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Miguel Ángel Rivas: "Milagro Sala deberá cumplir su condena en el penal con los beneficios que hay para todos los reos"

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El Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, indicó que el traslado de Milagro Sala a cárcel común “debería ser inminente” una vez que “el juez lo resuelva” y que “deberá cumplir su condena en el penal con los beneficios que hay para todos los reos”.Fiscalía de Estado realizó el pedido formal la semana pasada al juez de instrucción el pedido formal de traslado de la ex dirigente social a la…

[diario-vespertino]

¿El FMI se tomará todo el litio?

El Fondo Monetario Internacional publicó un duro informe, donde le exige a la Argentina ajustar y devaluar. Pero también, le impone que genere más dólares. Entre líneas: que tome al caso Jujuy como modelo a seguir para exportar más litio. A Manuel Lagleyze. Para quienes iluminan sin ser unos iluminados. Atento a lo que acontece en Jujuy, el Fondo Monetario Internacional estaría presionando al Estado argentino para que el negocio de litio esté garantizado para las empresas extranjeras. Es lo que se lee entre líneas en su último Informe del Sector Externo (External Sector Report), que lleva como subtítulo “Reequilibrio externo en tiempos turbulentos” (External Rebalancing in Turbulent Times). La conclusión que saca el reporte de 114 páginas es que gran parte de los países del mundo acrecentaron sus balances corrientes (gastos e ingresos), debido a la recuperación de la pandemia, la guerra en Ucrania y las políticas monetarias aplicadas en Estados Unidos, pero en desigualdad de condiciones. Es decir: algunos les crecieron sus superavit (saldo positivo), pero a otros les empeoró los déficit (saldo negativo), como es nuestro caso. En la gráfica de abajo, está la lista de naciones que tiene más problemas en cuanto a su situación de relaciones exteriores. Según el Fondo, estas “economías con posiciones externas más débiles de lo garantizado deben centrarse en políticas que impulsen el ahorro y la competitividad”. En el caso nuestro, los datos arrancan en 2018, porque esa fue la fecha que retornamos al Fondo, por pedido del entonces presidente Mauricio Macri. Varios especialistas interpretan que la publicación de este informe fue inoportuna, debido a que se realizó en medio de las reuniones que están teniendo los funcionarios nacionales con el organismo, para pedirle más flexibilidad en sus exigencias. Todo se sintetiza en la página 48, donde le exige la siguiente receta: “Implementar una consolidación fiscal (achicar el gasto) favorable al crecimiento, combinada con una política monetaria estricta (dejar de emitir pesos) y un régimen cambiario simplificado (que el dólar oficial cotiza al valor de los paralelos), para fortalecer la balanza comercial (para ahorrar), reconstruir las reservas internacionales (que haya más dólares), recuperar el acceso al mercado (atraer inversionistas) y garantizar la sostenibilidad de la deuda (garantizar el pago de la deuda)”. Considera, entre los párrafos 19 y 20, que estas economías deben “implementarse de manera favorable al crecimiento, al tiempo que brinden espacio para la inversión en infraestructura crítica y el gasto social bien focalizado para ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad (por ejemplo, en Argentina y Sudáfrica)”. Es decir, que deben “brindar espacio” para que se hagan inversiones y, a la vez, generar cortes de presupuesto en todo lo referido a planes sociales, remuneraciones y subsidios en tarifas. Cuando hablan de focalizar quiere decir ajustar. Continuando: “Los países con desafíos de competitividad también deben abordar los cuellos de botella estructurales a través de la mano de obra, el mercado de productos y otras reformas estructurales para promover el crecimiento verde, digital e inclusivo al tiempo que impulsan la productividad”. En otras palabras: impulsan reformas laborales, que implicarían retrocesos en los derechos adquiridos, para facilitar la “promoción del crecimiento verde, digital e inclusivo”. Verde se refiere a energías limpias. Digital, que ligue a las nuevas tecnologías. E inclusivo, que haga partícpe a países en desarrollo. En una palabra: litio. En ningún momento dicen explícitamente que Argentina debe favorecer la intervención extranjera en el litio, porque no es un reporte enfocado en las economías de sus paises, sino sus saldos respecto en sus relaciones externas. Pero en su página 64, dedicada exclusivamente a la Argentina, establece que “se requieren reformas estructurales para impulsar la capacidad exportadora de Argentina y fomentar la IED ”. “Reformas estructurales” para exportar pueden interpretarse de distintas maneras: monetarias, impositivas, de control ambiental… pero también represivas. Básicamente, lo que hizo Morales con su constitución provincial, al prohibir las protestas callejeras. La grieta del Fondo En su labor como ministro de Economía, y precandidato a presidente, Sergio Massa, lidía con el Fondo con posiciones ambidiestras. De manera inédita, le aceptaron recibir parte de los vencimientos de junio en yuanes, la moneda expansiva de China, la gran rival de Estados Unidos. Algo inédito en el mundo. E incluso, en la semana saliente, convenció a su directora general, Kristalina Georgieva, a que haya una tregua durante un mes y que las negociaciones retornen para después de las elecciones de las PASO, para así evitar momentos tumultusoso en las finanzas con impactos en los bolsillos y, por ende, en el voto. Sobre el caso Argentina, Georgieva es del bando interno de las “palomas”: advierte que si Argentina llega a quebrar como en el 2001, puede generarle al FMI otra mala prensa y un costo político dificil de escapar, por el origen del maldito préstamo de 45 mil millones de dólares del 2018, donde se sabía de antemano que el país no podía pagarlo. Por el contrario, está su competidora, su subdirectora Gita Gopinath, que dice que hay que ser duras con Argentina. Es en ese marco donde se publica el mencionado reporte, que al parecer para quienes trabajan en el Ministerio de Massa fue un baldazo de agua fría en otoño, aún con las posibles presiones para permitir las inversiones de litio, del cual no tendrían ningún problema en avalarlo. Massa fue uno de los pocos del Frente De Todos que no repudió lo ocurrido en Jujuy. Una puja en la Puna La flamante Constitución jujeña impone al Estado regular ciertos tópicos bien contemporáneos, que no aparecen ni siquiera en otras constituciones provinciales: cambio climático, bioeconomía, economía circular, economía popular, inteligencia artificial, protección de datos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, etc., etc., etc. Pero los trata como si se tratara de un beneficio, cuyos costos se expresaron en las calles. En particular, con el artículo titulado “Derecho a la paz social y la convivencia democrática”, cuyo inciso 4, establece la prohibición de los cortes de calles, de rutas, de otras perturbaciones al derecho a circular y la “ocupación indebida” de los edificios públicos. Básicamente, la prohibición total a la protesta. Desde Jujuy y en todas partes del país, quienes se manifiestan en contra de la reforma sostienen que su principal causa es por las consecuencias sociales que generaría el avance de proyectos mineros de litio, alojados en los salares de la Puna, que implicaría la pérdida de territorios y reservas de agua, poniendo en cuestión la superviviencia de algunas comunidades. La demanda de litio en todo el globo es por la producción de baterías y dispositivos electrónicos. Más de la mitad de esos recursos se concentran en Argentina, Bolivia y Chile. Se obtiene por bombeo de los suelos para extraer las salmueras y luego depositarlas en piletones. De allí, las sales decantan, mientras el agua es evaporizada. Con la concentración de los minerales, se tratan en un proceso químico-industrial para obtener el carbonato de litio, la materia prima para iniciar la producción de elementos de electrónica. Como podemos observar en la siguiente gráfica, Argentina tiene un boom de exportaciones en carbonatos de litio, donde el año pasado superó los 665 millones de dólares en FOB, es decir, al precio del momento en que el bien exportable es embarcado en los puertos. Es casi tres veces al segundo pico que tuvo que fue el 2018, que fueron casi U$S 255 millones en exportación. Actualmente, solo hay dos minas de litio en función en Argentina: uno es en el Salar de Olaroz, ubicado en la región jujeña de Cauchari, y la otra es el proyecto Fénix, en Catamarca. La primera es explotada por una asociación empresarial, encabezada principalmente por la australiana Allken, mientras que la segunda por la estadounidense Livent. Sin embargo, este año, Livent y Allken anunciaron que se fusionarían en una misma empresa: NewCo, apócope de “Nueva Corporación”. Creatividad para inventar nombres, le sobran. A esto se le suma una investigación previa a la fusión Allkem-Livent, publicada por la fundación FUNDEPS y el colectivo periodístico Ruido, que confirma que los dueños de esas firmas son entidades financieras con sede en Estados Unidos, cuya ciudad capital, Washington, está la sede del FMI, a tres cuadras de la Casa Blanca. Allkem tiene como principal accionista al JP Morgan, con sus oficinas instaladas en Nueva York, y recordado en nuestro país por haber abierto en secreto cuentas bancarias a reconocidas figuras acaudaladas de nuestra patria. A su vez, esos bancos tienen como accionistas a fondos de inversión como Vanguard y BlackRock, ésta última también neoyorkina, y que también tienen entre sus inversiones a Livent. Infografía hecha por FUNDEPS y RUIDO. Es decir, con NewCorp manejando las dos únicas minas de litio en funcionamiento, con sus principales accionisas oriundos de Estados Unidos, los intereses norteamericanos tengan su peso en este negocio extractivista. Desde la óptima estatal nacional, no lo ven tan así, porque esperan avanzar en nuevos emprendimientos con capitales chinos para equilibrar balance geopolítica. Se está construyendo otra mina en la zona del Cauchari, a cargo de la china Linthium Americas Corp., a la vez que otras dos cuentan con prefactibilidad, en manos de Lake Resources NL, de Australia, y otra de Allkem. Finalmente, Pluspetrol está en etapa exploratoria por las Salinas Grandes. Sin embargo, como lo expuso La Luna con Gatillo, existirían ciertos lobbistas para evitarlo, como Fernando Oris de Roa, “director no ejecutivo” de Allkem, que cobra un salario de casi 200 mil dólares. Fue subsecretario de inversiones de Horacio Rodríguez Larreta, actual candidato a presidente y compañero de fórmula del gobernador Gerardo Morales, en la jefatura porteña. Un año después, en 2017, el presidente Macri lo designó como embajador argentino de Estados Unidos en casi toda su segunda mitad de gestión, es decir, cuando se contrajo el crédito con el FMI. Se sabe que ese préstamo fue por exigencia del presidente Donald Trump para ayudar a su par amigo a que ganara las elecciones de 2019. Tomar todo el litio Es jueves 20 de julio. La zona céntrica de la ciudad de Córdoba se nutre de peatones aprovechando la celebración del Día de la Amistad. Para otros, implica otro sentido más contraria al afán consumista. La marcha en repudio a los sucesos en Jujuy se cuela con un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, ocurrido en el departamento del Libertador General San Martín, donde en 1976 las fuerzas represivas realizaron centenares de detenciones, de las cuales 33 permanecen desparecidos, ayudados por los vehículos y el corte del suministro eléctrico cedido por la empresa Ledesma. “Esta es una lucha histórica. Así como conmemoramos el Apagón en Ledesma, donde se utilizaron recursos de represión, hoy en día están vigente en épocas de democracia”, declaran desde la Comunidad Malonera en Córdoba, en plena movilización, quien insisten en hablar del agua. A paso lento, hasta llegar a la Casa Radical, sede del partido político que encabeza Morales, algunos peatones se disgustan por el corte de tránsito en media calzada, impedida de poder comprar productos de consumo para alguna amistad. “Sepan que ese celular que ustedes usan es obtenido por el litio”, comenta otra de las manifestantes. En realidad, el litio nutre la obsolescencia programada. El deterioro de las baterías mantiene la demanda pico para cambiar los dispositivos. Lejos parece aceptar el capital un cambio de perspectiva sobre la minería que apunte a la recuperación y reciclaje de esos metales para su reutilización, en lugar de mantener su raíz extractivista. Una madre carga, a parte de su hijx, un cartel con un texto extenso. Le pido que se detenga para que yo lo pueda leer. Dice: “La reforma solo implica despojo indígena. Somos pueblos indígenas preexistentes y porque el Estado aún no reconoce la titularidad de nuestros territorios. Porque considera que el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a la posesión ancestral y a la propiedad comunitaria en territorios de los pueblos indígenas. ¡Arriba la whipala! ¡Abajo la reforma!”. Jujuy sigue marcando agenda, una prueba de ensayo y error, en tiempos donde se le exige a un país que mantenga con firmeza su afán de elevar sus “reservas internacionales” para honrar sus deudas. Pero a veces, en la medida que el tiempo se extiende, la distancia entre la tragedia y la farsa se achican rápidamente. Una reversión de un clásico de la Mona, que se escuchan para quienes marchan en las calles del fernet con coca, lo confirma: “No sé qué pasa en esta ciudad / No sé qué pasa, no puedo entender / Morales gato, dejate de jodeeeer/ El agua es vida, es para beber / Diganmeeeeen, quiero sabeeeerrr… / Quiéééééén se ha tomado todo el litio-o-o-o-o…” Fuente: https://www.lalunacongatillo.com/el-fmi-se-tomara-todo-el-litio/ Read the full article

