior para concluir que lo que hizo estuvo mal”.

“Más allá del los daños por dinero”, la juez aludió que en este caso quedó expuesto “el abuso de poder para ganancia personal, el egoísmo”.

“No puedo creer cómo alguien, que es un servidor público electo, hace un depósito de dinero mal habido poco después del huracán María, cuando la Isla sufrió un huracán de esa magnitud, cuando había pocos hospitales abiertos, con solo el 5% de la red eléctrica dando energía a la Isla”, expuso Carreño Coll.

Manifestó que “este tipo de abuso del poder, del poder que se le confió, es lo que erosiona la confianza, la moral, debilita la democracia y afecta la confianza en el gobierno y en las instituciones”.

Al aludir al pago de restitución, la juez enfatizó en que este caso es “mucho más que cantidades y el pago. La idea de oficiales electos” que llegan al poder “para service a ustedes mismos”.

Asimismo, resalto que el hecho de que no se señalaran violaciones en su primer término de cuatro años como representante, “eso no le da paso libre para lo que hizo en el segundo término”.

En marzo pasado, Del Valle llegó a un acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable por uno de los ocho cargos que pesaban en su contra. El cargo por el que admitió responsabilidad lo acusó de recibir sobornos y comisiones ilegales.

Su alegación de culpa surgió luego que dos exempleadas de su oficina en el Capitolio se declararan culpables aquella misma semana y acordaran sentencias de prisión con la fiscalía federal.

En aquel momento, la fiscalía recomendó una sentencia de 60 meses de cárcel, mientras que la defensa podía pedir 48 meses.

A su salida del tribunal, Vélez Goveo dijo que evaluarán si existe argumento que permita levantar algún tipo de apelación que permite el acuerdo.

“Siempre que se habla de un término de cárcel pesa en la conciencia”, comentó el abogado de la defensa. “Si tienes un caso que es elegible para probatoria, existe ese deseo. No obstante, había un preacuerdo y no se podía quebrantar”.

Ante la pregunta de quiénes habían firmado las cartas a favor de Del Valle que le entregaron al tribunal, el abogado indicó que “no voy a entrar en los detalles de las personas que hicieron sus cartas, pero sí voy a decir que hubo políticos, líderes religiosos, familiares y amistades que establecieron qué tipo de persona es Nelson del Valle”.

El exfuncionario fue acusado por un gran jurado federal por conspiración, robo de fondos federales, soborno en la modalidad de “kickbacks” o comisiones ilegales, fraude y obstrucción a la justicia, de acuerdo a un pliego en su contra emitido el 19 de agosto de 2020.

Según la fiscalía federal, Del Valle Colón le infló el salario a tres de los empleados que tenía en su oficina legislativa con la condición de que le pagaran mensualmente parte de ese salario.

De acuerdo con la acusación, los pagos se efectuaron entre el 2017 y el 2020. Una de las exempleadas y coacusada, Nicole Santos, aceptó pagarle $1,200 mensuales a cambio del salario y posición en la oficina. Sin embargo, esa cantidad luego fue reducida a $1,000 después de que ella se quejara que estaba pagando impuestos al Departamento de Hacienda por el dinero que le estaba pasando a Del Valle Colón.

Una situación similar ocurrió con la también exempleada y coacusada, Mildred Estrada, a quien le aumentó el salario a $5,000 con la condición de que le pagara $500 cada dos semanas. Ese total bajó a $465 bisemanales tras quejarse también por los impuestos.

Mientras, una tercera persona que trabajaba para el exlegislador acordó pagarle $850 mensuales. Jacobson dijo tras la acusación que esa persona, quien no fue identificada ni acusada, trabajó en la oficina legislativa que Del Valle Colón tenía en Toa Alta y que fue allanada el mismo día de los arrestos.

Según el Ministerio Público, las comisiones ilegales eran entregadas a Del Valle Colón a través de sobres con dinero en efectivo que le colocaban entre documentos de trabajo.

En ocasiones se los pasaron por la aplicación de ATH Móvil y a veces le llegaron a depositar directamente en su cuenta de banco.

La vista de sentencia para Santos Estrada está pautada para el 16 de septiembre, mientras que la de Estrada Rojas fue programada para el 28 de este mes.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/tribunales/notas/sentencian-a-nelson-del-valle-a-57-meses-de-prision/

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