[andrescasciani]

PRONTUARIO DE GABINETE *Texto: Eddy Whopper / Caricatura digital: Andrés Casciani HOY: Alfredo CORNEJO ________________________ Nombre completo: Alfredo Víctor CORNEJO NEILA Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1962 Como muchos de sus correligionarios, comenzó militando en la agrupación Franja Morada mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. A los 37 años ocupó su primer cargo político: secretario de gobierno de César Biffi, intendente del Departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Si bien logró ingresar en la Legislatura local durante el 2002 como senador, un año más tarde fue convocado por el gobernador Julio Cobos para ocupar el cargo de Ministro de Gobierno; en la misma administración fue también, por algunos meses, Ministro de Justicia y Seguridad. En 2005 fue elegido diputado nacional, pero dos años después decidió postularse para ocupar la intendencia de Godoy Cruz. En aquella oportunidad, en línea con la afinidad entre Cobos y el matrimonio Kirchner, Alfredo Cornejo apoyó la candidatura de Cristina Fernández para la Presidencia de la Nación. Los buenos resultados económicos de la gestión nacional traccionaron votos a favor de todos los candidatos con ella alineados, y así Alfredo logró ser ungido edil del distrito. Los acontecimientos políticos posteriores marcaron un distanciamiento entre Julio Cobos y la Presidenta Cristina Fernández: Cornejo cerró filas dentro del radicalismo y cortó, a partir de entonces, todo lazo político con cualquier lista del peronismo. Su encomiosa administración, centrada en la eficiencia del accionar municipal y en el realce estético de los espacios públicos, le abrió las puertas a la reelección en el año 2011. A tono con las tendencias “antikirchneristas” del momento, desplegó su talento para encauzar la invectiva mediática puesta en acto por el macrismo en la construcción, disputa y ejercicio del poder local. Así, logró ser elegido gobernador de la provincia en el año 2015. Fue mentor y parte, a ese fin, de la cesión de la estructura de la Unión Cívica Radical al PRO porteño, lo que le infundió argumentadas codicias de llegar al Poder Ejecutivo Nacional. Ya en la gobernación, Alfredo Cornejo desarrolló una fructuosa etapa de coordinación genuflexa con los arbitrios timocráticos de Mauricio Macri. Sus objetivos centrales fueron proscribir y estigmatizar al peronismo provincial para asegurar la hegemonía de su fuerza política, e integrar la fórmula de la reelección de Macri en 2019. A esos efectos, ofreció la provincia como campo de experimentación de prácticas antidemocráticas y de recorte de derechos conquistados. En este sentido, Cornejo aceptó participar activamente en el escenario de sugestión mediática propuesto por el macrismo, y valerse de él para dar impulso a su ideario brotado de absolutos. En una provincia cuyas interacciones sociales tienden mayoritariamente a asegurar un esquema naturalizado de desigualdad, el gobernador instaló un entramado de ideas-fuerza de índole totalitaria: “trabajo”, “orden”, “presencia policial”, “limpieza”, “conducta” y una decidida vocación de exhibir a Mendoza como “provincia modelo del Cambio” en el ámbito nacional. Contó, para ello, con la aquiescencia de un amplio sector afectado de afanes disciplinaristas. Una de las primeras medidas adoptadas, de intensa pretensión saneatoria, fue la de supeditar el cobro del 10 % de las remuneraciones docentes a la verificación del cumplimiento de una asistencia perfecta, con muy escasas excepciones de justificación. Con ello, a la vez de subordinar a un núcleo-testigo del movimiento obrero, comenzaba a validar la estigmatización del sindicalismo como garante de la “vagancia”: quien faltara por cualquier motivo, y especialmente quien se plegara a las huelgas, no cobraría el “ítem aula”. Su vocación autoritaria y el alineamiento con las políticas nacionales de desvalorización del trabajo lo condujeron a disponer incrementos salariales por decreto y en cuotas, en torno al 15 % anual (frente a una inflación real de más del 50 %), suprimiendo en los hechos las discusiones paritarias. Una población docente mayoritariamente adicta tomó de buen grado estas medidas despóticas y se opuso, inclusive, a los reclamos y protestas entablados por sus propios colegas. Impulsado por el afán punitivo de una sociedad conservadora y determinista de fuerte vocación discriminante, Cornejo elaboró un proyecto de Código Contravencional que pena conductas preparatorias y tiende a mantener la misma “tranquilidad jerárquica” que sus votantes procuran para la vida de la provincia. La norma, inspirada en los viejos edictos policiales largamente tachados de inconstitucionales, contiene un elenco de conductas reprimidas insuficientemente descriptas, de modo que resulten finalmente interpretables por el arbitrio de los agentes de seguridad y aun por el juez. Cornejo impulsó así la puesta en vigencia de los llamados “tipos penales judiciales” que impiden orientarse por la norma y dejan librado el patrimonio, la libertad y el honor de los habitantes a la unilateral apreciación de las autoridades, como medio directo de acoso social. En tal dirección, el digesto represivo prevé multas y prisión para quien “ofendiere a una autoridad pública” o “se hallare en estado de manifiesta embriaguez”; pune a los padres que se atrasen en ir a buscar a sus hijos a la escuela, castiga al que “adquiriere indumentaria de las fuerzas de seguridad, sin pertenecer a las mismas”, por el solo hecho de adquirirla y sanciona al que portare “llaves alteradas o contrahechas”, junto a otras conductas con único anclaje en preconceptos fundados en la apreciación moralmente desviada de las apariencias. Penaliza, además, a quien “evidenciare una conducta sospechosa”, a personas en situación de calle que utilicen “medios fraudulentos para suscitar la piedad ajena”, a quien “circulare en cualquier tipo de medio de transporte reiteradamente por los mismos sitios”, a quien “mostrare signos de haber escalado tapias o haber intentado hacerlo”, a quien “fingiere actividad a los efectos de observar bienes o personas”; al que “provocare humo, aun cuando no hubiere riesgo de propagación” y al que “encendiera fuego, sin causar incendio”. Incluso, pena a los padres de aquellos traviesos que “a través de mofas o señas”, “AGREDAN” a sus maestros. Su proyecto, sancionado por una Legislatura mayoritariamente afín, avanza también sobre la no punición de acciones privadas, prohibiendo la realización de eventos masivos “en locales cerrados, sin dar aviso a la autoridad competente”. Esta implementación le ha facilitado abrir el “frente económico” de su tarea de persecución política, a través de la aplicación de multas a manifestantes y organizaciones de corte opositor, criminalizando así la protesta a favor de la higiene del espacio público. Para la efectiva aplicación de este repertorio punitivo y también en armonía con las políticas de disuasión brutal echadas a andar por el gobierno nacional macrista, Cornejo se ha valido de una herramienta policial comprada a través de aumentos salariales, a la que dotó de elementos para el ejercicio abusivo de una violencia institucional mayormente aplaudida. Su consigna proselitista de 2017, en apoyo a los candidatos del “cambio” para las elecciones de medio término, fue “Mano Firme”. Siguiendo esta tónica, y con el fin de exhibir su severidad mercadotécnica entre los habitantes de una jurisdicción ávida de ensañamiento contra sectores relegados, la policía cornejista fue voluntariamente manipulada y ejerció durante toda su gobernación actos aberrantes de exceso. Por caso, en octubre de aquel año, detuvieron a una persona ciega que pedía limosna, en horario pico vespertino y bajo la excusa de encontrarse “drogado y haciendo disturbios”, lo que ciertamente no era verdad. Son también conocidas en Mendoza las “razzias” en el transporte público con el fin de encarcelar sin más a quienes no pudieran demostrar el pago del pasaje: se prohibió de facto, para facilitar las detenciones, que un tercero se hiciera cargo del boleto, aunque fuera familiar o amigo. Además, la policía local articuló en forma permanente acciones de hostigamiento contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, impidiendo su arribo a centros urbanos y solicitando selectivamente identificación, por simple “portación de rostro”. Durante los debates del Código Contravencional, Cornejo mandó apostar un gran número de efectivos en una sala de la Legislatura, hecho que fue denunciado por varios representantes de la oposición como intimidante y atentatorio de las libertades de expresión que atañen a la calidad de los miembros del congreso provincial. Para lograr la validación judicial de sus faltas democráticas, Cornejo introdujo en la Suprema Corte provincial jueces afines a sus aspiraciones y a la ideología macrista, del mismo modo que Gerardo Morales en Jujuy. Uno de ellos fue su propio ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. En materia persecutoria, el gobernador influyó sobre la actuación de una fiscal también adicta al régimen a fin de conseguir el encarcelamiento de Nélida Rojas, representante en Mendoza de la agrupación Tupac Amaru. En consonancia con el espíritu de la época, le mandó promover un conjunto de causas en la que se la sindicaba como autora de los delitos de asociación ilícita, extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta, en el marco de la ejecución de programas de viviendas sociales. Igual que Morales y también a través del apoyo de operadores macristas, Cornejo desactivó el fuerte poder local de la organización en sectores populares y criminalizó, de paso, la acción social no estatal. Luego de cuatro meses de prisión preventiva, Nélida Rojas y otros miembros fueron dejados libres en virtud de un fallo de la Octava Cámara del Crimen, que justipreció la situación procesal de los imputados de acuerdo con criterios de justicia ajenos a las tendencias aprioristas propiciadas desde el Ejecutivo. Como represalia, Cornejo mandó tramitar juicio político contra los magistrados que suscribieron esa sentencia. En el entorno sanitario, un inmediato convenio verbal con el intendente radical del Departamento de Guaymallén abrió las puertas al ensayo masivo de la llamada “Cobertura Única de Salud”, un plan que busca reemplazar el Sistema Nacional de Salud por otro de carácter más restrictivo. El programa incluye la generación de una masiva “big data”, recopilación de información sensible de los habitantes de la jurisdicción (más de 300.000) que, bajo la pretensión de garantía de efectividad, edifica una plataforma de herramientas para la puesta en marcha de acciones de control social. A pesar de que el agua es un recurso sumamente escaso en la provincia, Cornejo dispuso por decreto, aun sobre las reglamentaciones que protegen el recurso hídrico, la permisión de la técnica de “fracking” para extraer petróleo. Este procedimiento demanda la mezcla del fluido con unos 200 elementos contaminantes y genera pasivos ambientales de consideración, además de inutilizar definitivamente millones de litros diarios. Con ello, atendía las demandas del entorno empresarial presidencial, aun por en contra de la preservación ambiental de su propia provincia. Al mismo tiempo, rebajó las regalías que deben pagar al Estado las firmas explotadoras; entre ellas, la denominada “El Trébol”, del Grupo Vila-Manzano, dueño de varios medios afines a las directivas comunicacionales macristas. Los números de su gestión permiten relevar aquella impronta de “modelo terminado” procurado por el esquema neoliberal que diera nuevo inicio el 10 de diciembre de 2015: luego de cuatro años, Mendoza verifica más de 9.500 empleados públicos despedidos, una deuda pública cuadruplicada; 40.000 desocupados más en otros rubros, con tasas de desempleo que rondan el 10 %; decenas de fábricas y comercios cerrados, una inflación local que supera a la nacional y un aumento considerable de las cifras de indigencia. Su partido político impidió que se dictara por ley el congelamiento de tarifas de energía eléctrica, gas y transporte; también frustró, más tarde, una ley provincial de emergencia tarifaria que atenuara el rigor de los incrementos. Cornejo perpetró una reducción presupuestaria significativa, gradual y sostenida en áreas sensibles como salud y educación, a pesar de que el gasto en publicidad oficial superó, entre 2018 y 2019, los 1.000 MILLONES de pesos. No obstante estas notas de, al menos, ineficiencia en el logro del Bien Común, los mendocinos han elegido al candidato propuesto por Alfredo para gobernar el distrito en el período 2019-2023, con más del 51 % por ciento de los votos y picos del 63 % en la propia ciudad capital. A estos resultados llegó, nuevamente, gracias a su observación aguda, capacidad de predicción y encauce de voluntades para la construcción de poder; aptitudes a las que sumó, en tal coyuntura, los ímpetus de una ofensa personal. Es que luego de esforzadas tareas de cumplimiento cabal de directivas, Mauricio Macri, como comportamiento de clase, le negó la posibilidad de integrar la fórmula presidencial para el período 2019 – 2023. El PRO, que había comprado el armazón partidario de la UCR, echaba mano de los arbitrios propios del pagador y le impedía a Alfredo la continuidad de su ascenso. Así como se había distanciado de Cristina Fernández, los tiempos mandaban ahora recortar la relación con Macri. Para mal de males, la Constitución mendocina impide la reelección de gobernadores por períodos consecutivos: el “cambio” lo había dejado sin espacios significativos de influencia política. Lejos de amilanarse, Alfredo rearmó su proyecto: se postuló como primer candidato a diputado nacional , cargo más alto al que podría aspirar, ya que tampoco en 2019 Mendoza elegía senadores. Desde la presidencia del bloque radical en la Cámara Baja, intentará posicionarse para ocupar la Presidencia de la Nación en 2023. En el año 2016, Cornejo asistió a un encuentro con estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. Las crónicas periodísticas destacan la aparición de cierto tono intimista, direccionado hacia el montaje de un perfil de líder construido a fuerza de voluntad personal e íntegra tenacidad en el logro de los objetivos propuestos. A la hora de evocar a sus padres, destacó: “Sin dudas, son mis referentes morales”. https://prontuariodegabinete.blogspot.com

[josemariaalbizo]

Albizo Cazón contra los reclamos por Milagro Sala: "Solo en el país del revés un Presidente exige la libertad de delincuentes, en vez de la cárcel"

El Lic. José María Albizo Cazón (25), quien es líder de la Coalición Cívica ARI en Jujuy y fue el único denunciante en el orden penal del ex Gobernador Eduardo Fellner cuando él tenía tan solo 19 años, publicará en el 2022 un libro que abordará el caso de la dirigente social Milagro Sala y contará con un prólogo de la Dra. Elisa "Lilita" Carrió. Revestido de academicidad, además tendrá un apartado especial donde hablará sobre la "Omertá", en alusión a la impunidad de la cual gozan Fellner, Cayo y Bejarano.

El joven político, reconocido por su activismo contra la corrupción, se recibió de Licenciado en Relaciones Internacionales con una polémica tesis, la cual se tituló "Observación internacional de una detención disruptiva: Milagro Sala", y se cimentó para su elaboración en el derecho internacional, la política internacional y las relaciones económicas internacionales, en pos de dilucidar el estado de la seguridad jurídica de la República Argentina.

"Plantear un acampe por la 'libertad' de Milagro Sala, es tan ilógico como imaginar que los funcionarios K José López -que fue encontrado en un convento buscando ocultar 9 millones de dólares imposibles de justificar-, Julio De Vido -desaforado del HCN por 'inhabilidad moral' y detenido por causas de corrupción, a quien la Dra. Carrió acusó de 'infame traidor a la Patria'- o el ex Gobernador de Jujuy Eduardo Fellner -imputado por presunta asociación ilícita por su amparo y silencio ante los desmanejos de la Sra. Milagro Sala en materia de obra pública-, pudieran llegar a ser propuestos como fiscales anticorrupción. Y que el Presidente de la Nación Argentina se preste para defender a una persona que ha cometido ilícitos a ojos vista comprobables, demuestra la carencia de institucionalidad de un Gobierno que solo sabe de caos y muy poco de Justicia", expuso el Lic. Albizo Cazón.

El flamante libro, que ya tiene pedidos para ser presentado en una gira por distintas provincias del país, promete un análisis disruptivo, que por fuera de contener estrictas narraciones académicas que se nutrirán de las disciplinas expuestas y un aporte teórico-conceptual a las Relaciones Internacionales, desplegará por ejemplo, variadas críticas y reconocimientos al Poder Judicial, como centro de la caída o sostenimiento, de la República.

El anuncio de su publicación, que luego se develará el nombre que tendrá, viene a confrontar con las declaraciones de distintas organizaciones que promueven la liberación de la líder de la Tupac Amaru, a quien consideran una "presa política", expresión que es rechazada por el Presidente de la CC-ARI, quien en su libro hará mención de dos detenciones disímiles, siendo la primera -que duró 12 días- cuestionada por él mismo, pero la segunda, considerada ajustada a derecho y absolutamente conducente, por cuanto refiere a las causas de asociación ilícita y fraude a la administración pública.

"Todo político preso, no es un preso político, menos cuando se habla de una detención por motivos de hechos de corrupción, y éste es el caso, se habla de una política presa por la comisión de graves delitos, pero que no actuó sola, sino que actuó amparada por todo un sistema de impunidad que fue garantizado por quienes ejercían el poder, y cada uno de ellos, también debe ser citados al banquillo de los acusados", sentenció el líder de la Coalición Cívica ARI.

[gfmiranday]

Consenso Fiscal 2019: El presidente Alberto Fernández recibió a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández recibió hoy en Casa Rosada a los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes convocó a celebrar un nuevo acuerdo para el Consenso Fiscal 2019. El mandatario encabezó además la firma de la suspensión del Pacto Fiscal vigente, para fortalecer las autonomías provinciales a través de la modificación de los compromisos asumidos entre el Estado nacional y las jurisdicciones. De la audiencia, que se realizó en el Salón Eva Perón, participaron también el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Estuvieron presentes los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; y Formosa, Gildo Insfrán. También participaron los mandatarios provinciales de Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; y Río Negro, Arabela Carreras. Concurrieron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Juan Manzur; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. https://www.instagram.com/p/B6LuBxWFnlL/?igshid=1ewqa7winjrb8

[megalocaporelchocolateblr-blog]

DESDE EL MOVIMIENTO DE MUJERES EXIGIMOS CONDENA EJEMPLAR PARA DÁVALOS!! En esta semana, con una audiencia el 30 de octubre a las 8y30 hs. y otra el 4 de noviembre a las 15 hs. en el Tribunal Criminal Nº 3, se desarrollará el juicio oral contra Dávalos, quien abusó sexualmente de una niña de 12 años en la ciudad de San Pedro de Jujuy. El era vecino de la niña y hoy está detenido acusado de abuso sexual, donde se debatirá respecto de una pena cuyo mínimo establecido para el delito es de 6 años de prisión conforme acusación fiscal. La historia se conoció en enero, porque cuando la niña develó el abuso, en el marco de una visita al centro de salud, se constató un embarazo producto de esa violación. Allí comenzó una segunda etapa de vulneración de derechos a la pequeña, al querer acceder al aborto legal –en caso de violación- y desplegarse una sucesión de obstáculos ilegales desde la institución hospitalaria y el Estado, finalizando el embarazo con un parto adelantado por cesárea, y el nacimiento de un bebé que falleció poco después. Por ello la consigna #NiñasNoMadres sacudió a todo el país, siendo hoy una bandera imprescindible y visible en cada movilización del movimiento de mujeres. El debate en torno a esta vulneración de derechos desencadenó una batalla atroz contra la pequeña y su madre. Donde rumores crueles trataron de convertir a la víctima indiscutible –ante la prueba de ADN y la edad de la pequeña- en culpable; junto a su madre. Aprendimos nuevamente como la furia anti-derechos termina dañando a niñas de todas las formas posibles, naturalizando todas las violencias contra ellas, incluso la violación, y como ante la necesidad de una víctima de recibir acompañamiento y abrazo, el patriarcado solo ofrece más violencia. En este juicio se debatirá con cuánta pena a prisión se intentará reparar en algo el daño infringido por el violador a una niña de apenas 12 años, quien tiene como todas las niñas, en la vereda de su propia casa -y la mayoría de las veces en la propia casa-, todos los peligros que esta sociedad ofrece especialmente a las mujeres: la violencia sexual; la apropiación del cuerpo de ellas como objeto del que pueden disponer a su antojo. (en San Salvador de Jujuy) https://www.instagram.com/p/B4PbQAKDH7O/?igshid=17h8d1l8xt7ba

[jujuygrafico]

Bernis asegura que no hay déficit fiscal en el Presupuesto 2023

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Bernis asegura que no hay déficit fiscal en la Legislatura de Jujuy recibió en la comisión de Finanzas, Carlos Sadir.En la sesión ordinaria pasada, la Nº 11, tomó estado parlamentario el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Pública Provincial – Ejercicio Fiscal y Financiero 2023.Luego de la reunión el presidente del bloque oficialista, Alberto Bernis señaló la…

[diario-vespertino]

Caso Tehuel: La fecha tentativa del juicio sería agosto de 2027

La madre de Tehuel de la Torre, Norma Nahuelcura, junto a su abogada Flavia Centurión, inauguraron la campaña que pide «inicio del juicio oral ya». Se trata de la causa donde dos hombres están acusados de homicidio agravado por odio a la identidad de género del joven trans desaparecido el 11 de marzo de 2021. “Lo que vamos a pedir y exigir es que se adelante la fecha de juicio. No podemos esperar tanto tiempo para que la justicia nos diga qué es lo que pasó con Tehuel”, afirmó la abogada de la familia. La madre de Tehuel de la Torre, Norma Nahuelcura, junto a su abogada Flavia Centurión, inauguraron la campaña que pide «inicio del juicio oral ya». Se trata de la causa donde dos hombres están acusados de homicidio agravado por odio a la identidad de género del joven trans desaparecido el 11 de marzo de 2021. La conferencia de prensa inaugural tuvo lugar en la sede del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis junto a organizaciones y funcionaries. “Quiero que se adelante este juicio y que me digan qué es lo que pasó con Tehuel”, dijo a Presentes Norma Nahuelcura, madre de Tehuel. Por la causa de homicidio (artículo 80 del Código Penal) agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género (inciso 4) del joven se encuentran detenidos Luis Alberto Ramos, quien le ofreció un empleo a Tehuel, y Oscar Alfredo Montes, un amigo de éste. La causa fue elevada a juicio en marzo del año pasado por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tras la solicitud de la fiscal a cargo, Karina Guyot. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata. La fecha tentativa del juicio sería agosto de 2027, según pudo saber la abogada de la familia de Tehuel, Flavia Centurión. “Lo que vamos a pedir y exigir es que se adelante la fecha de juicio. No podemos esperar tanto tiempo para que la justicia nos diga qué es lo que pasó con Tehuel”, dijo a Presentes Centurión. En este sentido, la madre de Tehuel agregó: “Pido que los jueces se pongan una mano en el corazón y adelanten la fecha. Esa fecha es muy lejana”.

Durante la marcha por la ley de reparación trans se pidió por Tehuel de la Torre. Foto: Ariel Gutraich.

Juicio ya

El encuentro tuvo lugar a las 19 en la sede del Bachillerato Mocha Celis, ubicado en Jujuy 748, en el barrio porteño de Balvanera. Gaita Nihl, tutor de la Mocha, dio inicio a la conferencia: “Cuando pienso en Tehuel pienso que podría haber sido cualquiera de nosotros”, dijo el joven trans. Pidió que “haya justicia” y “no tener que esperar hasta el 2027”. La campaña que exige el “juicio ya” de la causa de Tehuel la llevan adelante su madre, la abogada Centurión y la Marcha del Orgullo – Línea Histórica. Además, el encuentro donde se lanzó la iniciativa fue acompañado por la titular del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena; la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce; y Nicolás Abratte, director de Programas para la Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. “Tehuel desapareció en marzo de 2021 buscando trabajo. La ley de inclusión y cupo laboral salió unos meses después, en junio de 2021. No pudo salir antes, lamentablemente. Habíamos presentado el proyecto varios años antes”, lamentó la titular del Inadi durante la conferencia. También informó que desde el organismo que lidera se presentarán esta semana como amicus curiae en la causa y como testigues expertos, en caso de que sea requerido. Les exponentes del encuentro hicieron énfasis también en la necesidad de una reforma del Poder Judicial. “A 40 años de democracia ininterrumpida es un poder que hay que revisar porque no está dando respuesta”, afirmó la subsecretaria Ponce. En este sentido, aseguró que el accionar de este poder del Estado, colocando como fecha de juicio el 2027, “es una tomada de pelo a la familia, pero también un mensaje disciplinador para la comunidad LGBTNB+”. Como acciones necesarias para que “lo que le pasó a Tehuel no le pase a nadie más”, les participantes hicieron foco en la necesidad de capacitaciones, protocolos, políticas públicas y “seguir la lucha”. “Es fundamental que se asegure que haya perspectiva de género y diversidad sexual en todos, todas y todos les funcionaries del poder judicial y de la policía”, apuntó Nicolás Abratte.

Por un protocolo para las desapariciones de personas LGBTI+

En la misma línea, la abogada Centurión resaltó la falta de protocolos de actuación ante estos hechos. “Cómo puede ser que no haya en la provincia de Buenos Aires protocolos que se apliquen para la búsqueda de una persona que pertenece a la comunidad LGBT? El estado sabe que estas personas están en una situación de mayor vulnerabilidad”, cuestionó. Cuando la causa fue elevada a juicio, el juzgado interviniente también aceptó su desdoblamiento. Así, una parte de la investigación sigue abierta con el objeto de continuar con la búsqueda del joven trans desaparecido. “La causa por la búsqueda: está bastante paralizada. Hace 8, 9 meses que no hay novedades, ningún rastrillaje, nada”, indicó Centurión. “La justicia por los derechos humanos dónde queda si no luchamos por ellos y exigimos que se cumplan a rajatabla”, concluyó.

La mamá de Tehuel junto a la abogada y funcionaries encabezaron el lanzamiento de la campaña de pedido de juicio oral.

Un día a día con temor

Tehuel de la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021. Alrededor de las siete de la tarde de ese día salió de la casa donde vivía con su mamá, su pareja Luciana y el hijo de ella en la localidad bonaerense de San Vicente. Dijo que iba a entrevistarse con un hombre, Luis Ramos, que le había hablado de un trabajo. Norma contó que su cotidiano “es difícil”. “Mi nene de 18 años no quiere salir, tiene miedo como yo. También él quiere saber qué pasó con el hermano”. Además, en caso de tener que esperar hasta el 2027, teme que “lleguen a largar a los dos prisioneros”. “Tengo más hijos nietos y tengo miedo a represalias de parte de ellos”, compartió. Existe una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos fehacientes sobre el paradero de Tehuel. :::Agustina Ramos para Agencia Presentes::: Read the full article

[andrescasciani]

PRONTUARIO DE GABINETE *Caricatura digital: Andrés Casciani / Texto: Eddy Whopper _________________________ HOY: Germán GARAVANO Nombre completo: Germán Carlos GARAVANO Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1969 Germán Garavano egresó de la carrera de abogacía de la Universidad Católica Argentina en el año 1994. Cursó luego diversas especializaciones en España y en Gran Bretaña. En 1987 inició su carrera en el Poder Judicial de la Nación, en el fuero penal. Más adelante, centró sus esfuerzos en ocupar espacios en la nueva organización autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada con la Constitución local de 1996. Garavano labró por entonces una serie de vinculaciones con estudios jurídicos tradicionales, con miembros de la judicatura nacional y con organizaciones no gubernamentales como el FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), relacionadas con el ejercicio de la abogacía articulado en coherencia de resultados con los operadores judiciales. Dentro del ámbito porteño, fue miembro del Consejo de la Magistratura y juez penal, contravencional y de faltas. Luego pasó al Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción, donde fue nombrado Fiscal General, el grado más alto en la jerarquía de ese órgano. El 14 de diciembre de 2015, ya ungido Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, firmó uno de los primeros decretos inconstitucionales de la era Macri: el que designaba como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Carlos Fernando Rosenkrantz (por entonces, abogado del Grupo Clarín) y Horacio Daniel Rosatti, un peronista “no kirchnerista” que había sido intendente de Santa Fe en los años 90. A través de una interpretación que desviaba el espíritu de las normas constitucionales, el mismo decreto contenía en sus considerandos una mención acerca del acuerdo del Senado necesario para designar magistrados del máximo tribunal nacional. “Oportunamente", dice, "se le enviarán los pliegos respectivos de los jueces designados en comisión, los que deberán recibir el correspondiente acuerdo”. Ante algún esbozo de crítica derramado por un sector de pensadores jurídicos de prestigio, Macri retiró los nombramientos. La Cámara de Senadores actuó rápidamente para activar el proceso legal de designación y en el mes de junio de 2016 Rosenkrantz y Rosatti fueron formalmente ingresados como ministros de la Corte. Tres años después, Garavano declaró ante la prensa española que la Corte Suprema, así conformada, “es una Corte tan independiente que parece opositora”. Confesaba, conjugaba y naturalizaba, de tal modo, la ilegal irradiación del poder político macrista en la dinámica del Poder Judicial, inaceptable en el marco de la división de poderes propia del sistema republicano de gobierno. La segunda acción que promovió Germán Garavano desde la cartera de Justicia fue colaborar en la andanada de presiones institucionales para desplazar a la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó. Desde los medios de comunicación macristas se difundió la idea de que Gils Carbó era la “jefa de fiscales kirchneristas”, y que había sido nombrada en esa función para procurar la impunidad de los funcionarios del período 2003-2015. El mismo Macri dijo, en varias oportunidades, que la Procuradora carecía de “autoridad moral” para ocupar el cargo, en plena época de diseminación de mensajes relacionados con una supuesta camarilla de “jueces kirchneristas” que pondrían “palos en la rueda” del “cambio”. Mientras tanto, Germán Garavano iba elaborando un proyecto de ley similar a otro puesto en vigencia por Gerardo Morales en Jujuy: la creación de una especie de Ministerio Público Fiscal “paralelo”, con quita de una gran cantidad de funciones al Procurador General de la Nación y limitación de 4 años en el ejercicio del cargo. Afirmó falsamente, además, que la designación que había puesto en funciones a la Procuradora podía ser revocada a través de un simple decreto presidencial, pero que Macri no obraría de ese modo porque estaba empeñado en “respetar las instituciones”. Gils Carbó, durante todo el proceso, soportó un verdadero alud mediático plagado de falsas imputaciones y la creciente consideración negativa de una población captada en su capacidad de comprender e inteligir, que la sindicaba como parte del publicitado “robo” de los Kirchner. Luego de que Cambiemos ganara las elecciones de medio término de 2017 con una mayoría ampliada respecto de los comicios de 2015, Alejandra Gils Carbó renunció a su ministerio. Su reemplazante fue Inés Weinberg de Roca, una ex jueza de Cámara en la ciudad de Buenos Aires que había sido nombrada por el propio Macri –cuando era Jefe de Gobierno- en el Tribunal Superior de Justicia porteño. Hasta la jura de Weinberg, el cargo fue interinamente ocupado por Eduardo Casal, sindicado desde principios de 2019 como “retrasador” del proceso disciplinario seguido contra el fiscal Carlos Stornelli, quien no se presentara jamás a prestar declaración indagatoria por casos de extorsión a falsos imputados frente al juez Alejo Ramos Padilla. En conexión con la vocación de apremio institucional que el macrismo encarnara en la figura de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, Garavano participó en la elaboración de un proyecto de ley que reducía la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 15 años (contra una idea inicial de fijarla en 14). La justificación esbozada ante la prensa –plagada de preconceptos, eufemismos y concepciones deterministas- fue la siguiente: “Hoy, un joven de 18 años que comete un delito probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”. La idea, que a fin de cuentas no se implementó, buscaba canalizar políticamente el ideario viciado de su base electoral, partidario de la pena de muerte y de la exposición de menores de sectores relegados a un sistema penal exento de toda garantía de preservación de la dignidad humana. No obstante este aparente fracaso, Garavano cumplió su rol de ejecutor de las órdenes publicitarias que le fueron impuestas, relacionadas con la construcción y difusión del discurso punitivista afín al decálogo inmoral de sus adherentes. En tren de atender a las demandas fundadas en la desviación conductual y ética de una población mayoritariamente exenta de cultura social, Garavano alentó, además, la aplicación del llamado “Protocolo de uso de armas de fuego” para las fuerzas de seguridad redactado desde la cartera al mando de Patricia Bullrich. Durante la presentación de un proyecto titulado “Justicia 2020”, en la que se exhibió junto a Mauricio Macri, sostuvo que la permisión de disparar al cuerpo del presunto delincuente ante situaciones de extrema percepción subjetiva como el “peligro inminente” respondía a una necesidad que nada tenía que ver con la concepción de “mano dura”, sino con la idea de “mano justa”. De este modo, una vez más, la eficiente construcción del discurso por parte de los asesores en mercadotecnia contratados –a esa altura, con dinero público- dio buenos resultados entre la mayoría, deseosa en sus imposibilidades éticas de proponer y aceptar soluciones racionales al problema global de la delincuencia. Con el correr de los semestres, Garavano fue intensificando los apoyos explícitos a las construcciones lingüísticas de fuerte impronta emocional y anclaje en antivalores, propias de los modos de transmisión exhortativa del macrismo. En esta dirección, saludó desde las redes sociales a su nuevo “colega” en el ministerio de justicia de Brasil, el ex juez Sergio Moro, quien poco tiempo antes decidiera con evidente apartamiento del derecho la prisión de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. El 17 de abril de 2018 envió condolencias en su carácter de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través de la publicación de un aviso fúnebre en el diario La Nación, a los familiares del represor Carlos Bernardo Chasseing, gobernador de Córdoba durante la dictadura y encargado de la “disposición final” de cadáveres aportados por fuerzas de seguridad en esa jurisdicción. Coincidentemente, mantuvo reuniones tanto con abogados de los operadores de la última dictadura cívico-militar condenados por delitos de lesa humanidad como con Cecilia Pando, activista a favor de la liberación de genocidas. Desde ese lugar, y también con apoyo comunicacional masivo, se elaboró la idea de que los reos que se encontraban cumpliendo penas de reclusión perpetua por genocidio fueran considerados “presos políticos”. La coyuntura internacional no habilitaba la recepción favorable de las peticiones de indulto presidencial o morigeración de condenas; sin embargo, muchos de ellos fueron beneficiados, luego de estos encuentros, con fijaciones de prisiones domiciliarias. Tampoco se accionó cuando esos beneficiarios incumplieron las condiciones de alojamiento en sus hogares o salieron de él sin autorización. El ministro apoyó las conductas ilegales de Gendarmería Nacional en los sucesos que derivaron en el asesinato de Santiago Maldonado, como así también las negativas posteriores a brindar el paradero del joven muerto por agentes del Estado. En momentos en que desde los medios de comunicación adictos se difundía la locución “terrorismo mapuche” en cualquier contexto, Garavano reforzó la noción de que aquellos pueblos originarios estaban conformados por “gente violenta”. Estimó por entonces que las críticas al accionar delictivo de los uniformados constituían “voces que ponen en peligro el Estado de Derecho”, imagen que resultaba concordante con la consciencia mayoritaria de incorporar la violencia al desempeño institucional. Por su eventual participación en los hechos que condujeron a la muerte de Maldonado, Garavano, igual que Patricia Bullrich y Mauricio Macri, podría afrontar una pena de prisión perpetua, según establece el artículo 142 ter del Código Penal de la Nación. Germán es también mentor de una reforma del Código Civil y Comercial redactado durante la segunda Presidencia de Cristina Fernández, al que pretende derogar por razones extrajurídicas. También ha prohijado una modificación integral del sistema de jubilaciones y pensiones a través de la elaboración de un Código de la Seguridad Social, tarea demandada por el Fondo Monetario Internacional para la que se ha convocado a un grupo de especialistas vinculados con el programa económico que se intentara imponer durante el período 1976-1983. Junto con Daniel Angelici –presidente de Boca Juniors y vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal- habría operado e influido en la remoción de diversos funcionarios judiciales que, en regular ejercicio de sus competencias, dictaron resoluciones que no se avenían con la orientación antigarantista y cercenatoria de derechos del macrismo. Entre éstos, se encuentran el fiscal Juan Pedro Zoni (quien solicitara medidas tendientes a esclarecer la participación de Mauricio Macri en la llamada “causa Correo Argentino”); el fiscal Hernán Schapiro (quien intervino en la investigación de falsos aportantes y lavado de dinero durante las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017); el juez Luis Arias (quien falló a favor de docentes a quienes se les descontaban días de paro, además de dictar cautelares contra el aumento desmedido de tarifas de luz y gas); la acción revanchista contra los jueces Jorge Ballestero, Norberto Oyarbide y Eduardo Farah (quienes habían investigado a Macri en causas por escuchas ilegales); el fiscal Gabriel de Vedia (quien denunció al titular de la ANSeS por acciones de vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para provecho de empresarios del entorno presidencial) y otros funcionarios menores. En la llamada “causa AMIA” fue acusado, también, de “entorpecer la tarea de la querella tratando de buscar algún favoritismo para alguno de los acusados”. Inició, además, una campaña de notificaciones a jueces que habían cumplido los 75 años de edad, con el fin de instarlos a renunciar y colocar en su lugar magistrados afines al macrismo. Lo mismo sucedió respecto de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco, quien debió presentar una acción de amparo para permanecer en su cargo. En julio de 2017, solicitó al Senado de la Nación que se retirara el pliego del Dr. Alan Iud como aspirante a Fiscal, luego de que éste ingresara en el Orden de Mérito respectivo tras la sustanciación de un concurso público. El fundamento encubierto habría sido su desempeño como abogado asesor de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Un mes antes, Garavano había mandado reprimir una protesta efectuada en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo personal de limpieza se manifestó durante un acto oficial en reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo. En aquella oportunidad, funcionarios del ministerio fueron registrados en videograbaciones apostrofando a los trabajadores de “mogólicos”, “negros de mierda” y “villeros”. Afanado en la tarea de generar resultados emocionales en un público deseoso de experimentarlos, Germán Garavano fue a lo largo de su gestión desgranando frases afines a los preconceptos de sus receptores; y así declaró que "Zaffaroni debería dejar su cargo en la Corte Internacional de Derechos Humanos y dedicarse a la militancia"; que en la investigación sobre los hechos que derivaron en el asesinato de Santiago Maldonado hubo “agresores que siempre se resistieron con piedras a que se lleven adelante rastrillajes” para encontrar el cuerpo ocultado por los propios homicidas; que el asunto había tomado una “extrema politización en un escenario electoral” (letra que fuera repetida por los partidarios macristas de todo el país); que "debería haber un repudio de la comunidad a lo que hicieron algunos gremios docentes" (esto es, enseñar sobre el caso Maldonado en las aulas) y otras del mismo tenor. A su turno, se manifestó “respetuoso del debido proceso” en las farsas judiciales que tuvieron como consecuencia liminar el encarcelamiento de opositores políticos como Milagro Sala, Amado Boudou, Julio De Vido, Luis D’Elía, Carlos Zannini y otras figuras centrales del kirchnerismo. Garavano firmó todos y cada uno de los Decretos de Necesidad y Urgencia inconstitucionales que elaborara el “equipo” de Mauricio Macri; incluido el de “extinción de dominio”, que vulnera garantías constitucionales, asegura penas de índole patrimonial sin proceso previo y legisla –sin competencia para ello- sobre ámbitos propios del derecho procesal civil. A pesar de constituirse voluntariamente en un acatador incondicional y ejecutor del plan macrista de devastación republicana, por alguna razón la diputada adicta Elisa “Lilita” Carrió se disgustó con él. Un día, el ícono político de la clase media porteña sostuvo que Garavano no tenía la menor idea acerca de la dimensión de las causas que debe tratar como ministro de la Nación. La acometida llegó, inexplicablemente, hasta la solicitud de juicio político, lo que provocó estupor en todo el llamado “arco Cambiemos”. Respecto de la intencionalidad con la que Garavano habría obrado en cumplimiento de las directivas impartidas por Mauricio Macri, Carrió opinó: “No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error”. Quizás, y aun desde la evidente insania, Lilita lo estuviera protegiendo. https://prontuariodegabinete.blogspot.com/

[josemariaalbizo]

La denuncia que Albizo Cazón presentó a sus 19 años lleva a juicio al ex Gobernador Fellner

Un 03 de febrero de 2016 el Presidente de la Coalición Cívica ARI de Jujuy, Lic. José María Albizo Cazón (24), radicaría en absoluta soledad la única denuncia penal que vincularía al ex Gobernador Eduardo Fellner a los ilícitos cometidos por la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala; expediente que luego de anexado a la MEGACAUSA presentada por el Estado Provincial, derivaría en la imputación y ahora solicitud de elevación a juicio del ex mandatario.

"Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados", publicó el joven político en sus redes sociales, al tomar conocimiento de la solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública del M.P.A. de elevación a juicio de 22 funcionarios nacionales, provinciales y municipales, quienes son investigados por la presunta comisión de delitos como los de asociación ilícita y fraude a la administración pública, en marco de un millonario desvío de fondos destinado a la obra pública.

Recordemos que la causa que inició Albizo Cazón fue anexada a la Megacausa por "conexidad objetiva y subjetiva", mereciendo en su momento los aportes investigativos, el reconocimiento del propio ex Fiscal Anticorrupción de la O.A., Millón Quintana, quien supo destacar la participación del líder de la CC-ARI en la lucha contra la corrupción.

[monadanomadaediciones]

Dos cuestiones fundamentales en relación a la causa Milagro Sala

UNA; la avanzada penal hacia ella, en la que se la acusa de haberse quedado con dinero de las obras y, ante la evidencia de que efectivamente con ese dinero se han construido centros de salud, polideportivos, escuelas, parques acuáticos con pileta, etc, etc, se le dice: “el Estado dio dinero para construir viviendas no para hacer polideportivos, centros de salud, escuelas, piletas”. DOS; existe una negación por parte del gobierno en valorar todo lo construido, de hecho hace dos semanas se publicó una nota en la que el gobernador Morales decía que se iban a destruir casas por fallas técnicas de construcción, sin hacer referencia a ningún informe técnico, con lo cual quedaba demostrado su nivel de autoritarismo, odio y desprecio hacia la figura de Milagro Sala y hacia la organización Tupac amaru, porque prácticamente él había tomado esa decisión.

Entonces van sucediendo las dos cuestiones, por un lado la acumulación de causas penales porque si no la condenan por un delito, lo harán por otro; lo que quieren es que ella permanezca privada de su libertad; y en el contexto actual, en el ámbito de la justicia claramente no hay independencia.

Nosotros como abogados vemos que no están garantizados los derechos. Entonces también sabemos que probablemente, si llega a ir a un juicio, la condenen efectivamente haya o no haya elementos de prueba que en principio nosotros sostenemos que “de hecho” no hay porque Milagro nunca participó del proceso administrativo interno de las cooperativas: Las cooperativas las armaron los integrantes de la Tupac Amaru. No hay ningún documento del que surja ninguna firma de Milagro. Pero al ser “la jefa de la organización", es “la jefa de la asociación ilícita”, que es el delito que se le imputa. Hay allí entonces una lectura bastante arbitraria de los jueces y los fiscales al sostener que: “la organización es igual a una asociación ilícita”, y es por eso que también sus integrantes, los otros dirigentes que están detenidos, las compañeras y compañeros, son partícipes necesarios de esa asociación ilícita.

La detención de Milagro Sala es ilegal y arbitraria porque no le respetaron los fueros y porque nunca fundamentaron de manera suficiente el por qué debía estar presa preventivamente. Para detener a una persona mientras se hace una investigación, rige el principio de inocencia, entonces la investigación no se hace necesariamente con las personas privadas de su libertad. Eso hay que justificarlo sí o sí. Los jueces deberían haber dicho “por qué” ella podría profugarse y “por qué” podría obstruir la investigación. Lo dicen de alguna forma pero no lo justifican. Por eso es que el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, al tener acceso a todos los expedientes, revisó y advirtió que a partir del acampe, es decir de una protesta social –primera detención–, empiezan a armarle sucesivas causas dictando detenciones en cada una, haciendo que ella aun permanezca detenida. Eso es lo que hoy tiene que revisar la Corte Suprema.

Otra cuestión a destacar de la avanzada política directa del Poder Ejecutivo es cómo entró en vigencia en Jujuy el Código Contravencional. Cuando ese proyecto de ley se discutió y se socializó, los organismos de Derechos Humanos advirtieron la existencia de una figura en el artículo 113 que estaba destinada a las organizaciones sociales y a los gremios –prácticamente a la Tupac Amaru–, porque distintos sectores ya esbozaban un hartazgo por las movilizaciones y por la protesta social en general. Aquí en Jujuy la aprobación del Código Contravencional fue un acuerdo político entre el peronismo y el radicalismo.

El artículo que le aplican a la Tupac Amaru cuando hace el acampe, es por ocupación de la vía pública, por interferencia en el tránsito, y hasta le hacen un juicio contravencional a la organización porque el código establece el mismo procedimiento, de juicio oral y público, como si se tratase de un delito, por ejemplo. El juez que intervino es un funcionario del Poder Ejecutivo designado por el propio gobernador Morales; es decir, no sólo no se respetó que el juez competente fuera un juez “correccional” –quien se encarga de delitos menores–, sino que además ese juez “contravencional” depende del Ministerio de Seguridad, que maneja toda la cuestión represiva en la ciudad.

Entonces, con toda ignorancia se le aplicó a la Tupac Amaru la sanción de “clausura de su sede central”, una multa económica; y para Milagro la sanción fue ejemplificadora por ser ella una representante, una líder, porque su responsabilidad debe ser mayor por ser una referente. Por eso le prohíben que forme parte de cualquier tipo de asociación, y el plazo que establecen es el plazo que resta de mandato [al gobierno de Gerardo Molares (NdE)], es decir 3 años y medio. ¡Es terrible!

Paula Álvarez Carreras, abogada, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala. San Salvador de Jujuy, 24 de marzo de 2017.

[minergia]

El parque solar más grande de Sudamérica crece en Argentina con inversiones chinas

La planta va a generar hasta 300 megawatts de electricidad, suficiente como para abastecer a 120.000 hogares.

En un árido paisaje lunar en las tierras altas del norte de Argentina, el parque solar más grande de América del Sur está creciendo gracias al financiamiento y tecnología de China.

Funcionarios locales dijeron que buscaron ayuda en Estados Unidos, Europa y en casa, pero sin éxito. Señalaron que los prestamistas y potenciales socios estaban asustados por el tamaño del proyecto y los problemas fiscales de la provincia de Jujuy, uno de los distritos más pobres del país.

El Banco de Importación y Exportación de China lo vio de manera diferente. La institución, financiada por el Estado, aportó el 85% de los US$ 400 millones que costó el proyecto. Con un interés anual del 3% a 15 años, para Jujuy es “dinero barato”, dijo una persona familiarizada con el acuerdo.

A cambio, la provincia tuvo que comprar casi el 80% de los materiales a proveedores chinos.

Entre esas empresas aparece Huawei Technologies, el gigante de las telecomunicaciones que está bajo fuego por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Algunos miembros de su gobierno sostienen, sin haber presentado pruebas, que sus equipos podrían ser usados por Pekín para espionaje.

En Jujuy, la compañía provee conversores, tecnología que transforma la energía de los paneles solares a corriente utilizable que sirve como una puerta de entrada crucial a la red eléctrica.

El proyecto, conocido como Cauchari, es una prueba de la creciente influencia de Pekín como patrocinador de grandes proyectos en mercados emergentes con faltante de fondos. Y está ayudando a China a consolidar su posición como líder mundial en tecnología de energía limpia.

En momentos en que Trump está duplicando los combustibles fósiles y retirando a Estados Unidos de asociaciones globales, la iniciativa del presidente chino Xi Jinping “Cinturón y Ruta de la Seda” busca poner a la innovación y a las empresas chinas en el centro del desarrollo de infraestructura en todo el mundo, incluyendo fuentes de energía de próxima generación.

“Es una forma de expandir la creciente presencia global de China, y reorienta progresivamente el mundo desde la visión centrada en Estados Unidos y Europa de los últimos 50 años”, dijo Tim Buckley, director del Instituto para la Energía Económica y Análisis Financiero, con sede en Estados Unidos.

Esa tendencia ha generado duras críticas de funcionarios del Gobierno de Trump. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, denunció el 12 de abril en Santiago de Chile las prácticas de préstamos “depredadoras” de China, que los críticos dicen que dejan a los deudores atados a Pekín.

Pompeo alertó repetidamente que la tecnología china, incluidos los equipos fabricados por Huawei, representan un riesgo a la seguridad que podría afectar el intercambio de información por parte de Estados Unidos.

“No está bien poner sistemas tecnológicos con capacidad latente de tomar información de ciudadanos de Chile o de cualquier otro país y transferirla al Gobierno del presidente Xi”, dijo Pompeo.

Pero en la provincia de Jujuy, de 750.000 habitantes, los funcionarios no están de humor para ese debate. Argentina ha establecido objetivos ambiciosos de energía renovable. Ellos dicen que es China está aportando el dinero y la tecnología para ayudarlos, y no Estados Unidos.

“Lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que China, en su momento, ha sido la que más generosamente abrió sus puertas para financiar estos proyectos”, dijo Carlos Oehler, presidente de la agencia provincial de Energía Jemse, en una entrevista con Reuters en la capital provincial.

El acuerdo ha llevado a la provincia argentina a hacer compras a otros proveedores chinos, incluyendo un contrato para equipos de vigilancia. El gobernador, Gerardo Morales, dijo a Reuters que Jujuy y la provincia china de Guizhou han establecido una relación de hermandad y se mostró confiado en que esta sociedad no sea la única.

“Recibimos la visita de muchas empresas chinas”, señaló.

Huawei, el mayor proveedor mundial de conversores, ha negado reiteradamente que representa algún riesgo de seguridad. La empresa dijo en un comunicado que va a continuar la provisión de “soluciones innovadoras, confiables y seguras” a sus clientes.

IMPULSADO POR CHINA Ubicado a más de 4.000 metros por encima del nivel del mar, Cauchari es uno de los parques solares con más altitud en el mundo. Reuters está entre los pocos medios de comunicación que logró visitarlo.

Las filas de paneles se extienden hacia el horizonte, mientras que las cajas de equipos aún empaquetados esperan para ser instaladas. Los visitantes se registran en una clínica en el lugar para controlar su presión arterial y ritmo cardíaco debido al riesgo de sufrir alguna descomposición por la altura.

La planta, que se espera que comience a enviar corriente en agosto, va a generar hasta 300 megawatts de electricidad, suficiente como para abastecer a 120.000 hogares. Una expansión planificada a 500 megavatios elevaría el número de hogares beneficiados a 260.000 y el costo final a US$ 551 millones, según los funcionarios provinciales.

En el camino de tierra que lleva al sitio de construcción, los letreros en español y mandarín proclaman la participación de la compañía estatal de construcción PowerChina y del fabricante de equipos Shanghai Electric.

Es otro indicador de la creciente influencia de Pekín en la región. China es el mayor comprador de soja, mineral de hierro y otros productos primarios sudamericanos, mientras que los inversores chinos adquieren participaciones en sectores clave como la energía.

Solo en Argentina, China financió represas hidroeléctricas y parques eólicos, y el Gobierno está en negociaciones para un proyecto de energía nuclear que podría usar el diseño del reactor Hualong One. Pekín ha invertido unos US$ 5.700 millones en proyectos energéticos desde el 2000, según el Centro de Políticas Globales de Desarrollo de la Universidad de Boston.

El presidente argentino Mauricio Macri participó del primer foro del “Cinturón y Ruta de la Seda” en 2017 en Pekín, una muestra de los lazos más cercanos entre los países. Se espera que en el segundo foro, que tendrá lugar este mes en la capital china, participen una cantidad importante de funcionarios de América Latina.

China ha invertido más de US$ 244.000 millones en proyectos de energía en el mundo desde el 2000, y un cuarto de esa cifra fue destinada a América Latina, según el Centro de Políticas Globales de Desarrollo de la Universidad de Boston.

Mientras que la mayor parte de ese capital fue destinado a petróleo, gas y carbón, China ha sido el mayor inversor en energías limpias del mundo durante nueve años consecutivos, según la embajada china en Buenos Aires.

China es el mayor fabricante mundial de paneles solares y conversores, una dominación que ha dificultado la competencia para los productores europeos y estadounidenses.

El año pasado, el Gobierno de Trump impuso fuertes aranceles a la importación de paneles, citando competencia desleal. Pero muchos expertos en energía explican que la caída de los precios explica la aceleración de la adopción de la energía solar.

Lo mismo ha hecho la voluntad de China de financiar proyectos de energía limpia en el mundo en desarrollo, abriendo las puertas a sus empresas.

En Jujuy, el Gobierno local firmó un acuerdo con el gigante tecnológico chino ZTE para abastecerse de sistemas de telecomunicaciones de fibra óptica y cientos de cámaras de vigilancia, como consecuencia del proyecto solar.

“(Cauchari) nos abrió el camino, una ruta, para otros proyectos”, dijo una persona con conocimiento de la situación a Reuters.

El giro de Jujuy hacia China remarca el desafío para Estados Unidos, cuyas advertencias sobre las trampas del respaldo chino no son suficientes contra el avance y los recursos de Pekín.

El gobernador de Jujuy recientemente viajó a China para discutir la expansión de Cauchari con PowerChina y con el Banco de importación y Exportación en uno de varios viajes de funcionarios hacia ese país en los últimos años.

Jujuy, con su proyecto de energía limpia que será lanzado en breve, y su bajo riesgo sísmico, busca posicionarse como un lugar atractivo para que las empresas instalen sus centros de datos. Morales dijo que universidades chinas en Ghizhou están colaborando en la curva de aprendizaje de la provincia.

“Que de pronto Jujuy sea reconocida en China (…) creo que ahí tenemos abierto un camino”, sostuvo Morales.

Fuente: Pulso

[infoargentina]

#infoArgentina #secretodesumario @radio10 @eldestapeweb Los mitos del ajuste Vía @ElDiploConoSur http://www.eldiplo.org/229-el-ajuste-al-desnudo/los-mitos-del-aj Los mitos del ajuste El liderazgo de Mauricio Macri parece atornillado a una idea completamente ambigua: liderar sin que se note. Veamos un ejemplo último: el cambio de gabinete económico se anunció un sábado mundialista a la tarde/noche, y la toma de juramento se hizo un par de horas antes del partido de la selección contra Croacia. Se podría decir cuál es la política de comunicación: el gobierno invisible. Y esto no ocurre en cualquier momento sino en el peor momento de estos dos años largos de gestión, cuando los índices de aprobación y expectativa caen como consecuencia de una devaluación, una corrida cambiaria y una inflación galopante que fue frenada con una decisión política de envergadura… la vuelta del FMI. La novedad del nuevo ministro de Producción, Dante Sica, es que viene del peronismo y que su nombramiento propone fortalecer a priori un perfil más industrialista, más cercano incluso a las PyMES, en un contexto de deliberado ajuste. Diríamos que pasamos del “crecimiento con inclusión” al “ajuste con crecimiento”. ¿Será posible? El economista y divulgador Martín Kalos nos dice al respecto de las primeras preguntas que nos hacemos: ¿por qué el gobierno cree que ajustando se puede crecer?, ¿cuáles son los problemas de la economía actual tal como los diagnostica Macri? Sostiene Kalos: “A la primera pregunta se puede responder con un glosario clásico: tienen la visión de que el Estado es una traba para el crecimiento porque absorbe recursos que el sector privado podría utilizar de forma más eficiente. Menor carga tributaria implicaría más recursos para la inversión de las empresas. La segunda pata es que el neoliberalismo culpa como raíz última de los desequilibrios macroeconómicos a un Estado ineficiente. El síntoma principal es la inflación, que se deriva de la emisión monetaria, a la vez que la emisión monetaria se deriva del déficit. Por lo tanto hay que dejar de emitir, y para eso hay que bajar el déficit, y financiarlo vía deuda y no vía emisión. Esto tiene patas cortas, porque la emisión no es la única causa de la inflación, como el dólar y las tarifas lo demuestran en estos tiempos. Y por supuesto que la baja del déficit genera una contracción económica.” ¿Y dónde está el piloto? Veamos el uso del lenguaje oficial. En sus discursos, Macri habla de que el mundo pide, “nos reclama” más velocidad, que los argentinos “incumplen” su palabra (básicamente: que no pagan las deudas que toman sus gobiernos) y remonta la herencia recibida a “70 años”. Textualmente: “También es importante y tenemos que asumirlo como desafío que no puede ser que toda la confianza y la relación con el mundo esté planteada desde el Gobierno y su Presidente”. ¿Qué significa esta elusión? ¿Por qué el gobierno no figura como sujeto? El autodefinido gradualismo económico apuntó a evitar el shock y la crisis, pero ahora el gobierno necesita hacer un shock de ajuste porque la crisis terminó llegando, con el problema de que el ajuste producirá la crisis que se buscaba esquivar. Hay algo de huevo y gallina en la percepción de esta crisis, porque tal vez estemos hablando de dos crisis distintas: una, la económica, nacida de un problema estructural realmente heredado (la restricción externa), y otra, la social, que es la crisis que produce inevitablemente un “ajuste estructural”. La economía gradualista resultó una manta corta que se movía de acuerdo a estas dos situaciones simultáneas.  Desde una posición progresista es fácil hoy criticar al gobierno. Porque supone reponer todos los eslóganes y rutinas de resistencia cíclica al ajuste cíclico que llega: en la Argentina, cada cierto tiempo, se ajusta. Están todas las pelotas servidas para que la voracidad de la crítica se los coma crudos. Frente a esta realidad, ¿cómo reaccionó el gobierno? Intentando mantenerse al margen de la crítica. El imaginario de país de Cambiemos termina donde empieza el imaginario de la izquierda social. Es inevitable advertir en este tiempo la imagen de un poder que se presenta “tercerizado”, diluido. “El mundo nos pide”, “los argentinos incumplimos la palabra”. El desafío oficial no es sencillo: ¿cómo se comunica un ajuste? Otro ejemplo de este poder invisible surge con la votación del aborto: ¿qué quiere  exactamente Macri? Abre la discusión pero no garantiza los votos, se proclama “imparcial”. El politólogo Luis Tonelli, cercano al macrismo, publicó mientras el proyecto se debatía en Diputados un artículo titulado “Liderazgo político se busca” (1). Cito a Tonelli en su análisis decepcionante sobre el sistema de decisiones presidencial: “El Poder Ejecutivo cuenta con recursos de poder que no tiene ningún diputado o senador. Que ni siquiera tienen las autoridades de bloque. Cuenta con recursos para influir sobre la opinión pública como ningún publicista. Y le fue conferido este poder no precisamente para ser ‘neutral’ sino para que gobierne (que como se sabe, etimológicamente, significa “llevar el timón”). Si el Presidente, ante esta situación de empate, hubiera intervenido, seguramente otra habría sido la situación”. Los mitos del ajuste El economista y empresario Gustavo Lazzari publicó en mayo un texto acerca de la presión impositiva del sector privado (2). Dijo: “Sobre el sector privado pesan 96 impuestos. Si les sumamos el nuevo invento del impuesto a la renta financiera ya son 97 y si agregamos la nueva tasa por circular en el microcentro porteño, 98. Así, el 43% de los alimentos son impuestos, junto al 58% de los autos, el 50% de las viviendas, el 55% de las naftas, etcétera. ¡Hasta los créditos subsidiados pagan impuestos! Esos impuestos contribuyen en parte a financiar a 20 millones de personas que viven de las espaldas de sólo 8 millones de contribuyentes privados. No es momento ni oportunidad para analizar las 20 millones de razones que explican ese gasto. Lo único que importa es que 20 es mayor que 8. Y, por lo tanto, insostenible.”   El razonamiento es ilustrativo de una forma de ver las cosas, pero falaz. ¿Un jubilado que aportó durante años cuando compra sus alimentos no paga impuestos? ¿Una madre jefa de hogar cuando compra la leche no paga IVA? Pero la fórmula –8 millones sostienen a 20 millones– es contundente. Y sin embargo, al revés de lo que dice el autor, sí es momento de pasar en limpio esa cifra, porque en ese razonamiento anida el intento de hacer “popular” el ajuste. Este es el punto que sostiene el andamiaje conceptual con el que se pretende sostenerlo, o al menos espesar su caldo de cultivo: la identificación de privilegiados versus castigados, víctimas fiscales que sostienen la vagancia. Todo ajuste explora su consenso. La famosa cuenta de cuántos empleados tiene la biblioteca del Congreso se repite a condición de convertir la cifra global (este paquete de “20 millones”) en un colectivo gigante de ñoquis. En abril del año pasado, Clarín publicó un informe bajo el título “Más de 21 millones de personas cobran del Estado”. Escrito por Ismael Bermúdez, que es más creíble que el diario, el artículo comenzaba así: “En forma directa, el Gobierno nacional, las provincias y los municipios pagan sueldos a 3,6 millones de empleados. Por su parte, la ANSeS abona jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales a otros 15 millones de personas. Y entre jubilados provinciales –de cajas no transferidas a la órbita nacional, como provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba–, retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, policías y fuerzas de seguridad y planes sociales y planes de empleo reciben pagos otros 1,5 millones de personas. En total, son poco más de 21 millones de personas, casi la mitad de la población argentina”. Cada ajuste tiene sus mitos. Repasemos tres mitos que buscan generar el consenso necesario para el ajuste actual, pero que se caen por sí mismos. El primero, que ya anticipamos: “20 millones cobran del Estado y sólo 8 millones de privados pagan impuestos”. Argentina cuenta con una población económicamente activa de 13 millones de personas. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo el año pasado que hay 3 millones y medio de empleados públicos, de los cuales la mayoría son provinciales. Sólo hay siete provincias en donde hay más empleo público que privado: Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Formosa. Los distritos donde se impone holgadamente el empleo privado son CABA, Córdoba y Santa Fe (3). Y un informe del Ministerio de Trabajo indica que en todo el país hay 65% de empleo privado y 35% de empleo público. Ergo: en la cuenta difundida de esos “20 millones” se coloca una población completa con diversas formas de cobro: desde perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta jubilados, desde pensionados por discapacidad hasta ex veteranos de guerra, desde empleados judiciales hasta policías o bomberos, desde médicos hasta maestros. Segundo mito: “Se perdió la cultura del trabajo”. En el mundo se discute el “fin del trabajo”, la robotización, la inteligencia artificial. Por supuesto que se modificó la cultura del trabajo fordista, aunque Argentina todavía no ha completado el salto tecnológico. Pero los estudios confirman que no existe evidencia empírica de que la AUH (y “los planes” en general) desincentivan la búsqueda laboral (4). La AUH otorga 1.493 pesos mensuales por hijo, por lo que queda claro que millones de padres y madres que perciben ese derecho además lo complementan con otros ingresos, en general en el mercado informal. Tercer y último mito:“Tienen hijos para cobrar planes”. Promedio de hijos de beneficiarios de AUH: dos (5). El largo rodeo lleva a una conclusión. Deliberadamente o no, conscientemente o no, el gobierno sabe que para ajustar es necesario transferir la culpa a la víctima. El tercio de los sueños En el mayo negro del gobierno, Carlos Pagni entrevistó a Luis Betnaza (director corporativo de Techint y vicepresidente de la UIA) sobre tarifas y energía, pero la conversación viró hacia la cuestión social, hacia “el 30% de pobres”. —¿Qué significa para una empresa como ustedes, para los empresarios en general y para una institución como la UIA, estar instalados en un país que tiene 30% de pobreza? — Te voy a decir una cosa porque a veces nos confundimos un poquito los tantos. Nosotros estamos en muchos países. En muchos países tenemos inserción industrial y en muchos países nos va muy bien. En otros no tanto, hemos tenido experiencias muy traumáticas como es el caso de Venezuela. Pero en el rango de pobreza de América Latina Argentina no es el peor alumno, eh. Tenemos países con rangos de pobreza mucho más elevados, especialmente los más importantes. La respuesta de Betnaza, tan sensata como indolente, refleja la idea de que un treinta por ciento de pobres no es tan grave. El triunfo de Cambiemos, como sostiene Pablo Touzon, es la consecuencia de la democracia de la desigualdad, no su causa. El Club de los Melancólicos de la Argentina Igualitaria podría ser el nombre de un programa de música los sábados a la noche en 26TV para repasar viejos “éxitos” de Víctor Heredia. Pero hay algo más indomable: los pobres en Argentina también se organizan. Alejandro Galliano describió fríamente esta suerte de “pacto” de la post crisis (6): “A la Argentina le sobra gente. Unos veinte millones, más o menos. […] A la Argentina le sobra esa gente que creció a la sombra de nuestras dos últimas décadas ganadas, y de las varias décadas perdidas, en donde el abandono les entumeció todas esas capacidades y voluntades que hacen que el mercado se interese por un individuo. Millones de individuos racionales que cada día miden la utilidad marginal de las opciones que les da la escasez: ser repositores en el supermercado chino, cortar el pasto para la municipalidad, pedir un plan o delinquir. Personas que cuentan cada hora del día en monedas y cada día de la semana en billetes que serán gastados inmediatamente. Sin ahorro no hay acumulación, sin acumulación no hay tiempo, sin tiempo no hay progreso, sin progreso no hay Historia, sin Historia no hay Nación. A la Argentina le sobra gente sin Historia.” La pregunta más dura podría reformularse así: ¿quiénes somos “necesarios” en Argentina? Lo dice Galliano: “la pesadilla posindustrial de una sociedad en donde casi nadie es necesario y donde casi toda actividad es inútil. Es la pesadilla que sueña el país sojero, competitivo y pujante cada vez que paga impuestos”. Ese es el abismo conceptual en el que se elabora y reelabora, con capas y capas de sentido, el ajuste: separarnos entre útiles e inútiles. 20 millones de zombies rodeando a 8 millones de argentinos brillantes. Y sin embargo, a veces ese discurso, constante como una gota de agua, deja paso a destellos de conciencia. Como cuando, frente al paro nacional del 25 de junio, Nicolás Dujovne difundió la insólita cifra de cuánto le cuesta al país esa huelga (¿cómo lo calculan? ¿dividiendo el PIB por 365?). Digamos que lo bueno de saber “cuánto cuesta un paro” es que por fin acepta el gobierno lo que nunca dice: que los trabajadores también producen riqueza.

[omradio]

Que la realidad no arruine tu injusticia

Que la realidad no arruine tu injusticia

El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, consideró que la vivienda que Milagro Sala utilizará para vivir sus días de prisión domiciliaria no ha sufrido destrozos como denunció la organización Tupac Amaru. “La casa no está saqueada. Han sacado con sumo cuidado los artefactos sanitarios”, aseguró Miranda, clave en el andamiaje judicial que tiene tras las rejas a Sala desde hace más de un año…

[jujuygrafico]

Relevamiento del predio de la futura Ciudad Judicial sobre su vinculación con la Dictadura

#Jujuy #Política | Relevamiento del predio de la futura #CiudadJudicial sobre su vinculación con la #Dictadura

El gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, encabezó una reunión con el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mario Bonillo; el Fiscal de Estado, Mariano Miranda; la Secretaria de Derechos Humanos, Marcela Infante; el Director de Derechos Humanos, Daniel Suárez; y representantes del Laboratorio de Investigaciones en…

[andrescasciani]

"Prontuario de Gabinete" *Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019) Hoy: Gerardo MORALES Nombre completo: Gerardo Rubén MORALES Fecha de nacimiento: 18 de julio de 1959 De inicio, es posible adelantar una conclusión que debe gravitar en el estudio de toda su vida y obra: luego de una mediocre carrera, Morales es hoy un líder vulgar, que ejerce un esperable totalitarismo de pelotón de rezagados, traccionado a ese nivel por el real pagador de la epopeya de determinación psicológica perpetrada en 2015: Mauricio Macri. Como tantos otros radicales, inició su militancia en la agrupación Franja Morada, mientras estudiaba para Contador Público en la Universidad Nacional de Jujuy. En 1989, perdió contra el Partido Justicialista las elecciones legislativas provinciales, pero logró ingresar a la Legislatura jujeña: desempeñó el cargo de diputado local hasta el año 2000. En 1991, integró la fórmula Humberto Salum – Gerardo Morales que se candidateó (y perdió) para la gobernación del distrito. El norteño también perdió las elecciones para gobernador en 1995, por 55 % a 30 % con el Justicialismo. Luego de estos comicios denunció fraude, pero sus quejas no fueron en definitiva escuchadas. En 1999, volvió a perder frente al Partido Justicialista y a denunciar maniobras de manipulación de votos. Durante el primer año de la presidencia de Fernando De la Rúa ya se evidenciaban los ribetes de lentitud e inoperancia del primer mandatario aliancista. El propio Raúl Alfonsín criticó su gestión: a fin de reforzar lazos con el líder de la UCR (a quien De la Rúa había disputado poder durante toda su vida política), el entonces presidente convocó a varias personalidades “alfonsinistas” para ocupar cargos en su Administración. Entre ellos estuvo Gerardo Rubén, que renunció a su banca provincial y pasó a desempeñarse como Secretario de Desarrollo Social. Luego de haber sido funcionario del gobierno que provocó la peor crisis económica e institucional de la historia argentina, Gerardo Morales presentó nuevamente una candidatura para gobernar Jujuy. Volvió a perder, esta vez contra la fórmula Fellner – Barrionuevo del Partido Justicialista, por 56 % a 35 %. Por ese entonces, Néstor Kirchner era el Presidente de la Nación: su apoyo a la fórmula encabezada por Eduardo Fellner fue determinante para la determinación de este resultado. Hasta el momento, sólo había ganado una disputa contra el justicialismo: la de las elecciones a senador nacional de 2001, en un marco de absoluta anomalía política. Los otros dos comicios que tendieron a renovar su mandato lo tuvieron también como perdedor frente al peronismo: 47 % a 31 % en 2005 y 53 % a 29 % en 2011. En ambos casos, Morales entró como senador “por la minoría”. Todo ello, mientras ocupaba cargos de importancia en la Unión Cívica Radical (cuyo Comité Nacional presidió entre 2006 y 2009) y dentro del bloque de senadores radicales. Su imposibilidad de generar acciones personales o alianzas efectivas para detentar con eficacia los máximos estratos de poder –una desvirtud que por ese entonces compartía con la propia agrupación a la que pertenecía, estigmatizada como culpable de la debacle del año 2001- lo llevaron a polarizar fuertemente sus posiciones y discursos, para definirse con evidencia en la “vereda de enfrente” del peronismo. Combatió con crudeza toda acción de los gobiernos kirchneristas, denunció a sus funcionarios tildándolos de corruptos por decenas de acciones de gobierno y estigmatizó a los correligionarios que se manifestaron de acuerdo con las políticas nacionales y populares que implementaban Néstor Kirchner y su esposa. Pero su batalla más intensamente emocional fue la entablada contra la Organización Barrial Túpac Amaru; y mucho más salvaje respecto de su líder, la descendiente de pueblos originarios Milagro Sala. A contrario de la vida llevada por Gerardo Morales en un ámbito de satisfacción de necesidades y posibilidades de estudio, Milagro había sido abandonada en la puerta de un hospital y criada por una familia peronista. Si bien el núcleo que la contuvo manifestaba cierta holgura económica, al enterarse de su origen Milagro escapó y vivió en la indigencia: debió delinquir para alcanzar su supervivencia y purgó una pena de prisión por robo. Con el tiempo, Milagro militó en diversas organizaciones sociales: su fuerte carácter y su firme determinación de luchar contra la pobreza la convirtieron en la principal referente de los movimientos territoriales jujeños. Con Milagro Sala a la cabeza, “La Tupac” alcanzó un enorme desarrollo en todos los ámbitos. La organización daba de comer a los necesitados; pero también, con la colaboración económica del gobierno nacional, se dedicó a la construcción de viviendas, de centros de recreación, de escuelas, de centros de atención de salud, de talleres de producción textil. El colectivo creado por Milagro edificó un parque temático y un parque acuático, para ser utilizado gratuitamente por la parte más relegada de la población. Incluso, creó una obra social propia. La realidad era evidente: en pocos años, Milagro había alcanzado mayor poder local que el viejo peronismo y, sobre todo, que el gris y ambicioso Morales. Hacia el año 2012, finalmente, la líder aborigen creó su propia agrupación política: el Partido por la Soberanía Popular, que obtuvo la tercera posición en las elecciones de 2013 y la llevó como diputada a la Legislatura de la provincia. Esta profusión de datos de derrota animó a Gerardo Rubén a encabalgarse en la campaña de penetración psicológica iniciada por el macrismo a finales del año 2012 para cortar la hegemonía del Frente para la Victoria. Su principal enemiga local era, ciertamente, una indígena ex convicta, que había vivido muchos años en situación de calle y a la que se había acusado de narcotráfico y de haber ejercido la prostitución: con todo, su acción social se manifestaba tan poderosa que cada vez eran más los seguidores que lograba, sea por persuasión, sea por concreta satisfacción material de necesidades. En medio de las acusaciones al matrimonio Kirchner de haber generado una “ruta de dinero” ilegal y de ejercer todas las formas de corrupción que cupieran en el entendimiento de las clases de comportamiento aspiracional, Morales tomó el guante que le correspondía en función de su participación en la acción de sugestión colectiva y acusó a la Tupac de realizar “negocios turbios” con dinero público, de extorsionar a las autoridades provinciales con desplegar actos de violencia si no se satisfacían ciertos requerimientos cada vez más crecientes y de violentar a los sectores con necesidades básicas insatisfechas a fin de que pasaran a formar parte como “soldados” de la organización. Para Gerardo Morales, Milagro Sala había constituido un “Estado dentro del Estado”, con reglas propias y al margen de la ley; algo similar a lo que, pocos años después, se endilgara a las tribus mapuches que se oponían a la privatización de sus tierras ancestrales. El senador y operador macrista culpó también a Milagro como “autora intelectual” de una denuncia que le atribuía, en forma personal, presidir una organización de “lavado de dinero” proveniente del ejercicio de todas las formas de la economía ilegal. En octubre de 2013, Sala sufrió un atentado a balazos contra su vida: si bien tres personas lograron huir, entre los detenidos había conocidos militantes radicales y hasta un empleado de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, cuyo jefe comunal, el radical Raúl “Chuli” Jorge, por entonces cumplía su segundo mandato. Morales aportó, rápidamente, el nombre de los profugados, pero declaró que el siniestro había sido “un asunto entre bandas mafiosas”. A medida que avanzaba el año 2015, el estado de captación intelectiva de una mayoría irreversiblemente degradada hacía sospechar un triunfo de Cambiemos en todos los órdenes. Jujuy no sería la excepción: ante el asombro de los propios radicales, la fórmula Gerardo Morales – Carlos Haquim (este último, proveniente del massismo) obtuvo la victoria con un contundente 58 %. Por primera vez, una estrategia implementada por el radical para conseguir la gobernación (en este caso, fomentar la oleada emocional ejecutada por el periodismo comprado por el macrismo) le daba frutos. El frente Cambiemos se llevaba, también, la provincia norteña. Lejos de aplicar los principios que había heredado de su pasado alfonsinista, una vez ungido en la primera magistratura provincial Morales cumplió los designios de sus pagadores. La primera vulneración institucional de Gerardo se dio en la deformación del Poder Judicial local. En primer lugar, envió un paquete de proyectos para ser sancionado a la Legislatura, apenas iniciado su mandato: el 15 de diciembre de 2015, una ley de reforma determinó la ampliación de 5 a 9 de los miembros del máximo tribunal judicial de la jurisdicción. Para el 17 de diciembre a la madrugada, ya estaba conformado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy: cinco jueces de extracción radical y cuatro jueces de carrera. Dos de los radicales habían sido hasta ese día diputados por el radicalismo: renunciaron a sus bancas y, acto seguido, en la misma sesión, la mayoría “moralista” los nombró jueces de aquellos altos estrados. Para ello, no se sustanció ningún concurso, como indica la normativa provincial. Entre otros, el intendente peronista del Departamento El Carmen y su abogado advirtieron las irregularidades cometidas. Morales, rápidamente, mandó allanar la sede comunal y ordenó a un juez venal que suspendiera la matrícula del letrado. El mismo cúmulo de leyes que fue sancionado en sus primeros días de gobierno incluyó la creación de un Ministerio Público de la Acusación, aberración jurídica cuya intención fue la de desplazar el poder del Ministerio Público Fiscal e iniciar demandas penales contra opositores y miembros de las organizaciones sociales. Las funciones de ambos Ministerios Públicos (uno, establecido en la Constitución de la provincia y otro producto de una ley redactada por asesores del propio Morales) quedaron superpuestas. Frente a estos hechos de destrucción del republicanismo, comenzaron a generarse denuncias que debieron ser resueltas, en última instancia, por el Superior Tribunal adicto. Todas ellas tuvieron dictámenes de irregularidad firmados por el Fiscal General, quien propiciaba la nulidad de las medidas adoptadas, a contrario del criterio ordenado por Gerardo. La reacción del gobernador fue inmediata y drástica: ordenar la tramitación de un juicio político para destituir al “díscolo” Fiscal General. El mismo juez que decidió la suspensión en el ejercicio profesional de aquel “abogado opositor” fue quien dispuso la prisión de Milagro Sala, luego de la realización de un acampe frente a la Casa de Gobierno. La protesta se inició el 13 de diciembre de 2015 y finalizó el 16 de enero de 2016, cuando Morales ordenó a sus servidores judiciales la detención de Milagro por “instigación al delito”, “sedición” (es decir, la pretensión de generar un golpe de Estado provincial) y la contravención consistente en “generar aglomeraciones o tumultos”. Ninguna de estas figuras exigía la prisión preventiva. Sin embargo, pocos días después, también por influencia de Morales, Milagro Sala fue conducida a una cárcel. Mientras estaba presa, el gobernador fue instruyendo a sus fiscales adeptos una suerte de “imputación por goteo” cuyo único fin era minar la voluntad de la detenida: Milagro fue acusada de asociación ilícita, de extorsión, de instigación a la violencia, de daño agravado, de amenazas simples, de enriquecimiento ilícito, de amenazas coactivas, de malversación de caudales públicos, de encubrir un hecho cometido en el año 2007, de tentativa de homicidio, de fraude a la Administración Pública y hasta de haber instigado a arrojar huevos al entonces senador Morales siete años antes, durante el año 2009. En todos los casos, durante los meses posteriores a las imputaciones, se fueron conociendo diversas denuncias de obtención de confesiones a supuestos “involucrados” o “cómplices” de esos hechos, a través de apremios ilegales y torturas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó la ilegalidad de estas acusaciones, de las fijaciones de prisión preventiva por delitos excarcelables y, en especial, de las condiciones de detención a que fue sometida: encerramientos de castigo, obligaciones de silencio, negaciones de agua y alimentos, prohibiciones de bañarse, duchas nocturnas de agua fría, negativas a proveer lápiz y papel, prohibición de lecturas y vedas infundadas de recibir visitas. El Superior Tribunal adicto confirmó todos los encarcelamientos y aun las condenas hasta ahora recibidas: 3 años de prisión por “instigación al delito” (sentencia fundada en el testimonio de un solo testigo, empleado municipal radical), unificada con la de 13 años por asociación ilícita y extorsión; esta última confirmada por el Superior Tribunal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los pedidos de prisión domiciliaria por el malogrado estado de salud de Sala luego de las vejaciones sufridas en prisión fueron rechazados; excepto uno: a los pocos días, no obstante, y por influencia de Morales, Milagro Sala debió volver a una cárcel común. También se pronunciaron oficialmente por la ilegalidad de estas medidas los representantes diplomáticos de 11 países y el Parlamento Europeo. El carácter político de su encarcelamiento surgió enmascarado en una frase del propio presidente Mauricio Macri, dotada de fuerte contenido emocional y oportunista, que tuvo por fin calar en la estructura anímica y cognitiva de los partidarios del Cambio. Preguntado en el año 2016 por la prensa internacional sobre las razones del encarcelamiento de Milagro, a la luz de la cantidad de objeciones legales que se habían producido dentro y fuera del país, Macri contestó: “La mayoría de los argentinos SENTIMOS que Milagro Sala debe estar presa”. Morales apoyó estos dichos en otras declaraciones. Por lo demás, Gerardo Rubén ha replicado durante su gobierno las políticas de corte neoliberal/dictatorial que desenvuelve el gobierno de Macri a escala nacional. Al brutal recorte presupuestario en Educación le siguió el cierre de cursos, talleres y carreras en establecimientos públicos, el despido de docentes y una gran cantidad de suspensiones de inscripciones en programas de menor cantidad de alumnos. En línea con la impronta xenófoba del macrismo, entró en conflicto con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la difusión de una farsa desmentida por el propio Evo Morales. En esta ocasión, el gobernador se hizo eco de una versión que indicaba que un hospital boliviano habría querido cobrarle la atención a un vecino jujeño por el solo hecho de ser argentino. Inmediatamente, conocedor de su público, Gerardo envió un proyecto a la Legislatura para cobrar aranceles a los extranjeros por atención sanitaria en establecimientos públicos. Evo, por aquellos días, invitó a todos los “hermanos argentinos” que lo necesitaran, a atenderse gratis en los centros de salud de Bolivia. Durante su gestión, salieron a la luz al menos 50 casos de permisos para que menores de entre 10 y 16 años realizaran actividades laborales, la mayor parte de ellos en grandes plantaciones de tabaco. Estos casos contarían con el asentimiento y encubrimiento de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), uno de los gremios más fuertemente alineados con el macrismo. Fuera de este sindicato amigo, Morales ha efectuado persecuciones a otros gremios para evitar la obstaculización de sus políticas de destrucción de derechos: el último de estos casos, ocurrido en septiembre de 2019, fue el intento de intervención del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Sin embargo, Gerardo también ha acusado judicialmente al titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y ha amenazado con intervenir el Frente Amplio Gremial (que nuclea a trabajadores del Estado) luego de la oposición a un ofrecimiento de aumento salarial del 4 % frente a una inflación del 60 %. A través de sus influencias sobre funcionarios de la salud y sobre el esquema judicial local, impidió la práctica de un aborto no punible a una niña de 12 años que había sido violada por un hombre de 60. Morales también está sindicado en casos de pedidos de “coimas” para “hacer desaparecer” expedientes de obras públicas ejecutadas en violación de las normas sobre contrataciones del Estado provincial. Asimismo, se ha denunciado que 25 de sus parientes han sido beneficiados con cargos públicos: hijos, primos, cuñados, su ex esposa y su ex cuñado; tíos, sobrinos y parientes políticos de sus hermanos. También en consonancia con las políticas macristas a nivel nacional, el gobernador ha emprendido una desenfrenada carrera de endeudamiento, que a enero de 2019 había llevado a la provincia a deber el 107 % de su producto bruto interno. Para ese entonces, el monto total de deuda era de 40.437 millones de pesos, con un 67 % suscripto en dólares. Por el aumento de la cotización de la divisa y la toma de nuevos créditos, sólo en 2019 la deuda habrá crecido un 60 %. Los mayores obstáculos para afrontar este pasivo son la baja de la recaudación por disminución de la actividad económica y las exenciones impositivas efectuadas a favor de grandes empresas y capitales. Morales ha hecho de Jujuy una de las provincias con mayor incidencia de represión policial de todo el país. Su afán disciplinador, profundamente alejado de los principios libertarios con que comenzó su militancia alfonsinista en la década de 1980, ha servido de articulación y complemento a las prácticas de uso abusivo de la fuerza pública por parte de Mauricio Macri. Las crónicas periodísticas reportan hechos de violencia desmedidos para apagar reclamos de comunidades originarias desarmadas, de trabajadores despedidos, de organizaciones sociales, de gremios, de voces opositoras. Llamativamente, a pesar de que en su jurisdicción Cambiemos perdió las elecciones presidenciales primarias, Gerardo Morales fue reelecto gobernador con prácticamente el 44 % de los votos. Hasta el año 2023 dispondrá sobre la vida, el patrimonio y el honor de una sociedad mayoritariamente ávida de ejercicio de los más profundos antivalores. Paradojas de la humana democracia que, inexplicablemente, vez a vez edifica por medios legítimos las posibilidades de su desaparición. https://prontuariodegabinete.blogspot.com/